A partir de una convocatoria del Frente Amplio en carácter grave y urgente, este martes la Junta Departamental de Colonia convocó a una sesión para abordar un solo punto: “Análisis del contexto de relaciones laborales en la Intendencia de Colonia y evaluación de los cargos presupuestales, contrataciones y otros asuntos relativos a las relaciones laborales con la plantilla de funcionarios”. En la instancia, los ediles de la bancada de la coalición de izquierda propusieron abordar la situación originada con el inspector de tránsito Walter Espino, quien hizo denuncias de corrupción en el ámbito de la comuna coloniense y finalmente fue removido del cargo.
En efecto, a pesar de que las denuncias por irregularidades realizadas hace tres años por Espino fueron refrendadas por la Junta Departamental y derivaron en la destitución del entonces director de Tránsito, Luis Carlos Pereira, en los últimos días, la comuna coloniense resolvió no extender la relación laboral con este funcionario, quien ingresó a la función pública en 2012 mediante un concurso abierto destinado a la contratación de inspectores de tránsito. Si bien Espino hacía más de una década que se desempeñaba como inspector de tránsito, su cargo no estaba presupuestado, por lo que requería ser renovado cada año.
Sesión breve
La bancada del FA intentó que la Junta de Colonia tomara posición sobre la situación originada con Espino, pero no encontró eco en los ediles del Partido Nacional y del Partido Colorado.
En diálogo con la diaria, el edil frenteamplista Emmanuel Martínez dijo que si bien el contrato laboral de Espino y la Intendencia de Colonia “obviamente es una relación jurídica entre ambas partes”, el caso “reviste cierta gravedad” porque “se trataba de un funcionario que había sido el principal denunciante en esta administración y que derivó en la formación de una comisión investigadora que arrojó como resultado que varias de las denuncias que el funcionario hacía fueron comprobadas y corroboradas, lo que determinó la salida del director de Tránsito de ese momento; además, la Junta Departamental tomó una definición por unanimidad en la que solicitaba que se investigara a varios funcionarios”.
Entre los funcionarios señalados por Espino y que debían ser objeto de investigación, figuraba una persona que “termina siendo quien, de alguna manera, realiza el informe negativo para con este funcionario, porque era su superior, y [ese informe es el] que determina su cese”. “La Junta Departamental resolvió investigar a un funcionario y esa persona realiza un informe para que no se le renueve el contrato al funcionario que había hecho las denuncias”, cuestionó Martínez.
Asimismo, el edil frenteamplista dijo que la Intendencia de Colonia “se sirve del mecanismo que nosotros tanto criticamos, que es la fragilidad laboral de los contratos a término de forma permanente, porque este funcionario ahora cesado estuvo cerca de 15 años cumpliendo labores como inspector y todos los años se lo renovaba”.
Martínez opinó que “el hecho de que sea un funcionario que ingresó por concurso y que estuvo tanto tiempo amerita por lo menos una justificación de su cese, porque si hubiera sido un funcionario presupuestado de la Intendencia, la Junta Departamental de ninguna manera podría haber votado su destitución, porque no lo ameritaba el informe que hicieron”.
La remoción de Espino establece un antecedente “muy complejo, porque deja entrever que cualquier funcionario que se tome el atrevimiento de denunciar posibles hechos de corrupción o de mala administración va a ser sancionado con la finalización de su vínculo contractual, es decir, lo van a dejar sin trabajo”, lamentó Martínez.
Por su parte, el edil colorado Gabriel Gabbiani, en diálogo con la diaria, cuestionó a la bancada del FA por convocar una “reunión de apuro”, a pesar de que “el tema no lo ameritaba”.
“Más allá de que Espino tenga razón o no en sus denuncias, no era un tema que ameritara que la Junta Departamental tomara postura, porque se trata de una renovación de un contrato, algo que es resorte exclusivo del Ejecutivo comunal”, sostuvo el edil colorado.
Si bien prefirió “no hacer una evaluación de fondo” sobre la remoción de ese funcionario, “porque no tenemos todos los elementos para hacerlo”, Gabbiani expresó que “parece improcedente que la evaluación de Espino la haya hecho un funcionario que fue señalado en sus denuncias”.
“Ahora, Espino y Adeom Colonia deberían hacer los planteos que correspondan ya sea en el ámbito del Tribunal de lo Contencioso Administrativo o del Ministerio de Trabajo [y Seguridad Social], pero no es la Junta Departamental el órgano que debe tomar posición al respecto”, insistió. En ese sentido, el presidente de Adeom Colonia, Nicolás Piñeiro, adelantó que el sindicato presentará reclamos en los dos ámbitos para revertir el cese de esa relación laboral dispuesta por la comuna coloniense.
Emmanuel Martínez en la Junta Departamental. (archivo, noviembre de 2023)
Foto: Ignacio Dotti
El caso
En junio de 2022, la Junta Departamental de Colonia aprobó por unanimidad conformar una comisión investigadora para analizar las denuncias de supuestas irregularidades ocurridas en el ámbito de la Dirección de Tránsito de la Intendencia de Colonia, presentadas por el inspector Walter Espino ante la Fiscalía Letrada de Colonia del Sacramento, en la Intendencia y en la Junta Departamental de Colonia.
En una carta pública, Espino había expresado estar “cansado de las arbitrariedades, destratos y malas prácticas en la función pública” a cargo de “los jerarcas” en la Dirección de Tránsito, encabezada por el director Luis Carlos Pereira, “y de los cuales no queremos ser cómplices o rehenes de esta situación”.
Entre otras cosas, Espino denunció hechos que “conllevan pérdidas para el erario público”, como el pago de diferencias salariales injustificadas a una trabajadora durante un año o “inventar un cargo que no existe en el escalafón y trabajos que nunca se realizaron”. También señaló que “una de las perlas del caos administrativo que hay en la Dirección de Tránsito y que roza con la corrupción es el caso de un funcionario que, habiendo sido condenado por la Justicia, siguió cobrando sueldo, viáticos y horas extras”, subrayó. Espino dijo que en esa repartición también se abonaron porcentajes de cobros de multas a personas que no revestían como inspectores de tránsito.
Por otro lado, el inspector aseguró que existen “graves irregularidades posteriores a la incautación de vehículos”: “Hemos podido comprobar que motos que aparecían en el sistema como desguazadas”, en realidad, “estaban en un depósito municipal”, así como vehículos “que han sido entregados sin ningún tipo de documentación por ser el titular familiar de un jerarca de la intendencia”.
Espino denunció “la desaparición” de “equipos para inspectores, hidrolavadora, muebles, pintura, aspiradora industrial”, entre otras cosas, “sin que se haya hecho ningún tipo de investigación administrativa al respecto”.
La denuncia presentada por el funcionario apuntaba a “un grupo de jerarcas que, desde hace muchos años, hacen y deshacen a su antojo, violando toda normativa de la función pública, sosteniendo estos procedimientos en otros funcionarios que realizan tareas contraviniendo las normas administrativas y que luego, de una u otra manera, reciben prebendas o beneficios de otra naturaleza”.
Finalmente, en 2024, tras dos años de labor, la comisión designada por la Junta Departamental elaboró tres informes –uno por cada bancada partidaria–, que, no obstante, concordaban en que algunas de las situaciones planteadas por Espino ameritaban la realización de denuncias en la Fiscalía. Asimismo, las distintas bancadas solicitaron al Ejecutivo comunal la remoción de Pereira, algo que finalmente ocurrió en abril de ese año.