Agrotóxicos: la denuncia en su laberinto

La avioneta pasa una y otra vez sobre el techo de mi casa en Riachuelo, en Colonia. A la cuarta pasada, salgo a mirarla. Me llama la atención que vuele tan bajo. Los aviones privados que cruzan de Buenos Aires al este lo hacen más alto. Es blanca con una raya roja. Contrasta con el cielo azul celeste y su ruido altera el silencio campestre del mediodía. Pienso que es alguien haciendo un curso de pilotaje y me pregunto si será posible aprender a volar en el aeropuerto de Laguna de los Patos, aquí cerca. Me olvido del tema hasta la tarde, cuando me entero de que la avioneta estaba fumigando unos campos de la vecindad. En los pueblos pequeños las noticias corren rápido.

Por la tarde hablo por teléfono con Hugo, un vecino, viejo conocido. Me cuenta que la avioneta lo fumigó en sus pasadas, que su mujer tenía picazón en la piel, que a la vecina le ardían los ojos, que a Sergio, quien lo ayuda en sus trabajos, le ardía la garganta. Hugo no maneja internet, pero quiere hacer la denuncia, y me ofrezco a ayudarlo. Abro el navegador y busco “denuncia por uso de agrotóxicos”. La primera sorpresa es que ese término no se utiliza; se los llama “fitosanitarios”. Suena más suave y hace creer que está ligado a la salud y no a la enfermedad. Finalmente, dentro del sitio web del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca encuentro instrucciones sobre cómo realizar la denuncia: puede ser telefónicamente, en persona, por correo electrónico o en línea.

Opto por la última, que es más rápida. Entro a la página, coloco mi clave y como respuesta recibo que no tengo “permiso suficiente” para realizarla. Me pregunto por qué, pero sigo adelante con la segunda opción. Bajo el formulario F-155 para “Denuncia por uso incorrecto de productos fitosanitarios” y empiezo la tarea. Luego de llenar los datos del denunciante, comienza el juego perverso bajo el subtítulo de “Información sobre el hecho”. Se me pregunta sobre los daños en cultivos, en campo natural o en fuentes de agua. No puedo saberlo, acaban de fumigar. ¿Cómo podría saberlo? No figura la categoría de “daños en personas”. Paradoja. Lo agrego en un casillero bajo el rubro Otros. Continúo e intento responder a la pregunta “Si la aplicación fue aérea”, como es el caso en cuestión. Se me pide el nombre de la empresa, la descripción de la aeronave y la dirección de la empresa. Debería ser Mandrake para responder a eso solo con mirar un avión volar. Llamo al aeropuerto de Laguna de los Patos para tratar de obtener información. Nadie responde. Dejo el casillero en blanco y sólo coloco “Ingeniero Fernández”, según un dato que me pasaron, y la patente del avión que apenas se puede ver en una foto oportuna de un celular de un vecino. Continúo y el formulario me pregunta por el producto utilizado. Apelo a ser Mandrake nuevamente, hasta que alguien que habló con el ingeniero Fernández dice que fue “Triflumuron” y que no es nocivo. Lo busco en internet y veo que lo fabrica Bayer ‒que ahora también es Monsanto‒ y que es muy tóxico, y que perdura mucho en el ambiente. Sigo con mi tarea y mi frustración aumenta: debo responder qué viento había en ese momento, en qué dirección, a qué velocidad, qué temperatura y qué humedad relativa. Discúlpenme, señor formulario y funcionarios del ministerio, no tengo los elementos caseros para esas mediciones. Queda en blanco. Lo firmo y lo salvo, y lo adjunto en un correo electrónico a la dirección que propone el ministerio. Inmediatamente recibo respuesta: “No se pudo entregar a estos destinatarios o grupos. No se pudo encontrar la dirección de correo electrónico que escribiste”. No pierdo las esperanzas; al menos ya tengo un formulario completado incompletamente. Me propongo entregarlo en mano en la dependencia del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en Colonia y busco la dirección en internet. Entre las atribuciones de la dependencia está la de recibir este tipo de denuncias. Llamo para pedir una cita. Me responden que allí no reciben denuncias; les respondo que sí, que figura en la página del ministerio. Me insisten en que no, que no hay nadie que pueda recibirla. Quiero hacerla telefónicamente, y tampoco tengo éxito. No es no. Finalmente, la envío al Servicio de Atención Ciudadana del Ministerio. Nunca recibo respuesta.

Por medio de una diputada conseguimos hacer llegar la denuncia “arriba”, como mucha gente nos sugirió. “Arriba”, en este caso, es evitar los canales ciudadanos y apelar a las influencias. Lo hacemos y responde una funcionaria ministerial: dice que si no tenemos pruebas médicas certificadas de los daños no se puede hacer nada, y menos aún si se trata de un área rural. O sea, fumigados y condenados de antemano.

A los pocos días hago una consulta relacionada con el tema en la página del MGAP, y me responde el encargado del Departamento de Fiscalización de la División Control de Insumos de la Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Me intimida un poco tanto título, pero aprovecho y le envío la denuncia. Finalmente, me responde: “Buenos días. Se acusa recibo y nos comunicaremos a la brevedad. Saludos”.

Según un estudio,¹ en el período 2014-2018 se han hecho 84 denuncias de este tipo en el departamento de Colonia. Los principales motivos de denuncia fueron, en orden de importancia: 1) deriva de producto; 2) no cumplimiento de distancia mínima de los cursos de agua; 3) no cumplimiento de distancia mínima de centros poblados; 4) mortandad de colmenas; 5) afectaciones a la salud, y 6) no cumplimiento de distancia mínima de centros educativos.

La Ley 17.283 sobre la Protección del Medio Ambiente del año 2000, ratificando la Constitución, dice: “Los habitantes de la República tienen el derecho a ser protegidos en el goce de un ambiente sano y equilibrado” y “Las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, tienen el deber de abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves del medio ambiente”.

Hasta hoy, nada parece haber cambiado.