Mirando más allá del corto plazo, advierte que “1,7% de crecimiento anual como proyecto de país, de crecimiento a largo plazo, es un desastre. Para atender los desafíos y los casos más urgentes en términos sociales, de mercado de trabajo y ambientales, tenés que estar creciendo por lo menos al 3% anual”.

¿Cómo evaluaron desde el Cinve la decisión del Comité de Política Monetaria (Copom) de pausar los aumentos de la tasa de interés?

Nosotros estimábamos que iban a tomar esa decisión, porque el directorio del Banco Central del Uruguay (BCU) enfrenta un dilema muy fuerte. Por un lado, están los servicios técnicos, que aconsejan mayores incrementos de la Tasa de Política Monetaria (TPM), es decir, una mayor contracción monetaria. Esto se conoció a raíz del pedido de información que hizo el diario El País. Si los servicios técnicos en diciembre estaban sugiriendo 50 puntos de aumento de la TPM y el directorio optó por 25 puntos, en esta última instancia, probablemente, los servicios propusieron un incremento de, al menos, 25 puntos.

Por otro lado, el directorio del BCU, que es el que tiene responsabilidad política, está recibiendo cada vez más críticas por su accionar. Las críticas no son unánimes, pero provienen de variados actores: analistas económicos desde tiendas que uno podría catalogar como mainstream neoclásicas hasta otras posiciones menos ortodoxas, así como de dirigentes empresariales. A ello se agregan las críticas desde el lado político, que abarcan todo el espectro.

Para el directorio del BCU es una situación compleja. En las decisiones del Copom creo que están comenzando a incidir estos aspectos de economía política. Ese es un punto clave, en mi opinión, y no considerarlo puede ser una debilidad de los argumentos que defienden la política monetaria contractiva que se ha venido implementando. Los que apoyan o impulsan esta alternativa para combatir la inflación han insistido en la necesidad de una política monetaria contractiva, admitiendo que los responsables deben estar dispuestos a pagar los eventuales costos de corto plazo.

En realidad, uno de los problemas es que no resultan convincentes los argumentos acerca de la profundidad de la contracción necesaria. Para que la política monetaria pudiera tener “éxito” en Uruguay, se requeriría una política contractiva con una TPM mucho más allá del 12%, que es la estimación de los servicios técnicos del BCU. De hecho, prácticamente ya se alcanzó ese nivel.

Pero admitamos que mejoramos nuestros modelos y concluimos que con una contracción profunda (por ejemplo, con una TPM superior al 20%) se podría lograr “disciplinar” a los agentes y reducir la inflación. Y aquí entra el argumento de economía política. No se puede aplicar en Uruguay una contracción a lo [Paul] Volcker, porque acá los sindicatos son infinitamente más poderosos que en Estados Unidos, sobre todo pensando en los años 80. Los mecanismos de indexación de precios tampoco eran tan fuertes como los que existen hoy en nuestro país, empezando por las propias tasas, contribuciones e impuestos. Todo eso está indexado, como también lo están los alquileres y la educación, con o sin reglamentación específica al respecto.

Entonces, un proceso que en Estados Unidos fue de sangre, sudor y lágrimas, como fue la convergencia a niveles de inflación razonable durante el mandato de Volcker, o incluso de Alan Greenspan a principios de los 90, acá sería el preámbulo de serios conflictos sociales. Capaz que estoy diciendo algo obvio, pero es un punto clave en esta discusión: no podemos discutir la teoría en abstracto de que si comprimo suficientemente la demanda agregada los precios van a bajar porque tengo un modelo estadístico que me lo muestra. Pero, incluso si así se concluyera de la operación con el modelo, vale la “crítica de [Robert] Lucas” de que nuestras variables de política no son independientes, exógenas al modelo de inflación con el que forman sus expectativas los agentes. Ese es el punto clave, en mi opinión.

¿La visión técnica debería pesar más que las cuestiones políticas? Además del peso de la economía política, ¿hay argumentos estrictamente técnicos para objetar la política del BCU?

Aun cuando consideremos lo que podría ser la teoría aséptica, o una visión “técnica” (así, entre comillas), la economía uruguaya dista muchísimo de ser una economía donde la aplicación de la teoría económica convencional conduce a los resultados que predice. Varios factores nos distinguen de esas economías, como puede ser la de Estados Unidos: el nivel de indexación de precios y nuestro grado de apertura, entre otros. En particular, nuestro grado de apertura tiene como consecuencia que la variabilidad de los precios internacionales reviste mayor importancia en Uruguay que en Estados Unidos, por ejemplo. Por ese canal, y también por el canal financiero, estamos muchísimo más expuestos a choques externos.

Hay que tener en cuenta, y en este punto existe consenso a nivel global, que la política monetaria clásica, que es la que se está impulsando en Uruguay, funciona sólo con los bienes y servicios no transables. Las referencias son múltiples, pero podemos tomar una declaración de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, donde afirma que la política monetaria no puede evitar los efectos de primera ronda de los shocks, sean estos de origen global o resultantes de problemas del lado de la oferta. Pero los bancos centrales deben asegurarse de que no produzcan efectos secundarios, o efectos de segunda ronda, que provoquen una inflación alta y persistente. La referencia es a evitar el proceso de retroalimentación, entre los salarios y los precios de los bienes no transables, que vuelve a impactar sobre el IPC global y determina un nuevo ciclo de precios al alza.

¿Y eso cómo se traslada a la discusión local?

En nuestro país, la política monetaria no funciona para impedir los efectos de segunda vuelta, o, por lo menos, no funciona con el mismo vigor que en países desarrollados. Como ya dijimos, se precisa una política monetaria comparativamente mucho más contractiva, si esto fuera viable desde el punto de vista político, para lograr los mismos resultados.

¿Por qué?

Reitero el punto. La economía uruguaya es mucho más abierta y los no transables tienen menos importancia. Estamos más expuestos a los choques internacionales, además de otros aspectos monetarios. En Uruguay tenemos dos monedas, más allá de algunos avances en el proceso de desdolarización. Entonces, el BCU está apuntando su cañón contra un objetivo más chico. ¿Por qué? Porque los no transables representan una menor porción de la canasta que en otros países, y, además, porque los instrumentos de política monetaria actúan sobre el crédito y los depósitos solamente en moneda nacional. Pero actúa también sobre el tipo de cambio, con todo un conjunto de efectos colaterales que hemos observado en el último año y medio. Y estos efectos no son menores.

En Estados Unidos, aunque parezca trivial lo que voy a decir, hay una sola moneda. Mientras que el M2 −agregado monetario− en Uruguay no llega al 3% del PIB, en Estados Unidos es más del 100%, aunque hay que reconocer que una gran parte de los billetes está fuera de Estados Unidos y no incide sobre su demanda de bienes. En cualquier caso, hago la analogía con el cañón porque la política monetaria tiene que ser más contractiva en Uruguay en términos comparados, para que pueda tener los mismos efectos, y ello no parece viable desde el punto de vista de la economía política.

¿Pero los beneficios a largo plazo de hacerlo no exceden los costos de una sola vez en el corto plazo?

Sí, este es un argumento reiterado. Es claro que es preferible una inflación del orden de, digamos, el 4% anual a una inflación del 8%. Una baja inflación fomenta la desdolarización de la economía y, ciertamente, protege a los sectores más vulnerables, los que tienen ingresos más o menos fijos: asalariados, pasivos, etcétera.

Sin embargo, debemos relativizar estos beneficios por varias razones. En primer lugar, para los sectores más vulnerables, en un país con mecanismos indexatorios generalizados como el nuestro, no hay grandes diferencias en sus efectos con una inflación del 4% o una del 8% anual. Desde el punto de vista de impactos en el desarrollo, la única conclusión robusta sobre Uruguay es que la inflación no debería sobrepasar el 10% anual. Pero, más allá de los beneficios de largo plazo, hay que tomar en cuenta los costos del proceso para llegar a este resultado. El paquete no es gratis.

Y el otro punto relevante es que no estoy seguro de que la política monetaria convencional, así fuera mucho más contractiva, nos lleve a la reducción permanente de la inflación. A veces se plantea como una especie de cuestión religiosa: vamos a atravesar el desierto y eventualmente vamos a llegar a la tierra prometida. Tenemos que pasar por la etapa de sufrimiento con la política contractiva, pero dejaremos comportamientos adecuados de los agentes para el futuro en forma permanente: baja indexación, confianza y credibilidad de la política, etcétera.

Desde el punto de vista del respaldo académico, en el mejor de los casos, los defensores de estas políticas convencionales tienen la mitad de la biblioteca a su favor. Y el último episodio inflacionario a nivel mundial, desde 2021, ha sido demostrativo de las debilidades del análisis en los mecanismos de formación de precios, persistencia de los choques, y, en última instancia, en los pronósticos de inflación.

Un argumento a favor de las políticas convencionales ha sido la llamada “Gran Moderación”, un período de baja inflación y crecimiento sostenido experimentado en los Estados Unidos desde mediados de la década de 1980 hasta la crisis financiera de 2007, en el que se aplicaron este tipo de políticas monetarias. En este punto debemos ser cuidadosos y no extrapolar resultados a otros períodos históricos o a otras realidades. Es posible que esta situación de menor volatilidad haya sido sólo parcialmente influida por las políticas convencionales.

En un artículo reciente de Joseph Stiglitz, un pasaje de mucho humor relativiza el rol de la política de la Reserva Federal sobre la formación de expectativas. Traduzco el párrafo: “Algunos dirán que la inflación se ha mantenido controlada precisamente porque los bancos centrales han dado muestras de tal determinación para combatirla. Mi perro Woofie podría haber sacado la misma conclusión cada vez que ladraba a los aviones que volaban sobre nuestra casa. Podría haber creído que los había asustado y que no ladrar habría aumentado el riesgo de que el avión le cayera encima”.

En resumen, hay una parte de la biblioteca que le da la razón a quienes proponen una mayor contracción y otra parte que es más escéptica en torno a la cuestión, con sobradas credenciales académicas y técnicas. Y aun aquellos que son fervientes partidarios del enfoque, llamémosle, ortodoxo, tendrían que reconocer que, en el caso concreto de Uruguay, es complejo de aplicar.

Bueno, pero ¿qué se puede hacer si no se hace eso? O, en otras palabras, pensando en el contrafáctico: ¿qué habría pasado con la inflación en ausencia de las acciones que se tomaron?

Este es un buen punto. Por una cuestión de honestidad intelectual, deberíamos contestar esa pregunta, porque no alcanza sólo con criticar. Para empezar, creo que hay que definir prioridades. Como en cualquier otro aspecto del análisis económico, hay que medir costos y beneficios. Estamos con una inflación en el entorno del 8%, relativamente estabilizada y con una tendencia que probablemente sea a la baja, aunque después en el correr del año pueda repuntar de nuevo. Para simplificar, pongamos que cerrará el año por debajo del registro de diciembre de 2022 (8,3%). Es una inflación que es alta, obviamente que es alta. La economía funcionaría mejor con una inflación del 4% o del 4,5%. Eso para mí sería razonable. Si bien prefiero el 4% al 8%, este último tampoco es un guarismo que nos debería desvelar. No es un guarismo que anticipa una espiral de precios. La tendencia actual no apunta en el sentido de un salto de precios hacia adelante.

Entonces, en esas circunstancias, yo sería muy cauteloso, sobre todo hasta no lograr un poco más de claridad sobre el contexto internacional. Hay amenazas de recesión, que, en todo caso, contribuirían a la desinflación. Se tiene un aumento de las tasas internacionales y se tienen indicadores mixtos respecto a la tendencia de la inflación, por lo menos en Estados Unidos. En cualquier caso, todo indica que la Reserva Federal de Estados Unidos va a continuar subiendo su tasa de referencia.

¿Y cómo sería ese plan?

Necesariamente tiene que ser gradual. Yo sé que es muy difícil, en el sentido de que se requiere mucha voluntad política y que complejiza el diseño. Pero debemos pensar en un plan gradual que necesariamente implique acuerdos entre agentes sociales que pongan sobre la mesa la desindexación de algunos precios claves. Los salarios tendrían que ser un elemento clave, pero también los alquileres, entre otros precios, con el necesario cambio legal y regulatorio.

O sea, el acuerdo tendrá viabilidad si se encuentra una forma de distribuir las pérdidas, y probablemente el gobierno tendrá que poner, también, su cuota parte en cuanto a rebaja de impuestos u otras decisiones que pueden implicar costos fiscales. Es una especie de pacto de la Moncloa, adaptado a la situación uruguaya de 2023, obviamente. Debería buscar mecanismos de profundización financiera, de incrementar la potencia de la política monetaria y de desindexación. Insisto, no es nada fácil y va a requerir varios mecanismos, considerando zanahorias y palos, para que funcione.

Y tiene que haber una conciencia clara, porque ese es el otro punto que es bien interesante cuando se utiliza el “argumento de Volcker”. La sociedad norteamericana de ese momento pedía bajar la inflación. Había consenso ciudadano, porque se había convertido en un problema grande. A comienzos de los 80, más del 50% de los encuestados mencionaban a la inflación como el problema más importante. En Uruguay ese consenso no está, y eso también es parte del problema.

En un acuerdo posible hay que buscar formas de repartir costos, lograr mínimamente los apoyos necesarios y confiar, porque ese es el problema que tiene Uruguay, que en el medio del proceso no ocurra un choque fuerte de precios internacionales y se complique todo.

Entonces, tu argumento es: la inflación es alta y te gustaría moderarla a la mitad, pero, de alguna manera, como está estable en torno a ese nivel y tenemos montado un conjunto de mecanismos indexatorios, nadie está pidiendo a gritos que baje drásticamente.

Exacto. Hay otra discusión con respecto al impacto que tiene el nivel inflacionario actual sobre el desarrollo económico a largo plazo. Trabajos para Uruguay indican que el umbral es del 10%, es decir, por debajo de ese umbral no es claro que se esté afectando el desarrollo a largo plazo. Insisto, todo eso depende de las circunstancias y los arreglos institucionales que cada país tiene. Quizás en Estados Unidos el 8% es un escándalo, y tiene un montón de consecuencias negativas sobre la economía, pero acá en Uruguay no visualizo que sea tan así, justamente, por la existencia de todos esos mecanismos de protección que señalaba.

Adrián Fernández.

Adrián Fernández.

Foto: Camilo dos Santos

¿Cómo están incidiendo los aumentos de la tasa sobre la actividad?

Siempre es difícil construir el contrafáctico, pero creo que ya estamos viendo un efecto contractivo sobre el PIB, más allá de los problemas que enfrentan las exportaciones.

Por la vía del consumo y la inversión, que opera con rezago, además.

Claro, exactamente. Eso se va a visualizar mejor este año.

¿Qué proyectan para el crecimiento desde el Cinve?

Estamos relativamente coincidentes con el gobierno, con una proyección de crecimiento anual en el entorno del 2,2% para este año y un poquito más, quizás medio punto más, para 2024.

En relación a esto hay dos aspectos relevantes que van por fuera de los modelos. Uno es el tema de UPM, porque todo el efecto negativo de la terminación de las obras ya lo estamos observando, pero no tenemos claro cuándo será que la planta esté operando a full. No sé cómo lo maneja el gobierno cuando hace su proyección, pero nosotros no tenemos claro si es en el primero o en el segundo semestre del año. El efecto por única vez de la puesta en funcionamiento de la planta puede correr parte del crecimiento del PIB para 2024, dependiendo de cuándo sea el inicio de actividades. El otro punto es el tema de la sequía. Entonces, nosotros estamos pensando que 2024 va a ser un poquito mejor que 2023.

Volviendo sobre la discusión del dólar, ¿cómo visualizan el panorama para este año?

En el supuesto de que el BCU deje de aumentar la TPM, que creo que es un supuesto razonable, más allá de que tenemos que esperar al segundo semestre para corroborarlo, prevemos un cambio en la trayectoria del tipo del cambio, un incremento moderado, por debajo de la inflación. Aun si la Reserva Federal aumenta su tasa de interés, en la medida en que el incremento sea menor, se mantiene el incentivo para deshacer posiciones en moneda extranjera y armarlas en moneda nacional. Obsérvese que la diferencia de tasas de política es hoy de más de siete puntos porcentuales, cuando a fines de 2020 era de cuatro puntos y medio.

Con este escenario, se detendría la revaluación del peso y comenzaría a procesarse una ligera devaluación, en el orden del 3% al año. Más allá de la dinámica de cada mes, que tendrá su volatilidad, visualizamos que el tipo de cambio aumentará en 2023, aunque por debajo de la inflación.

¿Se mantendrán, entonces, los problemas de competitividad?

Sí, incluso podrían agravarse un poco. Nuestro análisis apunta a la política monetaria como el “villano” de la novela. Este no es un tema sencillo de verlo en los números, pero, en nuestra opinión, es el principal factor detrás de la revaluación experimentada en 2022.

Según los números que se han manejado, no habría un proceso de carry trade ni tampoco un cambio de portafolio de las AFAP.

Eso es correcto. Es posible que existan algunas operaciones aisladas que permitan a los no residentes tomar posición en activos uruguayos en pesos, sin que figuren en las estadísticas.

¿Cómo sería?

Con algún actor residente, por ejemplo, un banco, que le vende la posición en Nueva York y hace la cobertura acá con el emisor soberano del título. En la estadística del BCU figuraría como un residente que compra la letra en moneda nacional. En la vida real, no se observan cambios en la posición de los bancos, por lo que, si existieran, estas operaciones no están moviendo la aguja.

Al margen de esa posibilidad, ¿qué sucede con la explicación de que el tipo de cambio baja porque hay un exceso de oferta de dólares por exportaciones?

Las exportaciones ya no tienen el mismo dinamismo de la primera mitad de 2022, y el dólar, con fluctuaciones, mantiene una tónica bajista. Pero, incluso entre 2021 y el primer semestre de 2022, el boom de exportaciones no es un argumento fuerte, porque los dólares que entran por exportaciones no necesariamente van todos ellos a cambiarse por pesos, especialmente en las cadenas agropecuarias y agroindustriales. O sea, hay una falsa idea de que todo lo que entra por exportaciones se transfiere a pesos, y no es así. Eso es válido para la cadena cárnica y probablemente suceda algo similar con otras cadenas. Por lo tanto, no hay ninguna garantía de que el aumento de las exportaciones agroindustriales esté generando esta presión a la baja en el tipo de cambio. Y, más importante aún, si se mira la cuenta corriente del balance de pagos, el resultado o saldo se mantuvo estable en los últimos dos años. No podemos quedarnos sólo con las exportaciones para analizar la presión de las operaciones comerciales sobre el mercado de cambios.

¿Y qué pasa con la inversión extranjera directa?

Sí, eso es algo que señaló el presidente del BCU. Es el caso de UPM. Ahí hay un punto. Por el lado de la balanza de capitales, se tiene un flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) y eso se traduce en más importaciones, porque se importa maquinaria y demás, pero también en pagos de proveedores y salarios en moneda nacional. O sea, por parte de la IED sí hay una presión sobre el mercado de cambios, es un factor a tener en cuenta. Ya el efecto UPM se terminó y, sin embargo, sigue habiendo presión a la baja sobre el dólar en los últimos meses.

Tampoco tenés un salto de productividad que sea consistente con esa valorización del peso. O sea que, razonado por descarte, ¿hacia dónde apunta la explicación? ¿A la política monetaria y el canal de expectativas?

Del último Informe de Política Monetaria del BCU lo que parece surgir claramente es que el sector privado no financiero, empresas no financieras y familias, es el que está deshaciendo posición en dólares y aumentándola en moneda nacional −cambiando su portafolio−. Las AFAP y los bancos están manteniendo su portafolio de monedas relativamente estable y no están cambiando de posición. Ellos son los inversores más sofisticados que tenemos, y podríamos preguntarnos por qué no lo hacen, cuando la rentabilidad de los activos en moneda nacional (especialmente en Unidades Indexadas) es mucho mayor que en moneda extranjera.

En el caso de las AFAP, es posible que ya estén con una composición de portafolio óptima para ellos, con una porción pequeña en moneda extranjera, acercándose al 10% del Fondo de Pensiones. Cambios, que serían sólo marginales, pueden no justificarse teniendo en cuenta consideraciones de reducción de riesgos por diversificación. Habría que buscar una explicación de por qué el sistema financiero, también, mantiene su posición en moneda extranjera estable, o de por qué no se observaron inversores no residentes haciendo operaciones de carry trade. Yo no tengo una explicación.

Lo que sí es objetivo es que el porcentaje de la deuda pública en pesos está aumentando respecto de la denominada en dólares. Y que son agentes residentes privados, no financieros, los que están posibilitando esta mayor proporción de deuda en moneda nacional. Con mucha dificultad para obtener información, y a partir de la interpretación de los gráficos, esto es lo que podemos observar en el último informe de política monetaria.

Cambiando un poco el foco, ¿cómo visualizás la evolución del mercado laboral?

Creo que estamos llegando a una meseta. Si tomamos diciembre contra diciembre tenemos el mismo nivel en el empleo. Toda la ganancia que hubo luego de la salida de la pandemia se estancó, el número de ocupados se estabilizó. Todavía me queda la duda de cómo están jugando estos programas especiales, como los jornales solidarios. En su momento tuvieron una incidencia importante, de casi un punto porcentual en la tasa de desempleo y, además, eran puestos formales.

El punto relevante en el mercado laboral es la recuperación salarial. Es difícil que se produzca esa recuperación tal como la está planteando el gobierno, o sea, volver a los niveles de 2019. Para el sector público sí, probablemente se consiga finalmente porque no es tanta la diferencia, pero para el sector privado la cosa es distinta. Ahí precisaríamos casi cuatro puntos porcentuales de recuperación del salario real.

Si se mira la experiencia de los últimos 20 años, hubo episodios en los que efectivamente se pudo incrementar cuatro puntos del salario real en un período bianual. Pero eran períodos de alto crecimiento del PIB. Entonces, pensando que observaremos un menor crecimiento económico, y que por el lado de los exportadores hay problemas asociados a una caída de la demanda externa, será difícil para el sector privado solventar el aumento del salario.

Esa dicotomía que se plantea en la relación empleo-salarios no opera en una economía con dinamismo, pero sí en una economía que crece al 2%.

Exactamente. Va a haber una tensión en ese sentido, con la complicación adicional de que estamos en un año preelectoral (2023) o electoral (2024), lo que hace que el gobierno procure impulsar la recuperación de los salarios y los ingresos en general.

¿Qué es lo que te desvela en relación al futuro y las posibilidades del país de aumentar el bienestar a largo plazo? ¿La estimación tan baja para el PIB potencial?

Sí, por supuesto. En la discusión que se dio semanas atrás en Diputados con el proyecto de reforma de la seguridad social, se presentaron las proyecciones largas del Ministerio de Economía y Finanzas, que creo que son elaboradas por el BCU, y se estimaba una convergencia hacia una tasa del 1,7% de crecimiento del PIB hacia el año 2100. Es cierto que la población estará creciendo quizás por debajo de esa tasa, o sea que el PIB per cápita con estos números tendría un pequeño incremento, incluso. Pero desde el punto de vista social es un desastre. Es decir, no estoy haciendo un juicio negativo sobre estos escenarios de crecimiento de largo plazo. Lo que me llama la atención es que se presenten estas proyecciones y no exista una conmoción pública, no suenen las alarmas en el gobierno, en la oposición, en actores sociales. Tanto o más importante que la reforma de la seguridad social es buscar mecanismos para incrementar la tasa de crecimiento de la economía a largo plazo.

El gran problema que hay es que la discusión en torno a la productividad y el crecimiento está muy ideologizada, en Uruguay y en el mundo. Pero hay que sentarse a discutir y tratar de buscar acuerdos. 1,7% de crecimiento anual como proyecto de país, de crecimiento a largo plazo, es un desastre. Para atender los desafíos y los casos más urgentes en términos sociales, de mercado de trabajo y ambientales, tenés que estar creciendo por lo menos al 3% anual. Se necesita eso y más para poder llevar adelante acciones para afrontar estos desafíos. Y esto es independiente del color ideológico del gobierno de turno.

Estamos destinando medio punto del PIB a políticas sociales directamente para la infancia, excluyendo educación y salud, mientras que países cercanos a nuestro nivel de ingreso per cápita destinan tres o cuatro veces más. Uruguay necesita aumentar esa cifra. Pensemos en que la pobreza no se ha logrado reducir del entorno del 9-10%, a pesar del alto crecimiento que tuvimos y de las políticas aplicadas. Por eso insisto en la necesidad de aumentar lo que destinamos a políticas sociales. Después podemos discutir cómo, y esa es una gran discusión, porque, obviamente, no es cuestión de duplicar las asignaciones familiares u otros instrumentos. Pero necesariamente debemos destinar más recursos a políticas sociales, a educación, al sistema de cuidados, en fin, son múltiples las necesidades y para atenderlas se requiere un crecimiento económico más alto.

Durante mi niñez, en los años 50, es cuando se produce el quiebre en el crecimiento del Uruguay: la inflación se dispara, la economía se estanca, se intensifica la puja distributiva, y demás. Hasta ese momento éramos el país del gran futuro. Y a partir de esa época comienza el declive. Lo que me preocupa es que esto se pueda repetir con esa previsión de un crecimiento tendencial del 1,7%. En los últimos 15 años crecimos al 4% promedio aproximadamente, aun incluyendo los años de la pandemia. Con este último crecimiento se podría implementar una serie de políticas que contribuyeran a una mejor realidad social. Con un crecimiento de menos de la mitad, de ninguna manera.

¿Cómo levantamos ese crecimiento, entonces?

El capital humano es fundamental, además del capital físico, obviamente. Respecto a cómo crecer en el capital humano yo no tengo una recomendación, no sé qué tipo de reforma educativa hay que hacer. Reconozco que, en los años del gobierno del Frente Amplio, tampoco fueron grandes los cambios, más allá del incremento de recursos en el presupuesto público. Se observaron avances en la tasa de cobertura en el nivel educativo medio y terciario, el Plan Ceibal, el desarrollo de un sistema nacional de investigación, entre otros aspectos. Pero no fue suficiente.

No podemos darnos el lujo de que sólo el 50% de las personas termine el ciclo completo de enseñanza secundaria. No podemos darnos ese lujo porque, además, es una traba para todo; desde el punto de vista social, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de la seguridad social. Si lográramos que las nuevas cohortes aumentaran su capital humano, y por esa vía su productividad e ingresos, eso operaría como una especie de bono demográfico y nos ayudaría a mejorar un montón de frentes, entre ellos el financiamiento de la seguridad social. De nuevo, no soy experto en educación y no tengo ninguna recomendación en ese plano, sólo lo miro desde la perspectiva clásica del crecimiento y la importancia del capital humano para la productividad.

¿Hemos tenido saltos discretos de productividad? O, de otra manera, ¿dónde ubicamos el conjunto de transformaciones que impulsaron el dinamismo entre 2004 y 2014? ¿Fue un proceso constante de mejora o fueron escalones?

Tuvimos un salto luego de la crisis del 2002, que se tradujo en un crecimiento espectacular luego de superada la situación crítica. En el último año del gobierno colorado el PIB ya venía con un enorme impulso. ¿Qué jugó a favor? Salíamos de una crisis muy profunda, obviamente, pero todos los aspectos de la productividad total de los factores −aspectos institucionales y demás− fueron en el sentido del crecimiento acelerado. Habría que volver a analizarlo y diseñar las reformas necesarias.

Probablemente no tengamos que mirar reformas con un rol extraordinario o un resultado espectacular, pero sí reformas que cambien unas décimas de esa tasa de crecimiento de largo plazo. Ese es el camino. Sería maravilloso lograr dos o tres reformas que empujen unas décimas esa tasa, porque luego es de esperar una sinergia positiva que redunde en ciclos virtuosos y mayores cambios en el mismo sentido. Por ejemplo, los temas institucionales y de gobernanza de las empresas públicas creo que son claves.

¿Eso tiene un signo partidario? Porque me da la impresión de que, más allá de lo discursivo, el manejo de las empresas públicas sigue siendo funcional al gobierno de turno, sea como brazo ejecutor de la política económica o como plataforma y fuente de cargos políticos.

Sí, se hizo muy poco durante los gobiernos del Frente Amplio y se hizo muy poco en estos tres últimos años, con una marcha atrás en algunos casos.

¿Qué rol deberían de cumplir?

Creo que un buen modelo para tomar es el del BROU, en el sentido de una institución que trabaja en competencia y que contribuye a disciplinar el mercado, que es algo muy importante. Y si bien hay críticas, entiendo que hay cosas positivas para tomar o estudiar con profundidad.

Hay un factor clave en Uruguay y es que se necesitan empresas públicas fuertes que disciplinen y sean pioneras en toda una serie de desarrollos que se quieren llevar adelante, en el caso del sistema financiero, su profundización, el aumento de la economía digital, u otras cosas. Por ejemplo, el BROU puede contribuir, en competencia, a reducir comisiones por intermediaciones financieras, compras a crédito, etcétera. Como otro ejemplo, en otros países los propios bancos centrales han desarrollado mecanismos de pagos por código QR.

Entonces, las empresas públicas tienen que jugar un rol estratégico en términos económicos. Deben cumplir también algunos fines sociales, probablemente con mayor transparencia y sin subsidios cruzados que no tienen justificación.

Volviendo a las razones del desvelo, ¿cómo mirás hacia el futuro, más allá del diagnóstico de partida? ¿Con el optimismo de la voluntad o con el pesimismo de la inteligencia?

Durante mis años en el Banco Mundial, tuve la oportunidad de poder comparar el desempeño económico y de las sociedades de distintos países. Ves por un lado la gran distancia que tenemos con los países desarrollados, aun en ese segundo escalón con países de Europa del Este, pero también podés ver la diferencia con los países de ingresos medios y medios altos, en la región y fuera de la región.

Entonces, ¿cuál es mi posición? Bueno, la experiencia anterior me ayuda a pensar que no estamos tan mal. Como país hemos logrado muchas cosas, y las bases, los aspectos fundamentales, están resueltos. Que estemos avanzados en nuestro nivel de democracia, derechos civiles, distribución del ingreso, es un piso para poder encarar otras cosas. Esa es la base para intentar un montón de otros objetivos más ambiciosos. Pero, ciertamente, todavía tenemos muchas cosas para resolver, y los intentos reiterados sin éxito en algunos ámbitos me generan desaliento.

Reitero el caso de la educación. Sin menospreciar los avances en aumento de la cobertura, de completitud, de los últimos años, es realmente decepcionante que no se pueda sobrepasar el 50% de terminación de la educación secundaria. En un país donde las cohortes ahora son de 45.000 personas, deberíamos alcanzar en el mediano plazo logros como que el 80% de los adolescentes terminen secundaria y que el 50% de los adultos jóvenes completen educación terciaria, que son metas modestas, comparando con países un poco más desarrollados que Uruguay. En resumen, mantengo mi optimismo, en todo caso, cauteloso.