El Frente Antimanicomial, un espacio de articulación conformado por distintos colectivos y organizaciones de la sociedad civil, se reunirá este miércoles para evaluar estrategias de implementación de las recomendaciones de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y la Comisión Nacional de Contralor de la Atención Salud Mental, que la semana pasada emitieron un comunicado en el que sugieren avanzar hacia el cierre definitivo del Hospital Vilardebó, donde residen 290 personas.

“Ante el foco de pandemia de covid-19 detectado en el Hospital Vilardebó y tras la decisión de la Presidencia de ASSE [Administración de Servicios de Salud del Estado] de prohibir los ingresos, egresos y visitas a este centro, la INDDHH y la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental, en cumplimiento de las funciones que le confiere la Ley 19.529 [de Salud Mental], hacen un llamado a las autoridades nacionales a profundizar y avanzar en el plan de cierre definitivo de este hospital psiquiátrico”, señalaba la misiva firmada por ambas instituciones.

Cecilia Baroni,coordinadora de Radio Vilardevoz -proyecto que integra el Frente Antimanicomial-, sostuvo en diálogo con la diaria que cuando se empezó a aplicarla la Ley de Salud Mental -aprobada en 2017- se dejaron de ingresar pacientes a las colonias psiquiátricas Bernardo Etchepare y Santín Carlos Rossi, hoy llamadas Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Social (Ceremos). La ley dispone el cierre de asilos, hospitales y sanatorios psiquiátricos para 2025; la idea de restringir los ingresos a Ceremos se tomó, también, en base a episodios violentos que se vivieron en 2015, cuando murió un paciente por las lesiones provocadas por una jauría de perros. Baroni planteó que esa decisión de prohibir nuevos ingresos debería trasladarse ahora al Vilardebó.

Baroni recordó que el proceso de desinstitucionalización “no se está dando sólo en Uruguay, sino que la Organización Mundial de la Salud prevé el cierre de los manicomios en todo el mundo”. Asimismo, destacó que “en el marco de la pandemia estas instituciones no deberían existir porque es antisanitario”.

Tras la comprobación del primer caso positivo de covid-19 en el Vilardebó, se decidió hacer hisopados a todos los funcionarios y personas internadas, explicó a la diaria el director del centro, Federico Sacchi. Ese estudio arrojó un resultado de 27 pacientes y 20 funcionarios con covid-19, de un total de aproximadamente 850 hisopados. A partir de entonces se tomaron “todas las previsiones para manejar la situación sanitaria dentro del hospital adaptando su funcionamiento”: se generó un sector de aislamiento donde se ubicó a los pacientes infectados y además se envió a los funcionarios a hacer aislamiento en sus hogares, afirmó el jerarca.

Además, se suspendieron los ingresos de nuevos pacientes y las visitas, que se están realizando mediante llamadas o videollamadas. La propuesta de la INDDHH y la Comisión de Contralor, apoyada por el Frente Antimanicomial, es utilizar el contexto para derivar la atención de los pacientes a hospitales generales con unidades de salud mental y continuar con el proceso de desinstitucionalización que comenzó con la aprobación de la Ley de Salud Mental en 2017.

“No estamos hablando de otra cosa que de resolver la situación de personas que, por sobre todas las cosas, están afectadas económica y socialmente; muchas veces ya no tiene nada que ver con su proceso de salud o enfermedad, sino que no tienen a dónde ir y quedan viviendo en el hospital. Eso ya es una práctica inadmisible”, señaló Baroni. Por otra parte, indicó que debería hacerse uso y de dispositivos ya existentes que deberían ser fortalecidos, como las casas de medio camino. “Para los dispositivos sustitutivos el Fondo Coronavirus también tendría que poder aportar, e ir haciendo del Vilardebó otro centro, que no sea un manicomio”, sugirió.

Baroni sostuvo que “lo manicomial” del Vilardebó “no viene sólo por la estructura edilicia, con salas de 30 o 40 personas”, sino por la vulneración de derechos, como el derecho a la intimidad. “Se sigue asustando a la población con una concepción en la que pareciera que cerrar el hospital es dejar a los locos sueltos por la calle. La locura no es sólo patrimonio del Vilardebó, la locura es mundial y es de muchas personas. Hoy día la farmacología ha avanzado tanto que la internación es el último recurso. Con fármacos, buen acompañamiento y dispositivos de abordaje ni se precisa llegar a la internación”, explicó.

Durante una visita al Hospital Vilardebó realizada el 5 de marzo, el subsecretario del Ministerio de Salud Pública (MSP), José Luis Satdjian, dijo a El País que “la ley de Salud Mental es hoy en día más voluntarista que real”. El jerarca consideró que el propósito de cerrar las instituciones de salud mental en 2025 (fijado en la ley) “está muy lejos de suceder”. Baroni rechazó las afirmaciones, “entre otras cosas porque faltan cinco años”. “Hoy en el interior funcionan unidades de salud mental en los hospitales. Veamos las cosas de avanzada que se están haciendo en el país. El primer paso es que no haya ingresos en el Vilardebó y que la gente vaya pudiendo volver a sus casas o ir a centros más pequeños o especializados”, insistió.

Fuentes del MSP aseguraron que el Vilardebó es un tema que se encuentra en la órbita exclusiva de ASSE. La diaria intentó sin éxito contactarse con autoridades de este organismo.