El sábado pasado publicábamos una nota dando cuenta de una investigación sobre procesos mínimos y técnicas de empaquetado en frutillas que reportaba que gran parte de tres plaguicidas se eliminan al cortarles el cabito o cáliz y lavarlas y que otros dos, si bien bajan sus cantidades, aún se mantienen por encima de lo recomendado tras quitarles el cabito, enjuagarlas con agua y lavarlas con hipocolorito.

La investigación, llevada adelante por Fiamma Pequeño, Natalia Besil, Horacio Heinzen y Verónica Cesio, del Grupo de Análisis de Compuestos Traza del Departamento de Química del Litoral del Cenur de la Universidad de la República (Udelar) ubicado en Paysandú, y Mariana Sirio, Sofía Barrios y Patricia Lema, del grupo Tecnologías Aplicadas a Procesos Alimentarios del Instituto de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería, también de la Udelar, encontró restos de cuatro fungicidas -azoxystrobin, difenoconazol, propamocarb y carbendazim- y del insecticida espinosad en algunos lotes de frutillas compradas aleatoriamente en lugares de venta de Montevideo. Tras lavarlas y quitarles el cabito, los restos de la mayoría de esos plaguicidas quedaron por debajo de los niveles máximos de residuos consagrados en el Codex Alimentarius a excepción de dos, propamocarb y carbendazim, que aún superaban la cantidad de residuo que debiera tener la frutilla según la normativa. Algo había que hacer con estos dos productos de manera de que no lleguen a nuestras mesas, pensábamos entonces, y entre las medidas posibles estaba pensar en no autorizar el uso de ambos fungicidas para las frutillas. Je.

Una vez publicado el artículo, se comunicó con nosotros Pedro Mondino, profesor titular de Fitopatología del Departamento de Protección Vegetal de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. Y vaya sorpresa: los dos plaguicidas que se encontraron por encima del límite máximo de residuo no debieron aplicarse en frutilla si se respeta el “Registro de productos fitosanitarios” del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), en donde cada formulación a aplicar en nuestro país dice específicamente en qué cultivo puede usarse, en qué cantidades y de qué forma, habiendo una etiqueta por cada producto que, además de esa información, reza la leyenda “prohibido su uso distinto a los especificados en la etiqueta”.

“Lo que hay que preguntarse es por qué llegamos a esta situación en que aparecen residuos de plaguicidas que no deberían aparecer”, nos dice Pedro Mondino. A su entender, la situación deja en evidencia que “en Uruguay no existen políticas de racionalización del uso de plaguicidas, ni existen políticas adecuadas de protección al consumidor”, lo que para él es “un problema central que no abordamos”.

Lejos de quedarse de brazos cruzados, tras leer la nota del sábado, Pedro nos cuenta que se puso a buscar información acerca de los plaguicidas encontrados en las frutillas. Vayamos entonces a lo que encontró.

El Propamocarb no debiera estar en las frutillas

“Sólo habría siete formulados comerciales que contienen el fungicida Propamocarb registrados en Uruguay según la web del MGAP”, nos cuenta, aclarando que “puede ocurrir que la web no esté actualizada, pero debería estarlo, ya que es el único sitio oficial donde encontrar esa información”.

De esas siete formulaciones comerciales, “sólo una está registrada para su uso en frutillas, que es el fungicida Proplant”, dice Pedro. “Ese fungicida está indicado para utilizar en baño a las raíces antes de plantarlas para prevenir el ataque de Pythium sp”, agrega, un Oomycetes “que no afecta los frutos”. Según consta en la página web y afirma Pedro, sí hay otro Oomycete (Phytophthora sp.) “que sí puede afectar los frutos además de a toda la planta”, y entonces se pregunta si tal vez lo aplicaron “para controlar esa enfermedad”. “Si es así el problema es que ese fungicida no está registrado para ese uso”, sostiene, por lo que “nunca debería aplicarse sobre plantas en plena producción”. ¿Y por qué no?

“Aplicar ese producto en plena producción” no sólo “no tiene ningún sentido”, argumenta Pedro, sino que hacerlo implica además “un uso temerario”. Al respecto se explaya: “Aplicar plaguicidas no registrados implica que en la etiqueta no va a aparecer la información mínima indispensable para hacer un uso racional. No estará indicada ni la dosis a aplicar ni el tiempo de espera que hay que respetar. El tiempo de espera es precisamente el tiempo que debe transcurrir desde la última aplicación a la cosecha para que los residuos del plaguicida estén por debajo de los niveles máximos admitidos”. Y yendo específicamente a la frutilla, Pedro recuerda “que la planta de frutilla produce frutos en forma escalonada y que se cosecha cada dos o tres días en época de plena producción”, de manera que “sólo plaguicidas con muy corto tiempo de espera podrían ser aplicados”.

Siendo así, afirma que “nunca deberían encontrarse residuos de Propamocarb sobre los frutos de la planta de frutillas”, y sostiene que “la sola detección (aunque sea en los valores mínimos detectables) indica un uso ilegal de este plaguicida”. Y aquí entramos en una colisión de normas, notaciones y regulaciones. Los máximos de residuos permitidos de plaguicidas están fijados por el Codex Alimentarius u otras normas, sin embargo qué producto se aplica, en qué cultivos y cuándo está regulado por el MGAP. Según entiende Pedro, no alcanza con decir que los residuos de Propamocarb estaban por encima de los máximos permitidos “porque la simple detección de trazas mínimas implica un uso ilegal de ese plaguicida”. De acuerdo a lo que establece el MGAP, dice Pedro, en el caso de Propamocarb y las frutillas “el límite es cero”. En otras palabras: uno de los dos productos que rebasaba los límites máximos ni siquiera debería estar allí en cantidades mínimas.

El Difenoconazol tampoco

Sobre el Difenoconazol, Pedro señala que es uno de los varios formulados registrados para su uso en nuestro país es el Score. “Este fungicida está registrado para usar en frutilla para el control de un hongo que causa manchas en las hojas, pero no aparece registrado para podredumbres de frutos”.

La etiqueta del producto recomienda “aplicar cada 7 días”, al tiempo que dice claramente que “¡tiene 14 días de espera!”. ¿Por qué los signos de exclamación? Porque, como ya indicó, “el tiempo de espera es el tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha para que los residuos de la aplicación se degraden a niveles tan bajos, menores de los límites máximos admitidos, que no afecten la salud del consumidor. Si el producto se aplica cada siete días, como está indicado, nunca podría cosechar frutillas, ya que la frutilla se cosecha cada dos o tres días en época de cosecha”.

A modo de resumen sobre este producto, Pedro afirma que el Difenoconazol, si bien se encontró en el trabajo de sus colegas por debajo de los niveles de residuos máximos admitidos del Codex, “no se puede aplicar durante la temporada de producción de frutos”, y agrega que si se constata su presencia en las frutillas “es que se ha hecho un uso inapropiado” del pesticida.

El Carbendazim: otro que tampoco debiera estar en frutillas

“El Carbendazim es un fungicida que está registrado para el control de la podredumbre de frutos causada por Botrytis cinerea en frutilla”, dice Pedro en base a lo que figura en la web del MGAP. “En la etiqueta indica realizar aplicaciones cada 10 a 14 días, pero también indica que el tiempo de espera en frutillas es de 21 días”. Una vez más, Pedro sostiene que “las frutillas se cosechan cada dos a tres días, por lo que es imposible usar este plaguicida sin dejar residuos por encima de los niveles permitidos”.

Como sucedía en el caso anterior, señala que “la detección de este plaguicida indica un uso inapropiado”. Y más aún: este era el otro pesticida que aun luego del cortado del cabito y el lavado seguía detectándose en concentraciones elevadas en algunas de las muestras de frutillas analizadas. Una vez más, si su uso se ajustara a lo que dice la etiqueta del MGAP, 21 días de espera tras su aplicación implicaría que gran parte de las frutillas se echaron a perder en la planta o que, casi seguramente, se aplicó en un momento en el que no está permitido su uso.

Azoxistrobin y Spinosad: un uso ajustado

El Azoxistrobin y el Spinosad en el trabajo de Fiamma Pequeño y sus colegas se encontró en cantidades que estaban por debajo de los niveles máximos permitidos, por lo que las frutillas estaban aptas para consumo.

Al respecto de estos dos plaguicidas -un fungicida y un insecticida- Pedro indica que de ambos “existen principios activos formulados registrados para ser utilizados en frutilla”. Para ambos, el tiempo de espera es de un día. “Por eso se explica que no hayan encontrado residuos por encima de los límites máximos permitidos”, comenta Pedro. Queda claro entonces que cuando un plaguicida se aplica bien, los resultados dan bien también.

Los controles y las buenas prácticas

Según Pedro, otro de los problemas de fondo es que no tenemos “un programa de monitoreo de la presencia de residuos de plaguicidas sobre las frutas y hortalizas que consumimos”. Si aparecieron esos residuos de plaguicidas en esas frutillas, Pedro se pregunta “qué tantos otros habrá en el resto de los alimentos” que consumimos.

Pedro no sólo lee las notas de la diaria los sábados. Al respecto de la nota publicada en la sección Ambiente que reportaba que la “Intendencia de Montevideo detectó residuos de agroquímicos en frutas y verduras de la UAM”, señala que “cuando Bromatología de la Intendencia de Montevideo informaba que las muestras presentaban residuos por debajo de los límites estaba manipulando la información, porque la mayoría de los plaguicidas detectados en hortalizas no están registrados para ese uso, por lo que no se pueden aplicar y entonces la simple detección constituye la constatación de una irregularidad”.

“¿Cómo hacen otros países para tratar de controlar eso?”, se pregunta Pedro. “Lo que hacen es diseñar programas de monitoreo de los plaguicidas en los productos, realizan un importante número de muestreos anuales de forma sorpresiva, hacen muchísimos análisis y van obteniendo datos sobre cómo es la situación”, señala. Pero aun hay más: “Esa información la hacen pública”. Para Pedro esa es “una forma de control social”, ya que “si se publica que a tal empresa productora le encontraron tales pesticidas en los tomates o las frutillas o lo que sea, la gente va a evitar comprar esos productos de esa empresa”. Por otro lado, dice que “si los productores saben que sus productos pueden ser analizados, van a tratar de cuidarse para que no se detecten residuos por encima de niveles permitidos o de plaguicidas no habilitados para esos cultivos”. ¿Qué se hizo en Uruguay? Lo contrario, nos cuenta: se definió que los resultados de los análisis de residuos realizados no fueran públicos. Esa es la razón por la que la nota publicada en la diaria por Camila Méndez fue posible sólo tras pedir un pedido de acceso a la información pública.

Pedro apunta que puede sobrevolar sobre lo que dice que “los productores son personas malignas que nos quieren envenenar, pero lejos de eso”. “Así como la gente muchas veces no tiene conciencia de muchas cosas, lo mismo le sucede al productor. Muchas veces no tienen conciencia de los riesgos que implica usar plaguicidas por fuera de los usos para los que están indicados”. Y lejos de ser los malos de la película, los productores también tienen sus problemas.

Según explica, las empresas que venden plaguicidas se enfocan generalmente en plagas que afectan a cultivos que implican grandes producciones en grandes extensiones. Es un negocio, y la idea es vender a quienes demandan mucho. “Pero, por ejemplo, la producción de perejil no debe abarcar más de una hectárea en total”, calcula a vuelo de pájaro. “Por tanto, las empresas no registran productos para aplicar al perejil, porque eso no les es redituable”. Y eso nos lleva a un gran problema: “Para la inmensa mayoría de los productos para los que no hay un mercado muy importante desde el punto de vista de los plaguicidas no hay nada registrado para muchas plagas”. Y si no hay nada registrado, no hay nada con etiquetas que tengan la información correspondiente sobre cómo y cuánto esperar luego de aplicar. “Si los productos se aplicaron sin saber cuál es el tiempo de espera, entonces la presencia o no de residuos por encima de los límites es una mera casualidad, porque nadie puede respetar algo que no conoce”, sostiene Pedro.

Como dice, se trata de “un tema muy complejo y polémico” en el que “hay muchos intereses en juego”. También aclara que todo esto que dice “no se trata de ir en contra de nadie, sino que lo que hay que tratar es, entre todos, ver cómo hacer para poner un poco de racionalidad a todo esto. ¿Qué puede hacer el MGAP respecto al Propamocarb en las frutillas? Lo que ya hizo está bien, se puede aplicar en frutilla sólo aplicándolo a las raíces para controlar un problema que nunca va a aparecer en los frutos”.

De sus comentarios queda a la vista que una cosa son los indicadores de los máximos de residuos permitidos en los alimentos, y otra cosa es si la aplicación de los distintos agroquímicos en los vegetales y hortalizas que comemos está ajustada a lo que dispone la regulación para su correcta aplicación. Si un producto está en cantidades que no rebasan los límites pero no debiera estar en una fruta o verdura de haberse aplicado correctamente, es mucho lo que aún nos queda por hacer en términos de control, respeto a los derechos de los consumidores y promoción de las buenas prácticas agrícolas.

Para quitarles gran parte de estos cinco pesticidas a las frutillas alcanza con quitarles el cabito y lavarlas. Cambiar malas prácticas, falta de controles, productos disponibles para los productores con información adecuada y regulaciones firmes sobre los plaguicidas parece algo bastante más difícil de lograr en el corto plazo. Que un investigador y docente de tres décadas de trayectoria del Departamento de Protección Vegetal de la Facultad de Agronomía se alarme ante estas contradicciones nos indica que el camino que tenemos por delante es mucho más empinado de lo que podría imaginarse.