Uruguay en busca de hidrocarburos (II): cambiar el lente para mirar el mar*

“Uruguay tiene más territorio marino que terrestre, pero vivimos mirando para adentro”. Así resume nuestra relación con el mar Andrés Milessi, biólogo marino, oceanógrafo e integrante de la organización Un Solo Mar. Desde 2016, la Zona Económica Exclusiva (EEZ) de nuestro país cuenta con una superficie mayor a 200.000 km2, y, si bien falta mucho por conocer sobre nuestros ecosistemas marinos y su estado de conservación, no caben dudas de que se trata de una región de alta relevancia ecológica.

Sucede que la convergencia de la corriente cálida de Brasil, la corriente fría de las Malvinas y las aguas estuarinas del Río de la Plata crean ecosistemas muy productivos y ricos en nutrientes.¹ Tiburones y rayas acuden a nuestras aguas para la reproducción, crianza y alimentación, al igual que una variedad de delfines, ballenas, aves y tortugas marinas. Esto incluye especies amenazadas de albatros y petreles, y especies icónicas como la ballena franca austral y el delfín franciscana. No nos olvidemos, además, de las colonias más grandes de lobos marinos del hemisferio occidental.

Un poco más allá, en el talud continental a unos 200 km de la costa, existen vastas extensiones de arrecifes de coral de aguas profundas, frágiles y de lento crecimiento, que sirven de hábitat para especies marinas muy diversas y que eran desconocidas hasta hace poco más de una década.² Estos arrecifes son objeto de atención de la comunidad científica local e internacional: no por casualidad, el talud uruguayo forma parte desde 2021 de la selecta lista de expediciones que el programa Pristine Seas de National Geographic ha realizado en todo el mundo desde 2008.

La evidencia científica también nos sugiere que el mar de Uruguay no escapa a la problemática que afecta a los ecosistemas marinos a nivel global. La región ha sido identificada como un punto crítico del calentamiento de los océanos, y los cambios en la temperatura se hacen notar en la pesca industrial con cambios documentados de especies de aguas frías a especies de aguas cálidas en la representación relativa de los desembarques locales.³

El calentamiento de las aguas también está impulsando el aumento en la frecuencia y duración de las floraciones de algas nocivas, lo cual supone una amenaza directa sobre la pesca artesanal de almeja amarilla y, con ello, de los medios de subsistencia de muchas de nuestras comunidades costeras.⁴ Además, la sobrepesca y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y las prácticas pesqueras insostenibles como la pesca de arrastre, juegan un rol preponderante en la depredación de muchas especies en peligro de extinción.⁵

En este escenario, ya de por sí complejo, no es temerario pensar que las tareas de prospección, exploración y eventual explotación de hidrocarburos en la plataforma marítima nacional podrían configurar el golpe de gracia para ecosistemas tambaleantes. ¿Estaremos contemplando el elefante que se podría instalar en nuestra húmeda sala?

Contemplando el elefante

Las actividades asociadas con la prospección y extracción de petróleo tienen implicancias sustanciales sobre los ecosistemas marinos, y aunque su comprensión ha mejorado, particularmente para megafauna (ballenas, delfines, focas, peces grandes como tiburones y algunos peces pequeños), aún hay muchas incertidumbres asociadas al comportamiento de los sistemas complejos y dinámicos que forman el medio marino.⁶

De acuerdo con la literatura científica, los tipos de estrés ambiental provocados por las actividades en cada fase del desarrollo petrolero pueden resumirse en cuatro grandes categorías: alteración del hábitat físico; contaminación acústica, lumínica, atmosférica y biológica; petróleo en el ambiente, y contribución al cambio climático por emisión de gases de efecto invernadero.⁷ Ocurre que estos impactos ambientales y sus efectos en el bienestar humano varían en su escala temporal y espacial, y en la clásica balanza de costo-beneficio que rige la toma de decisiones, la cuantiosa y tangible magnitud de ingresos potenciales derivados de la explotación petrolera tiende a combinarse con nuestra propia ignorancia sobre dinámicas ecológicas que no terminamos de comprender, generando un campo fértil para la miopía política.

Todos nos indignamos con imágenes de aguas negras y animales marinos cubiertos de petróleo luego de algún derrame, y los costos “directos” de esas catástrofes sobre otras actividades humanas (como la pesca y el turismo) suelen aproximarse con relativa precisión. ¿Pero qué hay de las disminuciones de la productividad, diversidad y resiliencia de los ecosistemas marinos por el calentamiento de los océanos? ¿Y de la contaminación acústica provocada por la exploración sísmica, que puede distorsionar la capacidad auditiva y de comunicación de distintas especies y con ello, la búsqueda de alimento o selección de hábitat? ¿Tomamos en cuenta en nuestra ecuación la posible pérdida permanente de hábitat físico o la movilización de contaminantes en las cadenas alimentarias por la acumulación de sedimentos que genera la colocación de plataformas petroleras y perforación de pozos?

Además, puesto que el mar se ha convertido en un espacio muy disputado, con un entramado de usos e intereses humanos con frecuencia superpuestos y potencialmente conflictivos, las implicancias de las actividades petroleras no son sólo ecológicas, sino sociales, económicas y políticas. Este entramado está compuesto de partes interesadas heterogéneas, que presentan grados desiguales de influencia sobre la toma de decisiones, diferentes sistemas de valores, objetivos y puntos de vista que en ocasiones pueden ser irreconciliables. Frente a ese panorama y en ausencia de una gestión integrada, todos los caminos conducen a la degradación y el agotamiento de los recursos. ¿Cómo sería el escenario si abandonáramos el lente de la fragmentación en la gestión de los recursos naturales? ¿Tomaríamos las mismas decisiones si, siguiendo la pista que nos dejara Elinor Ostrom, integrásemos el enfoque sistémico a la toma de decisiones para informarlas con consideraciones más amplias, que abarquen las implicancias ambientales, culturales, económicas y sociales de los proyectos productivos?

Servicios ecosistémicos: quitándole el velo a la naturaleza

En el año 2000, el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, convocó a la realización de una evaluación comprehensiva del impacto de los humanos en el ambiente, y de las consecuencias que los cambios provocados en los ecosistemas tienen en el bienestar humano. La iniciativa, conocida como la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, se lanzó en el 2001 y reunió a cerca de 1.400 expertos de todo el mundo, resultando en la publicación en el año 2005 de una síntesis global del estado de los ecosistemas de la Tierra y de una serie de directrices para la toma de decisiones. Quizás, uno de los principales aportes de esta iniciativa es el haber traccionado la investigación en el área de “servicios ecosistémicos” y, sobre todo, la integración de este concepto en el diseño de políticas para la gestión ambiental.

Corresponde destacar, sin embargo, que el concepto comenzó a popularizarse ya a fines de la década de 1970, con el propósito de llamar la atención sobre los valores que los seres humanos obtenemos de la naturaleza y así crear conciencia sobre la conservación de la biodiversidad.

En efecto, fue bajo esta premisa que un conjunto de investigadores tuvo en 1997 la osadía de estimar el valor monetario anual de un conjunto de servicios ecosistémicos para 16 biomas del planeta, concluyendo que ese valor triplicaba el del Producto Interno Bruto mundial.⁸ Más allá de la magnitud de los resultados, esa investigación seminal dio pie a una ola de investigaciones en el área de la “valoración de los servicios ecosistémicos”, que en criollo definimos como la cuantificación (monetaria, biofísica o de otro tipo) de los beneficios que obtenemos de la naturaleza. Se trata esta de una línea de trabajo que ha crecido en forma exponencial en las últimas dos décadas, aunque no es ajena a las críticas por los riesgos que algunos (o muchos) creen que puede implicar el asignar valores a la naturaleza, un debate apasionante que merecería una nota aparte.

¿Qué tiene que ver todo esto con la posibilidad de que encontremos petróleo en Uruguay? La respuesta radica en el potencial que tiene la adopción de un enfoque de flujos de servicios ecosistémicos y existencias de capital natural para resaltar y comprender el grado de dependencia que tenemos con nuestros ecosistemas. De esta forma podríamos reducir, al menos en parte, la miopía que afecta a las decisiones políticas. ¿Cómo lo hacemos?

Integrando el enfoque de servicios ecosistémicos a la Planificación Espacial Marina

Desde la última década, el entendimiento de que nuestra interacción con los ecosistemas marinos debe coordinarse a gran escala porque involucra usos y actividades múltiples y, a menudo, superpuestos, ha llevado a un cambio de paradigma de gestión a nivel global en el que se apunta a integrar el enfoque de servicios ecosistémicos en la Planificación Espacial Marina (PEM). La PEM se define como un “proceso público de análisis y asignación de la distribución espacial y temporal de las actividades humanas en áreas marinas, que busca la consecución de objetivos ecológicos, económicos y sociales, especificados a través de un proceso político”.⁹ Un apunte: la PEM en sí misma no es novedosa, ya que su origen se remonta a la década de 1970; lo “novedoso” es lo que denominamos “PEM basada en ecosistemas”.

Puede que para muchos haya pasado inadvertido, pero el propio ministro de Ambiente, Adrián Peña, anunció el pasado junio en la II Conferencia sobre Océanos de Naciones Unidas el compromiso de alcanzar el 30% de la superficie marina protegida al año 2030 en un proceso de PEM. Ello ocurría casi al mismo tiempo en que Ancap firmaba los contratos para llevar adelante las tareas de prospección y exploración de hidrocarburos. Esta coincidencia no debería sorprender, ya que la experiencia internacional sugiere que el inicio de los procesos de PEM suele ser catalizado por proyectos de importante envergadura en alta mar.

Que nuestro país haya asumido ante Naciones Unidas el compromiso de iniciar un proceso de PEM y de proteger el 30% de su superficie marina para 2030 es una buena noticia, al menos para quienes escribimos esta nota. Pero la PEM es una herramienta de gestión, y, como tal, requiere de su diseño y puesta en práctica. Es allí donde la evidencia empírica nos lanza una fuerte advertencia, que estamos a tiempo de considerar. Es que, muchas veces, la PEM del mundo real tiene más que ver con la conveniencia política que con los conceptos e ideales ampliamente reconocidos en la literatura. Esta conveniencia política tiende a manifestarse en la perpetuación de una planificación sectorial estratégica, con procesos ad hoc en los que persisten los conflictos sectoriales y en los que las tomas de decisiones fluyen en una única dirección: de arriba hacia abajo.¹⁰

La evidencia empírica también nos advierte que los procesos de PEM exitosos tienen, al menos, dos rasgos característicos: el respeto por la estructura y función de los ecosistemas, y el involucramiento de todas las partes interesadas en lo que debe ser un proceso de coproducción del conocimiento. Para apegarse a tales principios, es indispensable conocer más sobre las dinámicas de la producción ecológica, especialmente en lo que se refiere a la variabilidad espacial y la forma en que se producen los servicios ecosistémicos.

Ello es particularmente desafiante en el medio marino, castigado en forma desproporcionada por la falta de investigación y datos. Junto a ello, la valoración de los servicios ecosistémicos nos puede ayudar a develar un espectro mucho más amplio de beneficios y costos asociados a cualquier decisión. Afortunadamente, los marcos conceptuales para la valoración han madurado notoriamente en los últimos años, y hoy existe consenso de que esta puede y debe incorporar la pluralidad de visiones y de relaciones de poder entre partes interesadas que no siempre comparten los mismos sistemas de valores y grados de influencia.

La adopción de este enfoque, por sí solo, no resolverá todos nuestros desafíos de gestión ambiental, y ciertamente requiere de un marco político, legal y regulatorio que lo respalde y complemente. Hablamos de un proceso de largo aliento, interdisciplinario, que requiere de inversión real en ciencia, tecnología y recursos humanos y de inmunidad frente a los ciclos políticos. Hablamos también de una oportunidad para despojarnos de nuestro tradicional abordaje fragmentario y transitar hacia uno inclusivo, integrador y plural en la toma de decisiones que nos atañen a todos, los que estamos ahora y los que vienen detrás. Quizás, en este caso, se trate además de una gran oportunidad para darnos la vuelta y empezar, finalmente, a mirar para afuera.

(*) Parte I: “Uruguay en busca de hidrocarburos: atrapados en el dilema del prisionero”. la diaria.