Pasado pisado y urbanizado: denuncian que apertura de calles dañó registros arqueológicos que podrían estar entre los más antiguos del país

En el Cerro de los Burros y sus aledaños, en Maldonado, se encuentran sitios arqueológicos de más de 13.000 años que estarían entre los más antiguos del país y también de Sudamérica; la apertura de caminería para realizar un emprendimiento inmobiliario provocó una denuncia ante la Comisión de Patrimonio.

Imagínense por un segundo que el propietario de unos terrenos en Colonia de Sacramento decidiera hacer un emprendimiento inmobiliario y que, para llevarlo a cabo, comenzara por abrir dos caminos en su propiedad que destruyeran parte de lo que queda de la colonia fundada en 1680 por los portugueses. Seguro varias personas pondrían, con razón, el grito en el cielo por la destrucción de un valioso patrimonio cultural e histórico que tiene poco menos de 350 años. Ahora dejen de imaginar: dos caminos se abrieron sobre una zona que tiene un patrimonio que podría remontarse a más de 13.000 años. Se trata de un área donde se han encontrado múltiples evidencias arqueológicas del poblamiento temprano no sólo de lo que hoy es nuestro país, sino también de esta región del continente. Algunas voces se alzaron y se presentó una denuncia ante la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

La demolición del edificio Assimakos que estaba en Avenida Italia y Mataojo, construido en 1948, sacudió las redes y motivó ríos de tinta y horas de lengua de arquitectos varios. Sin embargo, parecemos ser menos sensibles ante la pérdida de los vestigios de nuestro pasado anteriores a la llegada de los colonizadores europeos. Del desamparo de nuestro patrimonio y de lo que entendemos por él, de rencillas dentro de la comunidad académica, del ninguneo del trabajo de jóvenes arqueólogos y arqueólogas, de la importancia de más investigación, de afirmaciones en disputa, del avance de la urbanización, de la tensión que implica la gestión del territorio habla esta nota.

La denuncia

Con fecha del 13 de abril de 2020, la arqueóloga Laura Brum, del Centro Universitario Regional Este (CURE), y su colega Andrés Florines, del Departamento de Arqueología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE), ambas instituciones pertenecientes a la Universidad de la República, presentaron una “ampliación de denuncia” ante la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación ‒de aquí en más, Comisión de Patrimonio, como se le dice coloquialmente‒ con un informe titulado “Afectación a sitio patrimonial URUPEZ. Localidad arqueológica Cerro de los Burros. Arroyo Tarariras (Maldonado)”.

“El presente documento informa del inicio de obras de trazado y apertura de calles en el Fraccionamiento “Altos de Playa Verde”, ubicado en un predio de unas 15 hectáreas en el balneario Playa Verde (5ª Sección Judicial del departamento de Maldonado), al norte de la ruta 10, lindero al Arroyo Tarariras” comienza el documento. “Dichas obras han dejado al descubierto material arqueológico lítico en las zonas de limpieza y apertura de calles, lo cual indica la afectación de registro arqueológico en subsuperficie, sin mediar medidas adecuadas para impedir la destrucción de contextos arqueológicos de enorme relevancia para la arqueología nacional y regional”, prosigue el documento, que adjunta un mapa del fraccionamiento Altos de Playa Verde comercializados por la inmobiliaria Paulo Álvez.

También señala que “el fraccionamiento se encuentra sobre un área arqueológica que integra la localidad Cerro de los Burros - Arroyo Tarariras”, donde hay múltiples sitios “relevados en el marco del investigaciones académicas (Florines 1996) y el proyecto ‘Arqueología de área costera platense del departamento de Maldonado’ (Brum 2011), informados al Departamento de Arqueología de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación para su ingreso al Inventario Nacional de Sitios y a la Dinama [Dirección Nacional de Medio Ambiente]”.

En la denuncia se dedican varios párrafos a la relevancia arqueológica del área, que más o menos resumiremos así: trabajos en la zona llevados a cabo por el aficionado Ugo Meneghin permitieron encontrar, cerca de la explanta de procesamiento de pescado Urupez, dos sitios con material de piedra, incluidas puntas de proyectiles, que fue datado, con muestras remitidas por ese investigador no profesional al extranjero, con antigüedades de unos 13.000 años, los que “posicionan al sitio arqueológico entre los testimonios de las primeras ocupaciones humanas vinculadas al poblamiento del subcontinente”. Pero la cosa no se queda allí.

“En toda el área del fraccionamiento fue informada la presencia de material arqueológico, tanto en superficie como subsuperficie”. En la denuncia sostienen que ha habido una “afectación patrimonial”, y especifican: “De acuerdo a la información consultada de imágenes satelitales, ya en noviembre del 2020 comienzan las obras de limpieza (tala) para el desmonte del área correspondiente al trazado de calles”.

Pero las máquinas no se detuvieron allí. “Posteriormente obtuvimos registros de la actividad de maquinaria pesada, retirando tocones y raíces tras la poda. En estas intervenciones se constata la afectación de subsuperficie (20 cm a 30 cm de profundidad). Recordamos que los sitios en estratigrafía excavados y publicados por Meneghin, localizados a escasos 100 metros del lugar afectado, presentan una estratigrafía de entre 30 cm y 40 cm”, agregan.

¿Habrá afectado la apertura de los caminos el patrimonio de la localidad? Según la denuncia, no caben dudas: “Luego de la apertura de calles, se pudo constatar la presencia de material arqueológico lítico de diversos tamaños, entre ellos instrumentos unifaces y bifaces, núcleos, lascas y otros restos de manufactura lítica”. Agregan que este valioso material “aparece in situ y retransportado, en diversos contextos y zonas de intervención: superficie de la calle, bordes de erosión y escorrentía en los márgenes de las calles, zonas de raleo y limpieza de vegetación laterales a las calles, entre otras”. Lo que dicen es respaldado con abundantes imágenes, tomadas durante abril (algunas de las cuales reproducimos en este artículo), que “dejan en evidencia la afectación irreparable de contextos arqueológicos por diferentes intervenciones”.

Como señalábamos, esta es una ampliación de una denuncia previa. Al respecto señalan: “Desde agosto del año pasado, iniciamos este expediente de denuncia ante la CPCN-MEC, realizamos comunicaciones a la Dinot [Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial] y ex Dinama, mantuvimos una reunión concretada en diciembre con el Dir. de dicha Comisión, el Arq. William Rey Ashfield, y el equipo técnico del Depto. de Arqueología de la CPCN [Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación], informando de las amenazas en el área, del registro arqueológico conocido y del potencial, y de los riesgos inminentes de destrucción, que hoy constatamos con preocupación”. Por ello reiteran “la urgencia de disponer las medidas para impedir una afectación aún mayor del patrimonio arqueológico del lugar”.

La denuncia finaliza sosteniendo que “de no paralizarse las obras continuará la afectación irreversible del patrimonio arqueológico que aún permanece en el área” y que “resulta urgente la realización de un diagnóstico del daño patrimonial ya efectuado, con una inspección técnica del Departamento de Arqueología de la CPCN así como la propuesta de medidas de corrección, mitigación y compensación adecuadas para el caso”.

Experta en el área

La arqueóloga Laura Brum, docente del CURE, no es una advenediza en el trabajo sobre el área. “La primera vez que fuimos a ese territorio fue en 2001, con Andrés Florines, que es especialista en arte rupestre, para conocer la pictografía que está en el cerro Pan de Azúcar, una de las pinturas más australes que están quedando en Uruguay”, cuenta.

Brum quedó fascinada. Venía de Rocha y no conocía Piriápolis y su entorno. “Esa combinación de cerros y playas muy cerradas me pareció de otro planeta”, recuerda. Pero además se sorprendió por la cantidad de material arqueológico. No sólo vieron la pintura rupestre “que sobrevivió a Piria de milagro”, sino que además, recorriendo campos de la zona, se encontraron con material lítico en abundancia. Su suerte estaba echada y lo reconoce: “Me enamoré del lugar”.

Unos años después, un amigo la invitó a Playa Verde. En la boca del Tarariras, Brum se encontró con “un emporio de material lítico” y con rocas con características y colores distintos al cuarzo monótono que encontraba en Rocha. “Había riolitas, granitos, calizas silicificadas, y entonces me dije que quería hacer una investigación en la zona”. Como aún no había terminado la carrera, se presentó a un proyecto de iniciación a la investigación de la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) de la Udelar para hacer un mapa arqueológico del área de Maldonado que va desde el arroyo Solís Grande, en el límite con Canelones, hasta el arroyo El Potrero, que desemboca en Laguna del Sauce. El proyecto salió y le llevó hasta 2010. Luego hizo su tesis de maestría orientada a la gestión y el manejo de esa zona, que tiene “un registro arqueológico que va desde el Pleistoceno Superior hasta casi el contacto”, es decir, desde hace unos 13.000 años hasta la llegada de los europeos. “Comencé a generar fichas de los sitios que comencé a derivar a la Comisión de Patrimonio con la aspiración de que la Intendencia pudiera usar ese trabajo para la gestión territorial”. En eso estuvo hasta 2015.

En 2019 retomó el trabajo en el área con motivo de su doctorado. “La idea era trabajar con sitios puntuales con ocupaciones en distintos períodos y ver la relación con la evolución del paisaje y el cambio de las condiciones climáticas”, explica. Pero si el paisaje evoluciona lentamente, la presión inmobiliaria es una revolución que no gusta de esperar. Cuando en julio de 2020 les comunicaron que comenzaban a venderse lotes en la zona, decidió, junto con su colega Andrés Florines, hablar con las autoridades.

“Decidimos hacer una alerta porque, si empezaba a hacerse ese fraccionamiento sin relevar el terreno, Urupez corría riesgo”, cuenta. “Fue una denuncia de que había riesgo inminente y de que tenía que haber un control de lo que fuera a suceder en ese lugar. Lo que interesaba en ese momento era que la Intendencia de Maldonado articulara con la Comisión de Patrimonio”, detalla.

Luego de que presentaran la denuncia, Brum relata que el Departamento de Arqueología de la Comisión de Patrimonio realizó un informe y en noviembre de 2020 tomó una resolución. “La resolución fue dirigida a la Intendencia de Maldonado para solicitarle la colaboración para hacer los estudios y trabajos antes de que se iniciara cualquier tipo de intervención en ese lugar, dada su relevancia patrimonial”, señala. Pero desde aquel agosto de 2020 hasta este abril de 2021, el mundo, pese a la pandemia, siguió girando. Y las máquinas comenzaron a abrir caminos. ¿Su reacción? La ampliación de denuncia que acabamos de reseñar.

¿Qué es lo que está en peligro?

Para Brum la situación es delicada. “Esta es la única área arqueológica del Pleistoceno que queda para nuestra actual zona costera. El resto de nuestro litoral está casi todo urbanizado”, afirma. “Lo que está en riesgo es la última foto que podemos llegar a tener de un momento de la ocupación de nuestro territorio en la actual zona costera. Y estamos hablando de que nos perdemos la posibilidad de reconstruir un territorio totalmente diferente al actual, porque hace 13.000 años esa zona no tenía vista al mar”, prosigue. “La única forma de conocer esa época es con estas evidencias; no tenemos libros, no tenemos fotos, no tenemos máquina del tiempo. Lo único que tenemos es la cultura material de quienes estuvieron allí y la información que podamos recuperar de los contextos”.

Pero Brum no sólo reclama poder estudiar lo que hay allí. Su mirada es más amplia. “Es importante que esos sitios sigan estando para los que vienen después. Las técnicas de investigación que tenemos hoy no son las que va a haber dentro de diez años”, dice. Tratar de preservar los sitios arqueológicos nos permitirá seguir haciéndole preguntas al pasado. “Sobre todo porque el registro del poblamiento temprano es difícil de encontrar en todo el continente americano. Cuando lo encontramos deberíamos estar tirando cohetes y celebrando, no haciendo calles encima”, sostiene. “La idea aquí no pasa por impedir que se hagan cosas. Simplemente pasa por la necesidad de hacer estudios previos, porque tal vez haya que corregir cosas”, remata.

Rafael Suárez, del Departamento de Arqueología de la FHCE, se ha dedicado a estudiar las tecnologías líticas de poblamientos tempranos en nuestro territorio. Su trabajo en los sitios Tigre y Pay Paso, en el departamento de Artigas, le permite afirmar que, antes de que llegara la tecnología de puntas cola de pescado, ya había pobladores tallando puntas afiladas para cazar y defenderse. “Las puntas cola de pescado tienen entre 12.800 y 12.200 años de antigüedad”, nos decía Suárez en una nota anterior. Pero las puntas con la que él trabaja, que aparecieron en Artigas, hablan de un pasado más remoto aún. “Antes tenemos otros grupos, que nosotros llamamos ‘pre cola de pescado’, que tienen en Uruguay entre 14.000 y 13.200 años, lo que implica que 1.000 años antes de que aparecieran los grupos cola de pescado estas planicies ya estaban siendo exploradas y colonizadas por otros grupos de cazadores recolectores”. ¿Por qué hablar de todo esto? Porque en el sitio Urupez, que está en la zona donde ahora se están haciendo los caminos y loteados en Playa Verde, se encontraron piezas que tienen dataciones más antiguas aún que las de Artigas.

“En ese lugar hay un poblamiento anterior al que llevó adelante la tecnología de puntas cola de pescado, señala ahora Suárez. “Meneghin, si bien era un aficionado, investigó y tiene dos fechados de radiocarbono que arrojan edades de 13.900 y de 13.600 años. Lo importante de esas edades es que son similares a otras que encontramos en el sitio Tigre y también similares a las encontradas en el sitio Arroyo Seco 2, en Argentina. Son evidencias, pulsos muy leves, de ocupaciones anteriores a estos grupos cola de pescado. Esa es la importancia del sitio Urupez, que además es un sitio multicomponente, ya que también tiene componentes de hace 2.500 años” resume.

“Lo importante es que no se trata de apenas un sitio arqueológico, sino de una localidad arqueológica que tiene varios sitios. Urupez es uno de ellos, y su importancia es que es anterior al componente cola de pescado. Poner en riesgo estos sitios implica perder una información que es muy escasa a nivel de América. Cuanto más antiguo es un sitio, más difícil y menos probable es poder encontrarlo”, sentencia.

Desde la Comisión de Patrimonio

Elianne Martínez, directora del Departamento de Arqueología de la Comisión de Patrimonio, es clara: “Desde el Departamento de Arqueología nos resulta muy preocupante la afectación de los sitios, y en particular de estos con esta antigüedad”.

“Hemos trabajado en la zona porque algunos padrones en la cima del Cerro de los Burros fueron declarados Monumento Histórico para protegerlos, ya que allí hay sitios cantera prehistóricos de riolita muy relevantes, que marcan un territorio muy especial de paisaje ambiental, cultural y arqueológico. Es una zona muy particular que se considera una localidad arqueológica que excede a la zona particular que declaramos Monumento Histórico, y en donde está en curso la investigación de la arqueóloga Laura Brum”, agrega. “En la zona de Urupez sabemos que hay sitios arqueológicos que hay que investigar y que son parte de esa localidad vinculada al área declarada Monumento Histórico”.

“Lo que nos preocupa ahora, y sé que la dirección de Patrimonio se ha puesto en contacto con el área de Ordenamiento de Maldonado, es que aparentemente hubo acciones que estarían alterando esos sitios. Por la pandemia no hemos podido ir hacia el lugar, pero estamos tratando de ir hasta allí para tener más elementos para evaluar las acciones más adecuadas. Así que vamos paso a paso para ver cómo esto se puede encaminar y, a la vez, tratar de hacer un estudio y una investigación mayor de lo que quede de estos sitios arqueológicos”, dice Martínez, con toda la cautela de quien sabe que hay varios actores e intereses involucrados.

Le pregunto si tienen alguna potestad para exhortar a la paralización de la obra. “La Ley 14.040 tiene un artículo, el 14, que utilizamos bastante, más que nada en cascos históricos, que dice que ante hallazgos arqueológicos la comisión puede detener las obras”, responde. El texto del artículo 14 es claro: además de sostener que “la comisión tendrá a su cargo la preservación de los sitios arqueológicos”, determina que “si en el curso de trabajos de movilización de terrenos se descubriera algún sitio de los referidos, dichos trabajos deberán ser suspendidos y, notificada la comisión, serán reanudados una vez tomadas las medidas de preservación necesarias”.

“Para cualquier decisión es necesario hacer una visita al sitio para ver y evaluar el estado de situación”, dice Martínez. “Ya se había decidido desde la comisión que estas obras requerían un estudio de impacto, y ese planteo ya estaba hecho a la Intendencia. La situación que se genera ahora es que ya entraron las máquinas y nosotros, en la comisión, no hemos recibido ningún estudio arqueológico del impacto a los bienes por parte de la obra”.

Desde la agremiación de arqueólogos

Moira Sotelo, presidenta de la asociación científica y profesional Arqua (Arqueólogos de Uruguay Asociados), concuerda con su colega de la Comisión de Patrimonio. “Como asociación lo que defendemos, además de a una colega que investiga en el área, es que se haga la investigación correspondiente. La irregularidad más grande es que se comience la obra y se destruya el sitio sin haber presentado el estudio previo de impacto arqueológico que corresponde, que es lo que había sugerido la Comisión de Patrimonio”, acota la directora.

A la interna de la actividad profesional también hay problemas. “En la Comisión de Patrimonio, cuando se hacen los pasos reglamentarios para un estudio de impacto arqueológico, se establece que hay que consultar al arqueólogo que tramitó ante la comisión el trabajo en el área”, explica desde Arqua. “En este caso, la arqueóloga que figura en Patrimonio como trabajando en el área es Brum. Y en este caso hubo un desconocimiento a quienes vienen trabajando en la zona”, afirma Sotelo. Brum es una arqueóloga joven ‒y más para este país, donde el derecho de piso es muy caro‒. Y el tema del género, en la arqueología nacional, parece también tener algo que ver con todo esto. “Acerca de lo que pasa en Urupez, Laura Brum tiene nuestro total respaldo”.

Desde la Intendencia de Maldonado

“Ese proyecto está aprobado desde 1952, tiene padrones individuales, pero nunca se le ejecutaron las obras de infraestructura”, dice Soledad Laguarda, directora general de Urbanismo de la Intendencia de Maldonado, área sobre la que recae el ordenamiento territorial del departamento.

“Lo que se le autorizó a la empresa propietaria es la limpieza de los terrenos, no la apertura de calles”, dice Laguarda, y aclara que por limpieza “se entiende sacar la vegetación”. “Cuando no podés ingresar al predio no podés definir los niveles de terreno. Y cuando no podés definir los niveles de terreno no podés definir el trayecto de calles. Se los autorizó entonces a limpiar los lugares por donde van a ir las calles”, precisa.

Tras el anterior aviso de la Comisión de Patrimonio, la Intendencia de Maldonado tomó medidas. “Advertidos de que en las proximidades de la fábrica de Urupez hubo en algún momento alguna detección de material arqueológico, le impedimos al propietario que abriera las calles hasta que no trabajara en conjunto con un arqueólogo. Y su propuesta no fue la de trabajar con un arqueólogo, sino hacer un convenio con la FHCE y la Udelar”, afirma Laguarda.

Cuando le consulto si las fotos que constan en la denuncia son calles, Laguarda afirma que en la zona de “la limpieza que están haciendo y la retirada de la primera capa de 30 centímetros, según informó el arqueólogo que trabaja con el propietario, no hay posibilidad de que haya restos de nada. Es decir, la sacada de la vegetación y la remoción de los primeros 30 centímetros, que es parte de la limpieza, es lo que está autorizado”.

Cuando le digo que el material arqueológico de hasta unos 13.000 años que se encuentra en la zona, de acuerdo a distintos arqueólogos, aparece justamente entre los primeros 30 o 40 centímetros del suelo, Laguarda está tranquila: “No es la información que presentó Bracco en el expediente”. Se refiere al arqueólogo Roberto Bracco, que trabaja en el Departamento de Arqueología de la FHCE.

Laguarda entonces afirma que la empresa “solamente está autorizada a realizar la limpieza de terreno”; no obstante, informa que están “enviando una inspección para verificar bien qué es lo que están haciendo a raíz de la llamada desde la Comisión de Patrimonio”.

“A nosotros obviamente nos interesa el rescate y preservación del patrimonio, pero evidentemente tenemos que tener también un montón de consideraciones legales. Allí hay un propietario, una tierra que en algún momento se vendió a través del Banco República, gente que paga contribución inmobiliaria desde hace más de 50 años, etcétera. Sí, tenemos que pedir que se haga todo lo necesario para preservar el patrimonio y tomar todas las providencias, pero también tenemos que tener cuidado”, sostiene Laguarda.

Complicaciones académicas

Durante las distintas declaraciones, apareció involucrada la FHCE. Hasta el trabajador que nos atendió en la Inmobiliaria Paulo Álvarez, que es la que está comercializando el proyecto, afirma que “está trabajando allí un equipo de arqueólogos de la facultad”.

José López Mazz, director del Departamento de Arqueología de la FHCE, trata de aclarar el panorama: “El sitio Urupez se hizo famoso porque lo excavó un tipo que no era un arqueólogo profesional. En toda la literatura arqueológica este sitio es nombrado como el más antiguo del Uruguay. Entonces, lo que Roberto Bracco dice es que si este sitio que investigó Meneghin no es lo que Meneghin dice, es interesante que ese trabajo de evaluación lo haga la Universidad, que no sea un arqueólogo en una bicicleta con un cucharín. Fue con esa intención que Bracco trajo el tema a la facultad y comenzó la idea de hacer un convenio con la empresa”. Le recuerdo a López Mazz que el CURE también es la Universidad, y que sus arqueólogos no son unos improvisados que van “en bicicleta con un cucharín”. Pero sigamos con el tema.

“La empresa tiene derecho a abrir el camino. El tema es que alguien tiene que hacer el estudio de impacto”, dice López Mazz. Coincido con él. Pero le pregunto si en caso de que la empresa ya haya abierto caminos, tiene sentido hacer un convenio para empezar a evaluar el impacto y que, si se confirma lo denunciado, la Universidad no quedaría en una posición comprometida. “Si es así como estás planteando, tenés razón”, acepta López Mazz. “Lo que no está claro parece ser, según los especialistas, es que eso sea un sitio antiguo y quién le va a poner el cascabel al gato”, acota.

“Efectivamente, el arqueólogo que está en diálogo con la empresa y que fue el que propuso que hiciera el convenio con la FHCE soy yo”, afirma Roberto Bracco. Dice que “la apertura de calles estaba autorizada por la Intendencia hace más de 20 años”, y agrega: “Frente a eso y frente a que la apertura de esas calles que están por fuera de los sectores que Meneghin ‒este supuesto investigador‒ definió como arqueológicos, les dije a estos señores que yo les hacía una nota en la que digo que si las calles no afectan determinados lugares, y si no se afecta el sustrato, yo creo que están habilitados para trabajar. Esa era mi opinión desde el punto de vista arqueológico”. Bracco continúa: “A eso se suma que fui personalmente más de tres veces a ver si ciertamente no había algún sector de patrimonio afectado o si aparecía material en los desmontes realizados para hacer los caminos. No encontramos nada, salvo una cantidad de basureros que van desde la década de 1950 hasta la actualidad”.

“Todas las publicaciones de Meneghin, salvo una, son realizadas en la publicación que él fundó. Nunca presentó los resultados de su trabajo en una instancia académica en la que pudiera ser evaluado por arqueólogos o gente con formación para avalar o no lo publicado”, suma Bracco. Tiene razón. Hay varias inconsistencias en las publicaciones no científicas de Meneghin que merecen ser estudiadas con más detalle.

“Conociendo como conozco ahora los trabajos de Meneghin, te diría que no tendría por qué legitimar, si no hiciera alguna otra cosa, que estamos frente a un sitio arqueológico”, agrega Bracco. Como arqueólogo de carrera y trayectoria, puede hacer esa afirmación. Pero uno se pregunta: ¿es lo mejor que quien vela por la protección de un posible patrimonio arqueológico sea quien desestima que se esté frente a un sitio histórico? Porque la discusión científica sobre Urupez y los otros sitios de la zona del Cerro de los Burros no está saldada. Bracco tiene sus ideas. Otros colegas tienen otras. Deberán hacer buena ciencia para sustentarlas. Y para ello necesitan que los materiales y sitios se preserven.

“Por lo que conozco, Laura Brum trabaja en arqueología de ocupaciones litorales. Si lo que dijo Menighin sobre estas ocupaciones fuera cierto, esta no sería una ocupación litoral, sería una ocupación temprana cerca del litoral”, sostiene Bracco. Es cierto. Si los restos de cultura material encontrados en Urupez tuvieran esos más de 13.000 años que Meneghin afirma, en esa época el mar estaría a varios kilómetros. Pero también es cierto que Bracco, un arqueólogo de trayectoria en el campo del estudio de cerritos de indios y experto en la datación mediante técnicas como el carbono 14 y la luminiscencia, tampoco ha abordado en su producción científica ‒al menos hasta el momento‒ ni el poblamiento temprano de nuestro territorio ni las tecnologías líticas asociadas a ese poblamiento temprano (los cerritos de indios comenzaron a construirse varios miles de años después de las puntas cola de pescado).

“El único que ha trabajado en lo que sería la franja litoral en poblamiento temprano fue López Mazz, quien está metido en esto como parte del equipo de trabajo que propone el Departamento de Arqueología”, dice Bracco. Sin embargo, cuando hablamos con López Mazz nos dijo: “El convenio no es algo de lo que yo me vaya a encargar, es algo que trajo Bracco, a quien le ofrecieron hacer el trabajo”.

“El otro que ha trabajado estos temas es Óscar Marossi, quien ha hecho su tesis de maestría sobre Urupez”, prosigue Bracco. No obstante, si bien la tesis aborda las tecnologías líticas de Urupez, no se centra en ellas. Al abordar el tema del sitio y su gran antigüedad, Marossi sí alerta sobre un conjunto de inconsistencias que encontró en las publicaciones de Meneghin. Pero aun así señala: “Todos estos puntos deben ser necesariamente aclarados. Esto no debe ser un motivo para descartar como irrelevante el trabajo realizado y el propio registro arqueológico. Por el contrario, sus inconsistencias y ambigüedades representan una razón más para realizar un abordaje intensivo y controlado en esta localidad y poder dar mayor certidumbre sobre el sitio”.

“Yo no soy el arqueólogo de la empresa. En ningún momento lo fui ni cobré nada de lo que hice. Yo recomendé que no se contratara a un arqueólogo para hacer lo que se estaba requiriendo por parte de la Intendencia, sino que el tema se llevara a la facultad para que diera el mayor aval posible en lo institucional y lo académico”, señala Bracco.

“El convenio fue presentado a la facultad en octubre de 2020. Estamos en mayo de 2021. Alguien tiene que hacerse cargo de que el sistema burocrático estatal y universitario tenga estos tiempos. El planteo de la empresa fue tratar de tener todo en orden antes de que empezara la temporada para poder hacer su promoción y las ventas. Hizo las cosas, en teoría, como las debería hacer. Entonces pregunto ¿con estas demoras no hay un lucro cesante? Incluso, al tomarse esos plazos la facultad, yo podría decir que se puso en riesgo ese patrimonio que hay en los predios”, declara Bracco.

Visto el embrollo armado, contacté a Ana Frega, decana de la FHCE. “No es un convenio vigente. El Consejo de la Facultad aprobó la propuesta del convenio para que sea elevado, porque no se firma solamente entre la facultad y el privado, sino que los convenios son de la Universidad de la República”, dijo Frega cuando la consulté sobre el tema, la semana pasada. Ante el comienzo de las obras previo al inicio del convenio, y ante la denuncia presentada ante la Comisión de Patrimonio, Frega afirmó que se está “en proceso ver cuál va a ser la posición frente a eso”.

A los dos días de hablar con la decana Ana Frega, el director del Departamento de Arqueología, José López Mazz, nos comunica que “se decidió suspender el convenio hasta nuevo aviso”.

Epílogo

El patrimonio arqueológico dejado por quienes estaban en este territorio antes de que Colón fracasara estrepitosamente en trazar una nueva ruta hacia las Indias es extremadamente vulnerable. “La noción de nuestro pasado prehispánico como algo de poco valor todavía persiste en muchas generaciones”, se lamenta Laura Brum.

“Todavía hay una fuerza muy grande de esa mirada que tenemos hacia nosotros mismos como hijos de europeos, como una nación homogénea, de un país sin indígenas. Así como está invisibilizado ese pasado, también queda invisibilizada su cultura material”, prosigue la arqueóloga. “Esa invisibilización es funcional porque no obstaculiza para nada la idea del desarrollo, de que se puede construir en todas partes porque todo es tierra virgen. Todo el tiempo se están construyendo proyectos como si esta tierra no tuviera historia, y eso de alguna forma es práctico” sentencia Brum.

La gestión de territorio siempre implica tensiones entre distintos intereses. La tarea no es sencilla, menos aún con un marco legal que está lejos de estar actualizado y de facilitar la coordinación de los distintos actores involucrados. Dos calles están abiertas. Más vienen en camino. Las topadoras se mueven rápido. Si queremos conocer más de nuestro pasado, debemos ser conscientes de que el futuro lo estamos construyendo en este mismo instante.