Gráfico de la semana | La informalidad regional en perspectiva

El dato

Si bien la informalidad mejoró en la amplia mayoría de los países durante los últimos 20 años, todavía permanece en niveles elevados en la gran mayoría. En ese sentido, luego de la mejora que tuvo lugar en el marco del dinamismo asociado al boom de los commodities, que fue acompañado también por avances en materia de educación y políticas orientadas a fomentar la formalización, las tasas de no registro a la seguridad social se estancaron o incluso volvieron a incrementarse, en un contexto signado por el estancamiento económico.

¿Qué es la informalidad?

Dado que no existe una única definición para capturar esta problemática, la forma de medirla puede diferir entre países o bloques económicos. Igualmente, más allá de los matices, este fenómeno refiere a la situación de los trabajadores que desempeñan sus actividades por fuera del perímetro de las leyes y regulaciones laborales, sin acumular aportes y sin acceso a la malla de protección social (cuya densidad y alcance también difiere marcadamente entre países y regiones).

En consecuencia, se trata de un grupo de trabajadores que, pese a su participación activa en el mercado laboral, no cuenta con el soporte que suponen las diversas prestaciones inherentes al mundo de la formalidad. De esta manera, quedan desprotegidos ante el impacto de las fases bajas del ciclo económico (seguro de desempleo), de las situaciones imprevistas, como la irrupción de una pandemia (seguro de enfermedad), y de las situaciones predecibles, como el tránsito hacia la etapa pasiva de la vida en la vejez (pensiones y jubilaciones).

Esta red de presentaciones se torna crecientemente relevante en un mundo atravesado por mayores riesgos, imprevisibilidad y una transformación tecnológica sin precedentes, por lo que la informalidad configura una fuente de vulnerabilidad cada vez más importante, que además supone desafíos para los gobiernos por la vía de una perforación de la recaudación y de las demandas de aseguramiento.

¿Cuáles son las principales implicancias?

Naturalmente, la informalidad es más frecuente entre algunos subgrupos de trabajadores, como las mujeres y los trabajadores por cuenta propia. No obstante, su incidencia también varía marcadamente entre los distintos tramos etarios, afectando desproporcionadamente a los trabajadores más jóvenes y a los de mayor edad, así como a los que cuentan con menores niveles educativos.

En efecto, los trabajadores menos escolarizados tienden en mayor medida a desempeñarse en el sector informal, caracterizado por bajos niveles de productividad y, en consecuencia, salarios más deprimidos. Esto, a su vez, se vincula con la pobreza, debido a los menores niveles de ingresos y a la falta de una red de contención (seguridad social) que opera para mitigar las consecuencias de las crisis y de otras situaciones que afectan a las personas a lo largo de su ciclo de vida.

El ejemplo más ilustrativo de esto es obviamente la irrupción de la pandemia, que supuso un freno repentino y casi generalizado de la actividad económica, destruyendo empleos y erosionando los ingresos de las personas. Esto afectó particularmente a los trabajadores informales, impulsando los niveles de pobreza y resignificando el valor de pertenecer al mercado de trabajo formal, dado que la mayoría de las prestaciones en la región están sujetas a la participación laboral dentro de esos márgenes.

De esta forma, la informalidad no sólo mantiene desigualdades en el tiempo, sino que también suele agudizarlas ante la ocurrencia de situaciones imprevistas y adversas. En efecto, el vínculo entre informalidad, desigualdad y pobreza limita todavía más las posibilidades de desarrollo de las personas cuando la participación en el sector formal es una precondición para acceder a la contención que suponen las políticas públicas, principalmente aquellas destinadas a la población más vulnerable.

¿Cómo se puede combatir esta problemática?

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos,¹ y a la luz de los vínculos que relacionan a estas tres dimensiones, es clave garantizarles el acceso a la seguridad social y a otras políticas públicas, al menos de forma parcial, a quienes no realizan aportes al sistema. La tensión está, por supuesto, en encontrar fuentes de financiamiento para viabilizar esta expansión de la malla de cobertura hacia el territorio informal.

En este sentido, la ampliación de los mecanismos de aseguramiento requeriría elevar los impuestos, redistribuir las asignaciones al interior del gasto público y/o mejorar la eficiencia de ambas cosas (es decir, de la recaudación y también de los egresos). Otra acción orientada en esa dirección consiste en encontrar alternativas para reducir el costo del empleo formal.

Todo ello requiere, como condición necesaria (pero no suficiente), reimpulsar el crecimiento y encontrar un balance entre los beneficios de incrementar la productividad a través de la utilización intensiva de las nuevas tecnologías y reducir los riesgos que esto supone para los trabajadores de menor nivel educativo. Por lo tanto, también es clave impulsar, rediseñar y fortalecer las políticas de reconversión laboral y recapacitación.

¿Cuál ha sido la evolución de esta problemática en Uruguay?

Si bien en nuestro país la evolución de este fenómeno ha sido muy similar con respecto a la del resto de la región, Uruguay se caracteriza por tener el nivel más bajo de informalidad en América Latina, gracias a una amplia gama de políticas laborales, fiscales y de protección social.

En lo que refiere a la evolución reciente de este indicador, un informe elaborado por las economistas Verónica Amarante y Marcela Gómez para la Comisión Económica para América Latina² destaca la importancia de la reinstalación de la negociación tripartita (2005), el fortalecimiento del salario mínimo, las modificaciones del seguro de desempleo (que pasó de un monto fijo a uno decreciente), las reformas tributarias (2007) y de salud (2008), entre otras iniciativas que contribuyeron a combatir la informalidad y alterar la estructura de incentivos dentro del mercado laboral en favor de la formalidad.

A modo de ejemplo, la reforma en la órbita del sistema de salud incentivó a los adultos a formalizarse (siempre en la medida de lo posible, dado que es una problemática que suele exceder la voluntad del trabajador), al extender la cobertura de atención hacia la familia (hijos y cónyuge) de los trabajadores formales.³ Un caso similar está asociado a las modificaciones introducidas para los monotributos, que a partir de 2007 incorporaron a los trabajadores de bajos ingresos, pequeñas empresas o trabajadores independientes, impulsando por esa vía el número de aportantes.

Al mismo tiempo, las políticas de fiscalización más decididas impulsadas por las autoridades tributarias y previsionales incrementó el riesgo para los empleadores de mantener trabajadores en situación de informalidad, colaborando también por ese lado a la reducción de la tasa de no registro a la seguridad social.

Joaquín Pascal, Centro de Estudios Etcétera.