Desde noviembre una comisión de expertos con representantes de los partidos políticos y los sectores sociales estudia la reforma del sistema de jubilaciones, una de las prioridades que trazó el gobierno, que aspira a concretarla en 2021.
Uno de los primeros mojones del trabajo de esa comisión de expertos es presentar un diagnóstico de la situación actual ante Presidencia de la República; el plazo que se votó en la ley de urgente consideración (LUC) se extiende hasta los primeros días de febrero. Luego tendrá tres meses para elaborar recomendaciones de reforma que presentará al gobierno, el que tendrá la palabra final cuando envíe el proyecto al Parlamento, lo que se estima para mediados de 2021.
Este martes el PIT-CNT organizó una conferencia de prensa en la que aseguró que “no es posible cumplir con esos plazos y dar una discusión real”. “Durante dos meses estuvo trabajando la comisión de expertos, se recibió a más de 40 delegaciones que fueron a exponer sobre el presente y el futuro de la seguridad social, un trabajo que reconocemos fue muy intensivo e importante, pero durante esos dos meses no hubo un trabajo colectivo para la construcción de un diagnóstico”, afirmó Ramón Ruiz, el director del Banco de Previsión Social (BPS) por los trabajadores.
El borrador del diagnóstico fue presentado el 28 de diciembre y hoy comienza a ser discutido por la comisión de expertos. “Es imposible que en 20 días pueda haber una verdadera discusión con un trabajo colectivo, en la que cada una de las organizaciones políticas y sociales pueda procesar la información y tomar una posición respecto de este diagnóstico”, detalló Ruiz.
“Entendemos que se necesita más plazo. Originalmente en la primera versión de la LUC se hablaba de un plazo de un año, y luego en la discusión parlamentaria ese plazo se redujo a la mitad. Un tema tan importante como la seguridad social, que seguramente va a impactar a todos los ciudadanos, esa discusión y reforma tiene que ser con diálogo y la sociedad tiene que estar informada”, agregó el representante de los trabajadores.
Para Ruiz “es muy difícil dar una discusión real, con un método de trabajo colectivo y eso sin dudas va a poner en riesgo la calidad del resultado que se pueda obtener en este proceso”.
El PIT-CNT planteará, en conjunto con la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU), que se amplíe el plazo para finalizar el diagnóstico. De hecho, la LUC prevé una situación como esta y en caso de que la comisión de expertos solicite una prórroga de tiempo, el Poder Ejecutivo tiene las facultades para otorgarla.
Ruiz considera que el pedido “es razonable, un tema tan importante no se puede definir en tan poco tiempo, estamos hablando de los derechos de la gente, si se va a discutir una reforma de la seguridad social, se tiene que hacer con las mayores garantías y una participación real de la sociedad”.
Más participación de diferentes actores
Una de las mayores preocupaciones para el PIT-CNT es la falta de información sobre el tema en la sociedad. Para Ruiz, “la gente tiene que entender la importancia del tema y cuáles son los desafíos futuros, sino el resultado de toda esta discusión no va a tener legitimidad porque la gente no va a entender el contenido de esos cambios”.
Para comprobar esa sensación, Ruiz citó la encuesta de opinión pública de Equipos Consultores que encargó la comisión de expertos y se presentó a principio de mes. La encuesta, que se hizo a 1.600 personas, arrojó algunos datos que el representante de los trabajadores subrayó para demostrar la falta de conocimiento y participación.
Por ejemplo, según la encuesta, el BPS tienen un alto porcentaje de confianza, con más de 50% de los encuestados diciendo que confía “mucho o bastante” en la institución, mientras que 62% desconfía de las administradoras de fondos previsionales.
Casi la mitad de los encuestados dicen que la reforma de la seguridad social tiene que ser una prioridad para el país, pero un elevado número opina que “lo que verdaderamente es urgente es una reforma de la caja policial y militar”, señaló Ruiz.
En la encuesta también se indica que 78% de los uruguayos rechaza el aumento de la edad de retiro y sólo 10% tiene una idea clara sobre la comisión de expertos que está discutiendo el futuro de la seguridad social.