En esta sección se resumirá brevemente, y de forma gráfica, algunos aspectos clave de la economía uruguaya durante el período 2005-2019, con base en el libro La economía del primer ciclo progresista, editado por Fin de Siglo y disponible en librerías de todo el país1.
¿Cuáles fueron los principales cambios en materia de salud del período?
En 2005 Uruguay inició un proceso de reforma de la salud. La modificación sustancial desde el punto de vista económico que introdujo la reforma fue la separación entre la contribución que realiza el afiliado y la utilización de los servicios de salud. Además, la reforma se propuso modificar el modelo de atención y gestión, garantizar el acceso universal a la salud, la calidad asistencial y la sustentabilidad del sistema.
Para ello, se creó el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) y el Seguro Nacional de Salud (SNS), que sustituyó al sistema de seguridad social anterior, que era gestionado por el Banco de Previsión Social a través de la DISSE.
El financiamiento del SNS se canalizó a través del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), que se nutre del aporte de trabajadores, empleadores, jubilados y pensionistas, y de la asistencia financiera del Estado.
Como parte del cambio en el modelo de gestión se creó la Junta Nacional de Salud (Junasa), integrada por representantes de los trabajadores, usuarios y prestadores integrales, además de delegados del Poder Ejecutivo. La Junasa tiene a cargo la administración del SNS y vela por el cumplimiento de los principios rectores del SNIS. Todos los afiliados a los prestadores integrales del SNIS tienen derecho al Plan Integral de Atención en Salud (PIAS).
¿Qué cambios se introdujeron en el financiamiento del sistema de salud?
La reforma de salud tuvo entre sus objetivos mejorar la equidad del acceso a la asistencia sanitaria. Para ello, un aspecto clave fue el fortalecimiento del gasto público asociado a la cobertura que brinda el sistema de seguridad social. En detrimento de ello, se buscó la reducción del gasto privado, financiado directamente por los hogares: pago de cuotas de afiliación individual a un prestador integral de salud, gasto en farmacias, entre otros.
La equidad en el acceso se logra separando la capacidad de pago de los usuarios del gasto destinado a la atención en salud. En otras palabras, se trata de garantizar que el acceso a la salud sea independiente del poder adquisitivo de las personas.
Para ello, es fundamental el fortalecimiento del gasto público en salud. Esto posibilita que los hogares destinen menos recursos privados a pagar una cuota de afiliación (de prepago) a un prestador de salud y otros “gastos de bolsillo”. Cuanto menor es la incidencia del gasto privado de los hogares, mayor es la protección financiera que brinda el sistema de salud a las familias.
¿Cómo se comportó el gasto en salud entre 2005 y 2019?
El gráfico muestra la evolución del gasto público en salud en porcentaje del PIB y el gasto de bolsillo que realizan los hogares como porcentaje del gasto total.
El gasto público en salud pasó de 3,9% del PIB en 2005 a 7,6% en 2019.2 Este aumento se explica, fundamentalmente, por la implementación de la reforma de la salud y por el fortalecimiento presupuestal de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el principal prestador público de salud en Uruguay.
Los recursos que se canalizan a través del sistema de seguridad social (Fonasa) concentran más de la mitad del gasto público en salud. Si además consideramos el gasto que realiza ASSE, este porcentaje asciende a 80%. En contrapartida, el gasto de bolsillo que realizan los hogares como porcentaje del gasto total en salud cayó de 23% en 2005 a 15% en 2019, lo que muestra el fortalecimiento de la equidad en el acceso a la atención sanitaria.