El precio de paridad de importación (PPI) es una referencia teórica que realiza la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (URSEA) sobre cuánto costaría a un privado comprar crudo y procesarlo para vender combustibles en Uruguay. Si bien se calcula desde hace años, a partir de la ley de urgente consideración (LUC) el PPI pasó a ser tema recurrente y de polémica dentro de ANCAP, entre los actores vinculados a los combustibles y a nivel político. Es que será la nueva referencia que tendrá el Poder Ejecutivo para fijar las tarifas a partir de 2021, en un esquema apoyado por todos los partidos políticos tras las diferencias en la coalición que hicieron naufragar la desmonopolización.

Lo primero que hizo la URSEA tras la aprobación de la LUC fue comenzar un proceso de actualización de la metodología de cálculo del PPI y lo puso a consulta pública. El pasado lunes se divulgó el primer informe con los nuevos criterios, que corresponde a los precios de mercado de octubre y dio como resultado que el gasoil está seis pesos arriba del precio teórico de importación, y las naftas, 1,36 pesos más.

Sin embargo, según supo la diaria, ANCAP recurrirá por la vía administrativa la resolución de la URSEA, lo que se resolverá en la reunión de directorio de este martes. Esto porque entiende que para calcular los distintos componentes de la cadena de precios se tomaron valores no ajustados a la realidad del negocio. Es decir que el ente entiende que el PPI debería ser más alto y por ende la brecha con el precio al público, menor. La petrolera estatal ya había hecho una presentación en octubre cuestionando esos puntos, cuando la metodología estaba en consulta pública.

En un documento interno de ANCAP se explica que “los errores conceptuales y cuantitativos en la determinación del PPI llevan a la fijación de ingresos inferiores a los que resultarían de un mercado de libre competencia: crea una ficción que no tendría lugar; el mercado libre transaría a precios superiores”. Básicamente, la empresa entiende que la referencia que regirá desde 2021 —el gobierno ya adelantó que establecerá un cronograma gradual para pasar al nuevo sistema— es demasiado exigente y no refleja el nivel al que podría vender combustible un eventual competidor.

“La remuneración resultante no devuelve un retorno mínimo sobre el capital necesario para el abastecimiento del mercado uruguayo”, dice el documento. Fuentes de ANCAP dijeron a la diaria que la referencia actual del PPI está entre 120 y 130 millones de dólares al año por debajo de lo estimado a la interna de la empresa. Ese desbalance tendrá efecto en los números de ANCAP, que previo a la vigencia del nuevo esquema de tarifas estima que tendrá pérdidas este año por 70 millones de dólares por la diferencia del tipo de cambio.

Entre otras cosas, ANCAP cuestiona del PPI que divulgó la URSEA que se tome como referencia del precio internacional del crudo los valores de la Costa del Golfo; los costos del flete marítimo, de los alijos —se fijó “un valor arbitrario” con información de 2017— y de las multas y demoras por esta operativa portuaria; los tiempos exiguos que se toman para hacer todo el proceso y no correr riesgo de desabastecimiento, con sus correspondientes costos asociados —la URSEA plantea 15 días cuando “no baja de 40 días”—; y que el margen por realizar toda esta actividad para ANCAP “no refleja la retribución esperada por un agente económico racional que actúe en el mercado mayorista”.

Advertencia por desabastecimiento y “los embates que vendrán” contra ANCAP

Entre los dirigentes del Frente Amplio (FA) circuló en los últimos días un documento titulado “Lo barato sale caro”, que recoge comentarios vinculados al PPI y el futuro de ANCAP. Así lo informó el jueves pasado el semanario Búsqueda, y la diaria confirmó que el contenido es atribuible a la coalición de izquierda.

Allí se plantea que con los días de cobertura incluidos en el cálculo del PPI “seguramente tendríamos desabastecimiento con bastante frecuencia”, aunque se aclara que “para evitar ese quiebre de stocks, ANCAP deberá contar con instalaciones de almacenamiento y volúmenes de productos mayores a los que URSEA reconoce, deteriorando así su estado económico-financiero”.

Según el FA, esta diferencia de criterios “no es casual”, sino que tiene una intención detrás: “La URSEA está funcionando como brazo ejecutor del gobierno para conducir a ANCAP a la ruina y lograr la desmonopolización que no se pudo conseguir a través de la LUC”. Esto porque como asume la petrolera estatal en el documento interno, sería difícil que obtenga rentabilidad con la nueva referencia para los combustibles.

“Es notoria la deliberada interpretación de la URSEA para adoptar como eficientes los valores mínimos que obtiene de datos recogidos de otros mercados o mediante cálculos no explicitados, para mantener falsamente los precios de referencia en los niveles determinados por ella anteriormente. Precios eficientes son aquellos que cumplen la condición de ser los menores valores, pero atendiendo simultáneamente las condiciones requeridas del servicio que se presta y en situaciones reales de entorno”, explica respecto a la metodología del PPI.

Además, se critica que el interés del gobierno se centre en el primer tramo de la cadena de abastecimiento de combustibles, esto es hasta la salida de la planta de ANCAP. Desde hace algunas semanas funciona en la órbita del Ministerio de Industria, Energía y Minería un comité de expertos designado por el gobierno que efectuará “una revisión integral del mercado” de combustibles, incluyendo impuestos y subsidios que inciden en el precio al consumidor, y también de la ley de agrocombustible, que obliga a ANCAP a comprar biodiésel y etanol para la mezcla a Alcoholes del Uruguay. “Resta aún ver qué embates vendrán para el sector de los combustibles”, concluye el FA.

Por otra parte, el director frenteamplista de ANCAP, Walter Sosa, presentó una moción para que la empresa reclame por vía administrativa por no haber sido incluida en el comité de expertos. Los directores oficialistas no lo apoyaron y el tema ni siquiera llegó a tratarse, pero Sosa pidió que quedara registro en actas de su solicitud.