La vigencia de un clásico: el “valor público”

“Algo nos está saliendo mal...”

Durante 2020 y luego 2021, por primera vez desde que se calcula, el índice de desarrollo humano experimentó retrocesos en la mayoría de los países: en el 87% de los casos en 2020 y en el 51% de 2021 (informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2022).¹ Por supuesto, el dato refleja –ante todo– el impacto de la Covid-19 y la despareja recuperación pospandemia. Sin embargo, el informe del PNUD indica que el deterioro que ahora expresa el índice antecede largamente a la crisis sanitaria.²

El documento apunta, antes que nada, al marco de incertidumbre en el que transcurren hoy nuestras vidas. Los efectos de la presión sobre los sistemas naturales están llegando a escalas sin precedentes y generando fenómenos hasta ahora desconocidos (basta con abrir cualquier canilla de Montevideo y su zona metropolitana para constatarlo). A diferencia de los cambios tecnológicos del pasado que maduraban durante generaciones, la tecnología digital avanza a una velocidad que no logramos controlar, con impactos en todas las dimensiones de nuestra vida cotidiana.

Entre ellos, su uso ha tendido a reducir la interacción directa entre personas y a difundir información de calidad y errónea, pero sin dar tiempo ni herramientas para saber reconocerlas. Este torbellino contribuye a la exasperación social, que repercute en la salud mental. Como sintetiza el propio informe, para una persona “[...] pasar del punto A al B en la vida es un proceso confuso, inseguro y difícil, más aún cuando las desigualdades persistentes, la polarización y la demagogia dificultan el avance y el consenso sobre cuál es siquiera el punto B” (PNUD, 2022: 5).

En estas arenas movedizas ha calado con renovado impulso el discurso sobre la austeridad. En todo el mundo (y acá nomás), actores políticos, principalmente conservadores –aunque no sólo– claman por reducir la maquinaria estatal. En la imagen que transmiten discursos muy en boga (algunos peculiarmente estridentes, como los del economista –y ahora presidenciable– Javier Milei en Argentina o, más entrecasa, del movimiento Un Solo Uruguay), el Estado desangra a la sociedad con sus impuestos. El sector privado es el único que genera valor y las políticas públicas sólo deben crear las condiciones para que florezca la iniciativa privada. Esta última, protagonizada por los y las “malla oro”, es la que produce riqueza y cuanto más se aparte el Estado de su camino, mayor es la prosperidad que se promete para la economía.

En línea con este pensamiento, los gobiernos buscan minimizar costos (que no es igual que aumentar la eficiencia), apostar por proyectos que redunden en rápidos beneficios (tan rápidos como para que se recuerden en la siguiente encuesta de opinión o el próximo período electoral) y desmontar capacidades y recursos que forman parte de las estructuras públicas (Mazzucato, 2019).

Ni los datos del informe del PNUD ni las premisas de acción política referidas resultan extrañas a la situación actual en Uruguay. Durante los últimos años, cualquiera sea el área de competencia estatal a la que miremos, el gobierno ha promovido recortes y rediseños de acuerdo a la prédica de la austeridad y la centralidad de la iniciativa individual (que bien podría sintetizarse en “Usted, con su libertad y sus recursos, vea cómo se las arregla”).³ Un ejemplo reciente es la ley de reforma del sistema previsional. En la discusión, el envejecimiento –reflejo de las mejoras en las condiciones de vida– apareció como amenaza a las cuentas públicas. La creación y fortalecimiento de redes de protección y cuidados, que acompañen las demandas de la mayor esperanza de vida, no fueron parte de la conversación. Tampoco entró en el análisis el funcionamiento integral del sistema de seguridad social. En tiempos de inseguridades e inestabilidades, del sistema clave para brindar protección y respaldo durante el ciclo de vida, sólo importó su efecto en el resultado fiscal..

“Y, sin embargo, se mueve...”

La visión anterior desconoce el rol central del Estado en el crecimiento económico y el bienestar, que Mazzucato (2019) sintetiza en la idea de “valor público”. Sólo el Estado asegura al sector privado un “sistema productivo” que le permita realizar sus emprendimientos y a la ciudadanía mecanismos para compartir los resultados del proceso de creación de riqueza. El valor público que genera la inversión del Estado en protección social, salud, educación y cuidados cumple una función de seguro en un mundo de incertidumbres, pero también es esencial para crear economías capitalistas dinámicas.

En un análisis sobre la relación entre gasto público social y PIB per cápita para 70 países a lo largo de los últimos 100 años, Lindert (2021) concluye que no se ha logrado mostrar que transferir mayores recursos al gasto social tenga una correlación negativa con la riqueza de las sociedades. En cambio, el siguiente gráfico muestra la asociación negativa entre desigualdad (medida a través del índice de Gini) y productividad (estimada como el PIB por ocupado, en dólares constantes).⁴ Los puntos en verde señalan la posición de los países de América Latina sobre el extremo inferior derecho: en la comparación con otras economías presentan altos niveles de desigualdad (Gini alrededor de 45%) y, a la vez, bajos de productividad. Por el contrario, los mayores niveles de productividad parecen asociados a economías más igualitarias.

Mover el foco de la preocupación desde el tamaño del Estado hacia el valor que puede crear –y al tipo de sociedad que moldea– deja al descubierto enormes fallas de la política pública en los países en desarrollo. Comparando América Latina con países ricos, el gráfico muestra un nivel de concentración del ingreso similar, antes del gasto público y la recaudación de impuestos (barra azul). Tras el gasto en seguridad social, el mundo desarrollado reduce el valor del índice de 0.49 a 0.37, aunque queda intacto en la región (barra amarilla). Las transferencias de ingresos sumadas a la tributación directa empujan el indicador un escalón más abajo en los países ricos (barra verde). Finalmente, luego del gasto en educación y salud, el índice de Gini (barra gris) pasa de 0.28 a 0.23 en los países desarrollados, pero sólo baja de 0.49 a 0.44 en América Latina (Izquierdo et al., 2018).

Dentro de la región, Uruguay ha estado entre los países que históricamente más ha apostado a la redistribución. Sin embargo, debido a la combinación de políticas sintetizadas en el gráfico anterior, países europeos con niveles similares de gasto público social logran reducir la desigualdad hasta cuatro veces más que en el caso uruguayo (Izquierdo et al., 2018).

Volver a empezar

La experiencia parece contradecir los beneficios que augura el discurso antiestatal. La inversión pública que genera igualdad de medios, oportunidades y capacidades es, a la vez, relevante para alentar la innovación, la inversión y la productividad (Cepal, 2018). Sin embargo, los desafíos son complejos. Atados a la desigualdad y a la falta de dinamismo económico, se suman otras preocupaciones: ¿Cómo lograr que la tecnología incremente el empleo en vez de destruirlo? ¿Cómo promover el respeto al entorno y a la vez dar cauce a las actividades productivas? ¿Qué sistemas desarrollar para vigilar y prever nuevas pandemias?, ¿y para amortiguar los efectos del cambio climático? ¿Cómo alentar una convivencia sana y segura en que la salud mental sea prioritaria? ¿Cómo identificar y abatir situaciones de abuso y violencia dentro y fuera de los hogares? ¿Cómo cubrir las necesidades de cuidado, los tiempos en familia y la corresponsabilidad sin generar pérdidas de salario ni costos excesivos para las empresas? La lista podría continuar...

Defender el valor público no consiste meramente en abandonar la creencia en el Estado “facilitador” de la iniciativa privada ni en recuperar políticas que funcionaron en el pasado o sólo en aumentar los montos invertidos. Los nuevos diseños necesitan visión y ambición para renovar, adaptar y crear nuevas soluciones. Aunque en Uruguay el debate público no gire en torno a este asunto (o lo haga muy parcialmente), aquí también las incertidumbres, malestares y referencias difusas continúan multiplicándose (y la ruta entre A y B tampoco es clara, como plantea el informe del PNUD). Y, pese a que la idea de “valor público” pueda ser compartida por parte de la sociedad, no parecen existir consensos sobre qué se propone ante los nuevos desafíos y cómo puede disputarse la imagen hoy dominante sobre el rol del Estado.

Tomado de Razones y Personas. Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons. Atribución 3.0 No portada.

Referencias

Cepal (2022), Panorama social de América Latina y el Caribe, 2022. Comisión Económica para América Latina, Santiago.

Cepal (2018), La ineficiencia de la desigualdad. Síntesis. Comisión Económica para América Latina, Santiago.

Izquierdo, A; Pessino, C y Vuletin, G. (Eds.) (2018), Better spending, better lives. How Latin America and the Caribbean can do more with less, Cap. IV, Inter-American Development Bank.

Mazzucato, M. (2019), El valor de las cosas. Quién produce y quién gana en la economía global. Taurus, Barcelona.

Lindert, P. (2021), Making social spending work, Cambridge University Press.

PNUD (2022), Tiempos inciertos, vidas inestables: configurar nuestro futuro en un mundo en transformación. Informe sobre Desarrollo Humano 2021/2022, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Nueva York.