La economista Alejandra Pico investiga, desde el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, la negociación salarial y la evolución del empleo. En entrevista con la diaria, repasó cuáles fueron los vaivenes de estos indicadores desde el retorno de la democracia, y expuso que a su entender lo más relevante para lograr una mejora del ingreso y la distribución es la política salarial que determina el gobierno de turno. “En Uruguay los salarios dependen mucho de lo que sucede a nivel de la negociación colectiva”, subrayó, en la previa de una nueva ronda salarial, en la que se definirá el futuro de cientos de miles de trabajadores.

El desempleo en abril se ubicó en 9,7%, pero se da por descontado que es mayor. ¿El problema de la medición es que toma en cuenta sólo a quienes buscan activamente empleo?

Es esa la falencia, sí, pero hay un defecto de cuando se miran los datos del mercado de trabajo. A mí me parece que el principal indicador debería ser la tasa de empleo y no la tasa de desempleo, que tiene un contenido, incluso en momentos no tan complejos, como este, que es una cuestión mucho más subjetiva, lo de salgo o no salgo a buscar trabajo. La tasa de empleo es un indicador mucho más sólido si queremos mirar qué es lo que está pasando con el mercado de trabajo, pero es más famosa la tasa de desempleo. Si miramos lo que fue pasando a partir de marzo de 2020, cuando estaban las restricciones más duras y hubo una caída muy fuerte de la actividad económica, se ve el efecto rápidamente en la tasa de empleo, mientras que en la tasa de desempleo juega también lo que está pasando con las decisiones de las personas, con la oferta de trabajo activa [quienes buscan empleo].

¿Desde qué época hay estadísticas de empleo comparables en Uruguay?

Recién a partir de 2005 la Encuesta Continua de Hogares [ECH] empieza a ser representativa de todo el país. En los años anteriores las principales tasas se relevaban para las localidades de más de 5.000 habitantes. Entonces, lo que se hace es ver tendencias. Se puede ir para atrás hasta los 80, y no es del todo comparable el nivel de la tasa de desempleo con la de hoy porque se relevaban poblaciones diferentes, pero sí se pueden ver tendencias: que a principios de los 80 la tasa de desempleo estaba más alta, porque veníamos de una crisis económica muy grande, que fue cayendo luego. Esa tendencia sí es comparable, porque se dio en las poblaciones de más de 5.000 habitantes, pero si se hubiera relevado para el total del país la tendencia sería la misma.

Situándonos en los 80, y desde el período que mencionaste en adelante, ¿qué ocurrió con el empleo?

Se había dado un incremento del desempleo previo muy importante, y con la recuperación democrática son años –básicamente hasta fines de la década de 1980– de caída de la tasa de desempleo, que además está asociada al crecimiento del empleo, porque es un momento en que hay un gran crecimiento de la tasa de actividad o de la oferta de trabajo. Eso se da durante los 80 y durante la primera mitad de los 90, cuando la tasa de desempleo se estabiliza en torno a 9%. En la segunda mitad de los 90 empieza a aumentar, hay algunos vaivenes; podés encontrar algún año, como 1998, con una tasa de desempleo más baja, pero en esos años básicamente esa tasa de desempleo, que en la primera mitad de la década de 1990 estaba en 9%, pasó a estar entre 11% y 12%. Después entramos en la crisis.

¿A qué puede atribuirse ese cambio en los números?

Hay algunos cambios que se procesaron en el mercado de trabajo durante los 90 y que después se acentúan durante la crisis. En la segunda mitad de los 90 el desempleo empieza a aumentar. Se empiezan a percibir problemas en el mercado y se dan cambios, por ejemplo, un cambio sectorial de los ocupados; empieza a tener un peso mucho menos relevante la industria y uno más relevante los sectores vinculados al comercio y los servicios. El desempleo golpea más a los hombres que a las mujeres, aunque ya veníamos con brechas de género importantes. También a los mayores; es la época del desempleo de personas de edad media, mayores de 45 años, que venían de un trabajo industrial de toda la vida, y se da un cambio también en el mercado de trabajo, que tiende a la precarización del empleo.

La política salarial del gobierno, que tenía como objetivo reducir la inflación, fue una política de estabilización con control del tipo de cambio que hizo que la industria nacional tuviera dificultades grandes para poder competir. Eso generó una reconversión de algunos industriales, que pasaron a ser importadores, pero en el medio hubo pérdida de puestos de trabajo. Además, los puestos de trabajo industriales tenían una tradición de mayor sindicalización, de mayores beneficios, entonces eso también contribuyó a la precarización del trabajo que existió en ese período. También en ese sentido contribuyeron algunos cambios normativos. Es la época de las unipersonales, hay un aumento del no registro en la seguridad social, las tercerizaciones, algo que también va en línea con una desvinculación entre el trabajo y para quien se trabaja.

¿Cómo se da en la década de 1990 la relación entre el empleo, el nivel salarial y el crecimiento de la economía?

Si uno mira toda la década de 1990, el salario real no cae. Lo que pasa es que, yendo un poco más atrás, el salario había tenido, primero, en el período dictatorial, una caída muy fuerte, y eso se acentúa en los 80 con la crisis de la tablita. La restauración democrática, y la reinstauración de los Consejos de Salarios, da un crecimiento importante en la segunda mitad de los 80, básicamente los salarios recuperan lo que se había perdido producto de la crisis de principios de los 80.

Parte de esa movida desreguladora que mencionaba fue la no convocatoria de los Consejos de Salarios [desde 1991]. Cuando vemos los diez años en la comparación punta a punta, el salario real crece 5%, con años de caída del salario real y años de crecimiento moderado. A su vez, es una década de crecimiento, no extraordinario, pero es una década en que la economía crece en los promedios históricos. Eso no era acompañado claramente por la generación de empleo. Y en cuanto al salario, la desregulación había llevado a que no se trasladaran esos efectos del crecimiento a mejoras para los trabajadores. La no convocatoria a los Consejos de Salarios lo que llevó fue a una gran dispersión salarial, porque también había sectores y empresas que tenían tradición negociadora y lo siguieron haciendo; otros negociaron tripartitamente, porque al gobierno le interesaba el control de los precios en esos sectores para controlar la inflación.

Lo más complejo de todo eso es que termina con la crisis de 2002, en que los problemas que ya venía registrando el mercado de trabajo, en materia tanto de empleo como de salario, se agudizan. 2002 fue el año en que explotó todo, pero la economía dejó de crecer en 1999 y los salarios empezaron a caer ese año; ya veníamos con bastantes problemas.

Respecto de la crisis de 2002, siendo parte de la historia del país, cada uno la recuerda asociada a sus vivencias cercanas. Pero ¿qué datos son impactantes para ver la magnitud?

Todo el mundo, porque lo vivió, o porque lo leyó o lo escuchó, tiene en la cabeza el relato de lo dura que fue la crisis de 2002. Hay datos impactantes, como que la tasa de desempleo llegó a 17%, el promedio anual; hubo meses en que fue más alta y llegó a 20%. La caída del salario real durante ese período, en promedio, fue de 23%, aunque hubo sectores que estuvieron muy por debajo.

La inflación desde mediados de los 90 venía relativamente controlada para lo que era la historia de Uruguay y no había superado el 10%, pero en 2002 hay una inflación en torno de 20%, y muchos trabajadores no tuvieron ningún ajuste en el año. Hay datos que marcan lo que fue la crisis, que se trasladó a la calidad de vida de los hogares y las cifras de pobreza. También la informalidad, la desprotección social: partimos de 40% de trabajadores no registrados en la seguridad social. En comparación con hoy, por ejemplo, nos encontramos parados ante una crisis de magnitud mucho mejor que lo que estábamos en 2002. Hoy tenemos un paraguas de la seguridad social que en aquel momento no se tenía, no sólo por la cantidad de trabajadores amparados, sino también por los beneficios y los montos.

Pensando en la etapa de recuperación poscrisis de 2002, ¿qué lecciones podrían aprenderse para lo actual?

Después de la crisis de 2002 se dieron una serie de particularidades, que hoy no las vamos a tener. Es sabido que cuando viene una crisis y una caída de la actividad tan grande, retomar los niveles de empleo previos a la crisis toma mucho más tiempo que retomar los niveles de actividad. En eso también juega que durante las crisis existen reestructuras: hay empresas que cierran, y reestructuras a nivel de sectores y de empresas; muchas veces se aprovecha para hacer reestructuras, dado que pueden hacerse de manera mucho más desregulada [en una crisis] que como podrían hacerse en otro contexto.

Todo eso lleva a que recuperar los niveles de empleo después de una crisis sea mucho más difícil que recuperar los niveles de actividad. Pero creo que la particularidad que tuvo la crisis de 2002 fue que después de esa caída fuertísima, con todos esos datos que verdaderamente son duros en materia de indicadores del mercado de trabajo y sociales, hubo un período de mucho crecimiento económico, pero con un gobierno proclive a mejorar en esos aspectos.

Alejandra Pico.

Alejandra Pico.

Foto: Federico Gutiérrez

Esto lo digo de la manera más apolítica partidaria posible, porque uno de los compromisos que tuvo el primero gobierno de Tabaré Vázquez [2005-2010] fue que durante los cinco años de reinstalación de los Consejos de Salarios se recuperara toda la pérdida de los salarios registrada entre 1999 y 2004; eso se cumplió y se superó. Lo mismo pasó con el empleo: después de la crisis de 2002 creció mucho y no sólo en cantidad, hubo una mejora en la calidad del empleo. Y no vino sola o por parte del mercado, vino porque había un gobierno que era proclive a mejorar la calidad del empleo y la seguridad social; el gobierno promovía esas cosas.

¿Hasta cuándo se extiende ese período de crecimiento del salario y el empleo?

La mejora de los principales indicadores laborales dura aproximadamente diez años. Entre 2011 y 2014 encontramos los mejores niveles de empleo y los niveles de desempleo más bajos en toda la historia de Uruguay. A partir de 2015 los indicadores del mercado de trabajo empiezan a empeorar: entre 2015 y 2019 se pierden más o menos 53.000 puestos; la mayor parte se pierden directamente en 2015, casi 30.000.

2015 fue también un año en que se registró un parate de la economía, que venía creciendo de manera importante. Eso explica esa fuerte caída que hubo en el empleo. En los años siguientes se retoma el crecimiento económico, pero de manera más moderada. Y, en lugar de generarse puestos de trabajo y contrarrestar la caída del empleo registrada en 2015, el deterioro se sigue profundizando.

¿Qué razones tiene la caída del empleo en los años prepandemia?

Se explica por distintas razones, pero lo principal es que el crecimiento que hubo en esos años fue muy dispar a nivel sectorial: los que más crecieron fueron los menos demandantes de fuerza de trabajo; los más demandantes estaban cayendo. También en algunos sectores de actividad, no en el conjunto de la economía, puede haber incidido la incorporación de tecnología ahorradora de mano de obra.

“De los 60.000 puestos de trabajo que se pierden [por la pandemia], la mayor parte son informales, porque en general los formales tuvieron el respaldo del seguro de desempleo”.

Eso no se dio a nivel global, si no deberíamos ver una explosión de la inversión y se vio todo lo contrario, pero en algunos sectores, como el comercio, jugó desplazando trabajadores. El mercado de trabajo no logró reactivarse y el problema es que en ese contexto nos agarró el 2020, año en que se perdieron 60.000 puestos de trabajo, que es más que en el quinquenio anterior.

¿Hay características comunes entre los 53.000 desempleados prepandemia y los del año pasado?

No, tiene otras características. Ahora lo que pasó es que hubo un shock muy fuerte sobre la actividad económica, que cayó fuerte en principio, porque había algunos sectores que no podían funcionar y estaban cerrados. Eso tuvo un impacto muy grande en el empleo. De hecho, de los 60.000 puestos de trabajo que se pierden, la mayor parte son trabajos no registrados en la seguridad social, son informales, porque en general los formales tuvieron el respaldo de ir al seguro de desempleo.

También hubo despidos, dentro del sector formal también hubo pérdida de puestos de trabajo. Los sectores que estuvieron más afectados fueron los que demandan mayor contacto entre las personas, eso fue lo que se cerró. Acá en Uruguay afectó mucho el turismo, el sector de servicios, la gastronomía, la hotelería, los servicios de entretenimiento y culturales. Son todos sectores que son mucho más demandantes de trabajo que otros, que capaz que no se vieron tan afectados. Además, todavía tenemos 30.000 trabajadores en seguro de desempleo más que los que teníamos previo a la pandemia. No sabemos si esos van a tener un puesto de trabajo al volver.

¿Qué grupos de trabajadores son los más afectados?

En Uruguay ya teníamos un problema bastante importante en el desempleo de los jóvenes, tienen tasas de desempleo cuatro o cinco veces más altas que el promedio. Ese es un problema muy importante de la economía, porque es un problema al pensarse a futuro. Sin embargo, lo otro es que durante la pandemia, y por el tipo de puestos de trabajo que se vieron más afectados, cayó más el empleo entre los hombres que entre las mujeres. Eso es básicamente porque las mujeres, si uno mira los sectores como la enseñanza y los servicios de salud, que no se vieron muy afectados por la pandemia, tres de cada cuatro trabajadores son mujeres. Las mujeres en ese plano no se vieron afectadas; eso no significa que las mujeres se hayan visto menos afectadas por la pandemia, todo lo contrario, porque tuvieron que asumir la carga de trabajo no remunerado de cuidados.

Así llegamos a 2021, año de negociación salarial de la mayoría de los grupos del sector privado. ¿Cómo evalúan la herramienta de los Consejos de Salarios y lo obtenido desde su reinstalación, en 2005?

Durante todo el período 2005-2019 el salario real creció. Primero, porque había un gran empuje del crecimiento económico y del empleo, y en los últimos cinco años incluso en momentos en que el mercado de trabajo tenía dificultades el salario real, más moderadamente, siguió creciendo. Lo que me interesa resaltar en eso es el rol de la política salarial, porque no necesariamente los salarios tienen que venir atados a lo que pasa con el contexto de crecimiento económico. Hoy en Uruguay los salarios dependen mucho más de lo que sucede a nivel de la negociación colectiva y la política salarial que de esas otras variables, que obvio que condicionan. En un contexto de caída continua o crisis grave, difícilmente los salarios puedan seguir creciendo, pero me parece que el rol de la política salarial es bien importante. Cuando uno mira para atrás en todo ese largo período de crecimiento del salario, me parece que se ve bien claro porque se encuentran objetivos de política salarial bien diferentes. En el primer gobierno de Vázquez era recuperar en términos salariales la pérdida del período anterior y ordenar, porque había sectores que nunca habían tenido negociación colectiva; los rurales o las trabajadoras domésticas habían sido históricamente relegadas y debían negociar por primera vez. Después, me parece interesante lo que pasó entre 2010 y 2015, porque, si bien fue un período de fuerte crecimiento económico, la política salarial tuvo objetivos expresos que apuntaban a mejorar los salarios más bajos, mejorar el salario mínimo nacional, y eso terminó teniendo un impacto muy grande en la distribución de los ingresos de la economía. Eso muestra el rol de la política salarial.

¿Qué abarca lo que mencionás de la política salarial?

Muchas veces cuando se habla de distribución de ingresos, de cómo mejorarla e ir a una distribución más justa, los técnicos siempre terminamos hablando de impuestos, política tributaria, gasto público; está bien, pero me parece relevante aclarar que la política salarial es una herramienta muy fuerte para mejorar la distribución de ingresos y también para mejorar los indicadores de pobreza. Lo que pasó en ese período fue muy rico por que se trató de apostar en materia de negociación colectiva, de incorporar a la negociación indicadores que tenían que ver con el desempeño de los sectores y el desempeño macroeconómico. Eso no funcionó, terminó fracasando. El gobierno promovía que los ajustes salariales incorporaran esos indicadores, y es muy sano para la negociación colectiva, marca la maduración que estaba teniendo el proceso y es algo que tenemos que seguir mirando a futuro. Capaz que el fracaso se dio porque la propuesta no fue a tono, no estuvo validada por los actores sociales, se presentaron indicadores a tener en cuenta que no eran los más representativos para ninguna de las partes. Fue un intento bien importante, y luego en los últimos cinco años me parece que hubo retrocesos, en materia de la negociación propiamente, más allá de que se lograron avances importantes en materia de derechos y de incorporar beneficios legales para los trabajadores.

“Al momento de negociar la mayoría de los sectores toman en cuenta los lineamientos que propone el gobierno. Ahí es donde se ve cuál es el objetivo de política salarial, porque pesa”.

¿La política salarial incluye la participación del Estado como parte activa de la negociación?

Desde la nueva ley de negociación colectiva [de 2009], las partes tienen autonomía para negociar. Empresarios y trabajadores pueden firmar un convenio colectivo de rama que tenga validez para todos los trabajadores del sector. Pero la realidad es que al momento de negociar la mayoría de los sectores toman en cuenta los lineamientos que propone el gobierno. Ahí es que se ve cuál es el objetivo de política salarial, porque pesa. Por ejemplo, entre 2010 y 2015 los incrementos salariales más fuertes iban para los que se consideraban salarios más bajos, y hubo una suba fuerte del salario mínimo nacional. Hay un objetivo de política salarial, eso mostró que mejoró la distribución y cómo la política salarial es una herramienta para lograrlo. En el período siguiente, en los últimos cinco años de crecimiento, durante el [segundo] gobierno de Vázquez, me parece que la política salarial, al contrario, tenía como objetivo contener el crecimiento de los salarios. La idea de la desindexación, de no vincular los salarios a la inflación, y los salarios tuvieron un crecimiento menor.

¿Qué señales observás de cara a la próxima ronda de negociación?

Uno podría decir que el año pasado, al ser una ronda puente [se extendieron los acuerdos vigentes por la emergencia sanitaria], el gobierno no mostró sus cartas en materia de política salarial, pero no es cierto. Los lineamientos fueron muy claros: arrancar con un ajuste de 0% y consolidar en ese año puente una caída del salario real que fuera equivalente a la caída que tuviera la economía. En ese momento no sabíamos cuánto iba a ser, hoy tenemos los datos: la caída del poder adquisitivo del salario va a rondar el 4%. Ahí ya hay una muestra de hacia dónde va la política salarial, y los argumentos detrás de eso van en dos sentidos. Uno era que estamos en el medio de una crisis, todo el mundo está perdiendo y es lógico que los trabajadores también, a partir de una caída salarial, y los lineamientos consolidaban eso; pero, sin embargo, eso no tenía en cuenta que los trabajadores ya venían perdiendo, empleo y horas de trabajo, parte de sus ingresos, porque el seguro de desempleo no cubre 100%; ese argumento no es del todo fuerte. En segundo lugar, se planteaba que en un contexto de crisis era imposible que creciera el salario real, porque eso iba a llevar a la pérdida de nuevos puestos de trabajo. No comparto, porque la pérdida de empleo en ese contexto venía por otras razones; independientemente del salario que tengas que pagar, si vos no podés desarrollar tu actividad, no tenés demanda [por la pandemia], no vas a contratar trabajadores. De hecho, el salario real no creció, pero los puestos se perdieron igual. Me parece que lo que hay verdaderamente detrás es que en parte de algunos sectores de la sociedad, desde las cámaras empresariales, y permeó en este gobierno, estaba la idea de que el salario ya había crecido mucho en los años anteriores y eso estaba amenazando la rentabilidad empresarial, que eso era lo que había hecho que se perdieran puestos de trabajo en los años anteriores. Eso me parece que tiene algo contradictorio en el discurso: los salarios crecieron mucho y había que ponerle un freno, pero después se dice que “cómo en un año de pandemia puede haber crecido tanto la pobreza, capaz que los datos estaban disfrazados”. No, en realidad lo que pasaba era que, por más que el salario real había crecido mucho, tenías todavía una cantidad enorme de trabajadores que ganaban menos de 20.000 pesos por mes. Si esos terminan en el seguro, cobran menos, y lo sostienen muchos meses en el tiempo, porque ya va más de un año en algunos sectores, entonces es lógico que caigan en la pobreza.

Todo esto aplica a los trabajadores formales. ¿Cuánto desafía ese esquema la aparición de las nuevas lógicas de trabajo independiente, detrás de ese modelo que inauguró Uber de plataformas que no tienen empleados directos?

Hay un debate sobre el futuro del trabajo. Engloba básicamente la idea de que la tecnología va a ser desplazadora de trabajo, se va a prescindir de trabajadores. En Uruguay hoy estamos lejos de eso, y aparte me parece que el futuro del trabajo se construye también. Una discusión que nos debemos en Uruguay, y capaz que perdimos el período de crecimiento, porque es más fácil hacerlo en momentos en que el contexto es mejor, es hacia dónde queremos ir. Qué estructura productiva queremos y, por tanto, a qué empleos estamos apostando. Porque me parece que es claro que Uber o Rappi son empleos de emergencia, a los que la gente recurre en situación de emergencia y que de perpetuarse, porque si esa es la dinámica, deberíamos revisar cómo será. Una de las principales lecciones que debemos sacar de esta crisis es la importancia de la seguridad social. De hecho, el gobierno no tomó muchas medidas para reponer el ingreso de los hogares, pero recurrió fuertemente al seguro por desempleo, lo amplió, lo extendió, utilizó ese paraguas. Eso nos muestra la importancia de la protección social. Cuando es su propio patrón y no depende de nadie, tenemos que discutir cuál es el formato para que esos trabajadores estén protegidos socialmente, porque en una crisis como esta, si no, quedan desamparados.

¿Hay que pensar en nuevos esquemas de contribución para estos trabajadores?

Sí. Deberíamos pensar en la seguridad social y en cómo abarcamos a estas nuevas formas de trabajo, que claramente no son un empresario, porque se depende de alguien. Quien está arriba de una bicicleta, arriba de una moto o arriba de un Uber no es un empresario, no depende de sí mismo verdaderamente, depende de una plataforma y de alguien a quien no conoce. Tenemos que encontrar la manera de que esos trabajadores, en el formato que sea, terminen teniendo alguna protección de seguridad social. Nadie elige trabajar a la intemperie repartiendo en un delivery, pero bueno, tal vez no hay otras opciones, entonces pensar la capacitación de esos trabajadores también implica pensar para qué los capacitamos y hacia dónde vamos. Me parece que es una discusión mucho más amplia que nos debemos desde hace bastante tiempo en Uruguay.

El trabajo y el rol del Instituto Cuesta Duarte

Pico explicó que el Instituto Cuesta Duarte, “al depender políticamente de la central sindical”, trabaja, por un lado, dando “asesoramiento sobre la agenda” de temas políticos y coyunturales al PIT-CNT, y por otro, realizando informes e investigaciones de temas que sea de interés poner en la discusión pública. Un ejemplo son los reportes sobre los niveles salariales, datos que no se difunden dentro de la estadística pública y son “centrales”, entiende Pico, de cara a instancias como la negociación colectiva. Precisamente en las rondas salariales también cumple un rol el instituto, ya que asesora a los grupos que negocian y luego recopila la información de “cómo se alinearon [los convenios] en duración, beneficios, cláusulas salariales y correctivos”.

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