El impacto económico del crimen organizado local: más allá de lo evidente

El crimen organizado en Uruguay, si bien no ha alcanzado niveles extremos como en otros países de la región, está dejando una marca preocupante. A pesar de la histórica estabilidad y seguridad reconocidas en el país, recientemente se ha observado un aumento significativo en la influencia del crimen organizado, especialmente en áreas urbanas de Montevideo y zonas fronterizas. Esta presencia ha planteado desafíos considerables para el bienestar de los uruguayos y ha generado mayor atención en la prensa, debates políticos y conversaciones cotidianas.

Una de las consecuencias más inquietantes del crimen organizado en Uruguay es la percepción creciente de inseguridad ciudadana. Aunque las tasas de criminalidad pueden no ser tan altas como en países vecinos o distantes, la participación de bandas delictivas en actividades como el narcotráfico ha incrementado la sensación de vulnerabilidad entre los ciudadanos. Según un informe reciente de la Usina de Percepción Ciudadana (setiembre de 2023), el 56% de los encuestados indicó que la seguridad en el país es mala o muy mala, mientras que el 69% percibe un aumento en los homicidios en comparación con el año anterior, cifras que superan resultados anteriores de la misma organización.

En el ámbito económico, las repercusiones adversas del crimen organizado se manifiestan en múltiples facetas. Las áreas afectadas por la presencia de actividades criminales pueden experimentar una serie de desafíos económicos significativos. Por ejemplo, las rapiñas o extorsiones a negocios locales constituyen sólo una de las múltiples formas en que estas comunidades se ven afectadas financieramente. Estos actos delictivos reiterados generan una atmósfera de incertidumbre y pérdida de ingresos para los empresarios locales, impactando directamente en la estabilidad financiera y el crecimiento económico a nivel comunitario.

La falta de inversión también se erige como un problema crucial en estas zonas. La percepción generalizada de inseguridad disuade a potenciales inversores de comprometerse con proyectos o emprendimientos. Esta reticencia para invertir limita las oportunidades de desarrollo económico y la creación de empleos, generando así un estancamiento que obstaculiza el progreso. Estudios económicos han mostrado que las personas que viven en zonas controladas por pandillas tienen menos bienestar material, ingresos y educación que las personas que viven fuera del territorio controlado, pero muy cercano.¹

Además, es fundamental considerar el impacto socioeconómico en los individuos que residen en estas comunidades afectadas. La falta de oportunidades económicas legítimas actúa como un catalizador que empuja a ciertos individuos hacia actividades ilícitas en búsqueda de ingresos, perpetuando así el ciclo vicioso del crimen y la pobreza. Dicha situación es particularmente relevante para los jóvenes. Estudios académicos evidencian que la exposición a mercados laborales ilegales durante la infancia conduce a la formación de capital humano específico a dichas actividades, colocándolos en trayectorias delictivas desde una edad temprana.²

Asimismo, evidencia de Brasil refleja que los individuos de origen socioeconómico más bajo y sin afiliación religiosa tienen mayor probabilidad de unirse a una pandilla, mientras que aquellos con dificultades en la escuela y uso temprano de drogas se unen a edades más tempranas. Dentro de las organizaciones criminales, los salarios no dependen de la educación, sino que aumentan con la experiencia, particularmente aquella que involucra violencia.³

Sin embargo, la incidencia del crimen organizado se extiende más allá, impactando en diversas esferas de la sociedad. Este aumento en la percepción de inseguridad no sólo conlleva consecuencias tangibles, también tiene un profundo efecto psicológico en la población. En las comunidades afectadas esta situación genera niveles elevados de estrés, ansiedad y temor, lo que se traduce directamente en una sensación de vulnerabilidad y disminución de la cohesión social en estos entornos.

Además, el impacto del crimen organizado se hace sentir en la esfera educativa y familiar de manera palpable. La exposición de los jóvenes a entornos influenciados por el crimen organizado afecta negativamente su rendimiento académico. Al respecto, la evidencia regional indica que los estudiantes de escuelas expuestas a la violencia de grupos criminales organizados sufren un mayor ausentismo docente, rotación de directores y cierres temporales de escuelas. Todo ello se traduce en menores puntajes en exámenes estandarizados, por ejemplo de matemáticas.⁴ Dichos impactos sustantivos en la formación de capital humano a edades tan tempranas puede desencadenar efectos posteriores en la inserción y participación en el mercado de trabajo, particularmente en el sector formal, poniendo aún más trabas al desarrollo.

En resumen, aunque Uruguay ha mantenido una sólida reputación histórica por su estabilidad y seguridad ciudadana, la reciente presencia del crimen organizado en ciertas áreas geográficas plantea desafíos considerables en términos de seguridad ciudadana, economía, educación e integración laboral. Si bien se han implementado medidas públicas para abordar estos problemas, como estrategias enfocadas en la prevención del delito, el refuerzo de la seguridad ciudadana y el respaldo a programas sociales para jóvenes en situación de riesgo, es imperativo adoptar un enfoque integral que combine tanto acciones de seguridad como políticas sociales y económicas para generar respuestas efectivas, sostenibles y de largo plazo.

Finalmente, es esencial ampliar el monitoreo más allá de las meras percepciones de inseguridad. Se debe considerar aspectos integrales del bienestar, como la calidad de vida, la disponibilidad de servicios (comerciales, educativos, de salud) y la materialidad de las condiciones en estas áreas. En este sentido, los datos proporcionados por el Censo 2023, combinados con estadísticas de ocurrencia de delitos, pueden ser un punto de partida valioso para obtener una imagen más completa de la situación. Estos datos pueden servir para identificar indicadores críticos, realizar un seguimiento continuo y tomar medidas sobre los aspectos que presenten deficiencias, permitiendo así abordar los desafíos de manera más efectiva y adaptada a las necesidades reales.

Magdalena Domínguez es doctora en Economía por la Universidad de Barcelona e investigadora del London School of Economics and Political Science.