La Fiscalía General de El Salvador presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia contra la decisión del presidente Nayib Bukele de prorrogar por 30 días el estado de emergencia sin el aval del Congreso. A la medianoche del sábado, cuando vencía la ley que mantenía ese régimen, Bukele lo prorrogó por decreto.
Desde el 21 de marzo se mantiene en el país un rígido aislamiento social, que se apoya en dos normas: una ley de confinamiento obligatorio y un decreto que declara la cuarentena “absoluta”. El secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, dijo que, para aplicar esas dos normas, tiene que estar vigente también el estado de emergencia. De lo contrario, agregó, “no existe asidero legal para ninguna de las medidas extraordinarias que puedan tomarse”. Según informó la agencia de noticias Efe, Castro dijo que con el decreto se intentó evitar que esas medidas quedaran en un “limbo jurídico”.
El funcionario anunció además que siguen suspendidas las clases en escuelas y liceos, y que se mantiene vigente la decisión de que no se corten los servicios básicos para quien no pueda pagar la factura.
Después de emitido el decreto, Bukele argumentó que “no es tiempo de abrir [la economía]”, porque su país todavía no alcanzó “el pico de la primera curva” de contagios, y una apertura podría acelerar la expansión del coronavirus en la población. Manifestó que el sistema de salud de El Salvador es “miles de veces más débil” que el estadounidense o el de países de Europa que “ya pasaron la primera ola”, y dijo que si se levantaran las medidas de distanciamiento social esto llevaría a que los muertos fueran “muchísimos más”.
De acuerdo con el ministro de Salud, Francisco Alabí, si el ritmo actual de contagios se mantiene, no será posible atender a todos los pacientes que lo necesiten. Hasta el domingo, El Salvador tenía confirmados 1.338 casos de covid-19 y 30 muertes atribuidas a la enfermedad.
Bukele también argumentó que el gobierno tiene que enfrentar, además de la emergencia sanitaria, la violencia de las maras, y el desafío de aplicar su plan de repartir 1,7 millones de canastas de alimentos casa por casa para hacerlas llegar a las personas más afectadas por el freno a la economía. Esta medida comenzó a aplicarse el domingo.
Pese a sus explicaciones, dirigentes opositores, organizaciones sociales y la Fiscalía General cuestionan que Bukele haya tomado esta medida por decreto, sin pasar por el Congreso. En un comunicado, la Fiscalía General manifestó que “un estado de emergencia decretado por el presidente de la República debe ser sometido al control de la Asamblea Legislativa”, por lo que el decreto de Bukele “resulta un acto de usurpación de facultades”. Por eso la Fiscalía recurrió a la Sala Constitucional de la Corte Suprema para solicitar que “como medida cautelar” se suspenda ese decreto.
El Ejecutivo se amparó en una ley que le permite tomar esa decisión por decreto en caso de que el Congreso no pueda reunirse. De acuerdo con Castro, el gobierno concluyó que esa era la situación porque el presidente no obtuvo respuesta cuando llamó a los diputados a sesionar el sábado para tratar una prórroga del estado de emergencia.
Bukele, que acostumbra a usar Twitter para dar órdenes y hacer anuncios, convocó a los legisladores por esa vía. “La Asamblea Legislativa está en obligación constitucional de reunirse y discutir la prórroga o no del decreto de emergencia nacional. Simplemente porque estamos en emergencia nacional”, dijo. “Lo que debatan, discutan, argumenten y últimamente decidan depende de ellos. Lo que no pueden hacer es no discutirlo y dejarlo que venza, asumiendo que la pandemia los esperará y dejando a millones de salvadoreños a la deriva”, agregó.
Los legisladores habían previsto recién para la tarde de este lunes una sesión en la que tratarían este asunto. “La Asamblea Legislativa no estaba imposibilitada para reunirse en estos momentos, por lo que tiene la legitimidad legal y constitucional para analizar el estado de emergencia”, afirmó la Fiscalía General. También varios legisladores cuestionaron el decreto y acusaron al presidente de desconocer al Poder Legislativo.
Castro aclaró que el gobierno no tiene intenciones de implantar un estado de excepción, sino que está dispuesto a dialogar “directamente con la Asamblea Legislativa y buscar puntos en común” para “garantizar el derecho a la vida y salud de las personas”. Pero también dijo que el Congreso no está interesado en prorrogar el estado de emergencia, pese a que el sistema de salud está a punto de “colapsar”. En cuanto al recurso de la Fiscalía General, manifestó que espera que la Sala Constitucional de la Corte Suprema falle a favor del Ejecutivo.