La instancia se estructuró en torno a dos rondas de intercambio. La primera parte incluyó una pregunta para cada expositor sobre el plano internacional y la segunda trasladó esa lógica, pero para la economía nacional.

Primera ronda: panorama internacional

Contexto regional

Mordecki comenzó la exposición repasando la trayectoria reciente de la actividad económica en las tres economías, destacando el estancamiento que experimenta Argentina desde 2011 y los problemas de Brasil para “remontar” luego de la crisis política que terminó con la destitución de Dilma Rousseff. De esta manera, previo a la irrupción de la pandemia, los tres países mostraban señales de estancamiento y dificultades varias. Luego del rebote del 2021, la economía brasileña “se muestra más debilitada” en su crecimiento, mientras que Argentina, más allá de sus problemas, ha seguido creciendo. No obstante, las últimas proyecciones sugieren que el panorama mejoró en Brasil y empeoró en Argentina.

En relación al costado financiero, hizo referencia a la delicada situación que atraviesa Argentina, cuyo riesgo país rozó los 3.000 puntos básicos antes de revertir parcialmente. “Eso quiere decir que el país está fuera de los mercados de crédito y eso complejiza el panorama, porque supone recurrir a más emisión, y esa emisión luego se traduce en una aceleración de la inflación”. Según los últimos datos, la inflación de julio fue 7,4% mensual y 71% interanual, y “puede llegar a 90% a fin de año”. En lo que hace al mercado cambiario, destacó el salto del dólar que provocó el primer cambio de mando en el ministerio de economía y el retroceso parcial que tuvo lugar luego de esa sobrerreacción, entrando en un compás de espera tras la asunción de Sergio Massa como “superministro”.

Economía mundial e impacto de la guerra

Esta pregunta estuvo dirigida a Rosselli, que advirtió sobre los riesgos de recesión global derivados de la guerra, pero principalmente de la situación de la inflación mundial y la consecuente respuesta de política monetaria por parte de los bancos centrales. “Este riesgo recesivo nos tiene que advertir que estos altos precios de las materias primas, que venían desde antes, pero que cobraron más fuerza con la guerra, no van a durar para siempre”. En ese sentido, señaló que por ahora los retrocesos más fuertes corresponden a los metales más que a los alimentos, y eso es algo bueno para Uruguay.

Por otro lado, elevando un poco más la mirada en el tiempo, el socio de Exante se preguntó si Europa no va a rejerarquizar su relación con el Mercosur, en tanto proveedor de materias primas, dado que aprendió por las malas que ya no puede confiar en Rusia. Esto “abre alguna ventana para pensar si el tratado de libre comercio entre el bloque y la Unión Europea no tiene alguna chance de reflotar”. También abre la puerta para pensar si Uruguay no podría bilateralizar el acuerdo con la Unión Europea, como viene insistiendo el especialista en comercio Marcel Vaillant: “Hagámoslo válido para Uruguay y, en algún momento, cuando Brasil quiera cumplir con las exigencias ambientales europeas, será válido para el Mercosur”, indicó.

En referencia al eventual tratado de libre comercio entre Uruguay y China, el analista se refirió a los cuestionamientos que surgieron de forma posterior al comienzo del conflicto bélico, dado el posicionamiento de China. “Uruguay siempre tiene que mostrarse independiente de los conflictos geopolíticos entre las grandes potencias”, porque sus agendas no son la nuestra. En ese sentido, señaló que deberíamos separar lo que pueden ser alineamientos políticos de lo que es nuestra respuesta de política económica, sin frenar nuestra agenda de apertura: “No tiene ningún sentido que Uruguay se plantee postergar una negociación de un TLC por el alineamiento que China tiene con Rusia en este conflicto. Los países comercian entre sí a pesar de que tengan enormes diferencias y Uruguay tiene que buscar acuerdos de libre comercio”.

Mercosur y TLC con China

En este caso la respuesta estuvo a cargo de Picco, que comenzó aclarando que todavía no tenemos claro qué es lo que podría abarcar ese TLC, ni en materia comercial ni en otras áreas como inversiones, compras públicas o propiedad intelectual. Por este motivo, “es muy difícil tener una idea acabada sobre cuál puede ser el impacto que pueda tener sobre el PIB o el empleo”. Hecha la aclaración, señaló que es dable esperar una profundización del patrón actual de comercio. “China es el principal destino de nuestras exportaciones y esas exportaciones están bastante concentradas en unos pocos productos, que son de naturaleza primaria”. Esto naturalmente genera ganadores y perdedores.

Los sectores más vinculados a la industria, la cadena textil, la vestimenta, y seguramente parte de la industria química son ejemplos de estos últimos. Estos sectores ya venían con problemas y “seguramente el ingreso preferencial pueda ser como el golpe de gracia… Hay estudios que indican que tendríamos una pérdida en esos sectores de alrededor de 25.000 puestos de trabajo de manera directa, y obviamente que eso no es despreciable”. Sin embargo, más allá del saldo entre ganadores y perdedores, indicó que la intención del Cuesta Duarte es promover que la discusión se haga con una mirada de mediano plazo sobre el empleo.

Dado que la política comercial debería ser un instrumento para promover el desarrollo humano a partir de la generación de empleo de calidad, la pregunta no debería ser cuál es el impacto que hoy pueda tener esa profundización, sino cómo nos miramos a futuro desde esa perspectiva. “Si queremos profundizar la matriz productiva que hoy tenemos, concentrada más que nada en la primarización con escaso valor agregado y contenido tecnológico, o si queremos tomar medidas para revertir eso”. Si bien se puede pensar que un TLC con China podría tender a promover esto, a su entender hoy no están dadas las condiciones para que eso suceda en nuestro país. Por el contrario, “seguramente ese TLC abra las puertas a profundizar ese modelo productivo, esa inserción comercial que hoy tenemos y que entiendo no es la deseable”.

Crisis argentina

En relación a la crisis de nuestro vecino, y a diferencia de lo que se suele afirmar, el problema no es un problema político, según Oddone, sino que es un problema económico que la política no encuentra la forma de resolver. “Es muy difícil que la política bajo reglas democráticas pueda encauzar la cantidad de restricciones que Argentina tiene que resolver. Por eso lo único que estamos viendo en este gobierno es la postergación de decisiones que son imposibles de evitar”. Es importante tener esto presente, entre otras cosas, porque un cambio de gobierno no necesariamente será una solución mágica. En todo caso, lo que ese gobierno puede llegar a tener es alguna legitimidad para poder hacer un conjunto de cosas que son políticamente muy complejas de hacer.

“Argentina tiene que transitar un camino por el cual tiene que resolver inmensos desequilibrios macroeconómicos, derivados de un manejo discrecional de la política económica prácticamente no visto en los últimos 40 años en casi ningún lugar razonable, y debe hacerlo de una manera ordenada que además sea factible políticamente”. En lo que hace al ajuste fiscal, el problema central pasa por los subsidios −en muchos casos dirigidos a la clase media− y las transferencias, cuyo reordenamiento y/o desarme es políticamente muy costoso porque comprende a mucha gente.

En este marco, “las perspectivas son de desorden creciente y por lo tanto la probabilidad de que Argentina tenga una hiperinflación es un escenario factible. No es el escenario de 2001, es un escenario más parecido al del 1989/90”. A este respecto, no hay hoy un riesgo inminente de un corralito bancario o de altos niveles de desocupación, pero sí de otros problemas, especialmente vinculados a los precios.

Lamentablemente, “para que en Argentina las cosas mejoren necesariamente tienen que empeorar”, y tiene que haber un mandato político muy duro para que quien tiene que hacer el ajuste, que técnicamente es inevitable, pueda hacerlo. “Todavía ese momento no llegó, se requiere un susto más grande de la clase política y un nivel de presión de las organizaciones de la sociedad civil más alto”.

En clave Uruguay, deberíamos separar los dos canales de contagio. El canal financiero está obturado, como demuestran las trayectorias comparadas del tipo de cambio y el riesgo país entre ambas economías. A diferencia del pasado, “es evidente que los mercados decodifican que los canales de contagio financiero no existen hoy”. Sin embargo, la cosa cambia en el canal real asociado al comercio. Resaltó en ese sentido el peso de los argentinos en el turismo y en la situación que enfrenta actualmente la frontera a la luz de las diferencias de precios relativos: “El litoral está severamente afectado, la generación de empleo, de mejoras salariales, está fuertemente afectada”. Asoció esto con la discusión actual en torno a la recuperación salarial, dado que las perspectivas sugieren que “la recuperación salarial que tendría lugar, o que empezaría a tener lugar a partir del 2023, va a ser muy asimétrica”. Al margen de esto, el socio de CPA Ferrere señaló que, si bien no somos inmunes, estamos relativamente a resguardo.

El espacio para las réplicas

Para cerrar la primera etapa de intercambio el encuentro previó una ronda de réplicas entre los participantes. Al tomar la palabra, Rosselli volvió sobre el escenario regional y advirtió sobre el problema potencial que reviste para nuestro país, dado que estamos viendo un “empobrecimiento relativo de dos potencias en relación a nosotros”. Igualmente, distinguió entre la situación de uno y del otro. Brasil tiene “enormes problemas fiscales y en su sistema político, pero tiene un Banco Central independiente y es más fácil creer que va haber un ordenamiento fiscal”. En Argentina el problema es mayor, dado que “desde la revolución de las expectativas racionales sabemos que ningún plan de estabilización funciona si no tiene una buena ancla fiscal. Para que Argentina salga se requiere un ajuste fiscal, una reducción de gasto público, y una reforma tributaria que logre recaudar más reduciendo la enorme cantidad de impuestos que van contra el crecimiento económico”.

En relación al TLC con China, Rosselli señaló que un país como Uruguay, que no tiene una base de industria manufacturera importante, y que ya desprotegió su industria frente a Argentina y Brasil, tiene mucho más para ganar en el largo plazo con una estrategia de apertura, que cosas para proteger. “Uruguay tiene una economía extraordinariamente cerrada, y las herramientas arancelarias y paraarancelarias que tenemos no tienen ningún efecto positivo en el desarrollo manufacturero uruguayo. El crecimiento industrial que vayamos a tener, sea más chico o más grande, depende de la capacidad de exportar, no de la capacidad de vender en el mercado interno”.

En su opinión, más allá de lo arancelario, los acuerdos de libre comercio lo que hacen, si funcionan, es traer “dinámicas de inversión que generan sectores nuevos, que generen cosas nuevas, distintas de las que podemos medir. Podemos cuantificar los puestos de trabajo que vamos a perder, pero mucho más difícil es cuantificar los puestos que en el largo plazo se van a ganar”. Igualmente, aclaró que eso no implica desconocer que van a haber perdedores, y que es muy importante tener políticas mitigatorias para ellos.

Sobre este tema, Oddone adhirió a la posición anterior: “Para un país de las dimensiones de Uruguay no hay lección más aprendida que la de la apertura económica como mecanismo de generación de prosperidad a largo plazo. Eso es lo que la historia nos enseña desde los 70 en adelante”. Sin embargo, introdujo matices en lo que hace al aspecto geopolítico del asunto. Para él, el conjunto de acontecimientos que han tenido lugar desde 2008 en adelante, y particularmente durante los últimos cuatro años, suponen un cambio de paradigma en el ordenamiento mundial.

“En el mundo de la apertura, en el mundo de los noventa, en el mundo de la caída del muro, no tengo dudas de que el camino era adherir fuertemente a un TLC con China. En el mundo de hoy tengo dudas, porque hay fenómenos de naturaleza geopolítica que no estoy en condiciones de evaluar y que no sé cómo pegarán”. ¿Eso quiere decir que no debemos avanzar en negociaciones con China? “No, en absoluto. Creo que está bien hacerlo”, porque entre otras cosas va a servir para aprender y generar capacidades en torno a negociaciones más complejas.

Sin embargo, pensando en las razones por las cuales China querría hacer un TLC con un país como Uruguay, y ante este nuevo escenario geopolítico, debemos tener cuidado. “Creo que está bien que sigamos evaluando este tema, que pensemos en avanzar, pero debemos mirarlo desde una lógica que no es desde la que hubiera razonado en 2018”.

Por último, indicó que no comparte la tesis de que hemos primarizado la economía, porque se ha incorporado mucho conocimiento y know how sobre los recursos naturales, pese a que es cierto el riesgo derivado del número reducido de productos que le vendemos al resto del mundo. Destacó particularmente el caso de la celulosa, por ser el único rubro que implica comercio intra-rama y que oficia de buffer ante cambios de precios, aunque advirtió que es “difícil de replicar”.

Segunda ronda: la economía uruguaya

Rendición de Cuentas

En primer lugar, Rosselli hizo referencia al escenario macroeconómico planteado, que evalúa como realista y en línea con las proyecciones que manejan en Exante –que anticipan una desaceleración hacia tasas de crecimiento más moderadas en los próximos años–. También destacó el reconocimiento por parte de las autoridades de que la inflación bajaría a un ritmo más lento del previsto. “Es bueno reconocer que el objetivo de llevar la inflación a menos de 4% en 2024 no parece tan importante en relación al conjunto de objetivos que tiene la política económica”. En ese sentido, consideró razonable apuntar a una inflación en el entorno de 6%.

En segundo lugar, indicó que el gobierno realizó un ajuste fiscal importante en sus primeros dos años, más allá de que “podemos discutir si se pasó de ajuste o no, dadas las circunstancias de la pandemia”. A su entender, hizo el ajuste sin subir los impuestos de manera relevante –la modificación de la BPC y la reducción de puntos de IVA no cambian significativamente el resultado– y sin reformas importantes. “No lo logró por ganancias de eficiencia, sino por un shock inflacionario que licuó salarios y pasividades, y porque frenó algunas inversiones públicas dentro del balance fiscal”.

También subrayó que el gobierno viene cumpliendo con las reglas de la institucionalidad fiscal. “Me parece un punto importante el avance en la institucionalidad fiscal, en tratar de reducir la discrecionalidad”. En ese sentido, la meta fiscal de 2,4% para 2024 sería alcanzable desde el punto de vista técnico, aunque el ciclo político podría incidir. “La regla fiscal no está diseñada para evitar el ciclo electoral de las finanzas públicas. Aunque lo hace un poco más difícil, está lejos de evitarlo porque excluye a las empresas públicas. Por lo tanto, el manejo de tarifas podría cambiar para aprovechar un ciclo electoral”. Sobre este punto también destacó que, si bien existe un límite de gasto, no hay impedimentos para bajar impuestos siempre y cuando la reducción no conduzca a un aumento del tope de deuda pública.

En relación a los impuestos, advirtió que no están dadas las condiciones para pensar en reducciones significativas y que el sistema político no internaliza adecuadamente que, al margen de la eventual reforma de la seguridad social, la dinámica de largo plazo del gasto público es creciente. “Uruguay tiene una subinversión en educación, en seguridad, en infancia y en infraestructura. No me parece razonable pensar que tenemos espacios relevantes de reducción de los impuestos”. También agregó que es irrelevante que la economía crezca 5% para evaluar si se pueden bajar, dado que justamente la institucionalidad pone el foco sobre el resultado estructural –y desde esa perspectiva el crecimiento se ubica entre 2% y 2,5%–. “Y si fuésemos a bajar algún impuesto, me parece muy mala idea bajar el IRPF o el IASS, aunque esto ya no es un análisis técnico, sino una preferencia”.

Mercado laboral

Desde el Cuesta Duarte vemos el mercado laboral con preocupación, indicó Picco en su segunda intervención. “Estamos viendo algunas debilidades y la realidad marca algunos puntos flacos”. Si bien la recuperación del empleo se aceleró durante la última parte de 2021, el primer trimestre supuso un enlentecimiento de ese proceso y el segundo un deterioro. Este deterioro era esperable, dado que algunos factores que han apuntalando al empleo son transitorios, pero se adelantó. “Esto nos parece particularmente importante, porque el empleo había sido como el paraguas de contención para la recuperación del ingreso de los hogares, dado que en lo que hace a los salarios todavía estamos por debajo del nivel prepandemia”.

Asimismo, Picco señaló que la heterogeneidad de la recuperación se traslada también al mercado de trabajo y que, si bien hay indicadores que en promedio se ubican en torno a los niveles de 2019 –como el seguro de desempleo–, las realidades sectoriales son muy dispares: hay sectores vinculados al mercado interno que son muy demandantes de mano de obra y que todavía están mostrando algunos problemas –como servicios, comercio y transporte–. Esa “reestructuración” del mercado laboral habría tenido como correlato positivo una reducción de la informalidad, dado que mejoraron sectores que tienen buenos resultados en materia de calidad de empleo. Pensando hacia adelante, Picco evaluó que la creación de 40.000 empleos anticipada por el gobierno para este año sería alcanzable, aunque el empeoramiento reciente de los indicadores “pone nuevos desafíos en ese sentido”.

En lo que hace a la dimensión de los salarios, señaló que la pérdida acumulada del poder de compra asciende casi a 5% si se toma como referencia el promedio de 2019, y es atribuible a dos razones. Primero, los lineamientos previstos para la ronda puente supusieron una pérdida del entorno de 4,2%. Segundo, los ajustes previstos para la novena ronda no evitaron que el retroceso se profundizara. En términos acumulados, lo anterior implica la pérdida de aproximadamente un salario. Hacia adelante, estiman que 2022 será de estabilidad o escaso crecimiento para el poder de compra. “Podríamos decir un empate, pero, como venimos perdiendo 2-0, es un empate complicado”. Además, no debemos perder de vista la heterogeneidad, con sectores que arrancaran a negociar luego de dos rondas de pérdida.

El correlato de lo anterior es un deterioro en materia distributiva. Incluso si se cumple el compromiso de recuperar el nivel de salario real que teníamos previo a la pandemia, al considerar las proyecciones de crecimiento e incluso las proyecciones oficiales sobre el empleo, la participación de la masa salarial en el PIB terminará siendo menor. “Esto significa una menor apropiación por parte de los trabajadores asalariados del ingreso total generado”. 

Reforma previsional

En este caso el turno fue de Oddone, quien comenzó diciendo que “la reforma es inevitable” y que “mientras más rápido la hagamos, mejor”. Es inevitable porque, si bien los niveles de cobertura y suficiencia son más que razonables en términos comparados, son financieramente insostenibles. A modo ilustrativo, indicó que la esperanza de vida al nacer es cinco años mayor que en 1996 y que las proyecciones de población anticipan un deterioro adicional de la relación activos-pasivos. Además, señaló que partimos de un nivel de gasto previsional elevado –en torno a 10% del PIB–, que seguirá creciendo. Hoy el déficit del sistema es del entorno de 2% y, en ausencia de medidas, podría subir hasta 5% en los próximos 40 o 50 años.

Además, existen otros fundamentos que hacen necesaria la reforma. En primer lugar, no es razonable en términos de economía política que las contribuciones al sistema sean crecientes en el tiempo. “Uruguay tiene toda su deuda en niñez y adolescencia. No puede permitirse seguir priorizando recursos destinados a adultos mayores: por cada adulto mayor pobre tenemos diez niños pobres”.

En segundo lugar, el sistema presenta “enormes” debilidades institucionales. Tenemos regímenes específicos para colectivos específicos que son pequeños y están sujetos a shocks idiosincráticos permanentes que erosionan su relación activo-pasivo. Además, tienen prestaciones mejores al promedio. “Si se vuelven deficitarios, no hay razón para que Rentas Generales los asista en desmedro de otros”. Las cajas Bancaria y Profesional son dos muestras de ello, pero el problema se extiende hacia otros subsistemas, como las cajas Militar y Policial, que también “tienen condiciones muy especiales que hacen urgente su modificación”. 

El sistema tampoco cuenta con un regulador y la mayoría de los subsidios están mal direccionados. “Los subsidios no están definidos de manera concebida, sino que son consecuencia de un conjunto de transacciones que se fueron haciendo a lo largo del tiempo”. En ese sentido, avanzar en materia de equidad requiere revisar mecanismos, dado que muchos subsidios se dirigen a sectores de ingresos medios y medios altos.

Por fuera del diagnóstico, Oddone evaluó el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, con sus claros y sus oscuros. En relación a los primeros, destacó que “es un buen punto de partida para comenzar una discusión”. Primero, porque se propone contener el déficit y no plantea un achicamiento. Segundo, porque pretende mejorar algunos aspectos institucionales. “El hecho de que se proponga hacer converger los distintos regímenes a un régimen único tiene enormes beneficios, uno de ellos es la consistencia institucional y la gobernanza única, con prestaciones equivalentes y sin asimetrías”. También propone establecer un regulador independiente y apunta hacia una convergencia “parsimoniosa”, que parece ser la mejor forma de encarar una problemática que tiene una economía política tan compleja.

En lo que hace a los segundos, afirmó que debemos ser conscientes de que esto afecta el resultado fiscal de corto plazo. Por este motivo, un capítulo crucial será determinar cómo se financiará esa transición. “Tenemos buenas condiciones, pero eso hay que preverlo y transparentarlo”. A su vez, el proyecto no resuelve los problemas de desfinanciamiento de algunos regímenes especiales, particularmente de las cajas Profesional y Bancaria. “Eso está fuera de la discusión”. En esta línea, y haciendo referencia a otros insumos que formaron parte de la discusión, subrayó que no es seguro que la reforma sea suficiente para resolver las inequidades que se derivan de los retiros anticipados, que están presentes sobre todo en el régimen de las cajas Militar y Policial.

Para terminar, habló sobre el timing de la reforma. ¿Es una reforma urgente? “Creo que no, lo era más en 2019 que ahora”. ¿Por qué? Porque un conjunto de circunstancias hizo que sea menos acuciante: hicimos un ajuste fiscal importante y la mayoría de nuestros pares crediticios deterioraron sus posiciones fiscales, con lo cual ahora volamos bajo el radar. “Lo que no tenemos ahora es una presión externa por hacer la reforma”. ¿Eso quiere decir que no haya que hacerla rápido? No, porque encararla con tiempo evitaría los problemas que surgen cuando estas cosas se difieren: otorga mayor margen de maniobra político, evita una transición abrupta y suaviza el esfuerzo fiscal consecuente. “Entonces, dado el consenso del sistema político y la propuesta que está arriba de la mesa, sería deseable que estuviéramos en condiciones de aprobar esta reforma en este período de gobierno, o por lo menos dejarla muy avanzada”.

Las perspectivas

Mordecki fue la encargada de cerrar el encuentro, desplegando su visión en torno a las perspectivas de actividad e inflación. Sobre lo primero, sugirió que la economía crecería en torno a 4,5% este año para luego converger hacia tasas del entorno de 2,5%, un escenario que no está exento de riesgos si se tiene en cuenta el panorama global.

Más allá de las cifras, “es importante señalar que el crecimiento es desparejo y que se vienen problemas mayores, sobre todo en sectores vinculados al comercio, los servicios y el turismo”. El crecimiento va a seguir siendo desparejo, lo que evidencia una recuperación en forma de K que genera presiones hacia una mayor desigualdad. “Si bien la economía sale de la crisis, sale con un fuerte ajuste fiscal, que pesa sobre asalariados y pasivos”

Con respecto a la inflación, si bien comenzará a bajar en los próximos meses, subrayó que será muy difícil que se sitúe dentro del rango meta. Más allá de la menor presión que pueda venir de los precios de las materias primas, el tipo de cambio podría ejercer presión sobre los precios transables. Destacó además que la inflación fue funcional a los objetivos del gobierno, orientados principalmente a reducir el déficit fiscal.

En relación a la postura del BCU, la investigadora cuestionó la estrategia que ha venido siguiendo con los sucesivos aumentos de la tasa de interés. Concretamente, entiende que la presión sobre los precios no surge del recalentamiento de la economía, sino que responde más a la presión de los precios internacionales. Siguiendo esta lógica, encarecer el crédito podría no ser la aproximación adecuada, y además esto ha tenido efectos sobre el tipo de cambio.