Hace casi un año, en julio de 2023, la planta frigorífica de la empresa Rondatel, instalada en Rosario, cerró sus puertas debido a las voluminosas deudas con sus proveedores y dejó a más de 250 personas sin empleo. Algo similar aconteció con la planta frigorífica Lorsinal, de Canelones, que pertenece al mismo grupo empresarial Sundiro, de origen chino.

En febrero de este año, representantes de esa empresa anunciaron el inicio de negociaciones con los acreedores para saldar las deudas, que podría concluir en la reapertura de esas plantas industriales.

Representantes de la empresa china reconocieron la existencia de una deuda total cercana a siete millones de dólares entre ambas industrias frigoríficas instaladas en los departamentos de Colonia y Canelones.

Sin embargo, a cuatro meses de ese anuncio la empresa china no ha saldado las deudas tal como había prometido. En efecto, según comentó a Radio Rural Joaquín Falcón, presidente de la Asociación de Consignatarios de Ganado, hubo “buen diálogo” con la empresa, “con comentarios positivos”, pero los capitalistas chinos “no hicieron frente a lo que se adeuda”, por lo que “esta lejos” la posibilidad de que “se reactive la planta frigorífica”.

Falcón comentó que varias empresas recurrieron a la vía legal para poder cobrar lo que les adeuda el grupo Sundiro.

Los trabajadores tampoco son optimistas con relación a una posible reapertura del frigorífico. Si bien la empresa manejó la posibilidad de reabrir a mediados de 2024, eso no ocurriría, según comentó el presidente de la Federación de Obreros de la Industria Cárnica y Afines, Martín Cardozo, a la diaria .

El lunes se desarrolló una reunión tripartia en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y allí la empresa “trasladó que los acreedores iniciaron un proceso judicial para cobrar lo que se les adeuda, y será el juez quien decida si la empresa ingresa a concurso de acreedores”, explicó el dirigente sindical.

“Lo más probable es que eso finalmente ocurra, y como las posibilidades de reapertura son muy lejanas, nosotros recomendamos a los trabajadores que empiecen a hacer sus reclamos mediante la vía judicial”, añadió Cardozo. “La empresa mantiene una deuda muy alta, y es difícil que retome las tareas, por lo cual los trabajadores deben presentarse a la Justicia para reclamar el cobro de los créditos laborales e indeminizaciones que puedan surgir por el cierre”, advirtió.