Este miércoles la Iglesia Evangélica Valdense denunció al Estado uruguayo ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del pueblo (INDDHH) por el atraso en la vacunación contra la covid-19 registrado en el hogar Sarandí de Colonia Valdense, una institución especializada en la atención a las personas con discapacidades severas perteneciente a esa congregación religiosa. En esa institución fallecieron cinco usuarios y una funcionaria por coronavirus a partir de un brote de esa enfermedad registrado en abril.
Carola Tron, pastora y moderadora de la Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata, explicó a la diaria que la denuncia “es similar” a la presentada el 2 de junio ante la INDDHH por familiares de usuarios fallecidos con covid-19, con el patrocinio de Óscar López Goldaracena, quien informó que esa comunidad religiosa aportó “información” para que los familiares pudieran concretar el reclamo.
Tron dijo que a la iglesia también “le pareció oportuno hacer su propia denuncia” -efectuada con el patrocinio del abogado Pablo Abelenda- para expresar su posición sobre la situación generada en el hogar Sarandí con el plan de vacunación contra la covid-19, “para apoyar a las familias de los usuarios fallecidos” y para “marcar nuestro compromiso con los colectivos de personas con discapacidad”.
La denuncia realizada por la Iglesia Valdense apunta “a los mismos hechos, no agrega ningún otro ingrediente que no hayan expresado los familiares y también se expresa en los mismos términos”, pero “ahora lo hacemos desde la iglesia, desde otro lugar que tiene que ver con las razones teológicas acerca de por qué hay que denunciar”, añadió.
La pastora dijo que buscan conocer “los motivos por los cuales costó tanto ubicar al hogar Sarandí entre las instituciones cuyas poblaciones tenían mayores riesgos en relación a la covid-19 y no pudo contemplarse la vacunación temprana”, más allá de la alta cantidad de comorbilidades que presentan los usuarios.
“A partir de esta situación evidenciamos que existe una especie de vacío, sobre todo en la práctica, y pretendemos que la INDDHH ayude a revisar estas situaciones para prevenir a futuro”, indicó la religiosa. Esta denuncia “es una forma de respetar las vidas que se perdieron, porque estamos tratando de hacer una revisión de las prácticas, para que se pueda tratar la discapacidad en el contexto de la pandemia”, agregó.
Consultada sobre las declaraciones efectuadas por la directora de coordinación del Ministerio de Salud Pública, Karina Rando, acerca de cómo fue instrumentada la vacunación en el hogar Sarandí, Tron expresó que “no nos hemos puesto a analizar otras visiones sobre el tema, creemos que es la INDDHH quien debe mirar el proceso, pero es evidente que cuando surgen estas situaciones aparezcan otras miradas”. “Lo tomo del lado de la escucha y el respeto, pero no seremos nosotros quienes establezcamos un diálogo al respecto”, añadió.
El foco de las denuncias
La vacunación en el hogar Sarandí tuvo varias idas y vueltas. En efecto, en primera instancia la Dirección Departamental de Salud de Colonia había dispuesto que tanto los usuarios como los funcionarios sean vacunados en paralelo a la inoculación realizada en los hogares de larga estadía.
Sin embargo, posteriormente, las autoridades sanitarias dispusieron que la vacunación en el hogar Sarandí recién se iniciara a mediados de abril, en paralelo a la realizada a los usuarios de centros de atención de salud mental.
Precisamente, las denuncias presentadas por familiares de usuarios fallecidos y por la Iglesia Valdense hacen foco en la demora del inicio de la vacunación a usuarios y funcionarios del hogar Sarandí y en los trágicos efectos que provocó.