Contigo o sin tí

Las razones por las que una pareja decide emprender diferentes caminos y terminar su relación son múltiples. Razones “de la vida”, dice Marisa Bucheli, investigadora del Departamento de Economía (Decon) de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS), y agrega que el divorcio en las parejas uruguayas debe contemplarse como “parte del ciclo de vida de las personas y hogares”. Pero, a su vez, señala que no todas las personas que desean dar ese paso tienen las mismas posibilidades de hacerlo, y que las mujeres son quienes ven más afectadas sus oportunidades. Por ejemplo, las parejas casadas o más involucradas con alguna religión se separan menos con relación a los hogares con una participación social activa, sea en “sindicatos u organizaciones de la sociedad civil”. En el caso de las mujeres, las que forman parte del mercado laboral y las que fueron madres en la adolescencia tienden a separarse más. Así las cosas, una vez que la pareja se disuelve, los caminos emprendidos por los hombres y las mujeres tienen diferentes características.

Estos aspectos aparecen en el estudio “Separación de la pareja y bienestar en Uruguay” desarrollado por Bucheli y Andrea Vigorito, también investigadora del Decon de FCS, y publicado en la publicación World Development en enero de este año. Su objetivo no fue trabajar sobre los factores que inciden en la disolución de las parejas, sino evaluar los efectos del divorcio o separación sobre el bienestar de los hogares en los que las mujeres se quedaron con la custodia de los hijos en comparación con aquellas parejas que continuaron unidas. Se centraron en el impacto sobre el ingreso, la incidencia en la pobreza y el acceso a bienes duraderos de las madres que permanecen con sus hijos.

Para el estudio tomaron en cuenta los datos proporcionados por el Estudio Longitudinal de Bienestar en Uruguay (ELBU), que da seguimiento a los niños que en 2004 cursaban primer año en las escuelas públicas de áreas urbanas. Utilizaron los datos obtenidos en esa primera ola o línea de base, cuando la mayoría de los niños tenían seis o siete años, y realizaron un seguimiento de ellos utilizando los resultados de la tercera ola, realizada entre 2011 y 2012, cuando esos mismos niños tenían entre 12 y 13 años e ingresaban a secundaria.

“Consideramos todos aquellos casos en donde los padres vivían juntos –casados o no– en 2004 y que luego se separaron en algún momento de los siete años siguientes”, explica Bucheli. Del total de las parejas que vivían juntas en 2004, 16% se separó antes de 2011. Las investigadoras limitaron su análisis a los casos de las madres que mantuvieron la custodia de sus hijos, aunque fuera compartida, y que convivieran la mayor parte del tiempo con ellos. Otro requisito era que el padre estuviera vivo en la primera y tercera ola de la encuesta. Por lo tanto, descartaron a los padres con custodia, que de acuerdo a la investigación “representan menos de 1% de los casos” del total.

Ingresos, bienes duraderos y pobreza

A partir de esa base de datos, las investigadoras midieron el impacto de separación de la pareja o disolución del matrimonio en el ingreso del hogar sobre el “núcleo madre e hijo” y encontraron que el final de la pareja genera en el corto plazo una“reducción general de 16% del ingreso per cápita de los hogares”, y que para las madres provoca –en promedio– un descenso de 20% en el acceso a bienes duraderos. Consecuencia de estos factores se produce un aumento de 20% de la incidencia de la pobreza. Según las investigadoras, este último punto puede tener un efecto importante sobre los niños al encontrarse en edad escolar, pero es un aspecto que requiere ser investigado con mayor detenimiento.

Los resultados que Bucheli y Vigorito hallaron para Uruguay no son diferentes de los del resto del mundo. Durante la lectura de antecedentes, además de encontrarse con la casi inexistencia de este tipo de estudios en América Latina –a excepción de dos estudios en Chile y uno en Uruguay– las investigadoras vieron que este problema existe en todo el mundo, lo que para Vigorito demuestra que “no hay ninguna sociedad que lo haya resuelto”.

En el caso de los países desarrollados, donde se efectuaron la mayoría de estudios, los impactos de la separación o divorcio son mayores en las madres con la custodia de sus hijos, especialmente en los países con menos programas de protección social. Por ejemplo, en los países escandinavos la incidencia de la pobreza alcanza el 10%, mientras que en los países liberales llega a 36%. A su vez, investigaciones en Estados Unidos e Inglaterra plantean que la reducción de los ingresos después del divorcio se supera principalmente formando una nueva pareja, más que el por el aumento del pago del trabajo remunerado.

Reducir las pérdidas

Una vez separadas, las madres deben generar estrategias para mitigar las pérdidas. Las autoras sostienen que si bien hay un porcentaje que las mujeres recuperan con esfuerzo propio a través de, por ejemplo, el esfuerzo laboral, las principales vías de recuperación son: las transferencias públicas –como las asignaciones familiares–, las transferencias privadas –la pensión alimentaria del padre y los apoyos que las mujeres reciben de su familia–, y volver a contraer pareja. En la investigación se plantea que de no recurrir a ninguna de estas fuentes de ingresos, “el ingreso per cápita del hogar habría caído 94%”. Vigorito señala que hay algunos casos en que las mujeres logran suprimir las pérdidas completamente, pero que en promedio no lo logran, y recuerda que este estudio contempla el impacto del divorcio en el corto y mediano plazo.

Según consta en el estudio,“las transferencias públicas y las transferencias privadas desempeñan un papel importante y muy similar en la mitigación de la pérdida de ingresos per cápita de los hogares”. De acuerdo a los resultados, las transferencias públicas ayudan a superar las pérdidas de la separación y divorcio en 33%, y en el caso de las transferencias privadas, en 30%.

Conformar un hogar con una nueva pareja tiene un efecto similar al de las transferencias privadas y, al igual que en los países desarrollados, en Uruguay es una de los principales fuentes para superar la pérdida de ingresos. Sobre este punto, las investigadoras remarcan que es algo “lógico” si uno analiza la situación. “En un hogar en el que estaban trabajando dos o uno, seguramente era el hombre el que aportaba la mayor parte del ingreso o el que trabajaba. Por más que se va una persona del hogar y es uno menos para mantener, va a generar una caída en los ingresos. Entonces, lo que más va a ayudar a recuperar las ganancias es llevar otro hombre a la casa”, comenta Bucheli. Aclaran que este efecto lo podría generar cualquier nuevo ingreso que se genere en el hogar, pero que por lo general suele ser el de un nuevo compañero.

“No estamos diciendo que esa sea la recomendación”, enfatiza Vigorito, y sostiene que este fenómeno es efecto de la brecha de género en el mercado laboral: “La mujer es la que se queda con los hijos y es la que tiene una remuneración más baja”, añade. En Uruguay en promedio las mujeres ganan, por hora, 94 pesos por cada 100 que ganan los varones, y más allá de las diferencias por hora, las mujeres ganan tres pesos cada cuatro que ganan los varones, según datos del Sistema de Información de Género de Inmujeres presentados en noviembre de 2018.

Además, en los hogares unipersonales o monoparentales, las brechas son más amplias respecto de las remuneraciones recibidas por los hombres, así como de nivel de ocupación y de las horas trabajadas por semana. Entonces las mujeres no sólo ganan menos sino que presentan mayores tasas de desempleo al enfrentarse a más restricciones en su participación laboral y, no es novedad, también son quienes dedican más horas al trabajo doméstico y al cuidado de los hijos que, si bien exige una mayor carga horaria cuando los niños son menores de tres años, sigue siendo importante hasta los 12. Justamente, el tramo de edad que contempla el estudio de Bucheli y Vigorito.

El lado bueno

No todos los efectos de la separación son negativos. Las investigadoras sostienen que se podría investigar si la disolución de la pareja empodera a las mujeres por medio de un cambio en su opinión, pero no lo contemplaron en este estudio. De todas formas, en la investigación se establece que un efecto positivo del divorcio son las estrategias que las mujeres llevan a cabo para contrarrestar la pérdida de ingresos.

El esfuerzo propio de las mujeres genera un “aumento de 109%” en sus ingresos. “Los ingresos laborales aumentan 79%, la tasa de empleo en 7,5% y las horas trabajadas 33%”, indica el estudio. Además, las investigadoras observaron que la separación no afecta las horas de trabajo pero, en relación con las personas que todavía están casadas o en unión consensual contempladas en el ELBU, los ingresos por hora promedio de las madres separadas o divorciadas aumentan cerca de 21%.

Padres más responsables

Bucheli y Vigorito señalan que su estudio apunta a generar conocimiento sobre las regulaciones que pueden impulsarse para “mitigar los efectos negativos que pueda tener la separación” y que “las personas no queden en una mala situación” socioeconómica. Bucheli añade que uno de los aspectos que debería trabajarse en Uruguay es el cumplimiento de las responsabilidades del padre, sobre todo el pago de las pensiones alimentarias.

“Desde el punto de vista de nuestro trabajo, enfocado en las mujeres, apuntamos a que no se les presenten obstáculos ante la voluntad de separarse, como poder afrontar la pérdida de ingresos, tener un lugar que las apoye y que se sientan capaces de gestionar un hogar. Estos estudios aportan a que las mujeres pueden elegir la forma de convivencia que prefieran”, agrega Vigorito.

Con relación a las transferencias de padres a hijos, las investigadoras sostienen que además de impulsarse regulaciones que fomenten su cumplimiento, debe fomentarse culturalmente el rol que cumplen los varones en el cuidado de los hijos cuando no conviven con ellos. “Se tienen que generar las condiciones para que la carga de los niños y su manutención no caiga más de lo que debería sobre las madres”, sostiene Vigorito, y añade que 50% de los padres no cumple con la transferencia de dinero y esa cifra aumentaría si se considerara quienes aportan menos de lo que deberían.

Las investigadoras encontraron resultados similares en tres encuestas en la que abordaron este tema, independientemente de la edad de los niños. Señalan que hay un pequeño matiz cuando los niños alcanzan la adolescencia y los padres cumplen aun menos con la transferencia. “Distintos trabajos que se fueron haciendo mostraron situaciones poco cambiadas en ese plano. Si uno mira lo que daba la encuesta que hicimos en 2001 sobre situaciones familiares –con la respuesta de las mujeres–, después la Encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud de 2013 y la de 2015 con niños de otras edades, hay resultados parecidos”, comenta Vigorito.

Las investigadoras aclaran que siempre han trabajado con las respuestas de las madres y que es una limitación importante no contar con la perspectiva paterna. En una ocasión, se plantearon la idea de hacer una encuesta a padres, pero fracasó. “La encuesta estaba prevista para padres y madres, pero nuestro contacto era la madre. Nos costó conseguir los contactos de los padres, pero una vez que los teníamos costó que accedieran a la entrevista. El número de casos en que tuvimos éxito fue tan bajo que nunca pudimos trabajar”, explica Bucheli.

Avances legislativos

En los últimos años hubo algunos avances legislativos en relación con las pensiones alimentarias que no existían al momento en que fueron recolectados los datos en los que se basa este estudio. En 2017 fue promulgada la Ley 19.480 con el objetivo de “asegurar el cumplimiento del servicio de pensiones alimenticias decretadas u homologadas judicialmente a favor de niños, niñas, adolescentes, jóvenes mayores de 18 años y menores de 21”, por medio de la creación de un registro de personas obligadas por la Justicia al pago de pensiones alimenticias, que está a cargo del Banco de Previsión Social (BPS) y establece, también, que este organismo o la empresa que pague el sueldo del obligado debe retener cada mes el monto correspondiente a la pensión.

Para agilizar el cumplimiento de las disposiciones de la ley y complementar la implementación del Registro Nacional de Obligados Alimentarios, en diciembre el BPS y el Poder Judicial firmaron un convenio que establece el intercambio de información automatizada entre ambos organismos y se acordó que a partir de este mes funcione de forma automatizada la retención de sueldo de quienes deben aportar pensiones alimentarias. Además, la Cámara de Representantes aprobó en octubre de 2018 un proyecto de ley que establece la imposición de efectuar una declaración jurada de bienes e ingresos a quienes sean obligados a pagar pensión alimenticia y, en caso de presentar información falsa, esto deberá ser puesta en conocimiento inmediato ante la Fiscalía General de la Nación. En diciembre fue respaldado por los senadores, pero añadieron explícitamente que en los casos de declaración jurada falsa se aplique la pena que establece el Código Penal para ese delito, que va de tres a 24 meses de prisión, según informó Portal 180. El proyecto pasó nuevamente a Diputados y allí espera.

Artículo: “Union dissolution and well-being in Uruguay”.

Publicación: World Development (enero 2019).

Autoras: Marisa Bucheli, Andrea Vigorito.