En un documento con fecha del pasado 14 de octubre, el Órgano de Instrucción de la Comisión de Ética de la Conmebol da cuenta de una denuncia anónima –recibida a través de su “canal de denuncias”– contra Nacional y Cerro por presuntas infracciones a la normatividad deportiva.
En concreto, la denuncia sostiene que hubo “compromisos antideportivos” entre los clubes mencionados, mediante la “venta de localías”, y se funda en una declaración del vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, en la radio El Espectador Deportes, en el programa Las voces del fútbol, el 22 de setiembre, que se describe así: “El presidente de un club en Uruguay informó públicamente que pactó con un club con necesidad económica que abandone su localía en el enfrentamiento mutuo. También confirmó haber pactado que el club al que le dio el dinero sí jugaría como local ante el rival clásico”.
Si bien hay un recorte de audio donde se escucha a Perchman hablar sobre el acuerdo, el vicepresidente albo días pasados desmintió el pacto entre los clubes. Voy a hablar de este tema por última vez, aunque ustedes no me lo hayan preguntado. Nacional nunca le pidió a Cerro que Peñarol jugara en el Tróccoli. El presidente de Cerro fue el que nos dijo que, como Nacional estaba tomando una postura de ayuda a Cerro, no había ninguna chance de que Peñarol jugara fuera del Tróccoli”, dijo Perchman en una conferencia de prensa.
El texto de la denuncia sostiene que “estos pactos incluso van en contra de la ley uruguaya y afectan el normal desempeño de los clubes, favoreciendo a unos y perjudicando a otros”. “Es una práctica normalizada que involucra a equipos con mayor poder económico y otros que se encuentran siempre en situaciones financieras complejas, desnaturalizando el normal desarrollo de los torneos. En este caso puntual serían Nacional y Cerro”.
El Órgano de Instrucción de la Comisión de Ética de la Conmebol, por intermedio de su presidente, Rudolf Fischer, resolvió trasladar la denuncia a la Comisión de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol, “debido a que la supuesta conducta denunciada parece ser competencia del referido órgano judicial”.
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