El número de casos de Covid-19, la enfermedad causada por la nueva cepa de coronavirus, aumenta rápido en España, el tercer país más afectado por la pandemia, después de China e Italia. De acuerdo con las últimas cifras oficiales, los afectados en el país son 20.410, tomando en cuenta los que están enfermos y quienes se recuperaron, y la cifra de fallecidos es de 1.049.

La rápida propagación de la pandemia es el problema central para las autoridades sanitarias del gobierno de Pedro Sánchez, y también para las de todas las comunidades autónomas del país. El domingo el gobierno decretó el estado de alerta, que incluye duras restricciones para circular en las calles, pero recién sobre el final de la semana que viene se va a tener claro si esta medida logró impactar en la curva de casos, que por ahora se mantiene en aumento y con el pico de la pandemia aún lejano, según coinciden científicos y autoridades.

En una conferencia de prensa ofrecida ayer, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, dijo que los “peores” días de la pandemia están por venir. Por su parte, el coordinador de emergencias, Fernando Simón, afirmó que “es muy probable” que los datos infravaloren la realidad de contagios, por la falta de pruebas que confirmen los casos sospechosos. Al respecto, Illa afirmó que “en los próximos días” se generalizará el uso de los testeos rápidos, que en principio iba a comenzar a implementarse durante la semana que termina. Los testeos masivos fueron recomendados expresamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para contener la propagación de la enfermedad.

La comunidad más afectada por el coronavirus es Madrid, donde los muertos eran ayer 628 y los enfermos, más de 7.000. Esta situación está colapsando a las unidades de cuidados intensivos, que se aproximan rápidamente a su límite de capacidad mientras la curva de contagios sigue creciendo, según informó el diario español El País. Es por esta razón que los médicos se preparan para tomar decisiones difíciles. Según informó ese periódico, ante la eventualidad de que no haya suficientes camas para atender a los enfermos críticos, la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias elaboró una guía ética que recomienda darle prioridad, entre dos pacientes, a “la mayor esperanza de vida con calidad”.

La situación en la Comunidad de Madrid llevó a que en una acción conjunta las autoridades locales y el Ministerio de Defensa decidieran armar un hospital provisional específico para pacientes de coronavirus, con 5.500 camas para casos leves y un CTI para los enfermos más graves. Lo instalaron en el predio de Ifema, que habitualmente se emplea para realizar grandes ferias.

Algo similar se hará en Barcelona, la capital de Cataluña, comunidad autónoma en la que hasta el momento los muertos por Covid-19 son 82. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, informó que el ayuntamiento de la capital catalana abrirá un pabellón ferial de 6.000 metros cuadrados, alquilará 200 apartamentos destinados al sector turístico que actualmente están vacíos y abrirá tres nuevos equipamientos específicos para poder resguardar a personas sin hogar y a otras en situación de vulnerabilidad.

En medio de la crisis sanitaria también subyace la crisis política que existe entre el gobierno central y el de Cataluña. Si bien Sánchez puso en marcha una mesa de diálogo con el Ejecutivo catalán que encabeza Quim Torra para poder resolver la crisis política, el modo de afrontar el brote de coronavirus reavivó las tensiones.

El jueves, durante una entrevista con la BBC, Torra –que se está recuperando de Covid-19– dijo que el gobierno de Sánchez impide el confinamiento de Cataluña dentro de sus propias fronteras para frenar el ingreso del coronavirus, y cuestionó al Ejecutivo socialista por centralizar las medidas contra la enfermedad. La declaración del presidente de la Generalitat generó agrias reacciones por parte de dirigentes socialistas, que lo acusaron de actuar con deslealtad. La molestia se agudizó cuando se supo que Torra envió una carta a la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, para ponerla al tanto de la situación en Cataluña y denunciar que el Ejecutivo español no está adoptando las directrices de la OMS.