La pandemia de covid-19 supone una serie de desafíos inéditos para nuestra época. La prioridad y las respuestas inmediatas se han enfocado en la contención del virus y la salud humana, pero a medida que la pandemia avanza, la vulnerabilidad socioeconómica de algunos sectores se agudiza y la necesidad de medidas que trasciendan la emergencia sanitaria se hace imperante.
Será la primera vez desde 1998 que la pobreza global por ingresos aumente. Se prevé además que el comercio mundial disminuya 32% y que el PIB de América Latina y el Caribe caiga más de 9% para este año (BID, 2020b). Esto implica que, además de los efectos inmediatos de la pandemia, existirán otros de largo alcance, que condicionarán el desarrollo humano en el mediano plazo. Históricamente, las crisis económicas han sido sucedidas por fuertes paquetes de estímulos, que en muchos casos determinaron el devenir durante las décadas siguientes. Hasta aquí, nada nuevo. Ahora bien, ¿cuáles son los impactos ambientales de la pandemia? ¿Y los de la “recuperación”?
En este suplemento en agosto hablamos de la recuperación verde e inclusiva como oportunidad para una reconstrucción.1 En aquel momento nos preguntamos: ¿debemos realmente regresar a lo mismo, o podemos avanzar hacia algo nuevo? A continuación, algunas consideraciones.
Hasta ahora, el fenómeno covid-19 está marcando un hito en términos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel global: se prevé que caigan hasta 8% respecto del año anterior (IEA, 2020b), significativamente más que durante la Segunda Guerra Mundial (4% en promedio anual) y más aún que durante la última crisis financiera de 2008-2009 (1%) (Hepburn et al., 2020). Entonces, ¿qué pasará una vez que todo vuelva a la “normalidad” y se levanten las restricciones de movilidad?, sobre todo teniendo en cuenta que las emisiones de GEI deberían disminuir 7,6% cada año para que el aumento de la temperatura promedio no supere los 1,5 °C en la próxima década (PNUMA, 2019).
Incorporando otros aspectos, la pandemia también trajo asociada cierta disminución en la presión sobre los ecosistemas. Si se compara la huella ecológica con la biocapacidad de la Tierra, se puede determinar en qué momento del año agotamos los recursos que el planeta puede abastecer de forma sostenible. En otras palabras, el 22 de agosto consumimos todos los recursos que la Tierra puede generar este año; a partir de esa fecha ya estamos consumiendo recursos por encima de la capacidad natural de regeneración del planeta, hipotecando los recursos de los años siguientes. Según la Global Footprint Network, esta fecha tendía a adelantarse cada vez más en el año, y se atrasó excepcionalmente por la pandemia. En ese sentido, en 2019 la capacidad de recursos del planeta se agotó el 29 de julio.
La covid-19 abrió una ventana de oportunidad para dar un salto hacia una transformación estructural en nuestro modo de vida, hacia economías limpias y verdes. Sin embargo, persiste el riesgo de que la recuperación genere un “efecto rebote”, cuya foto anticipada se puede ver en China: las emisiones mostraron un repunte tras el control de los principales focos epidemiológicos y la posterior reapertura económica y levantamiento de restricciones. Para peor, la pandemia redundó en un mayor uso de vehículos particulares para evitar el potencial contagio en medios de transporte público. Asimismo, el menor consumo de energía hundió el precio del petróleo, haciendo que muchos proyectos de energía renovable dejen de ser competitivos frente a la alternativa fósil. Este es un fenómeno que ralentiza la transición energética a nivel global. Preocupa también la vuelta a materiales descartables en ámbitos en los que se venía avanzando en mayor o menor medida con la cultura de las “tres erres”: reducir el consumo, reutilizar, reciclar.
En efecto, más allá del reto que implica superar la pandemia y sus impactos, no debemos olvidar que los problemas ambientales y climáticos se presentan como uno de los grandes desafíos que marcarán la agenda global del siglo XXI (Río+20, 2012). La respuesta a la pandemia y sus efectos debe, entonces, estar coordinada con las estrategias de respuesta al cambio climático, así como con el desarrollo de políticas ambientales en materia de biodiversidad, residuos, calidad de agua, etcétera. En definitiva, se trata de fenómenos con interacciones complejas que están estrechamente relacionadas.
Así, las soluciones y alternativas para hacer frente a los efectos socioeconómicos de la covid-19 deben centrarse en una reconstrucción social y ambiental sostenible (build back better”).2 Se trata de una oportunidad única que requerirá transformaciones estructurales, voluntad política, acuerdos internacionales, legitimidad por parte de la sociedad y solidaridad intergeneracional. Lejos de ser un obstáculo, una estrategia global de recuperación verde puede ser una inversión inteligente, rentable y sostenible en el tiempo. Veamos algunas alternativas.
Infraestructura sostenible
Los estímulos para reactivar las economías se destinan, en gran medida, a inversiones en infraestructura, que pueden traducirse en crecimiento económico, empleo, integración internacional y exportaciones. Estas inversiones, por sus montos, suelen ser de largo plazo, lo que da forma a las economías durante décadas. Por ello, deben priorizarse las inversiones que sean en infraestructura sostenible; aquellas que, a lo largo de todo su ciclo de vida, desde su planificación y diseño hasta su operativa y posterior desmantelamiento, minimizan las emisiones de gases de efecto invernadero, son resilientes a los efectos del cambio climático y los desastres naturales, y minimizan la contaminación local del aire, el agua y la generación de desechos sólidos y peligrosos (BIDa, 2020). Teniendo en cuenta el aumento sistemático de eventos extremos asociados al cambio climático, no sólo en frecuencia sino en intensidad, invertir en infraestructura sostenible y resiliente es una decisión financieramente racional, que además genera externalidades positivas sobre la salud humana y los ecosistemas locales. Si estas inversiones no incorporan una perspectiva ambiental y social de largo plazo, pueden incluso terminar siendo antieconómicas, dados los gastos defensivos necesarios para paliar impactos en ambiente y salud, y para hacer frente a costos operativos y de mantenimiento extraordinarios.
Infraestructura natural
Parte de la inversión debe dedicarse a la conservación de la infraestructura natural o verde. Se trata de aquellos ecosistemas naturales que proveen servicios alternativos a los de la infraestructura tradicional. Así, los árboles de calles, plazas, parques y jardines urbanos brindan servicios para la salud y el bienestar de la población en contextos de ciudades resilientes: pueden contener el agua en momentos de tormenta, aislar térmicamente las edificaciones, conteniendo la demanda energética para calefacción y el efecto de las islas de calor en las ciudades, a la vez que purifican el aire y secuestran carbono, y ofrecen espacios de esparcimiento y entornos más agradables. Esta transición hacia ciudades verdes, y su posterior funcionamiento, ofrecen a su vez oportunidades de empleo –verde–, tan necesarias en este momento.
Finanzas sostenibles
Estamos ante un momento propicio para impulsar las finanzas sostenibles, en el que las cuestiones ambientales y sociales toman protagonismo en las decisiones de inversión. Así, se podría subsidiar con tasas más bajas y períodos de repago más largos aquellos proyectos que cumplan con ciertos criterios ambientales, adaptar los valores de referencia en las evaluaciones de inversión a parámetros verdes, coberturas de seguros para riesgo de desastres, garantías de deuda verdes, menores tasas de descuento para proyectos sostenibles. Estas son medidas que, de alguna manera, implican incorporar la sostenibilidad ambiental de los proyectos en la ecuación del análisis de riesgo crediticio. Del otro lado, castigar impositivamente las inversiones intensivas en carbono, o bien fijar un precio del carbono, emergen como alternativas para reprimir las “inversiones grises”. En otras palabras, los impactos ambientales deben incorporarse al sistema financiero, castigando o promoviendo económicamente los proyectos de acuerdo a sus potenciales impactos ambientales, de modo de que los precios arrojen las señales correctas.
Agricultura urbana
La agricultura urbana y comunitaria es una solución de baja inversión que tiene múltiples potencialidades. Entre ellas: I) aumentar la soberanía alimentaria; II) generar empleo –verde–; III) mejorar la dieta y la salud de las personas, así como la interacción y el empoderamiento social de los ciudadanos, y su sentido de pertenencia a la comunidad; IV) apuntalar el consumo local; y V) reducir los precios minoristas y los costos logísticos, de almacenamiento y de las emisiones asociadas al transporte desde el campo a la ciudad. Según estimaciones del Banco Asiático de Desarrollo (2020), cultivando en 10% de los espacios verdes de una ciudad promedio se garantiza la cobertura de 15% de la dieta básica de la población local.
Fortalecimiento de capacidades
Si algo ha reforzado la pandemia es la importancia de la ciencia para dar respuesta a las necesidades de la sociedad. Invertir en ella será fundamental para llevar a cabo las innovaciones necesarias para desarrollar soluciones sustentables que garanticen el desarrollo sostenible en el largo plazo.
Valorización de residuos
La valorización de residuos implica transformar un pasivo ambiental en un activo de la economía a través de su procesamiento en clave de economía circular. Para ello, se hace necesario repensar el modelo productivo vigente, de forma de transitar desde una economía basada en cadenas de valor lineales y de descarte, como la actual, hacia una economía circular de redes de valor, pensada como un sistema regenerativo, de reutilización, reprocesamiento, remanufactura y reciclaje de los materiales dentro del ciclo de vida de un producto (entendiendo el residuo no como basura, sino como un producto en sí mismo capaz de generar nuevos subproductos). No se trata de un mero capricho ambiental, sino de diseñar productos y procesos que sean circulares desde su concepción, para dar lugar a alternativas que generan valor, empleo –verde– y posibilidades de acceso a mercados internacionales exigentes.
Turismo sostenible
Turismo sostenible refiere al uso sostenible de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos culturales, respetando la identidad sociocultural de las comunidades receptoras y proporcionando beneficios socioeconómicos. De hecho, el Ministerio de Turismo promueve este segmento con la entrega del Premio Pueblo Turístico y el desarrollo del Sello Verde Turístico (SVT), proyecto originado en el Grupo Interinstitucional de Trabajo en Economía Verde e Inclusiva. El primero impulsa proyectos de desarrollo local mediante el aprovechamiento y la valorización de atributos patrimoniales y ambientales propios de la localidad y su entorno inmediato, apuntando al desarrollo local sostenible y a la diversificación de la oferta turística. Por su parte, el SVT tiene como objetivo promover la sostenibilidad turística entre los actores del sector y los visitantes mediante un modelo de promoción y reconocimiento de buenas prácticas socioambientales. En un contexto de crisis sanitaria y cierre de fronteras, es relevante no sólo promover, sino también apoyar este tipo de iniciativas que apuestan al valor turístico de costumbres, patrimonio, identidad, bienes y saberes de cada territorio. Además, descentralizan el turismo, típicamente concentrado en la costa este del país.
Compras públicas sostenibles
Otros incentivos económicos para enverdecer la recuperación se pueden formular desde las compras públicas sostenibles, en aquellos sectores en que el Estado es gran demandante de bienes y servicios y puede tener mucha incidencia en el mercado. En una encuesta realizada en 2019 a empresas medianas y grandes de Uruguay, el porcentaje que estaría dispuesto a reducir sus emisiones de GEI crece en un escenario de exigencias por parte del Estado como comprador (REDD+ Uruguay, 2020).
Entonces, ¿debemos realmente regresar a lo mismo o es mejor avanzar hacia algo nuevo? Como ya mencionamos en el artículo de agosto, el modelo económico actual presenta claros problemas de sostenibilidad, acentuados por los efectos de la variabilidad y el cambio climático. La contaminación del aire y el agua, la erosión del suelo y la pérdida de biodiversidad son evidentes. La respuesta parecería simple. Sin embargo, hasta abril los países del G20 han destinado 7,3 billones de dólares en más de 300 medidas para paliar la crisis derivada de la covid-19, de las cuales sólo 4% son consideradas “verdes”, es decir, con potencial para reducir los GEI en el largo plazo (Hepburn et al., 2020). Entonces, si la recuperación no es verde, ¿podemos llamarla recuperación o se trata de aplazar el problema?
Federico Rehermann - Grupo interinstitucional de trabajo en economía verde e inclusiva.
Referencias
Banco Asiático de Desarrollo (2020). 6 Ways to Jumpstart a Green Recovery from COVID-19.
Banco Mundial (2020). Proposed Sustainability Checklist for Assessing Economic Recovery Interventions April 2020.
BID (2020a). Salir del túnel pandémico con crecimiento y equidad: una estrategia para un nuevo compacto social en América Latina y el Caribe.
BID (2020b). Infraestructura y empleo en América Latina y el Caribe.
C40 Cities (2020). Global Mayors COVID-19 Recovery Task Force.
CEPAL (2020). El rol de las políticas fiscales en la recuperación verde de la COVID-19: experiencias, buenas prácticas y próximos pasos en América Latina y el Caribe.
Donor Committee for Enterprise Development (2020). Using Private Sector Development to achieve a Green Recovery in the context of the COVID-19 Pandemic.
FMI (2020). Greening the Recovery.
Hepburn, C, O’Callaghan, B, Stern, N, Stiglitz, J y Zenghelis, D (2020). Will COVID-19 fiscal recovery packages accelerate or retard progress on climate change?
International Energy Agency, IEA/IMF (2020a). World Energy Outlook Special Report: Sustainable Recovery_.
International Energy Agency, IEA (2020b). Global Energy Review 2020.
International Energy Agency, IEA (2020b). Green Stimulus after the 2008 Crisis.
Naciones Unidas, UN (2020). Climate change and COVID-19: UN urges nations to ‘recover better’
Naciones Unidas, Secretaría General (2020). Six climate-related actions to shape the recovery.
Proyecto REDD+ Uruguay (2020). Percepción del sector empresarial de Uruguay sobre emisiones y su compensación.
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ladiaria.com.uy/economia/articulo/2020/8/la-recuperacion-verde-e-inclusiva-como-oportunidad/ ↩
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El objetivo es aumentar la resiliencia de las naciones y comunidades después de un desastre. Esto se logra cuando se integra a la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción de la infraestructura física y los sistemas sociales medidas de reducción del riesgo a nuevos desastres. ↩