Andrés Bermúdez Liévano

El excomandante del Ejército colombiano Mario Montoya fue acusado el 30 de agosto de crímenes de guerra y de lesa humanidad. La Jurisdicción Especial para la Paz imputó al general retirado por adoptar “una política de facto que privilegió las muertes como único indicador real del éxito militar”, plantando las semillas del escándalo de los falsos positivos

Hace dos semanas, la Jurisdicción Especial de Paz de Colombia acusó a diez excomandantes regionales de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia de crímenes de guerra y de lesa humanidad. En su segunda imputación contra integrantes de esa guerrilla y la primera contra sus mandos medios, el tribunal estrenó su metodología de investigación centrada en territorios específicos y los acusó de haber creado un “régimen de terror” contra las minorías étnicas.

Todavía muchos, sobre todo en el ámbito político, tienden a ver a la sociedad colombiana como dividida en dos mitades casi irreconciliables e inamovibles, pero los procesos personales –y alejados del foco público– de las víctimas son ilustrativos de una realidad más compleja. Sin dejar a un lado sus convicciones personales y críticas del acuerdo de paz, valoran los avances de la justicia transicional y están contribuyendo activamente a que ocurran.