La historia no es nueva y viene de largo. La importancia de la ciencia para el desarrollo del país está clara desde hace tiempo y es algo en lo que desde la vuelta de la democracia en 1985 se viene trabajando: en menos de tres décadas se lanzó el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (Pedeciba), que permitió la formación de investigadores en nuestro país y en el extranjero y que sigue activo en nuestros días, se crearon la Facultad de Ciencias, el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) de la Universidad de la República y la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay (Anciu), y se redactó un Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCTI).
Todas estas iniciativas dieron buenos resultados. Hoy la comunidad científica es más grande y robusta que hace cuatro décadas. El SNI tiene 2.169 investigadores e investigadoras categorizados. La producción científica ha aumentado sensiblemente, como demuestra la cantidad de artículos publicados por nuestras investigadoras e investigadores en revistas arbitradas (algunas aparecen asiduamente en esta sección, que sólo puede abarcar una fracción de la producción científica fascinante y profundamente útil que aquí se lleva a cabo). Con altibajos, pero el objetivo de formar más y mejores personas que se dedican a la ciencia se viene cumpliendo.
Pero como una fábrica que mejora la cantidad y calidad de sus productos, pero no tiene dónde colocar su producción, las señales de estancamiento, problemas de inserción y falta de demanda de conocimiento científico son acuciantes. El sistema científico precisa ser apuntalado –y reforzado con recursos– para seguir en ese espiral virtuoso, cuyo resultado último es la promoción del desarrollo de nuestra sociedad. Pero el apuntalamiento y el refuerzo presupuestal no llegan.
Nadie cree en cifras mágicas, pero todos saben que una apuesta medianamente en serio por la ciencia, la tecnología y la innovación debe estar cerca del 1% del producto interno bruto (PIB). Sin embargo, desde hace décadas estamos por debajo de la mitad de ese porcentaje. Pretender ciencia de calidad y que mueva la aguja con apenas 0,4% del PIB es un pensamiento más mágico que pensar que con 1% se lograrán todos los objetivos y viviremos en un país fantástico.
En 2017, los fondos Clemente Estable –dedicados a la investigación básica– y María Viñas –a la ciencia aplicada–, que otorga la ANII, los más importantes que brinda el país y que son abiertos a investigadoras e investigadores de cualquier institución, financiaron sólo 29 de los 110 proyectos considerados excelentes, en el caso del Fondo Clemente Estable (26,4% de los proyectos de excelencia académica), y 33 de los 90 proyectos considerados financiables del Fondo María Viñas (36,6% de las investigaciones consideradas valiosas por su calidad y pertinencia). Aquella baja satisfacción de la demanda de financiación de investigaciones de calidad motivó una gran desazón en la comunidad científica.
“Estamos en un escenario de mucho desaliento a la calidad. Se le ha pedido a la comunidad académica que haga bien los deberes, y una vez que esta gente de alta calidad presenta proyectos de excelencia, el nivel de financiación es tan paupérrimo que no se financia ni a los excelentes”, decía entonces en 2017 Rafael Radi, presidente de la Anciu. Beatriz Garat, entonces subdirectora del Pedeciba, decía estar invadida de “una profunda tristeza” y señalaba que “la demanda insatisfecha en financiación de proyectos” era “enorme”. “Dejar proyectos sin financiación, más allá del malhumor del que escribió un proyecto excelente y no se lo financiaron, es comprometer la continuidad de las líneas de investigación que se han ido consolidando con un esfuerzo muy grande del país para formar a los investigadores, formar recursos humanos y también la construcción de una infraestructura”, sostenía Cecilia Fernández, entonces prorrectora de Investigación de la CSIC.
Adelantándose al tradicional mes de diciembre para comunicar los fallos de sus fondos para la investigación, la ANII anunció el 22 de noviembre los resultados de los llamados a proyectos de investigación Clemente Estable y María Viñas. Y más allá de algunos matices que veremos y que son buenas señales –los montos otorgados a los ganadores aumentaron sensiblemente tanto si se miran en pesos como en dólares–, llama la atención, una vez más, la baja cantidad de proyectos evaluados como excelentes en el caso del Fondo Clemente Estable o financiables en el caso del María Viñas (“son aquellos proyectos que simultáneamente poseen un alto nivel de calidad académica y se aproximan a la solución del problema planteado”) que se premiaron. Si sumamos ambos fondos, se presentaron 264 proyectos de investigación evaluados como de excelencia. De ellos, sólo se premiaron 96, es decir, apenas 36,3% de los que se consideraban de valor y gran calidad. En aquel 2017 aciago, el porcentaje de proyectos de excelencia financiados fue de 31% (62 de 200).
No es la única señal desalentadora. El PENCTI, aprobado en 2010, fijaba objetivos a ser reevaluados pasados los diez años. El 2020 quedó atrás, pero los organismos que fijan las políticas científicas no han logrado elaborar un nuevo PENCTI. Estamos sin plan estratégico de ciencia, tecnología e innovación. No sólo eso: cuando dijimos “organismos que fijan políticas científicas”, no fuimos del todo certeros en el uso de las palabras: no está claro hoy en el ordenamiento del sistema científico cuáles son los organismos que fijan las políticas de ciencia, tecnología e innovación. El gobierno se había comprometido a realizar un reordenamiento institucional, pero a un año del fin de su mandato no ha pasado de realizar auditorías y talleres. Así que no sólo no hay plan, sino que no está claro en caso de haberlo quién debería desvelarse por su implementación y seguimiento.
Pasada la pandemia, la comunidad científica pensó que entonces sí había quedado claro el valor y el aporte de la ciencia al país. Pero aquello no se vio reflejado en la Rendición de Cuentas de 2022. La señal que esperaba la comunidad científica rondaba entre 30 y 40 millones de dólares según una propuesta de 16 puntos presentada por la Anciu, que se reunió con Presidencia, el Ministerio de Economía y el Parlamento. El proyecto de rendición remitido por el Ejecutivo al Poder Legislativo sólo daba cuatro millones de dólares extra. A eso se sumó un nulo incremento presupuestal a la Universidad de la República, institución que lleva adelante la mayor parte de la investigación en nuestro país. La ilusión se rompió: la nueva normalidad era igual a la vieja, al menos en lo que apoyo a la ciencia se refería. Producto de esos años en los que la ciencia mostró su valía (y no fue reconocida por los gobernantes), fue la creación de la Asociación de Investigadoras e Investigadores del Uruguay, Investiga uy, nacida luego de la primera Asamblea Nacional de Investigadores, realizada en 2021.
Luego vino la Rendición de Cuentas de 2023. Ya nadie esperaba mucho. Pero aun así hubo desazón. Para Investiga uy, el escenario de la ciencia en esa rendición era “mucho peor” aún que el de la rendición de 2022. Y entonces llegamos a los fondos Clemente Estable y María Viñas de este año. Se trata de un llamado de la modalidad I, lo que implica que está dirigido a “investigadores consolidados”. Vayamos a ver algunas de sus características.
Clemente Estable: más dinero y más proyectos excelentes por el camino
El Fondo Clemente Estable está dirigido al “financiamiento de la investigación básica”, entendiendo por ella “trabajos experimentales o teóricos” que buscan “obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles ninguna aplicación o utilización determinada”. Todo conocimiento nuevo ya es algo que va a ser utilizado y aplicado, pero eso ya es harina de otro costal.
En este llamado a financiación de investigadores consolidados, es decir, que requieren un “nivel académico de doctorado o producción equivalente”, motivó que se presentaran 208 proyectos a ser evaluados. Es una cifra superior a la del llamado anterior de esta modalidad I, en 2021, cuando se presentaron 174 proyectos, pero inferior a las ediciones anteriores (216 en 2019 y 219 en 2017).
Los 208 proyectos pasaron a la etapa de evaluación (que 100% pasaran a esa etapa es algo que no sucedió en las tres ediciones anteriores). De esos 208 proyectos, 142 fueron calificados como excelentes por los respectivos evaluadores nacionales y extranjeros. Es una cifra altísima, que representa 68% de los proyectos evaluados. En 2021 las investigaciones calificadas de excelentes fueron 56,6%, en 2019 55,7% y en 2017 50,7%. Esto muestra que las investigadoras e investigadores pensaron problemas relevantes y formas más que pertinentes para abordarlos. La oferta de investigaciones a financiar fue excepcionalmente buena a juzgar por la calificación de los evaluadores. Pero...
La resolución del 22 de noviembre del directorio de la ANII establece que se financiarán 53 de los 208 proyectos presentados. Se trata de un aumento respecto de 2020, cuando se premiaron apenas 40 proyectos, pero una cifra muy similar a la de 2019, cuando se financiaron 52. En 2017 hubo un punto bajísimo, ya que entonces se financiaron apenas 29 proyectos de investigación (tan escandalosamente bajo fue ese número que intervino el Ministerio de Economía y arrimó unos pesos para financiar algunos proyectos más). Aun así, esta cantidad de 53 proyectos financiados representa 25,4% del total de proyectos presentados (208), algo no muy lejano al 22,3% de 2021 (cuando se presentaron 174 proyectos elegibles) o al 24% de 2019 (cuando lo hicieron 216 proyectos). Y entonces viene el dato más desalentador.
Darles financiación a apenas 53 proyectos implica que sólo 37,2% de los proyectos evaluados como excelentes contarán con dinero para ser ejecutados (el total eran 142). Es el porcentaje más bajo luego de la debacle de 2017, cuando cayó a 26,4% (sin contar el maquillaje logrado por la partida del Ministerio de Economía). En 2021 los fondos Clemente Estable para investigadores consolidados financiaron 40,8% de los proyectos excelentes, y en 2019 44,5% (52 de 117). Esto implica el número más alto de proyectos excelentes que se quedaron sin financiación de los cuatro últimos llamados.
Sin compensar, pero al menos por suerte para aquellos que consiguieron financiación, hay algunos datos interesantes en cuanto a los montos que recibieron. En 2023 se entregaron 100.306.769 pesos a los proyectos ganadores, cifra que supera ampliamente a la más alta del período 2017-2021, que había sido de unos 66 millones de pesos. Si pasamos a dólares este importe, en 2023, con un dólar a noviembre de 39,2 pesos, se destinaron al Fondo Clemente Estable 2.558.846 dólares, lo que supera también al monto de 2019, cuando se destinaron 1.766.027 dólares (y el dólar andaba en 37,6 pesos).
De esta manera, también aumentó la cantidad de dinero que en promedio recibió cada proyecto ganador. En 2023 ese número se ubica en poco menos de dos millones de pesos (1.892.580), cuando en 2021 estaba poco encima del millón (1.024.192), y en 2019 y 2017 cerca del millón doscientos (1.276.964 en 2019 y 1.262.265 en 2017). Mirado en dólares, el montó también aumentó, implicando en 2023 48.280 dólares, algo que es bastante cercano a lo destinado en 2017 (44.677 dólares cuando el dólar cotizaba 28,9 pesos).
En cuanto a temas de género, en 2023 50% de los proyectos presentados tenían como responsable a una investigadora, porcentaje que subió a 56,6% en el caso de los proyectos financiados. Pero que ese 56,6% de proyectos financiados tuvieran una investigadora como responsable es apenas un promedio. Hay áreas donde hay indicadores que deberían llamarnos a la reflexión. Por ejemplo, en Ingeniería y Tecnología, 75% (tres de cuatro) de los proyectos financiados tenían un investigador responsable (en la postulación esa superioridad de responsables de proyectos masculina fue de 64,7%). En Ciencias Médicas y de la Salud, 75% (seis de ocho) de los proyectos financiados tenían un investigador responsable (en la postulación esa superioridad de responsables de proyectos masculina fue de 56%). En sentido contrario, pero evidenciando también una segregación horizontal, 100% de los proyectos financiados en Ciencias Agrarias y Veterinarias tienen como responsable a una investigadora (en la postulación ese guarismo era de 64,7%).
Finalmente, la mayor institución proponente fue la Universidad de la República (Udelar), con 152 proyectos presentados (73% del total). La sigue el IIBCE con 26 proyectos presentados (12,5%), el Institut Pasteur 15 (7,2%) y, más lejos, la Universidad Católica (2,9%), el INIA (1,4%), la Universidad de Montevideo (1%), y el LATU, la UTEC y la Universidad ORT (cada una con 0,5%). De los 152 proyectos presentados por la Udelar, obtuvieron financiación 40 (75% del total de los financiados), así como cuatro del IIBCE (7,5% del total de financiados), cuatro del Institut Pasteur (7,5%), tres de la Universidad Católica (5,6%), uno de la Universidad de Montevideo y uno de la Universidad ORT (1,8% del total cada una).
María Viñas: más dinero y no tantos proyectos de interés por el camino
El María Viñas se abre para la investigación “aplicada”, por lo que se destina dinero a proyectos que tengan “como resultado trabajos originales que contribuyan a la solución de un problema relevante”.
Lo primero que llama la atención es que 2023 fue la edición de este fondo para investigadores consolidados que recibió menos cantidad de proyectos: 134 contra 195 en 2021, 152 en 2019 y 146 en 2017. Esta caída en la cantidad parece haber incidido de alguna manera en la calidad. De los 134 proyectos, 133 pasaron a ser evaluados, de los que fallaron los evaluadores que 122, es decir, 92% de los presentados, eran financiables. Se trata del porcentaje más alto de las últimas ediciones (en 2019, el anterior récord, se llegó a 89% de proyectos financiables). Que la palabra “financiables” no los distraiga: no es que no sean “de excelencia”, como los Clemente Estable, sino que en este fondo se entiende por financiable a aquellos proyectos “que simultáneamente poseen un alto nivel de calidad académica y se aproximan a la solución del problema planteado”. ¡92% tuvieron alta calidad y se aproximaron a la solución del problema planteado! Bien por nuestras investigadoras e investigadores.
El directorio de la ANII decidió financiar este año con el Fondo María Viñas a 43 proyectos de investigación, una cifra que comprende a 38 proyectos en general y a cinco por “su contribución a la mitigación y/o adaptación al cambio climático”. Para ellos, destinó 81.352.253 pesos, lo que representa un incremento de 79% respecto de la edición anterior de esta modalidad (45.339.817 en 2021) y es la cifra en pesos más alta de las últimas cuatro ediciones.
¿Cuál fue la relación entre los proyectos financiables y los premiados? Una vez más, aquí los indicadores no son buenos, pero al menos no son tan malos como en el Fondo Clemente Estable. Habiendo decidido financiar 43 de los 122 proyectos, eso implica que 35,2% de los proyectos financiables lograron tener luz verde. En 2021 ese porcentaje fue de 24,7%, en 2019 de 26,8% y en 2017, el año pésimo, recuerden, de 36,66%, una cantidad apenas superior a la de 2023.
Si sumamos los proyectos considerados excelentes y financiables de ambos fondos y la respectiva cantidad de proyectos financiados, podemos decir que se financió 96 proyectos de calidad de 264, lo que da un porcentaje de financiación de proyectos estupendos de apenas 36,3%.
En promedio, los 43 proyectos ganadores recibieron más dinero que en ediciones anteriores. En 2023, en promedio, se destinó 1.891.912 pesos para cada uno, lo que supera el 1.200.000 de las ediciones 2017, 2019 y 2021. El aumento en dólares no es tan marcado, debido a la oscilación de la cotización de esa moneda. En promedio, los proyectos financiados en 2023 reciben 48.263 dólares, cuando en 2017 recibieron 42.701 (con el dólar a 28,9 pesos), en 2019 33.604 (dólar a 37,6) y en 2021 29.308 (44,2).
La Udelar fue la institución, no sólo que presentó más proyectos, sino aquella que obtuvo mayor cantidad de proyectos financiados: 29 de 43, lo que representa 67% del total (algo bastante cercano al porcentaje de proyectos que presentó, que totalizaban 72,2% de todas las investigaciones a ser evaluadas). Le siguió el INIA, que obtuvo financiación para cuatro proyectos (9,3%), seguido por el Institut Pasteur y la Universidad ORT (tres cada uno, 6,9%), el IIBCE (dos proyectos, 4,6%), y el Cudim y la Universidad de Montevideo (un proyecto cada uno, 2,3%).
En cuanto al género, en esta edición del Fondo María Viñas modalidad I, 67 de los 133 proyectos evaluados tuvieron como responsable a una investigadora, lo que representa 50,3% del total. En cambio, en el caso de los proyectos financiados, esa cifra baja al 44,2%: apenas 19 de los 43 proyectos financiados tienen a una investigadora como responsable.
¿Debiéramos preocuparnos?
“La preocupación principal es que las tasas de aprobación siguen siendo muy bajas, del orden de uno de cada cuatro proyectos, que, además, en su mayor parte se consideran financiables”, comenta al respecto de toda esta situación el astrónomo Gonzalo Tancredi, presidente de Investiga uy, la Asociación de Investigadoras e Investigadores del Uruguay. No es su única preocupación.
“A su vez, si bien aumentaron los fondos, también hay que tener en cuenta que un proyecto de investigación tiene que financiar a un grupo, a un conjunto de investigadores que ronda las ocho o diez personas, capaz un poco menos en algunos casos, y que eso involucra también algunas pasantías o becas. El monto que otorgaban antes era cercano a los 40.000 dólares y ahora pasa a ser de unos 50.000, pero igual termina siendo bastante bajo para poder financiar a un grupo de investigación durante dos años. Creo que esas son las dos principales preocupaciones”, agrega Gonzalo.
Mirando el fondo Clemente Estable, por ejemplo, el promedio otorgado por proyecto fueron 48.280 dólares, mientras que esa suma fue cercana a los 23.000 en 2021 y 44.000 en 2017. Le pregunto entonces cuánto incide en este aumento la fluctuación del dólar. “Ese es un poco el tema de manejarlo en términos de dólares o de pesos”, contesta Gonzalo. “Por una parte, es verdad que los insumos que nosotros compramos los pagamos mayoritariamente en dólares, con lo cual su baja nos favorece, pero los sueldos están más bien regulados por el IPC, entonces se maneja más con lo que serían los pesos corrientes”, sostiene.
“Si bien hubo un aumento en la cantidad total de dinero asignado a los fondos Clemente Estable y María Viñas, que a pesos corrientes ronda el 20%, en ese aumento no se reflejan totalmente los números aprobados en el Parlamento”, adelanta Gonzalo Tancredi, y aclara que ese es un tema sobre el que Investiga uy se expedirá la semana que viene. Aun así, explica que “el Parlamento el año pasado aprobó unos 340 millones de pesos para investigación y unos 400 millones de pesos para innovación. Si bien en estos fondos hubo un aumento con respecto a 2021, por ejemplo, no es en ese orden aprobado en el Parlamento, y tampoco lo aprobado en el Parlamento se ve reflejado en otras cosas, como un aumento sustancial en el número o el monto de las becas, o un aumento sustancial del número de proyectos financiados de otro tipo en otros fondos”. Mientras esperamos a que la asociación termine de analizar el tema, volvamos a los fondos.
“Hubo sí una mejora, no demasiado importante, en el monto para cada proyecto. Hubo un pequeño incremento no sustancial en el número de proyectos aprobados, pero lo que sigue preocupando bastante es que la tasa de aprobación de los proyectos que se presentan sigue siendo del orden de uno de cada cuatro”, retoma Gonzalo.
Al problema de la inserción laboral de investigadoras e investigadores –como dato, una vez más, más de 70% de los proyectos presentados fueron propuestos por grupos de la Udelar–, se le suma esta realidad angustiante de que para quienes piensan proyectos excelentes no hay financiación. Sin dinero para llevar adelante sus proyectos, estamos alejando a una gran cantidad de personas de la posibilidad de hacer ciencia.
“El tema de las pocas fuentes y opciones de financiación, e insisto, con financiaciones muy limitadas, es grave. Un grupo de investigación a nivel mundial, de diez o 15 personas, no se puede mantener con financiaciones del orden de los 20.000 dólares por año. Un grupo de investigación requiere para su actividad, y para ir contratando gente nueva, becarios, etcétera, mayores cantidades de dinero”, sostiene Gonzalo. “Lo que hemos planteado nosotros es que, por un lado, hay que aumentar el número de proyectos financiados y, por otro, aumentar sustancialmente los fondos de los proyectos”, agrega. ¿Qué implicaría eso? “Diría que pasar a proyectos del orden de los 100.000 dólares, que sería algo a lo que aspiraría un grupo de investigación de diez o 15 personas pensando en dos o tres años. Y además aumentar el número de proyectos aprobados”, redondea.
La conclusión que uno saca haciendo este seguimiento histórico es que, más allá de vaivenes, los problemas de fondo siguen siendo los mismos. Todos los años uno más o menos habla de lo mismo: la financiación de los proyectos excelentes es muy baja, el problema de la inserción se mantiene. Todo eso deja la sensación de que tenemos un sistema científico con una financiación casi que amateur. “Sí, comparto, es una financiación que en términos internacionales es muy baja. Y te estoy hablando no sólo en términos internacionales de países desarrollados, es baja también al compararla con países de la región. He estado evaluando proyectos de Paraguay y Perú, y te llama la atención que hay proyectos de 50.000 o 100.000 dólares”, señala Gonzalo.
Descontento
¿Qué mensaje le damos a esa persona que está pensando en hacer su doctorado, que está pensando en dedicarse a hacer ciencia? “Que se afilie a Investiga uy para seguir peleando por esto”, dice riendo, pero totalmente en serio. Luego de una pausa, retoma: “Que es necesario tomar conciencia de que hay que tener un cambio radical en cuanto a la inversión en investigación e innovación. Con estos números lo único que estamos haciendo es mantener apenas una situación y darles alegría a unos pocos y descontento a la mayor parte de la comunidad científica”.
“Con unos 350 proyectos presentados, de los cuales terminan siendo aprobados menos de 100, tenés 250 investigadores de máximo nivel sin financiación. Y eso no los impacta sólo a ellos, sino a cada uno de los grupos que lideran. 250 proyectos sin financiación, con entre ocho y diez personas cada uno, implica hablar de unos 2.000 investigadores e investigadoras, en diferentes niveles, que no pueden tener financiación para su investigación”.
Le digo que el estado de ánimo que uno percibe de la comunidad científica es el que tiene quien aceptó que ya se perdió la oportunidad de hacer cambios. Y que con el año electoral en puerta, ante la batalla perdida, la apuesta es a hablar y convencer a los candidatos para tratar de generar compromisos que lleven a cambios en el próximo período. “Sí, sin duda que esa es la sensación. A eso hay que sumar que se dio toda una pelea en 2022 para mejorar los presupuestos, se lograron ciertas cosas, y ahora eso no lo vemos reflejado. Y lo que ocurrió en esta Rendición de Cuentas de 2023 es que el aumento que hubo fue nulo, fue la peor rendición en cuanto a apoyo a la investigación e innovación. Entonces, las oportunidades ya fueron, se perdieron, no se concretó nada, y la apuesta sin duda es a tratar de convencer al sistema político de que la ciencia, la tecnología y la innovación están en un momento crítico. Si no hay un cambio, las perspectivas a futuro van a ser cada vez peores”, finaliza Gonzalo.
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