El director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Diego Aboal, dijo en el Parlamento que ante los comentarios y críticas le “gustaría salir a responder”, pero se “muerde la lengua” porque no puede “entrar en eso” ni meterse “en los debates políticos”. La semana pasada compareció a pedido del Frente Amplio (FA) por motivo de los dichos del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, en marzo a Subrayado: “descubrimos que la pobreza era mucho más que lo que decía el anterior gobierno”, había dicho el jerarca.
Tras la sesión, legisladores del oficialismo dijeron a la diaria que las críticas se dirigen a la “metodología” que utiliza el INE para medir la pobreza. “Después de esa polémica con el secretario de Presidencia, él me llamó y me transmitió la mayor confianza en la institución y que sus comentarios no iban hacia cuestionar los números del INE”, dijo Aboal en la Comisión de Hacienda.
De la versión taquigráfica surge que Aboal informó que entre los planes del organismo está generar para 2022 un indicador multidimensional de pobreza, complementario a la medición actual por ingresos, que, señaló, brinda un “abordaje limitado” porque “está vinculado puramente al consumo de bienes y servicios”. El último informe del INE conocido en marzo, mostró que la pobreza por ingresos creció en mayor magnitud que en los años previos —hasta 2017 llegó el ciclo de mejora en el indicador—, alcanzando en 2020 a 8,1% de los hogares y 11,6% de las personas.
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Esto quiere decir que ese número de familias no cuentan con los ingresos necesarios para consumir una canasta de bienes y servicios establecida por el INE, que surge de la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares (EGIH) y se encuentra en plena actualización. Según repasó Aboal, a diciembre de 2020 —última medición realizada— se considera pobre una familia de tres personas que gana menos de 42.000 pesos.
Hoy día en América Latina “hay tres o cuatro países que miden la pobreza multidimensional”, mientras que “casi todos” lo hacen con una dimensión “monetaria” como Uruguay. “Es un criterio absoluto. Los hogares que ganan por debajo de eso son pobres; los que ganan por encima no lo son. [Por su parte], la pobreza multidimensional es una medida integral de pobreza, que proporciona información relacionada con la intensidad y la composición” del fenómeno, explicó.
Más allá de lo monetario, son considerados pobres “aquellos que carecen de ciertas capacidades” como, por ejemplo, no tener “suficiente educación o salud”, o no tener acceso a vivienda. Aboal sostuvo que una metodología así era “un reclamo de larga data de la academia” y será “muy importante para el debate público y para la política pública”.
De cara al proceso que aspira a que culmine a mitad de 2022, el director del INE adelantó que el resultado “no tiene por qué parecerse” al actual de la pobreza según ingresos, porque “están midiendo cosas distintas”. Aclaró que esa diferencia “no es un problema; pueden y deberían ser usados ambos, entendiéndose sus virtudes y limitaciones; no son excluyentes, son complementarios”.
Asimismo, detalló que la canasta de bienes y servicios que determina la línea de pobreza e indigencia —quedan dentro de esta categoría quienes no tienen ingresos para llegar a la canasta alimenticia— se basa en la EGIH, que tiene una estructura de consumo de 2005 y 2006.
El director del INE prevé que en agosto quede operativa la nueva base de la EGIH, según un relevamiento de 2016 y 2017, cerrando un proceso que se inició en 2019 con la gestión anterior. Agregó que se cuenta con “apoyo” de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que replicará los cálculos para dar garantías, y que se planifica publicar informes de pobreza semestrales en lugar de anuales.
Hacia el censo de 2023: recursos adicionales
Aboal dijo que más allá de la actualización de varios indicadores, el “gran tema” del INE es el censo nacional que debe realizarse en 2023. El último relevamiento de este tipo fue en 2011 y generó críticas por la demora en la recolección de datos. Ahora el instituto ya comenzó “con todos los trabajos preparativos del censo” y en 2021 60% de los funcionarios recibirán capacitación. En total se prevé que el proyecto abarque a más de 10.000 personas.
“Necesitamos algunos recursos más”, adelantó Aboal, tras repasar que el INE recibió una partida de 550 millones de pesos que “son suficientes para comenzar un trabajo serio y firme hacia un censo de aquí a dos años”, pero no para solventar todo el censo. Dijo que se requerirán “más recursos monetarios” y también “aportes en especies, por ejemplo, datos de Antel y combustible de Ancap”. Sostuvo que será un tema “que conversaremos con el Poder Ejecutivo y veremos las formas de avanzar”.
Por otra parte, sobre la plantilla de funcionarios del INE, el director señaló que totaliza 300 personas y se mantienen 90 vacantes. “Creo que en algún punto vamos a necesitar tener más funcionarios, porque vamos a comenzar a vestir a un santo y desvestir a otro; tener 90 vacantes es mucho”, concluyó.