Tras la colocación de alambrados a menos de 50 metros de la costa por parte del propietario de una chacra ubicada en la zona de la Playa de los Piamonteses, a pocos kilómetros del centro de Juan Lacaze, que despertó rechazo en los vecinos de Colonia Cosmopolita, a fines de marzo la Intendencia de Colonia envió a la Junta Departamental un proyecto de medida cautelar que, en primera instancia, obligue el retiro de esa barrera y que impida la colocación de otras en predios linderos.

En una entrevista realizada por la diaria, el director de Ordenamiento Territorial de la comuna coloniense, Martín Avelino, adelantó que ese organismo no permitiría el avance de construcciones sobre el sistema dunar ni la instalación de barreras que impidieran el libre acceso a la costa, dos derechos que están asegurados a la población en el marco legal vigente.

Así las cosas, el proyecto de medida cautelar “de servidumbre non edificandi” establece la prohibición de construir, edificar o alambrar en una faja costera de 150 metros de ancho medidos hacia el interior del territorio a partir de la línea superior de la ribera del Río de la Plata, comprendida desde el límite urbano este de la de Juan Lacaze (playa Charrúa) hasta la desembocadura del río Rosario, “con el fin de implementar medidas de mitigación necesarias para la conservación del sistema dunar y ecosistemas existentes asociados al presente bordel del Río de la Plata”.

Esa medida cautelar se propuso “en virtud de la existencia de terrenos categorizados como rurales”, donde la intendencia “no toma conocimiento ni interviene en la aprobación de fraccionamientos que allí se presentan”, sino que son aprobados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

En la fundamentación del proyecto, Avelino señala que la limitación se pretende establecer “ante la constatación de avances de proyectos inmobiliarios y turísticos que pretenden literalmente limitar el acceso a las playas, cercando sus predios, cuyo límite de propiedad alcanza la línea superior de la ribera”.

A votación

En principio, el proyecto presentado por el ejecutivo comunal contaría con el apoyo general de todas las bancadas, aunque en las últimas semanas algunos ediles nacionalistas habrían mostrado ciertas dudas al respecto. Además, un edil del Partido Nacional, Héctor Curutchet, actuó de mediador entre uno de los propietarios que reclaman el derecho de propiedad de esa franja, Luis Vilches, y el ejecutivo departamental. En efecto, en una entrevista realizada por Canal 3 de Colonia, Vilches dijo que el edil le gestionó un encuentro con el intendente Carlos Moreira, en el cual le manifestó su interés de intervenir en esa cuestionada franja.

Estaba previsto que el proyecto fuera tratado en la última sesión de abril. Sin embargo, eso no ocurrió porque la Comisión de Obras de la Junta Departamental no había expedido informes al respecto, a diferencia de la Comisión de Legislación y Régimen que sí lo hizo en tiempo y forma. Tras esa situación, las diferentes bancadas acordaron que la votación de este proyecto fuera ubicada como primer punto del orden del día de la primera sesión de mayo, que será el jueves o viernes de esta semana.

El edil del Frente Amplio José Manuel Arenas recordó que el proyecto de medida cautelar “fue redactado por Avelino y lleva la firma del intendente Moreira”, y que a pesar de ello “algunos ediles nacionalistas están mostrando dudas para votarlo, cuando al principio aparecía como urgente e indiscutible”. “He escuchado que aumentan dudas e inquietudes sobre este proyecto, y me da la sensación de que hoy no existe un espíritu de votar esta medida cautelar cuanto antes, lo que no significa que no se vaya a votar”, dijo Arenas.

Arenas explicó que las dudas al respecto surgen porque “hay diferentes interpretaciones con el acceso democrático a las costas”. “Hay quienes tienen intereses particulares y reivindican la propiedad privada sobre las costas y quienes defendemos nuestras más ricas tradiciones de ingreso democrático a las mismas. Ahí hay un dilema, y esta medida cautelar vino a zanjar esta discusión en beneficio del interés general”, concluyó.