Este miércoles se conoció el primer documento de la comisión de expertos creada para la reforma del régimen previsional, que hace un diagnóstico del sistema y sienta las bases para la discusión en una siguiente etapa de los cambios a implementar. El viernes el documento había sido aprobado por 10 votos en 15, con el apoyo de los representantes del oficialismo y la delegada de las cámaras empresariales, y posiciones contrarias del Frente Amplio (FA), el PIT-CNT y la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu).

El informe diagnóstico fue entregado en la jornada por el presidente de la comisión de expertos, Rodolfo Saldain, al prosecretario de Presidencia de la República, Rodrigo Ferrés, y a la vicepresidenta Beatriz Argimón en su rol de máxima autoridad de la Asamblea General. Las reglas para este proceso fueron establecidas en la ley de urgente consideración (LUC), y los técnicos que representan a los partidos políticos y sectores sociales comenzaron a trabajar en noviembre de 2020.

El documento tiene cerca de 300 páginas, en las que se hace un análisis integral del sistema previsional uruguayo, incluyendo el régimen general del Banco de Previsión Social (BPS), el pilar de ahorro individual que gestionan las AFAP, los dos servicios de retiro que administra el Estado –cajas Policial y Militar– y las tres cajas paraestatales –Bancaria, Notarial y de Profesionales–. El contenido repasa la realidad de cada subsistema, los logros alcanzados y desafíos o problemas, incluye proyecciones financieras y también de carácter demográfico.

Uno de los puntos de choque entre el oficialismo y el FA en la comisión se refirió a los aspectos sociales del régimen jubilatorio. En el diagnóstico se reconoce que “a través de la suma de distintos programas se ha logrado que los sectores más vulnerables tengan hoy una protección razonable”; sin embargo, se marca que “el país carece todavía de un programa universal e integral de protección social que se adecue en forma flexible a las condiciones cada vez más cambiantes de la sociedad y el mundo del trabajo”. También se sostiene que hay “debilidades institucionales” en los subsistemas, que son “pobremente regulados y supervisados”.

En tanto, en el documento se apunta que “no puede perderse de vista que la incidencia de la pobreza es hoy diez veces mayor entre los niños que entre los adultos mayores”, por lo que “las nuevas realidades desafían el acuerdo entre generaciones implícito en los programas previsionales”.

El FA cuestionó que la visión del oficialismo ponía el foco en la sostenibilidad financiera del sistema y no en lo social. El diagnóstico indica que “la sostenibilidad financiera es un requisito de cualquier propuesta seria de reforma”, procurando un “adecuado balance entre los objetivos”, entre los que también se encuentran lograr “una cobertura tendiente a la universalidad y niveles de beneficios adecuados”. Los tres aspectos “deben atenderse en forma conjunta”, se afirma.

Debilidades, edad de retiro y demografía

Al repasar los “principales elementos” del diagnóstico de la comisión de expertos, se menciona: “Todos los regímenes previsionales vigentes en el país, incluso los recientemente reformados, presentan debilidades, tales como desequilibrios actuariales, rendimientos desiguales y problemas de sustentabilidad de diferente entidad”. Es decir que, más allá del detalle para cada caso puntual, en todos los subsistemas se identifican condiciones para realizar algún tipo de reforma.

A su vez, “la dinámica demográfica del país genera presiones” en todos los subsistemas, dice el informe. En el caso del BPS o las otras cinco cajas, “genera problemas de sostenibilidad y justicia entre generaciones, dado que poblaciones activas más pequeñas deberán financiar generaciones de jubilados cada vez más grandes y por más tiempo”; y en el régimen de AFAP se identifican “problemas de suficiencia, ya que el ahorro acumulado deberá financiar más años de retiro”.

Respecto de la edad de retiro, otro de los puntos de debate de cara a la reforma, el diagnóstico indica: “La edad mínima de acceso a las jubilaciones no ha acompañado las ganancias en esperanza de vida y se ha mantenido estable en las últimas décadas”.

También se apunta a “la heterogeneidad de derechos y obligaciones entre los diferentes regímenes”, en referencia a que las cinco cajas por fuera del BPS tienen en general menores condiciones para jubilarse y sirven mejores pasividades. “Cada peso aportado genera beneficios de diferentes cuantías y características, según el sector de que se trate. Igualmente, la posibilidad real de continuar trabajando luego de la jubilación también difiere entre sectores de afiliación”, se analizó.

Tras esta primera etapa, la comisión de expertos tiene 90 días –según el plazo de la LUC, que puede extenderse– para elaborar el segundo informe con las recomendaciones de reforma. Con ese insumo, el Poder Ejecutivo enviará un proyecto de ley al Parlamento, que se estima que en la segunda mitad del año discutirá la reforma jubilatoria.