A los gobernantes siempre les ha costado aceptar los límites a su poder. Cuando el parlamento francés impugnó los edictos de Luis XIV en 1655, se dice que el rey de Francia y Navarra respondió: “L’état, c’est moi” (El estado soy yo). La era del absolutismo que vino después en Francia terminó recién con la Revolución francesa, en 1789.
Al igual que Luis XIV, Elon Musk rechaza las limitaciones legales a su poder. En contra del reciente fallo de una Corte de Equidad de Delaware que anuló su acuerdo de compensación de 56.000 millones de dólares con Tesla, Musk quiere volver a radicar la empresa en Texas, donde espera encontrar cortes más complacientes.
No es la primera vez que Musk ha intentado desafiar a la corte de Delaware, que es el camino principal para resolver la mayoría de las disputas legales corporativas en Estados Unidos (ya que la mayoría de las empresas están radicadas en Delaware). Su hostilidad hacia la ley y hacia los acuerdos legales vinculantes se vio desplegada en todo su esplendor hace dos años, cuando intentó librarse del acuerdo para comprar Twitter. Bajo presión de la corte, terminó completando la transacción.
En el caso de Tesla, un accionista le solicitó a la corte que revisara un paquete de compensación que ha convertido a Musk en uno de los hombres más ricos del planeta al otorgarle participaciones accionarias en la compañía cuando cumple objetivos de desempeño ambiciosos. Por cada incremento adicional de 50.000 millones de dólares (hasta un total de 650.000 millones de dólares) en capitalización de mercado, más objetivos por ingresos y ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Ebitda), Musk recibiría la opción de comprar un 1% adicional de las acciones en circulación de la compañía (hasta 20 millones de acciones) a un precio de ejecución prefijado.
Normalmente, las cortes de Delaware se muestran reacias a revisar las acciones de las juntas y nunca determinan la cantidad de dinero otorgada a los directores u otros funcionarios. El único límite es el “desperdicio empresarial” que, como ha dicho un excanciller, es tan raro como el monstruo del Lago Ness.
Las cortes de Delaware escudriñarán el proceso de toma de decisiones de una empresa si un demandante ha planteado el caso de que el proceso podría haber estado influenciado por conflictos de intereses. Se supone que los directores se desempeñan como fiduciarios de todos los accionistas. Pero, en definitiva, gozan de una libertad significativa a la hora de dirigir la compañía, siempre que eviten los conflictos –o se aseguren de que los conflictos se resuelvan– y siempre que las transacciones sean justas para la compañía y sus accionistas.
En el caso de Tesla, la junta está claramente en conflicto, porque la mayoría de sus miembros son leales a Musk: le deben sus carreras y gran parte de su fortuna a Musk y a sus diversas entidades comerciales. La junta en sí parece haber entendido esto, ya que les presentó el plan de compensación a los accionistas. Pero esta maniobra puede expiar la decisión de los conflictos de los miembros de la junta sólo si los accionistas son plenamente informados de todos los aspectos relevantes del acuerdo.
Este no fue el caso aquí. La propuesta que los directores de Tesla presentaron a los accionistas no les decía que el nuevo paquete de compensación difería significativamente de los anteriores; de hecho, ni siquiera alertaba a los accionistas sobre la dimensión de la compensación que podía implicar el paquete.
Cumplir con estos requisitos básicos no es mucho pedir. Estas son las reglas de juego para cualquier compañía pública. Uno puede ser una gran estrella de fútbol, pero no puede hacer un gol si está fuera de línea. En este caso, la junta decidió jugar enteramente del lado de Musk: los directores defendieron su abdicación a sus obligaciones fiduciarias para entronarlo como una superestrella.
Musk y sus lamebotas no son los únicos, por supuesto. En las últimas décadas, ha surgido un culto más amplio en torno de la figura del CEO. A muchos los tratan como reyes de la antigüedad, y cada vez se da más por sentado que sus beneficios y paquetes de compensación deberían representar lo que fuera necesario para que se sientan felices.
Muchas veces estos paquetes de compensación ni siquiera están vinculados al desempeño. Por el contrario, reflejan ganancias caídas del cielo luego de cambios en los mercados mundiales. Pero mientras el desempeño puede no siempre ser real, el impacto en la desigualdad ciertamente lo es.
Aun así, a la mayoría de los CEO les gusta que la gente crea que cumplen las reglas, y así acatarán una orden judicial si no pueden resolver un caso con un demandante antes. El rechazo manifiesto de la ley por parte de Musk es de una cualidad diferente, y bien puede salirse con la suya. El sistema legal de Estados Unidos ha defendido desde hace tiempo la idea de que los actores privados pueden elegir la ley según la cual quieren que se los gobierne sin enfrentar ninguna limitación a su capacidad de hacer negocios donde quieran.
Esta libertad es comparable a un pasaporte diplomático que abre puertas en todas partes sin requerimientos de visado. Al igual que los diplomáticos, las corporaciones, en general, son inmunes a la jurisdicción local; pero, a diferencia de los diplomáticos, son difíciles de eludir, sobre todo porque pueden demandar a sus gobiernos anfitriones por acciones supuestamente injustas o inequitativas.
Algunos observadores incluso han llamado a las corporaciones “legisladores por derecho propio”. Como pueden ingresar o abandonar diferentes sistemas legales dependiendo de sus necesidades –o, como en el caso de Musk, de sus caprichos personales–, efectivamente hacen las leyes que supuestamente les ponen un límite. La ley es lo que ellos quieren que sea. Siglos después de la caída de la monarquía absolutista en gran parte del mundo, sus herederos están de regreso, rodeados por legiones de abogados de zapatos blancos, que gobiernan como los líderes supremos de imperios corporativos cuasi soberanos.
Katharina Pistor, profesora de Derecho Comparativo en la Facultad de Leyes de Columbia, es la autora de The Code of Capital: How the Law Creates Wealth and Inequality (Princeton University Press, 2019). Copyright: Project Syndicate, 2024.