Cuando asumió el presente gobierno, en marzo de 2020, desde el Poder Ejecutivo, en concreto desde el Ministerio de Educación y Cultura, se tenían ideas para mejorar el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Entre las propuestas manejadas por el ministro Pablo da Silveira estaba la de hacer que ese ministerio pasara a definir las políticas que afectan al sector, cambio que incluso llevaría a llamarlo Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia hacia el final del período. El tiempo pasó, pero el prometido reordenamiento de la institucionalidad científica, así como el de determinar dónde y quiénes definen la política científica, tecnológica y de innovación del país, no llegó.
Se dieron algunos pasos, eso sí, como la realización de consultorías sobre cuatro ejes temáticos que servirían de instrumentos para el “rediseño del área de Ciencia, Tecnología e Innovación”. Los resultados de esas consultorías fueron comunicados y tratados en talleres que tuvieron lugar en 2023.
Justamente el fin de esos talleres, así como la ausencia del reordenamiento institucional del sector de investigación+desarrollo+innovación (I+D+i como les gusta llamarlo en esos entornos) de la última rendición de cuentas en la que se puede aumentar el gasto, motivó que Investiga uy, la Asociación de Investigadoras e Investigadores del Uruguay, elevara en junio de 2023 su propuesta de crear un Ministerio para la Investigación y la Innovación. La propuesta de Investiga uy surgía pensando no ya en cambios a realizarse durante este período de gobierno, sino en buscar consensos y avanzar de cara a 2025, cuando un próximo gobierno se proponga abordar el tema. En setiembre pasado, Investiga uy hizo pública la última versión de su “Propuesta de reordenamiento del sistema de investigación e innovación para el Uruguay. Hacia un desarrollo sostenible basado en el conocimiento”.
Ahora es la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay (Anciu) la que hace su aporte para pensar el problema, en un documento titulado “Pautas para la discusión de una nueva institucionalidad en ciencia, tecnología e innovación en Uruguay”. Veamos entonces su contenido.
Resumiendo
El documento, que lleva fecha del 25 de octubre de 2023, comienza consignando que “El Ministerio de Educación y Cultura tuvo la iniciativa de realizar cuatro consultorías sobre el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, a fin de obtener insumos para el rediseño del mismo”. Al respecto, señala que las consultorías se realizaron durante 2022 abarcando cuatro ejes: “relevamiento y evaluación de la normativa para el desarrollo de las políticas y actividades de ciencia, tecnología e innovación”; “caracterización de actores y sus capacidades en el sistema de ciencia, tecnología e innovación en Uruguay”; “evaluación de los recursos e instrumentos de promoción de ciencia, tecnología e innovación; y “dinámica de funcionamiento y articulación del sistema de ciencia, tecnología e innovación en Uruguay. Principios generales para un nuevo diseño institucional”. En el documento de la Anciu se informa que esa academia “participó activamente, aportando documentos de trabajo específicos para cada consultoría y siendo parte de la discusión final de las consultorías en su conjunto”.
A continuación, el texto de la Anciu resume los “resultados relevantes de las consultorías”. Dentro de ello destacan que “se identifica un sector I+D+i nacional en el que la articulación entre la academia y la base productiva del país sigue un ‘modelo espontáneo’, lo cual lleva a la carencia de un sistema de innovación de calidad, dado que los distintos componentes del sector no funcionan con las interacciones propias de un sistema”.
También señalan que las consultorías dan cuenta de “dificultades muy significativas en la actual gobernanza del sector I+D+i nacional, con superposiciones, indefinición o ambigüedad en cuanto a funciones y responsabilidades de instituciones de distinto tipo”, lo que a su entender lleva a “una ausencia de liderazgos y confusión de roles de las instituciones dentro del sector I+D+i nacional”. Algo hay que hacer, en esto hay consenso.
Remarcan luego que se constata una “ausencia de una agenda de I+D+i con objetivos claros y con prioridades a nivel nacional”, lo que “no permite planificar a largo plazo el desarrollo del sector, ni contar con fondos apropiados y predecibles para llevar la misma adelante”. Más aún, indican que dado ese “modelo espontáneo” del que se hablaba antes, “el número de instrumentos creados para la promoción de I+D+i impulsados en las dos últimas décadas hacia la oferta innovadora, no ha ido de la mano del fortalecimiento de los instrumentos creados para promoción de la investigación básica, el desarrollo tecnológico y la educación superior de calidad, así como no se han articulado virtuosamente entre sí”. En otras palabras, la innovación es algo que puede darse –o no– al final de un largo proceso. Apuntar al final de esa cadena de eventos necesarios para que haya innovación requiere fortalecer todo lo previo.
En esta línea, al reconocer las “principales carencias” de las consultorías, la Anciu destaca que “realizaron en general un exhaustivo análisis del sector innovación. Sin embargo, faltó un análisis más profundo de las instituciones de investigación y de los centros de desarrollo tecnológico, de gran importancia para complementar el análisis del sector innovación”. Al respecto, hacen énfasis en que “la creación de un nuevo sistema de ciencia, tecnología e innovación en el país requiere el diálogo entre al menos cuatro sectores: investigación, tecnología, innovación y educación superior” y aclaran que este último “no fue analizado en la profundidad que requiere”. Agregan entonces que “para lograr un sistema de I+D+i exitoso se necesitan personas formadas al más alto nivel con distintas vocaciones y distintas formaciones”.
También indican como una falencia que “en la mayoría de las consultorías faltó un análisis más profundo de la vinculación del sector I+D+i con el desarrollo de otros sectores de la sociedad de fundamental importancia” como son “el sector productivo nacional, la salud y desarrollo social”.
Señalado todo esto, pasan entonces a la parte de propuestas o, como dicen en el texto, “recomendaciones de la Anciu para un nuevo sistema de I+D+i nacional”.
Proponiendo
“La creación de un órgano de gobernanza con funciones y responsabilidades para el sector I+D+i al más alto nivel dentro del Poder Ejecutivo es de máxima prioridad” manifiesta la Academia, destacando que esa gobernanza “promoverá la inversión articulada en I+D+i de los diversos actores públicos y privados, su interacción a través del diseño e instrumentación de herramientas estratégicas y de asignación de los recursos correspondientes”.
Para la Anciu, ese “órgano” dentro del Poder Ejecutivo “debe tener una relación formal y directa con la Presidencia de la República”. Al fundamentar esto destacan que “es necesario jerarquizar la política de I+D+i como una política de Estado, lo que quiere decir que es necesario hacer los mayores esfuerzos para generar un amplio consenso detrás de las mismas, para garantizar la continuidad, la acumulación de largo plazo y evitar políticas erráticas que afectan de manera muy significativa el desarrollo de un verdadero sistema de I+D+i”. También proponen que este órgano de gobernanza “debería crear mecanismos de asesoramiento científico” a los que “los organismos públicos puedan hacer llegar sus demandas, articulando las mismas con los sectores científicos de forma organizada y eficiente”.
En línea con lo señalado como una de las carencias de las consultorías, la Academia dice en su texto que “las políticas de I+D+i no pueden estar ausentes de las políticas de desarrollo productivo y social del país”. Es más, afirma que “la institucionalidad I+D+i no debe pensarse de manera aislada de la institucionalidad de desarrollo del conjunto del país, porque la I+D+i debe ser un componente central de las mismas”. El documento de la Anciu incluso señala que es “clave para el éxito de la agenda nacional en ciencia, tecnología e innovación” la “interacción permanente en problemáticas específicas del país que requieran I+D+i, la respuesta ágil, rigurosa y fundamentada a la resolución de problemas, la instrumentación de herramientas, así como la configuración de redes de cooperación”. Por las dudas, advierten que, siendo eso importante, “la institucionalidad de I+D+i no debe perder la necesaria autonomía que permita preservar los criterios de rigurosidad científica, fundamentales para el desarrollo de un verdadero sistema de I+D+i”.
“No es posible desarrollar un sector I+D+i exitoso sin un sistema de educación superior sólido y de calidad”, dice luego la Anciu en sus recomendaciones. Dado que la innovación “depende cada vez más de la calidad de la “formación de jóvenes investigadores y tecnólogos”, sostienen que “es importante desarrollar políticas que permitan la formación, la inserción y la retención de estos jóvenes en el país, lo que supone una fuerte articulación con las políticas de desarrollo productivo que demanden estas calificaciones”.
Por último, lo obvio: “Para contar con un sector I+D+i exitoso es necesario contar con los recursos financieros suficientes y predecibles, así como incentivos apropiados que permitan el desarrollo de un verdadero sistema de I+D+i”. Como ya señalara en otras oportunidades, la Anciu sostiene que es “necesario financiar proyectos científicos a mayor escala que los que se financian actualmente”, lo que permitiría “dar el salto cualitativo en el desarrollo científico-tecnológico que el país necesita, a través de nuevos instrumentos diseñados a este fin”.
Sobre la mesa
La propuesta de la Anciu entonces pasa por un órgano de gobernanza dentro del Poder Ejecutivo. No mencionan un ministerio, pero dicha figura queda comprendida en su propuesta. Otras posibles figuras, como las secretarías o agencias, podrían quedar fuera del alcance del contralor parlamentario.
Por otro lado, el texto de la Anciu no dice cómo un órgano “en relación formal y directa con Presidencia de la República” evitará que se caiga en “políticas erráticas que afectan de manera muy significativa el desarrollo de un verdadero sistema de I+D+i”, como ya ha sucedido en diversas políticas públicas dirigidas desde Presidencia ante los cambios que se dan en el Ejecutivo. Uno imagina que habrán pensado en ello. Tal vez lo más importante en este sentido es lo que la institucionalidad en sí misma no asegura y a lo que la Anciu apuntaba: “Jerarquizar la política de I+D+i como una política de Estado, lo que quiere decir que es necesario hacer los mayores esfuerzos para generar un amplio consenso detrás de las mismas”.
El consenso, luego del gran esfuerzo y el reconocido trabajo de la comunidad científica y las instituciones que la llevan adelante durante la pandemia, no estuvo. Ni siquiera luego de haber contado con un Grupo Asesor Científico Honorario. La inversión en ciencia, tecnología e innovación no reflejó que la política de I+D+i haya pasado a ser una política de Estado. El necesario reordenamiento institucional no se concretó, lo que marca también prioridades.
Es seguro que la ciencia tenga algunos párrafos en los programas de gobierno y las plataformas de los diversos candidatos y candidatas. Las propuestas de la Anciu e Investiga uy están allí, al alcance del copy/paste. Si ahora la intención es pensar el problema seriamente, habrá que pasar de los discursos, las consultorías y las propuestas a los hechos. Al menos quien sea que quiera encarar este desafío no arrancará desde cero a diagnosticar los problemas.
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