La pandemia de covid-19, enfermedad provocada por el nuevo coronavirus SARS-Cov2, ha traído consigo una profunda crisis económica de escala global.

Desde distintos espacios, la sociedad civil ha denunciado problemáticas que han quedado de manifiesto y que se han profundizado a raíz de esta contingencia sanitaria. En la región latinoamericana, las medidas que se han implementado para detener la propagación del virus y disminuir los contagios evidencian las profundas desigualdades prevalecientes.

El lema “quedate en casa” no toma en cuenta la precariedad habitacional; los protocolos de higiene no contemplan la falta de acceso a agua limpia y saneamiento en la que viven muchas poblaciones. Los sistemas de salud pública precarizados dan cuenta de años de ajustes estructurales en los cuales la mayoría de los países de la región redujeron drásticamente su inversión en políticas sociales. Y la falta de sistemas adecuados de cuidados ha provocado que la carga de estas tareas, ya desproporcionadamente en manos de las mujeres, profundicen las desigualdades de género.

Como se expresa en el Llamado Global a la Acción de la Red-DESC (red internacional de derechos humanos presente en más de 75 países): “Los gobiernos y las empresas están imponiendo elecciones imposibles: entre el contagio o el hambre; el trabajo peligroso o el desempleo, rescates corporativos o la ruina, la seguridad personal o la salud pública”.

En este contexto, las predicciones son alarmantes. La contracción económica en América Latina se proyecta para 2020 en 9%, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La tasa de desempleo, según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, aumentará cinco puntos porcentuales en la región, pasando de 8% en 2019 a 13% en 2020. Esto significa que unos 44 millones de personas estarán desempleadas al finalizar el año. También la pobreza se incrementará significativamente, y llegará a unos 230 millones de personas de acuerdo a la CEPAL, lo cual representa 37% de la población latinoamericana.

A nivel global, se espera al menos un desplome de 5% de la economía, según datos del Banco Mundial. Resulta indignante, entonces, observar que los empresarios más ricos del mundo se han seguido enriqueciendo. Según la revista Forbes, los hombres más ricos del mundo han aumentado su riqueza significativamente entre marzo y agosto de 2020. Destaca el caso de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, que detenta el primer lugar del ranking, quien incrementó su riqueza en 76.000 millones de dólares en ese período.

Asimismo, hemos observado como las empresas han ejercido presión sobre los gobiernos para que ciertos sectores se reactiven tempranamente, mientras que las medidas de cuarentena o distanciamiento social siguen vigentes para el resto de la sociedad. Es el caso de las empresas mineras en México, que lograron colarse entre los sectores denominados “esenciales” y reanudar operaciones cuando el país se encontraba en el pico de la epidemia. Lo mismo ocurrió con otros sectores, en particular en la construcción, que volvió a operar tempranamente en varios países de la región, incluido Uruguay. También las empresas del sector de envíos y repartos han incrementado significativamente sus actividades, y por tanto sus ingresos, sin por ello aportar mayores beneficios a sus asociados. Particularmente, las plataformas en línea que suelen ofrecer empleos precarizados han aumentado su actividad, no siempre cumpliendo con medidas adecuadas de salubridad, ni brindando respaldos a sus asociados en caso de contraer el virus por realizar este tipo de trabajo.

Otro elemento a considerar son los paquetes de rescate económico que se están discutiendo actualmente. En Perú se prevé una inversión de 25.000 millones de dólares, equivalente a 12% de su PIB, mientras que en Argentina se estima en unos 5.700 millones de dólares y en Chile, en 10.000 millones de dólares. Será clave analizar cómo se van a distribuir esos recursos, cuánto de ello irá para subsidios a empresas y a qué tipo de empresas se les asignarán. El gran capital no necesita ser rescatado, sino apostar por invertir en sus trabajadores y trabajadoras y pagar impuestos para que los estados puedan garantizar políticas públicas que beneficien a las poblaciones más vulnerables.

Sumado a ello, el Fondo Monetario Internacional ha puesto a disposición 250.000 millones de dólares en el contexto de la crisis por la pandemia. Sin embargo, aunado a las exigencias de transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos, la entidad ha vuelto a motivar la implementación de ajustes estructurales a los países que accedan a esos préstamos. Y bien sabemos en América Latina de esos ajustes, que causaron estragos en los años 90, muchos de los cuales se siguen observando hasta hoy.

Frente a la coyuntura actual, será fundamental que los estados tomen decisiones que beneficien a su ciudadanía, protejan a las poblaciones más vulnerables y busquen activamente reducir las enormes desigualdades prevalecientes. Salir de esta crisis aplicando políticas neoliberales, mientras las grandes empresas y los millonarios continúan enriqueciéndose, es algo que no nos podemos permitir. Los presupuestos públicos deberán tener una distribución adecuada, que se enfoque en las políticas sociales más urgentes, y la sociedad civil tendrá que continuar vigilante y exigiendo el respeto cabal a los derechos humanos en la respuesta.