La pobreza que nos deja la Rendición de Cuentas

El pasado jueves 29 de setiembre se terminó de votar en la comisión del Senado el proyecto de Rendición de Cuentas 2021 y a partir de este lunes comienza su tratamiento en el plenario.

En el proyecto se observa una caída notoria en la ejecución presupuestal de la mayoría de los organismos en los últimos dos años, en particular los vinculados con problemáticas sociales. En la misma tarde de ese día jueves, el Instituto Nacional de Estadística (INE) daba a conocer los datos de pobreza del primer semestre del 2022. Aunque al lector quizá le resulte un poco raro, estas dos cosas (pobreza y rendición de cuentas) están sumamente relacionadas. A continuación, desarrollaré esta idea.

La rendición del derrame que desafía las leyes de la física

El diputado Gustavo Olmos ha manifestado que el derrame propuesto por el gobierno desafía las leyes de la física, ya que ocurre desde abajo hacia arriba. De hecho, los números fiscales presentados por el gobierno muestran una proyección de mejora del déficit de casi un punto del PIB al cierre del 2022, en comparación con 2019. Estamos hablando de casi 700 millones de dólares. Cuando lo desmenuzamos, se observa que las remuneraciones pesaban 5,1% del PIB en 2019 y pasarán a pesar 4,6% al cierre del 2022, en tanto que las pasividades pesaban 9,5% a comienzos de período de gobierno, y pasarán a pesar 9,0% al final de este año. En efecto, las remuneraciones y pasividades disminuyen su peso, en conjunto, en un punto del PIB. En lenguaje más llano, la disminución del déficit fiscal se explica por la caída de salarios y pasividades, es decir, trabajadores y jubilados son los que llevan en sus espaldas el proceso de ajuste fiscal.

Simultáneamente, las exportaciones de bienes en 2021 crecían 43%, totalizando 11.549 millones de dólares. Esta cifra constituye, según Uruguay XXI, el mayor registro histórico desde que hay información sistematizada.¹ Este proceso de crecimiento exportador liderado por un huracán de cola se mantiene durante el 2022: en los primeros ochos meses del año las exportaciones totalizaron 9.406 millones de dólares, “lo que implica un incremento de 35% en la comparación interanual”.²

Asimismo, un informe elaborado por la Comisión Técnica Asesora de AEBU confirmaba un nuevo récord de depósitos en bancos locales en el primer semestre de 2022, totalizando 39.657 millones de dólares. Esto representa un aumento de más de 4.000 millones en comparación con el registro de 2021. El 80% de este incremento se observa en las cuentas con más de 100.000 dólares.³

Todo esto da cuenta de un proceso de crecimiento netamente concentrador. Mientras los “malla oro” siguen acumulando dinero en sus cuentas, los trabajadores y jubilados cargan con el ajuste fiscal y ven reducido su poder de compra. El derrame es de abajo hacia arriba.

Rendir cuentas: lo que hicieron o no hicieron

Cabe preguntarse qué ha hecho el gobierno para detener este proceso de concentración de la riqueza y deterioro de salarios y pasividades. Si uno busca la palabra “desigualdad” en la Exposición de Motivos, la función Ctrl+F –“buscar” – le arrojará cero coincidencias exactas. Tres veces aparece la palabra “desigual” para referirse al avance de la vacunación, y una vez aparece la palabra “desigualdades” para referirse a la problemática de género. Esto no es casualidad, combatir la desigualdad no es un objetivo por parte del gobierno. De hecho, todo lo contrario. Eliminar la reducción de 2 puntos de IVA para compras con dinero electrónico, modificar el criterio de ajuste de la base de prestaciones y contribuciones sociales, cambiar la metodología de cálculo para el impuesto al patrimonio, son sólo algunos ejemplos de lo que hizo el gobierno para favorecer el proceso de concentración de la riqueza.

Asimismo, no ajustar los salarios públicos por IPC para evitar la pérdida de poder de compra, no incorporar en los lineamientos del sector privado aumentos para los salarios más sumergidos, no haber brindado apoyo suficiente a las Mipymes, o no realizar incrementos diferenciales a las pasividades mínimas, son solo algunos ejemplos de lo que el gobierno no hizo para combatir la desigualdad... Como dice el propio Presidente, no tomar medidas es una medida.

En contraste, la problemática de la pobreza sí aparece desarrollada en la Exposición de Motivos, no exenta de falsedades y en pos de la construcción de un relato. Para empezar, se destaca la caída de 2021 en comparación con 2020 y no se hace ninguna referencia a que el registro de pobreza de 2021 (10,6%) se encontraba dos puntos por encima del registro de 2019 (8,8%). En segundo lugar, se expresa que la pobreza disminuyó en todos los tramos etarios, lo cual es falso. Para los adolescentes entre 13 y 17 la pobreza fue 18,9% en 2020 y 18,8% en 2021, en tanto que para las personas mayores de 65 años la pobreza fue 2,3% en 2020 y 2,1% en 2021. Estas variaciones no son estadísticamente significativas. En otras palabras, las condiciones de pobreza de 2021 para adolescentes y jubilados seguían siendo las mismas que en 2020.

El manejo antojadizo de los datos de pobreza por parte del gobierno ya no sorprende: en la ley de presupuesto se comparaba el dato de 2018 con el de 2019, con el objetivo de enfatizar la suba en el último año del gobierno anterior (único año de los 15 que la pobreza subió). En la Rendición de Cuentas pasada, se comparaban datos bimestrales (algo nunca visto previamente) para argumentar que los datos del último bimestre de 2020 eran similares a los del último bimestre de 2019 y, por tanto, lo peor de la pandemia ya había pasado. En febrero de este año, la ministra de Economía comparaba datos del primer semestre de 2021 con datos anuales de 2020, y recientemente el propio presidente señaló que el mayor registro del primer semestre de 2022 en comparación con el primer semestre de 2019, es una de las lecturas posibles.

Es cierto que hay otras lecturas, principalmente de periodistas allegados al gobierno que manifestaron que la pobreza había bajado en comparación con el semestre previo. Esta lectura es errónea. Además de comparar dos semestres diferentes, lo que tiene asociados problemas de estacionalidad, la variación del dato fue de 0,3 puntos, cuando el margen de error es de casi 1 punto. Por tanto, la pobreza en el primer semestre de 2022 sigue su curso y se encuentra en los mismos niveles que en 2021, y por encima de los niveles de 2019.

Esto no es casualidad, dado que esta Rendición de Cuentas muestra que, por segundo año consecutivo (lo mismo había ocurrido en 2020), el gobierno no puso a disposición todos los recursos con los que contaba para atender la emergencia sanitaria, que cesó a comienzos de este año, y principalmente la emergencia social, que, como se describió previamente, continúa prolongándose. A modo de ejemplo, el incremento del gasto primario en relación al PIB fue de 1,6%, cuando tenía autorizado un aumento de 2,3%. Es decir, se podrían haber utilizado 100 millones de dólares más para atender la emergencia social y aun así cumplir con lo establecido por la regla fiscal. Sucedió algo similar con el tope de deuda: estaba fijado en 2.990 millones de dólares y el endeudamiento neto fue de 2.563. En lenguaje llano, el gobierno podría haber cumplido sus metas fiscales autoimpuestas, y simultáneamente haber destinado unos 500 millones de dólares para atender la emergencia social. Esto hubiese implicado, entre otras cosas, casi que duplicar las medidas de apoyo social. Fue una decisión de política económica no hacerlo y eso hoy tiene sus consecuencias.

En este contexto, las instituciones vinculadas con el desarrollo de políticas sociales han visto notoriamente reducido su presupuesto.

Dado este panorama, con un recorte dramático de los recursos en todas estas instituciones no puede sorprender que hoy tengamos 380 mil compatriotas bajo la línea de pobreza, cuando en el primer semestre del 2019 eran 303 mil. En otras palabras, el aumento de la pobreza fue superior al 25%. ¿Consecuencia de la pandemia? Sí, pero más de la política económica.

Rendir cuentas: lo que harán o no harán

En esta Rendición de Cuentas, el gobierno ha decidido darles prioridad a algunos salarios de la Administración Central, en particular a aquellos del Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa. Al mismo tiempo, se continúa beneficiando a los sectores de mayor riqueza. Para los productores ganaderos que no tributan IRAE se incrementa la devolución del IVA, y para los propietarios rurales se modifica la forma de computar superficie explotada, permitiéndoles acceder a una reducción en el impuesto a la contribución inmobiliaria rural y en el impuesto a primaria. Asimismo, se aumenta el tope de donación que las empresas pueden practicar para exonerar IRAE y se rebajan las alícuotas de IRPF al capital e IRNR en diversas categorías.

Dadas estas medidas es de esperar que la desigualdad continúe aumentando en los próximos períodos, y que en la próxima rendición no veamos ninguna referencia a la problemática.

En cuanto a la pobreza, la ministra de Economía enfatizó que “en el año 2021 prácticamente se duplicó el monto que se destinaba en transferencias sociales en relación al año 2019”.⁴ No obstante, toda esa duplicación corresponde a incrementos por la emergencia sanitaria, y dados los datos publicados recientemente, parecería que fueron notoriamente escasas.

Por otra parte, la ministra también sostuvo que “en lo estructural el partido se juega con empleo y educación y esta Rendición de Cuentas otorga recursos para estos dos elementos”.⁵ Con respecto al empleo, es correcto que durante 2021 las personas ocupadas aumentaron en 59.000 en comparación con 2020, prácticamente igualando la cantidad de personas con trabajo que había en el 2019. Sin embargo, la proporción de ocupados bajo la línea de pobreza se encontraba en 2021 más de un punto por encima de su registro en 2019 (6,8% vs. 5,6%).

Por lo tanto, la recuperación del empleo claramente no fue suficiente. Esta Rendición no asigna recursos para políticas activas de empleo y, por el contrario, destina 1.000.000 de dólares a la realización de estudios de perspectivas del mercado laboral. No hay duda de que estos estudios son importantes, pero la realización de estos se encuentra dentro de los cometidos del Inefop. Por lo tanto, dadas las condiciones de emergencia social, ese millón de dólares podría haber tenido otro destino y fomentar el acceso al trabajo de colectivos vulnerables.

Respecto a la educación, alcanza mirar el gráfico para darse cuenta de que la ANEP y la Udelar son dos de los incisos que sufren en mayor medida el recorte de presupuesto. Los artículos 375 y 376 que se discutirán esta semana asignan 120 millones de pesos para el Hospital de Clínicas y 160 millones de pesos para horas docentes, en busca de fortalecer la expansión de la oferta educativa en el interior del país. Esto representa unos 7 millones de dólares, cuando la Udelar había solicitado para estos programas casi 21 millones. Es decir, se le otorga la tercera parte. Vale la pena señalar que la oposición propuso asignar 1,5 millones de dólares para becas de apoyo económico a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad y 7,5 millones de dólares para obras edilicias de la Udelar. Estas asignaciones fueron votadas negativamente por los senadores de la coalición de gobierno.

El discurso de la educación y el trabajo para combatir la pobreza estructural puede sonar agradable al oído, pero hay que destinarle recursos para que efectivamente comiencen a concretarse. La ministra de Economía sostuvo que “se mantuvo el foco en las luces largas”,6 pero de tanto poner el foco en las luces largas, se olvidaron de prender las cortas y el choque lo sufren, como siempre, los de abajo.