En caso de aprobarse el recurso de nulidad a las condenas aplicadas por la Justicia al alcalde de Florencio Sánchez, Alfredo Sánchez, y a varios familiares suyos, por hechos de corrupción acontecidos en ese municipio, presentado por el exjuez y abogado Federico Álvarez Petraglia, se generarían consecuencias escandalosas, según dijo el abogado y edil frenteamplista José Manuel Arenas a la diaria.

En este caso, el nuevo abogado defensor de Sánchez cuestionó la forma en la cual se procesaron las escuchas telefónicas ordenadas por la Fiscalía de Rosario, que hoy está a cargo de la fiscal Sandra Fleitas.

Arenas aclaró que “el incidente de nulidad” no pone “en dudas los hechos que generaron la condena, sino que está en discusión si las herramientas utilizadas por la Justicia fueron aplicadas conforme a lo que dice la ley”.

Por ese motivo, el edil coloniense dijo que si Sánchez llega a ser liberado y retorna a la función de alcalde, a la cual no renunció, se provocaría una situación “escandalosa”. Sánchez asumiría como alcalde mientras “la gente sabría de la gravedad de los delitos que cometió estando en esa función”.

De todas maneras, “y sin querer opinar sobre la situación judicial” que se generó con la aparición del recurso de nulidad, Arenas recordó que Sánchez, “en el marco de un proceso abreviado, reconoció los hechos por los cuales lo juzgaron, los confesó y aceptó los términos de un acuerdo”. “Es difícil pensar que se pueda pedir la nulidad sobre un acto judicial que fue consentido por las propias personas”, añadió.

Juicio político

Hasta el momento, ni Alfredo Sánchez ni su hijo Pablo, ambos del Partido Nacional, han presentado renuncias a sus cargos de alcalde de Florencio Sánchez ni al de edil departamental, respectivamente, a pesar de que se encuentran en prisión desde el año pasado por delitos de corrupción contra la administración pública. Además de la condena con prisión, la sanción impuesta a ambos establece que tras la liberación no podrán ejercer cargos públicos en los próximos dos años.

No obstante, existen temores de que ambos intenten competir por cargos electivos en la próxima elección departamental. El edil coloniense por el Frente Amplio Emmanuel Martínez recordó que el pedido de juicio político a Alfredo y a Pablo Sánchez únicamente contó con los votos de la bancada frenteamplista en la Junta Departamental de Colonia.

El FA entendía que correspondían los juicios políticos porque Alfredo y Pablo Sánchez “cometieron delitos contra la administración pública y deben ser impedidos de volver a cargos públicos”. Para Martínez, ambos exjerarcas “se aprovecharon de sus posiciones y cargos y obtuvieron réditos personales”.

En tanto, “los ediles blancos y colorados argumentaron que no votarían estos pedidos de juicio político porque todavía no había terminado el proceso judicial; dieron toda una vuelta sin mucho sentido para decir eso, porque en realidad ya había dictamen judicial”, que determinó las condenas con prisión para ambos, expresó Arenas.

El artículo 296 de la Constitución establece que los intendentes, ediles y también los alcaldes pueden ser acusados ante la Cámara de Senadores por un tercio de los votos de las respectivas juntas departamentales. En tanto, para que los imputados resulten destituidos de los cargos serán necesarios dos tercios de los votos del Senado.