El futuro referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) incluye tres artículos que dispararon cambios en Ancap, el mercado de combustibles y el sistema de fijación de tarifas. El oficialismo lo defiende y argumenta que asegura precios alineados al valor del petróleo; para quienes promueven la derogación, se ataca el rol social de Ancap y se afecta a la población con ajustes mensuales.
Gerardo Rodríguez, de Federación Ancap: “Se limita a Ancap a que sea una cáscara vacía”
¿Por qué cuestionan los artículos 235, 236 y 237 de la LUC?
Ancap tiene un rol social y productivo para el desarrollo del país. En lo social, a través de subsidios tiene una herramienta para favorecer a los sectores de menores ingresos, por ejemplo, con el supergás. También a la producción de biocombustible [de ALUR, que tiene su planta principal en Bella Unión], que da trabajo a unas 4.000 personas de forma directa e indirecta. Esto es lo que el gobierno, a través del factor X, quiere desmontar en un lapso de tres años. El artículo 235 le resta facultades a Ancap, reduce toda posibilidad de hacer política social y productiva. El artículo 236 crea a través de la Ursea una herramienta con una mirada mercadocéntrica que lo que hace es mercantilizar un servicio público esencial. Se limita a Ancap a que sea una cáscara vacía, un ente testigo que sólo transfiere los costos internacionales de los combustibles al mercado interno. El artículo 237 promueve una reforma estructural del mercado de combustibles para aplicar esa mirada mercadocéntrica y desmontar todas las herramientas que tiene Ancap de política social.
¿Cómo observan el sistema de ajuste mensual de las tarifas?
Traslada la inestabilidad del mercado del crudo al mercado interno, no sólo a los combustibles sino por los impactos en todos los demás productos. En el último año los salarios y las jubilaciones aumentaron 6% [por debajo de la inflación] y el costo de los productos 20%: ahí hay una incidencia del aumento de los combustibles que se dio desde la aplicación de la LUC.
Gerardo Rodríguez (archivo, agosto de 2021).
Foto: Alessandro Maradei
¿Qué tan importante creés que será la discusión sobre los combustibles de cara al referéndum?
Es el debate sobre las empresas públicas. Tenemos un enfrentamiento con un proyecto político contrario a los intereses de la clase trabajadora y popular, contra un gobierno que está pensado para las clases dominantes. Nosotros vamos a estar siempre generando resistencia y organización para enfrentar esas políticas.
Diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez: “Ancap no está para hacer caja”
¿Qué tan relevante creés que será el tema de los combustibles para el resultado del referéndum?
Creo que la gente en general va a hacer una valoración integral de la LUC. Que trajo ventajas que ya se ven, por ejemplo, en materia de seguridad, y eso será valorado. Eventualmente la suba [de combustible] también puede ser valorada, pero no creo que sea determinante. Producto de la realidad que nos tocó vivir, con un aumento del precio del crudo exponencial, ocurrió lo que pasa en cualquier lugar: sube el petróleo y aumentan los combustibles. Pero si bajan será igual, no como venía pasando, que en el último quinquenio el gobierno hizo caja por 860 millones de dólares.
Juan Rodríguez (archivo, setiembre de 2021).
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¿Por qué creés que el sistema de fijación de las tarifas que surge de la LUC no debería derogarse?
Lo que hace es brindar mayor transparencia a la fijación de precios. Hoy por hoy la Ursea informa sobre cómo se compone el valor de los combustibles, tanto en la materia prima –el petróleo– como en impuestos e ineficiencias de Ancap. De la mano de una mayor transparencia va la mayor justicia, porque en Uruguay cuando el petróleo subía la nafta también, pero cuando bajaba, no. Ancap no está para hacer caja, sino para brindar un servicio a la ciudadanía. Ahora una circunstancia puntual como la sequía en Brasil ha permitido no aumentar. Mientras sigan esas ganancias el precio no aumentará, con miras a que el precio del crudo se estabilice o baje y eso permita volver a la lógica pensada y, ante un descenso del crudo, bajar los combustibles.
Todas esas resoluciones que mencionás sobre las tarifas, ¿no muestran que la decisión sigue siendo política?
Pero la pequeña gran diferencia con gobiernos pasados es que la discrecionalidad o la definición se da en beneficio del contribuyente. Lo increíble es que el FA y el PIT-CNT critican al gobierno por no aumentar los combustibles. Ellos en 15 años los aumentaron de forma permanente, para financiar los agujeros que se generaban por la mala administración.