El sistema político de nuestro país está en deuda con la normativa sobre contaminación por plásticos descartables, que son muchísimos y en principio son reciclables.
Es necesario aprobar una nueva normativa, de alcance nacional, y elaborar un plan para la gestión social de residuos, que efectivamente le dé espalda al trabajo de los gobiernos departamentales.
Está muy bien reciclar, y que las intendencias en cierta medida participen en esta tarea, pero siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones y se garantice que la recuperación de objetos y materiales tengan un destino útil.
Este es un decreto que pone metas sin ningún estudio técnico, no se estimaron costos de recolección y acopio de los aparatos desechados, cuántos hay de cada uno, cuál es su peso y su volumen.
Las políticas públicas deberían lograr que el Estado genere proyectos que den cabida a las personas con discapacidad intelectual, y no sólo a ellos, también, por ejemplo, a personas en tratamientos de salud mental.
Se deberían implementar políticas públicas que acerquen a las personas y organizaciones el conocimiento de todos los aspectos vinculados con la producción, distribución, consumo y desechos de alimentos.
Si se pretende convencer sobre los buenos resultados que supuestamente traería el Plan Vale, tanto el Ministerio de Ambiente como la CIU deberían brindar información seria, completa y detallada sobre los envases incluidos.
En materia de envases y no sólo, la ley es muy clara, quien debe hacerse cargo de ellos son las industrias productoras y las empresas importadoras, mediante lo que han dado a llamar la Responsabilidad Extendida al Productor