2018 no fue un gran año para la ciencia de Uruguay. No porque los investigadores e investigadoras no hayan producido conocimiento relevante, sino porque algunas restricciones presupuestales llevaron a que se financiaran menos proyectos de investigación y porque se sabía que el compromiso de 1% del producto interno bruto para investigación y desarrollo no sólo no sería alcanzado, sino que tampoco se acortaría la brecha entre lo prometido y el casi 0,38% invertido en ese entonces. A ello se le sumó, en abril, la promulgación del decreto 115/018, que al tiempo que declaraba “de interés general la conservación, investigación y desarrollo sostenible” de los “Recursos Hidrobiológicos”, imponía importantes restricciones a la investigación científica.

Tales restricciones a las tareas de investigación implicaron gran malestar en la comunidad científica, por lo que se llevaron adelante reuniones de trabajo para mejorar el texto entre distintas autoridades de las instituciones involucradas en la normativa, como la Universidad de la República, la Facultad de Ciencias, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) y la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). Si bien estas conversaciones lograron algunos avances, recogidos en la modificación del decreto firmada por el presidente Tabaré Vázquez el 27 de agosto del mismo año, el texto final seguía presentando inconvenientes a la hora de hacer ciencia, sobre todo lo dispuesto en el capítulo VII, que regula la “pesca de investigación científica”.

“Decreto mordaza”

Algunos investigadores, como Daniel Panario, calificaron a la normativa de “decreto mordaza” debido a que, en el artículo 44 del capítulo arriba mencionado, se establecía, aun tras la modificación que no dejó a todas las partes satisfechas, que quienes realizaran investigación científica deberían comprometerse a “no dar a publicidad los datos obtenidos que puedan incidir o afectar el desarrollo de la explotación u ordenación pesquera, sin autorización expresa” de la Dinara.

El decreto además contenía otras trabas para la investigación científica en el medio acuático, como por ejemplo solicitar autorización a la Dinara cuando se pretenda llevar a cabo “actividades de investigación que se realicen en el medio acuático y que puedan tener efectos sobre los recursos pesqueros”. Por otro lado, quienes pretendan investigar y obtener la autorización deben presentar tanto los antecedentes técnicos “de las personas o instituciones solicitantes” como los objetivos de la investigación, los resultados esperados, el currículo del personal que participará y el compromiso de “presentar todos los datos obtenidos en la investigación”.

Quitando la mordaza

El decreto, firmado el 13 de abril por el presidente Luis Lacalle Pou, consta de un único artículo que viene a subsanar parte de problema. Es tan breve que puede reproducirse íntegramente sin temor a que los lectores salgan corriendo: “Dispónese que los resultados de las investigaciones científicas, así como los datos globales o estadísticos obtenidos en el medio acuático podrán ser divulgados libremente, no requiriendo autorización previa de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, ni de ninguna otra dependencia del Estado”. De esta manera, los investigadores que trabajan con poblaciones de peces, calidad de agua, contaminación ambiental, biodiversidad, toxicidad de plaguicidas, y tantos otros campos, recuperan su derecho a hacer con la información que generan lo que consideren pertinente.

“Estas restricciones constituían un desincentivo claro y preocupante a la generación de conocimiento novedoso sobre nuestros recursos acuáticos. Quien perdía era el país, privándose de que investigadores destinaran su esfuerzo en estas áreas” comentó en Twitter el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim. También señaló allí que “queda por resolver las restricciones que impone a la investigación la exigencia de solicitar permisos sin establecer con claridad los casos donde sería procedente y los plazos para su otorgamiento”, ya que para él esto “permite un ejercicio arbitrario de una potestad restrictiva sobre proyectos de investigación. Me consta que el ministro [de Educación y Cultura] Pablo da Silveira comparte esta preocupación, por lo que esperamos contar con cambios adicionales que configuren un escenario propicio para la investigación”.

Buenas noticias para el país, para la comunidad universitaria y para todos los que disfrutamos de la generación y la divulgación del conocimiento, en un momento de pandemia donde queda patente qué tan valiosos son nuestros investigadores e investigadoras, aun cuando estudien cosas que pensamos que poco tienen que ver con nuestra vida cotidiana. La ciencia puede ayudar a resistir una pandemia. Lo que la ciencia no puede resistir, pues tarde o temprano se marchita, es no tener libertad.