En la noche de este viernes la Junta Departamental de Colonia aprobará el proyecto de contrato-plan entre la comuna de ese departamento y los encargados del proyecto urbanístico +Colonia, que se desarrollaría en la zona de El Calabrés, en el ingreso a Colonia del Sacramento por la ruta 1. La iniciativa prevé una urbanización organizada en supermanzanas (de 300 metros cuadrados), con la construcción de entre 7.000 y 8.000 viviendas, espacios públicos y comercios. A principios de abril, el ejecutivo encabezado por el nacionalista Carlos Moreira envió ese proyecto a la junta coloniense.

De acuerdo a un sondeo realizado por la diaria, el acuerdo presentado por la Intendencia con los desarrolladores inmobiliarios liderados por el argentino Eduardo Bastitta ya tiene asegurados los votos favorables de las bancadas de los partidos Nacional y Colorado, mientras que el Frente Amplio (FA) podría votar dividido en esta oportunidad. En efecto, varios de los ediles de la coalición de izquierda pertenecientes a los partidos Socialista, Demócrata Cristiano y MPP, estarían dispuestos a votar este acuerdo e incluso argumentarán a su favor en la sesión que se realizará en la Junta Departamental, aunque igualmente voten luego en contra por disciplina partidaria.

El proyecto llegará al plenario con informes favorables, firmados por ediles blancos y colorados, y contrarios de la minoría -compuesta por el FA- en las comisiones de Higiene y Medio Ambiente, Hacienda y de Obras Públicas. En esos casos, si bien los ediles frenteamplistas reconocieron que se trata de un proyecto “muy bien armado”, argumentaron que contaron con escaso tiempo para analizarlo y reclamaron la inclusión de mayores estudios ambientales y sociales; además, advirtieron sobre los impactos ambientales que puede originar la remoción de tierras y la antropización de predios cercanos a la costa, entre otros.

En tanto, los ediles que conforman la Comisión de Legislación y Régimen aprobaron un informe único, en el cual no se observan objeciones a la firma de ese acuerdo “con los nuevos resguardos incorporados al proyecto de contrato-plan, en cuanto a la ampliación de la garantía hipotecaria y especificación de las causales de rescisión del contrato ante posibles incumplimientos de lo pactado”.

El acuerdo

En el mensaje del ejecutivo que acompaña ese acuerdo, se señala que el contrato-plan procura “contribuir” a que la Intendencia de Colonia “pueda aprovechar las oportunidades del contexto actual, generando consensos con la sociedad y trabajando de manera colaborativa entre sector público y privado”, para “mejorar la matriz productiva y lograr un modelo de desarrollo diversificado económicamente y planificado urbanísticamente”.

Para las actuales autoridades colonienses, la ejecución del proyecto +Colonia representará “un incremento considerable de la recaudación impositiva” del departamento, “no sólo por el aumento de la población residente, sino por la fraccionabilidad del suelo, además de ingresos generados por tasas de mayor edificabilidad permitida en el suelo e instalación de nuevas industrias y comercios”.

En diálogo con la diaria, el director de Ordenamiento Territorial, Martín Avellino, dijo que el contrato-plan con +Colonia es resultado de un proceso de negociación con los desarrolladores inmobiliarios “donde la intendencia sale muy bien parada”.

Una vez aprobado este contrato-plan, +Colonia deberá aguardar las autorizaciones del Ministerio de Ambiente -que ya estarían encaminadas, según informaron los empresarios hace tres semanas en la junta coloniense-, para poner en marcha un proyecto que transformaría a Colonia del Sacramento.

Las contraprestaciones

Entre las contraprestaciones que la empresa realizará a la Intendencia de Colonia aparece la cesión de un parque público que se generará en el entorno del arroyo La Caballada, donde se encuentran los restos arqueológicos de un molino portugués del siglo XVII, que “por su gran valor patrimonial y cultural para la región serán conservados y su entorno acondicionado como un punto de atracción turístico cultural”.

El acuerdo garantiza que los espacios abiertos de la faja costera pasarán igualmente a integrar el dominio público y serán de acceso libre e irrestricto. “Con ese fin se concretará la efectiva cesión de faja de 150 metros a partir de la línea superior de la ribera en beneficio de uso público, en todo el arco de costa contiguo al Río de la Plata, totalizando una superficie de 37,74 hectáreas”, señala el documento. Lo mismo ocurrirá con los corredores verdes y el sistema de vías principales que formarán parte de la urbanización, pero que la Intendencia podrá ceder en comodato al emprendimiento, aunque eso no implique la pérdida de un acceso irrestricto a estos.

Las directrices de ordenamiento territorial del departamento de Colonia establecen que la ejecución de nuevos proyectos o emprendimientos en suelo categorizado primariamente como suburbano deben abonar una contraprestación a la administración municipal. Ese monto se calcula a través de una ecuación, en la que intervienen la cantidad de hectáreas, los valores iniciales del suelo (en este caso antes del cambio a categoría que requirió +Colonia), el valor final del suelo fraccionable y los costos de urbanización. Ese cálculo arroja que el proyecto debe abonar, en diversas partidas, algo más de dos millones de dólares a la Intendencia de Colonia.

Ese dinero será vertido a un Fondo de Gestión Territorial, que entre otras cosas prevé la compra de cartera de tierras para la realización de realojos de viviendas que se encuentran en zonas inundables, explicó Avelino.

Además, la Intendencia reclamará el pago por concepto de mayor aprovechamiento a los permisos de construcción cuya altura supere los 15 metros. Asimismo, como garantía de ejecución del proyecto los desarrolladores hipotecarán a favor de la comuna dos padrones urbanos de su propiedad; en efecto, a pedido de la Junta Departamental, la empresa desarrolladora agregó otro predio de su propiedad al cual se había comprometido en forma inicial con la Intendencia.

También se estableció que los desarrolladores tendrán dos años para iniciar la ejecución de las obras de infraestructuras primarias. En caso de incumplimiento la Intendencia podrá obligar a la ejecución de la convención o pedir la resolución con daños y perjuicios. En caso que la empresa optase por suspender el proyecto, quedarán sin efecto las condicionantes urbanísticas aprobadas en el contrato, lo cual evitaría que los terrenos que componen esa zona de Colonia del Sacramento sean fraccionados y vendidos en forma individual, algo que siempre han temido varios detractores de este proyecto de desarrollo urbanístico.