¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por agua de calidad?

El agua es, sin lugar a dudas, la bebida más consumida a nivel mundial, básicamente por dos factores. En primer lugar, por un tema puramente de necesidad: el cuerpo humano requiere cierto nivel de consumo de agua para mantenerse vivo y en actividad. Por otro lado, empleamos el agua para consumir una serie de otros bienes. En este sentido podemos pensar en la cocción de alimentos o la preparación de infusiones para las que el agua resulta necesaria. También se le suele dar al agua potable usos (en algunos casos excesivos) no relacionados con el consumo, como la limpieza o la recreación.

Tal es la importancia del consumo de agua potable que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo marca como un elemento fundamental tanto para alcanzar las Metas para el Desarrollo del Milenio como dentro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (Francis et al., 2014). Esto se vuelve un problema en países, casi todos en desarrollo, con escaso acceso a fuentes de agua potable. Se estima que cerca de 1,8 miles de millones de personas en el mundo (cerca de un cuarto de la población global) dependen de fuentes de agua contaminadas (Kunwar y Bohara, 2019). Así, por más que sea vital para el desarrollo, la provisión de agua potable no está garantizada para todos y resulta un problema significativo.

Por otra parte, frente a problemas en la calidad del agua que reciben, los consumidores suelen optar por lo que se conoce como “medidas defensivas” como solución. Entre estas, podemos destacar el uso de filtros o purificadores, la compra de agua embotellada y la práctica de hervido del agua como las medidas más populares. El principal problema que tienen estas prácticas es que son costosas, tanto en términos de tiempo como de dinero. Y es aquí donde entramos nosotros, los economistas, y nuestra fascinación por analizar el comportamiento humano y la administración de recursos escasos.

El hecho de que las personas estén dispuestas a dedicar parte de sus ingresos y de su tiempo a buscar reemplazantes al agua que les llega a sus hogares nos está dando la pauta de que tienen cierta valoración del agua de calidad. Medir la disposición a pagar de los consumidores es de gran interés en la economía, ya que permite, por ejemplo, elaborar las bases para establecer tarifas apropiadas. Pensemos en el caso del agua, donde conocer la disposición a pagar de los hogares permitiría al Estado uruguayo establecer tarifas que resulten en un balance razonable entre los costos de provisión de agua potable a los ciudadanos, su disposición a pagar, y las necesidades de contribución a rentas generales que determinen las autoridades actuantes.

Sin embargo, el del agua no funciona como un mercado tradicional donde la oferta encuentra la demanda y determina un precio. Si miramos un mercado cualquiera, por ejemplo, el de automóviles, encontramos productos con distintas características (motores más o menos potentes, distintos tamaños y marcas, etcétera) que hacen de cada auto un producto diferenciado. Una vez que los consumidores entran al mercado, sus compras permiten tener aproximaciones de su disposición a pagar por cada automóvil. Para el agua por cañería esto no funciona, porque los consumidores no tienen un mercado con aguas de distintos niveles de calidad que permita conocer su disposición a pagar por productos de diferentes características.

Una opción en estos casos es analizar el gasto en medidas defensivas (o gasto defensivo) para acercarse a la disposición a pagar de los consumidores, asumiendo que recurren a ellas porque no están a gusto con el agua de cañería que reciben. En términos generales, podríamos decir que si un hogar gasta $ 1.000 al mes en medidas defensivas, su disposición a pagar por agua de buena calidad (o de calidad percibida superior al del agua de cañería) es de al menos $ 1.000. En el Instituto de Economía de la Universidad de la República nos preguntamos cual es la valoración de los ciudadanos de Montevideo por agua de buena calidad (real o percibida) y salimos a averiguarlo usando este método.

¿Cuánto gastan los montevideanos para reemplazar el agua de canilla?

A través de una encuesta representativa en Montevideo buscamos recoger el gasto semanal y mensual de los hogares en los dos tipos de medidas defensivas más comunes: la compra de agua embotellada y el uso de purificadores (por detalles en la medida de estos costos véase Carriquiry et al., 2020). Por otro lado, también realizamos consultas acerca del nivel de satisfacción con distintas características del agua de OSE, así como sobre las dimensiones socioeconómicas y características de los hogares.

75% de los hogares montevideanos usa alguna de las dos medidas defensivas, lo que estaría apuntando a que gran parte de la ciudad no confía plenamente en la aptitud del agua de canilla para consumo. Dentro de aquellos que emplean medidas, el gasto promedio mensual por persona es de $ 430.¹ Si miramos a aquellos que tienen al agua embotellada como la fuente de consumo principal, el gasto sube a $ 499, mientras que para los que tienen al agua filtrada como principal el gasto es $ 341.² Si ambos tipos de consumidores usan la misma cantidad de agua, esto estaría marcando un costo mucho más elevado para el agua embotellada. En el gráfico siguiente, donde vemos la distribución del gasto per cápita, se aprecia que los mayores niveles de gasto registrado se dan para hogares donde el agua principal es la embotellada, llegando en algunos casos a valores cercanos a los $ 2.000 per cápita.

En términos de satisfacción con el agua de canilla, 42% de los hogares encuestados afirmó estar insatisfecho con el sabor del agua que reciben, mientras que 40% lo está con el olor. Por otro lado, 35% de los hogares de Montevideo está insatisfecho con la calidad general del agua. Si bien estos números son bastante elevados, podemos pensar también que reflejan una contradicción. 42% de los hogares está descontento con el sabor del agua que recibe, pero hay 75% de hogares que emplean medidas defensivas, lo que quiere decir que hay una parte de los hogares que no está descontenta con el agua (un 58%), pero de todas formas recurre a sustituirla por agua embotellada o filtros. Algo parecido sucede en Alemania, donde se encontró que, si bien 80% de los consumidores está satisfecho con el agua de cañería, este país se mantiene como el segundo mayor consumidor de agua embotellada en Europa (Etale et al., 2018).

Otro punto importante en la decisión de los consumidores es la confianza en el proveedor, en este caso, OSE. 24% de los hogares afirma que tiene baja confianza en la empresa estatal, mientras que 8% afirma tenerle muy baja confianza. Preguntados acerca de su confianza en las empresas públicas en general, 14% de los hogares declara baja confianza y 6%, muy baja confianza. Esto parecería indicar que OSE se posiciona peor que otras empresas públicas en este rubro. Un elemento importante, más allá del desempeño de la empresa, es que la percepción de los consumidores puede verse afectada por su exposición a noticias o rumores acerca de problemas en el agua de canilla. En este caso, 60% de los hogares recordó haber visto noticias relacionadas con la contaminación del agua en el último año.

Necesitamos agua, buena, buena agua

Esto decía Pete Townshend, líder de The Who en la canción “Water”, lanzada en la octubre de 1973. Y parecería ser también un pedido de los ciudadanos de Montevideo. El montevideano promedio que decide evitar el agua de canilla está dispuesto a pagar al menos $ 430 al mes (US$ 9,5), que al año son $ 5.160 (US$ 115). Esto totalizaría un gasto anual en medidas defensivas de 120 millones de dólares al año en la ciudad de Montevideo.³

Si lo miramos por hogares, el gasto mensual promedio por hogar es de $ 825. Asumiendo que todos los hogares estén conectados a la red de OSE, el agua para consumo tendría un costo marginal de, como máximo, $ 125.⁴ Esto marca un sobrecosto de casi cinco veces el costo máximo de consumir agua de canilla. De esta forma, abandonar las medidas defensivas y tomar apenas agua de canilla representaría un ahorro sustancial para todos estos hogares.

Entonces, si hay muchísima gente dispuesta a pagar por acceder a agua ‒que ellos consideran‒ de mejor calidad, ¿es el mercado la forma óptima de resolver este problema? La respuesta de un economista a esta pregunta no puede ser otra que: depende. Y depende básicamente de los objetivos de política y del estado real de situación.

En primer lugar, si bien existen medidas objetivas de la calidad de agua, estas no son fácilmente accesibles. En caso de que OSE provea agua totalmente potable y al menos tan buena como las opciones del mercado, lo único que debería hacer el Estado es transparentar esta información. Darles a los hogares la información de que el agua que llega por cañería es tan buena como la que compran embotellada o la que les devuelve su filtro mejoraría la confianza de los consumidores y podría contribuir a un abandono de medidas defensivas, sin perjuicios en términos de salud y con una reducción de costos. Proveer informes periódicos a través de medios de prensa o sitios web, así como alertas a través de SMS o aplicaciones, podría resultar efectivo para este objetivo. Por otro lado, dado que la calidad del agua también depende de, por ejemplo, los tanques de almacenamiento y cañerías, información acerca del mantenimiento de estos también podría ser de utilidad. Por más que el agua sea excelente calidad, una mala manutención de tanques o cañerías en mal estado la deterioraría.

Sin embargo, si el agua en realidad no es tan buena como las opciones mencionadas, se pueden pensar en políticas que contribuyan al bienestar de los hogares. Como se mostró antes, el costo de mantener un filtro es menor que el costo de comprar continuamente agua embotellada. Un filtro puede costar desde $ 1.000 hasta $ 15.000, y la periodicidad de su mantenimiento también es variable. Pero tomemos como ejemplo uno de los filtros más vendidos por Mercado Libre, con filtrado en ocho etapas. Según los vendedores, cuesta al año, entre el aparato y el mantenimiento, $ 6.530, o $ 544 mensuales. Esto es cerca de un tercio menos que el costo promedio en el que incurren los hogares de Montevideo, y esta diferencia se incrementa aún más si lo comparamos con aquellos que sólo usan agua embotellada.

Entonces, si un filtro mejoraría la situación y es la opción más económica ¿por qué sólo el 13% de los hogares tiene uno? Se me ocurren, al menos, dos motivos. En primer lugar, el desconocimiento, la idea de si realmente ese filtro me dará seguridad o es una estafa. En segundo lugar, el costo. No todos los hogares tienen varios miles de pesos disponibles para gastar, o acceso a medios de crédito para costear un filtro.

En este sentido, podría pensarse en una política de acceso global a filtros por parte del Estado. Darles la oportunidad a las familias de acceder a purificadores de buena calidad, certificados por el Estado uruguayo, puede resultar una idea interesante. El hecho de que el Estado no busque obtener ganancias con esto y que pueda negociar filtros en cantidades mucho mayores que las empresas privadas permitiría la oportunidad de proveer filtros a un costo mucho menor que el mercado. Brindar una opción de calidad alta y a un precio accesible podría contribuir con una mejora de la situación de varios hogares.

Sin embargo, la clave acá es que esta política no altere las opciones de los consumidores. Aquellos que quieran seguir comprando agua embotellada o continuar con su filtro actual deberían poder hacerlo, así como aquellos que tengan la intención de seguir consumiendo agua directo de la canilla. Esto es una clara muestra de lo que Richard Thaler y Cass Sunstein (2018) definieron como paternalismo libertario: con un Estado que colabore con la toma de decisiones de las personas, dándoles opciones que este hubiera elegido para ellas, pero sin buscar una coerción hacia alguna de las opciones, permitiendo siempre la libertad de elección.

Esta política, al reducir el consumo de agua embotellada, estaría contribuyendo con la reducción de consumo de envases plásticos. Un envase de seis litros comprende 110 gramos de plástico, de forma que ocho envases al mes representan 10,5 kilos de plástico al año por hogar, sin un registro claro de cuánto se logra reciclar.⁵ Esta cifra se incrementa si incluimos los envases menores. Por lo tanto, mas allá de reducir costos y mejorar la calidad de agua, esta política podría colaborar con la reducción de residuos plásticos, un problema que se vuelve cada vez más notorio.

Por otro lado, mejorar directamente la calidad del agua de cañería puede ser otra opción. Sin embargo, un análisis de costo-beneficio entre ambas opciones debería ser analizado, dado que la calidad del agua puede depender del estado de las cañerías subterráneas, y reemplazarlas puede ser sumamente costoso.

Para pensar el futuro

Es claro que la situación en torno al consumo de agua puede mejorar, ya sea con mejor acceso a información o a través de políticas públicas que permitan el acceso a agua de buena calidad y a bajo costo. La clave está en la identificación por parte del Estado del punto de partida. Sin importar cuál sea este, parecería que una decisión debería ser tomada.

El hoy presidente de la Republica, Luis Lacalle Pou, supo referirse a este tema en el debate presidencial de octubre 2019, cuando mencionó que “[...] el agua que están tomando los uruguayos, muchas veces, no sólo es el color turbio sino su estado, y cada vez más se consume agua embotellada, y tenemos que trabajar sobre esos dos conceptos”. Reducir los costos y mejorar la situación sanitaria de la población debería ser un objetivo inmediato, y esperamos que el destaque del tema en la última elección se traduzca en acciones concretas en el período de gobierno.

Maximiliano Machado - Investigador y docente del Instituto de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. La investigación citada fue financiada por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación a través del Fondo María Viñas. Agradezco los comentarios y sugerencias de Carlos Bianchi y Miguel Carriquiry en la redacción de este artículo.

Referencias

Carriquiry, M., Machado, M., Piaggio, M. (2020). “Disposición a pagar por calidad de agua: estimaciones a través de gastos defensivos”. Serie Documentos de Trabajo, DT 20/2020. Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la República, Uruguay.

Etale, A., Jobin, M., & Siegrist, M. (2018). “Tap versus bottled water consumption: The influence of social norms, affect and image on consumer choice”. Appetite, 121, 138-146.

Francis, M. R., Nagarajan, G., Sarkar, R., Mohan, V. R., Kang, G., & Balraj, V. (2015). “Perception of drinking water safety and factors influencing acceptance and sustainability of a water quality intervention in rural southern India”. BMC Public Health, 15(1), 731.

Kunwar, S. B., & Bohara, A. K. (2019). “Water quality avoidance behavior: bridging the gap between perception and reality”. Water Economics and Policy (WEP), 6(02), 1-33.

Thaler, Richard H., and Cass R. Sunstein. “Libertarian paternalism”. American economic review 93.2 (2003): 175-179.