El jueves el gobierno realizó una ceremonia en torno a la firma de un acuerdo por el que el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) cedió en comodato a la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU) un edificio ubicado en la esquina de Juan Carlos Gómez y Sarandí, en la Ciudad Vieja, conocido como La Ópera.
Según lo anunciado en el evento por Facundo Ponce de León, director de la ACAU, quien estaba flanqueado por la titular del MIEM, Elisa Facio, el arquitecto Pedro Livni, encargado del proyecto de restauración que insumirá una año y medio con un costo de medio millón de dólares, y el cineasta Esteban Schroeder, el lugar funcionará “como espacio de preservación del patrimonio audiovisual y punto de encuentro para el sector”.
“Necesitábamos un espacio único donde alojar el archivo, donde preservarlo mejor y tener un espacio de encuentro para el sector cinematográfico y audiovisual”, dijo Ponce de León desde la Torre Ejecutiva. De acuerdo a Presidencia, en el edificio habrá oficinas de la ACAU y espacios para organizaciones o creadores que necesiten lugares de trabajo, además de salas de exhibición.
La firma del acuerdo se inscribe en una serie de medidas polémicas que ha venido tomando el gobierno saliente luego de las elecciones nacionales, y que incluyen, entre otras, el avance del Plan Neptuno, la contratación como empleados públicos de militantes partidarios y la exclusión de Ancap del negocio del hidrógeno verde.
En el caso de la nueva sede de la ACAU, el cambio está vinculado a un proyecto de archivo que no generó consenso en las instituciones del sector audiovisual.
Golpe de fin de año
El viernes Cinemateca Uruguaya emitió un comunicado que apunta a las connotaciones políticas del evento que tuvo lugar en la Torre Ejecutiva: “El objetivo de la conferencia de prensa fue el de generar un anuncio que sonara como un gran logro a pesar de tener poco que mostrar –el traspaso del dominio de un edificio público abandonado– y, ya que estaban, pasarle al gobierno entrante un proyecto tan endeble y lleno de problemas que no logró sentar a una sola organización del sector audiovisual en la mesa de la conferencia de prensa que anunciaba la creación de ‘su casa’”. Schroeder, director y productor, no concurrió en representación de su Asociación, si no a título personal, señala Cinemateca.
Cinemateca recalca que “no integrará el archivo impulsado por la ACAU, por carecer este proyecto de cualquier seriedad y garantías para las instituciones que lo integren”, que “deplora que deliberadamente desde la Agencia se realicen anuncios hiperbólicos y que se induzca a error a la prensa y la opinión pública utilizando el nombre de nuestra institución en el anuncio de un proyecto a todas luces inconsistente que representa, además, una falta de respeto por quienes han realizado la labor de preservación con escasísimos recursos por más de siete décadas”, que “lamenta el cinismo con el que la Agencia sostiene un doble discurso de preocupación por la preservación, por un lado, y por otro una total abstracción ante el hecho de que, a tres días de finalizar el año, el principal archivo fílmico del país haya recibido del MEC [Ministerio de Educación y Cultura] sólo el 25% de los recursos que se le destinaron por ley de presupuesto para 2024 para colaborar con su funcionamiento”, que “dicho doble discurso se extiende igualmente a la valoración de la Agencia por el cine uruguayo, al destinar medio millón de dólares para inaugurar una ‘Casa del cine del Uruguay’ de utilidad incierta y desviar la mirada ante la muy cierta asfixia de recursos que tal incumplimiento representa para la principal sala de exhibición del ya de por sí golpeado cine nacional”.
La institución civil también advierte que probablemente el proyecto desemboque en “el desmembramiento del acervo del principal archivo fílmico del país”, que lleva adelante Cinemateca desde hace medio siglo.
El punto final del comunicado caracteriza al proyecto de Ponce de León como “objetivo político de la derecha cultural aliada con los intereses económicos de la industria y los profesionales de la academia” y pronostica que, en caso de tener éxito “en su ataque a una institución cultural emblemática” y se retirase del cuidado de Cinemateca todo el material depositado por terceros, de todos modos “Cinemateca continuará siendo el mayor archivo de materiales uruguayos del país y el único que con certeza se mantendrá en el tiempo, ya que –a diferencia de quienes hoy reclaman para sí el mérito de protegerlo sin una sola acción que lo pruebe y con muchas que lo desmienten– no necesitamos más propaganda que nuestra propia trayectoria, ningún reconocimiento aparte de nuestro prestigio que trasciende fronteras, ni otra certeza que la de contar con el apoyo indoblegable del pueblo uruguayo que porfiadamente nos sostiene”.
Por otra parte, Cinemateca indica que la zona donde se albergaría el nuevo archivo es “inviable” para albergar el material nitrato, dada su proximidad con el mar, que rodea a toda la Ciudad Vieja. A su vez, se anota que otras características del complejo que se instalaría en La Ópera, que incluiría salas de cine y cafetería, lo configuran como “algo bastante parecido a la Cinemateca... a tres cuadras de la Cinemateca”.
En agosto de este año, la directora de Cinemateca, María José Santacreu, y Ponce de León polemizaron sobre el proyecto Patrimonio Audiovisual del Uruguay. Asimismo, los creadores audiovisuales manifestaron su preocupación por la situación del cine uruguayo bajo las políticas culturales del gobierno saliente.