La reforma del sistema de jubilaciones es una de las prioridades que trazó el gobierno y que aspira a concretarla en 2021, aunque el proceso de análisis ya comenzó. Desde noviembre trabaja una comisión de expertos con representantes de los partidos políticos y los sectores sociales, liderada por el abogado especializado en seguridad social y ex presidente del Banco de Previsión Social (BPS) Rodolfo Saldain, quien dialogó con la diaria sobre lo hecho y los desafíos que vienen para elaborar una recomendación de reforma.

¿Cómo avanza el trabajo de la comisión de expertos y qué plazos manejan para presentar el primer informe?

Ya recibimos a 42 delegaciones y ahora vamos a entrar en unos días de receso hasta el martes 12, cuando volveremos a la actividad. El objetivo será tratar de avanzar y consensuar el primer producto que tenemos que entregar, que es un informe diagnóstico del sistema. En los primeros días de febrero termina el plazo de 90 días [que estableció la ley de urgente consideración]. Hubo un buen clima de trabajo, con aportes muy valiosos de todos los integrantes, con mucho diálogo con las entidades e instituciones a las que hemos recibido, también con aproximaciones a experiencias internacionales como la de Suecia.

¿Qué datos o información le llamaron más la atención de cara a la reforma?

Probablemente lo más importante y lo que más llamó la atención es la revisión de la población [proyectada para 2100], que implicó un sacudón fuerte para todos, porque es una revisión demográfica de Uruguay. Intuíamos que algo ocurría en virtud de la baja en la tasa de fecundidad, pero los números son elocuentes y obviamente esto será parte importante del fundamento de la reforma. El achicamiento de la población en edad de trabajar y el crecimiento en términos absolutos y relativos de la población de mayor edad son un desafío bien grande.

¿Qué considera más preocupante de esa proyección?

A partir de 2040 se entrará en un declive de la población, que ya sabíamos que Uruguay iba a tener, pero ahora se sitúa en un escenario de envejecimiento extremo. Eso, en términos de la seguridad social, significa que el financiamiento por solidaridad intergeneracional del régimen de reparto [que administra el BPS] tiene una restricción muy marcada por el peso o el tamaño de la mochila que vamos a poner sobre los trabajadores de las próximas décadas. Eso ocurrirá, además, en un contexto laboral presuntamente más inestable y precario que el del siglo pasado. Es decir, habrá menos trabajadores en un contexto más inestable para sostener una población mayor. Es un escenario muy complicado para transitar sin afectar recursos que son imprescindibles para otras áreas.

Con base a eso que dice, ¿una de las decisiones a tomar es qué jubilaciones subsidiar? Porque de un estudio del Cinve [Centro de Investigaciones Económicas] surge que la mayoría de los jubilados recibirá más que lo que aportó en su vida activa.

Correcto, buena parte de las jubilaciones no se financiarían con el aporte personal y patronal, sino que requieren que una parte se financie con otros fondos. En definitiva, que lo pague un tercero. Ese método funcionó bien cuando la población crecía siempre, había nuevos contingentes de trabajadores en mayor número que jubilados y podían asumirlo. Pero ese escenario cambia radicalmente cuando hay una demografía como la de Uruguay, en la que cae el número de trabajadores en actividad. Sobre el tema de los subsidios, el punto es a quién subsidiar, cómo y por qué vía; no es lo mismo una jubilación mínima de personas con carreras laborales incompletas que una de colectivos de ingresos medios o medios altos. Es una discusión que la sociedad deberá dar: si considera bien que otros financien beneficios de sectores que no están en situación de carencia de ingresos.

También surge del trabajo del Cinve que la gente aporta en promedio la mitad de su vida activa para la jubilación y que muchos no llegarán a cumplir los requisitos. ¿Cómo se encara eso?

Los historiales laborales de buena parte de las personas, sobre todo de mujeres y trabajadores de ingresos bajos, tienen muchos baches o lagunas de aportación. Esa situación debe ser contemplada en la reforma y de diferentes maneras; voy a dar mi punto de vista personal porque este tema no ha sido examinado aún por la comisión. Uruguay tiene un sistema de prestaciones no contributivas que tiene más de 100 años y busca dar cobertura a los adultos mayores para evitar situaciones de pobreza, por medio de transferencias de tipo fiscal. ¿Cómo está diseñado hoy ese sistema? Diría que con demasiadas restricciones, y eso fue lo que en buena medida llevó a que se buscaran alternativas no siempre adecuadas para obtener una jubilación, porque no se podía acceder con facilidad a una prestación no contributiva. Pienso que, por las características del mundo del trabajo actual, se va a requerir un pilar 0 o no contributivo más potente que hoy, que asegure un beneficio mínimo y lo haga contemplando todos los ingresos de la persona, incluso por actividades de otra naturaleza, no sólo laborales. Que reconozca también los aportes que la persona haya hecho, aunque no llegue al mínimo de años. Esa sería una forma bastante razonable de mantener un nivel de cobertura o incluso mejorarlo, sin alterar el sistema contributivo.

¿La opción sería quitar o reducir los subsidios a los sectores de más ingresos y potenciar más el subsidio a los que no llegan a las condiciones para jubilarse?

Podría ser; de todas formas, el mayor costo [por el pilar 0 o no contributivo] es relativo, porque hoy tenemos a más de 95% de las personas mayores recibiendo un beneficio. Pasa que lo han obtenido de formas que no son aconsejables, como pruebas testimoniales o reconocimientos fictos. El que sugiero sería un esquema más transparente.

Sobre la edad de retiro, parece haber consenso de ir hacia un esquema de incentivos en función de la edad. ¿La relación entre edad y tasa de reemplazo será más exigente que hoy?

Es prematuro decir qué pasará, pero parece claro que vidas notoriamente más largas como las que estamos teniendo en comparación a lo que existía cuando se fijaron los actuales valores requieren buscar alternativas de extender el tiempo de actividad laboral. Eso es un punto fuerte y será tema de un próximo seminario que haremos con la Organización Internacional del Trabajo, para analizarlo a la luz de las experiencias de países con similares estructuras demográficas.

¿La comisión mantiene la postura de incluir recomendaciones meramente técnicas sobre las cajas paraestatales y no contemplar aspectos de economía política? Me refiero a la viabilidad de implementar esos cambios.

En lo personal entiendo que tenemos que hacer un esfuerzo por tratar de hablar con el mayor rigor técnico posible y transmitir los puntos de vista adecuadamente fundamentados, sin que estemos atados o contenidos por lo que podría ser una futura viabilidad política de las ideas que se manejen.