En la noche del martes el director de Ordenamiento Territorial, Martín Avelino, concurrió a la Junta Departamental para brindar un informe acerca de las gestiones que ha realizado la comuna coloniense para retirar la tranquera ubicada en el camino de acceso a la playa Puerto Platero, que fue colocada por el propietario de un campo ubicado en ese lugar en agosto de este año.

En esa instancia, Avelino informó a los ediles que el ejecutivo departamental pretende retirar el portón colocado por el propietario del campo en el cual se encuentra el camino de acceso a esa playa, pero que aguarda la postura de la Fiscalía de Rosario acerca de una denuncia presentada por el propietario de ese establecimiento a personas que habrían ingresado sin contar con su consentimiento.

“La intendencia debe esperar que haya una resolución al respecto, porque estamos en un estado de derecho. Una vez conocida la resolución, se actuará, siendo la prioridad el libre acceso a las costas”, dijo el funcionario a la diaria.

De acuerdo al razonamiento de las autoridades departamentales, en caso de que la fiscal de Rosario, Sandra Fleitas, determine que esa denuncia no tendría andamiento ya que ese camino sería considerado de uso público y por lo tanto no hubo invasión a ese establecimiento por parte de los denunciados, la intendencia estaría en condiciones de reclamar el retiro de la tranquera. Avelino argumentó que se trata de un caso de “intereses difusos” y que la Fiscalía tiene la potestad de opinar en este asunto de acuerdo al Código General del Proceso (CGP).

Al ser entrevistada por la periodista Claudia de los Santos, de Impacto FM de Colonia del Sacramento, Fleitas explicó que Fiscalía de Rosario actúa a partir de una denuncia realizada en el fuero penal y que no le correspondería opinar sobre un conflicto en materia civil.

“Si ese bien –por el camino que fue cerrado por el propietario del terreno- era considerado de uso público, si existe alguna disposición o reglamentación de algún organismo público o de la intendencia, eso es resorte del ámbito gubernamental, y en este caso de la Intendencia de Colonia”, opinó la fiscal.

Añadió que, si no hubiera documentación relacionada a una cesión expresa del camino al fuero público, “en caso de que muchas personas hayan sido beneficiadas por el uso del mismo”, y si el pasaje de la gente “era tolerado por el propietario a pesar de que no exista reglamentación, correspondería, de acuerdo a facultades del gobierno departamental, solicitar la expropiación del mismo teniendo en cuenta la importancia que tiene para la población departamental desde larga data. Es un trámite civil que le corresponde a la intendencia”.

Además, comentó que ella requirió a la comuna que le brinde informes acerca de esa situación para poder dirimir en la denuncia en cuestión, pero que todavía no cuenta con las respuestas por parte de las autoridades departamentales.

La fiscal de Rosario opinó que resulta “claro que hay una responsabilidad extracontractual entre los propietarios del inmueble y la intendencia, que trajo beneficio al particular”, y que “todo beneficio tiene un costo”, por lo cual la Intendencia de Colonia “está en condiciones de reclamar en el ámbito civil los perjuicios que traería aparejado el cierre de la servidumbre de paso”.

Según Fleitas, el cierre de ese camino trajo aparejado “un perjuicio evidente para la intendencia, porque destinó dineros públicos para el beneficio de un particular” al efectuar el mantenimiento de esa senda.

Concluyó que el artículo 42 del CGP refiere a la protección de los intereses difusos y “habla de que la Fiscalía puede ser una de las personas legitimadas”, pero la Intendencia de Colonia, “con más conocimiento de causa, está legitimado para actuar, además de que es la persona jurídica que venía actuando haciendo limpieza de mantenimiento y de la noche a la mañana la perjudican por el cambio de reglas del juego”, por lo cual “debe hacer las acciones correspondientes independientemente de lo que la Fiscalía resuelva en el ámbito penal”.

Pelota para adelante

Para el edil frenteamplista José Manuel Arenas, el argumento utilizado por Avelino en la Junta Departamental forma parte de una “estrategia dilatoria” utilizada por la Intendencia de Colonia en este caso, “porque no tiene nada que ver lo que pasa en Fiscalía con esa denuncia realizada por el particular, para ver si la propia intendencia puede abrir el camino a Platero”. En este sentido agregó: “Decir que se va a esperar a Fiscalía para tomar una acción resulta una excusa inadmisible y dilatoria de un problema que se podría enfrentar ya mismo”, sentenció.