Una nueva Constitución entró en proceso de creación en Chile desde que se instaló la Convención Constituyente el 4 de julio de 2021. El órgano constituyente está integrado por 155 convencionales y fue elegido para redactar y aprobar la propuesta. La oportunidad de crear una carta magna desde una hoja en blanco dejó a la vista derechos que la ciudadanía históricamente ha reclamado, entre ellos el derecho al deporte.

Como proceso de participación popular descentralizado se habilitó a la ciudadanía a presentar Iniciativas Populares de Norma (IPN) en una web estatal que mediante una clave única permitía a cada persona otorgar su apoyo a siete IPN entre diciembre de 2021 y el 1º de febrero de 2022.

Para ingresar su propuesta a la Convención Constituyente se debía lograr el apoyo de al menos 15.000 ciudadanos –1.500 si era presentada por el pueblo afrochileno– y 78 IPN lo lograron. Los 155 convencionales se dividieron en siete comisiones para trabajar en profundidad las IPN que lograran los patrocinios requeridos. Las comisiones están dispuestas de la siguiente forma:

  1. Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral
  2. Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía
  3. Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal
  4. Derechos Fundamentales
  5. Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico
  6. Sistema de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional
  7. Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios.

Derechos Fundamentales, con 46 iniciativas, fue la comisión temática con más IPN patrocinadas por el pueblo chileno. Dentro de esta Comisión trabaja Damaris Abarca, ajedrecista y política independiente electa convencional, que se embanderó con el deporte en este proceso anteriormente, al colaborar con Constitución Alba (https://ladiaria.com.uy/garra/articulo/2021/8/caciques-por-los-derechos-de-los-pueblos/) y otras organizaciones sociales con anclaje deportivo.

Además de las IPN, los convencionales pueden presentar iniciativas de norma constitucional, trabajadas en conjunto con sus equipos y organizaciones de la sociedad civil, siempre y cuando cuenten con el apoyo de entre ocho y 16 convencionales. Cabe aclarar que de los 155 convencionales, 78 hombres y 77 mujeres, el miembro más joven tiene 20 años y el promedio de edad es de 45 años. Sin embargo, la única deportista profesional es Abarca, quien aseguró a Garra que no presentó una norma porque haya trabajado el tema dos semanas o un mes: “vengo a hablar de deporte porque llevo una vida ligada a él. Es muy importante esa conexión con la realidad de las cuestiones que discutimos”.

Sólo cuatro iniciativas convencionales de deporte fueron ingresadas y Abarca, que presentó la suya respaldada por 11 apoyos, admitió que se esforzarán por reconocer lo bueno de cada una de ellas. En el articulado final que presenten para el pleno, deberán de incluir también contenido de las IPN, sobre todo de la única vinculada al deporte que logró los 15.000 apoyos, la presentada por los hinchas de la Universidad de Chile.

Hinchas del firma a firma

Pablo Yáñez, miembro de la Coordinadora de Organizaciones Sociales de hinchas de la U que nuclea a las organizaciones de hinchas de la Universidad de Chile (U), creada específicamente en pos de una IPN que presentaron, contó a Garra que para conseguir las firmas virtuales se necesitó del “100% del mundo social de hinchas de la U. Desde agrupaciones ligadas a la protesta callejera, el movimiento antifascista, quienes dedican a la gestión social en todas las regiones de Chile, hasta otros grupos vinculados a la investigación histórica del club, compuesto por historiadores y archivistas”.

Yáñez relató que “en 15 días juntamos 15.000 firmas. Hubo mucho compromiso de parte de quienes participaban. Salieron a la calle a buscar gente, caminando y solucionando problemas que tuvieran para votar”. Recordó que como la herramienta para patrocinar las IPN requería internet, realizaron tutoriales y visitaron los hogares de mucha gente que “no está alfabetizada digitalmente”, para colaborar con el proceso de patrocinio.

Previamente, en respuesta a una situación económica adversa de varios clubes profesionales, se promulgó la Ley 20.019, de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), impulsada originalmente hacia 1998 y finalmente aprobada en 2006, por la que todas las organizaciones que participaran de la actividad profesional deportiva debieron transformarse en SAD, en corporaciones o fundaciones con un fondo de desarrollo deportivo.

La IPN de los de la U apunta a “generar cambios en la Constitución que permitan otras modificaciones en las leyes y que habiliten un modelo –no sé si de club social como era antes– pero al menos más equilibrado”, manifestó Yáñez.

Dentro de la comisión de Derechos Fundamentales, en la subcomisión de “Derecho al deporte, la recreación y la actividad física” también se presentó la IPN de Constitución Alba, de los socios de Colo-Colo. Estos no lograron el objetivo de los patrocinios, al congregar cerca de 5.000 apoyos, pero aportan su visión particular y la trabajada con Abarca.

Para Eduardo Maldonado, miembro de Constitución Alba, las dos IPN “pueden coexistir y complementarse ya que la de la U es de un tema bien específico que involucra a todos los clubes y la nuestra es general sobre la forma de concebir el deporte y la recreación”. Por la misma línea, explicó a Garra que cree que es un buen complemento de la iniciativa que presentó Abarca, y que en última instancia “se deberá llegar a un consenso para determinar el articulado a establecer en la Constitución”.

Yáñez coincidió con que ambas IPN son “abiertamente complementarias” y explicó: “Personalmente me da mucha lástima que no hayamos logrado congeniar para hacer una en conjunto, pero lo importante es que en la conversación estaremos representando a Colo-Colo y a todos los clubes en general”.

Mercantilismo del deporte

Yáñez resumió la situación que los impulsó a presentar esta IPN en que “hay gente con plata que intenta estar ligada a los clubes y esto ha sido un desastre de proporciones épicas. El efecto nocivo de una administración basada en lo mercantil y en los criterios económicos ha hecho que mucha gente abra los ojos y entienda que nos va mal porque los empresarios no tienen ningún interés en el club más que el económico”.

La solución parece venir del promocionado modelo alemán en el cual al menos el 51% de la propiedad de los clubes debe pertenecer a organizaciones sin fines de lucro. “Si tiene que haber una parte de ‘emprendimiento privado’ o de ‘inversión privada’ en los clubes podrá ser como máximo el 49% de la propiedad del club, entonces la decisión final y el poder de veto está en manos de la comunidad y de los activos sociales de los clubes”, argumentó el hincha de la U.

Más allá del paradigma final al cual se quiere llegar, “lo que está claro es que el modelo actual simplemente no puede continuar así como así. No han saneado financieramente a los clubes, todo lo contrario, están más endeudados que nunca; no se forman jugadores jóvenes con identidad y proyección hace 15 años”, remató Yáñez.

“Nosotros queremos agregarle (a la Constitución) una pequeña parte que hable de que se consagre la democracia interna en las instituciones deportivas basándose en que son un patrimonio de sus comunidades”. Pablo Yáñez

“La propuesta de la U representa a todos los hinchas del fútbol, pero no creemos que sea una cuestión que se limite al tema del deporte en particular, sino que responde al sistema económico general de la nación. El mercantilismo rige en el deporte, pero también en la salud, en las pensiones y en distintos aspectos que se discutirán oportunamente en la convención”, respaldó Maldonado.

Para el marco de algo tan relevante como la Constitución “nuestro tema es ínfimo, aunque no así el derecho al deporte. Nosotros sólo queremos agregarle una pequeña parte que hable de que se consagre la democracia interna en las instituciones deportivas basándose en que son un patrimonio de sus comunidades”, detalló el integrante de los hinchas de la U y enfatizó: “La identidad que nosotros profesamos es nuestro patrimonio y no puede ser privatizado”.

El factor social del deporte

La convencional entiende que a la hora de discutir sobre el derecho al deporte es necesario abordarlo como un derecho social: “Son muchos más que los beneficios cognitivos o emocionales, la reconstrucción del tejido social, cómo hacemos comunidad en torno al deporte y que este permita romper barreras de género e inclusión. El deporte es una herramienta de cambio tan poderosa, ¿qué mejor que considerarla como un derecho social para poder avanzar en derechos?”, reflexionó Abarca.

La IPN presentada por Colo-Colo sugiere un rol del Estado respecto a cómo garantizar el acceso y la participación universal en el deporte. “La Constitución no tiene que decir específicamente ‘el Estado tiene que construir tantas canchas’ o ‘el Estado tiene que aportar tales recursos’, sino que es importante que ya tenga mandatado un rol específico y articulación entre sus organismos”, sostuvo Maldonado y añadió: “Se debe de reconocer a las organizaciones como promotoras del deporte, las filiales y los clubes de barrio. Que también se empodere a los gobiernos locales que son los principales promotores del deporte a través de distintos planes públicos, la manutención de cancha y de espacios públicos para hacer deporte”.

El camino para construir esta IPN inició “en el club social y la formación de Constitución Alba, sumado al proceso de participación en cabildos de hinchas. Es la esencia de Colo-Colo, es lo que creemos que representa históricamente al club y fue apoyada por la directriz política e institucional que actualmente tiene el club social y deportivo”, recalcó Maldonado.

Dentro del debate constituyente los miembros de Constitución Alba identificaron que el deporte, la recreación y el ocio “estaban invisibilizados, ya que por lo general cuando se habla de deporte se habla del deporte de alto rendimiento. No sólo en el fútbol, ya que se integra al diálogo a los Juegos Olímpicos en todas sus disciplinas. Se tiene la concepción de hacer deporte netamente como un tema de actividad física para sentirse bien”.

Dentro de su IPN relevaron la importancia del deporte para la sociedad “y queremos que se reconozca a las organizaciones sociales como promotoras del deporte porque son entes muy importantes en territorio ya que generan un tejido social fundamental”, aseguraron.

En la misma línea, el representante de la U expuso: “Nada agrupa tanta gente como el partido de fútbol, la relevancia social es muy alta, pero en cuanto a políticas públicas y a la importancia que el debate político le da es baja. Es bastante raro porque es lo que más le interesa a la gente y termina siendo casi que olvidado por las políticas públicas”.

Boric y un nuevo panorama

Lejos queda el primer día de funcionamiento de la Convención en el que los convencionales se enfrentaron a un panorama “sin micrófonos, ni sillas, no cumplíamos con el protocolo de la covid-19, ni alcohol en gel y era un desastre”, bajo la presidencia de Sebastián Piñera que se extenderá hasta el 11 de marzo. “Gabriel [Boric, presidente entrante de Chile] dio una señal muy clara cuando el segundo día como presidente electo fue a la Convención Constitucional”, recordó Abarca y sentenció: “Para él lo más importante que está pasando hoy en Chile es la nueva Constitución”.

Maldonado, por su parte, reconoció que “con la nueva presidencia por lo menos se augura que el proceso llegue a término y que se logre crear una nueva Constitución”. “Ahora hay un presidente progresista, que prometió en su programa de campaña modificar la ley de las SAD, o sea que estamos en consonancia con el gobierno actual”, destacó Yáñez.

Gracias a que los tiempos apremian, “hemos perdido tiempo de diálogo interno político y priorizamos el trabajo sobre la norma y el voto. Igualmente, tras bambalinas suceden las reuniones políticas en las que los distintos colectivos tratan de observar cómo van sus normas”, reconoció Abarca. En el horizonte del proceso constituyente deben entregar la versión final aprobada por el pleno de los convencionales para el 4 de abril del presente año, aunque pueden solicitar una única extensión de tres meses. Luego el pueblo chileno dirá si aprueba o rechaza esta nueva constitución en un plebiscito.