A finales de 2024, la Policía Federal brasileña desmanteló una extensa red de extracción ilegal de oro en Pará y dejó al descubierto una empresa criminal que se extendía mucho más allá de la selva tropical. La operación, que era parte de una ofensiva más amplia contra la minería ilegal en territorios indígenas, descubrió vínculos con el lavado de dinero a través de empresas ficticias y permisos fraudulentos, y permitió rastrear fondos hasta cuentas en Dubái, Miami y Panamá.

Durante las redadas, las autoridades brasileñas incautaron drones, teléfonos encriptados y barcazas cargadas de combustible –todos instrumentos de una operación transnacional bien financiada–. El operativo confirmó lo que los investigadores vienen advirtiendo desde hace años: los delitos ambientales en la Amazonia hoy están profundamente entrelazados con los delitos financieros globales. Los grupos armados que están detrás corrompen a funcionarios y operan cada vez más a una escala industrial.

Los delitos ambientales se han extendido tanto que están reconfigurando la agenda política global, pasando de ser una preocupación específica a convertirse en un tema urgente de la diplomacia internacional. Los debates sobre cómo prevenirlos ocupan un lugar destacado en las negociaciones climáticas de las Naciones Unidas. También se han celebrado deliberaciones oficiales en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Untoc), reuniones ministeriales en cumbres económicas como el G20 y declaraciones conjuntas de grupos geopolíticos como el BRICS+.

Los delitos ambientales son mucho más que una forma de vandalismo ecológico. Pueden socavar la seguridad nacional, la estabilidad económica y perturbar la acción climática y la protección de la biodiversidad. Según el Grupo de Acción Financiera Internacional, delitos ambientales como la tala y la minería ilegales, el tráfico de fauna silvestre y el vertido de residuos peligrosos generan ingresos anuales de hasta 280.000 millones de dólares, superando las ganancias de la trata de personas y el tráfico ilegal de armas.

Estos mercados ilícitos suelen estar vinculados a redes de crimen organizado y, cada vez más, a esquemas transnacionales de lavado de dinero y corrupción, que conectan regiones ricas en recursos de África, Asia y América Latina con centros financieros de América del Norte, Europa y Medio Oriente.

La creciente conciencia sobre las amenazas transnacionales que plantean los delitos ambientales está transformando las respuestas internacionales, regionales y nacionales. La pérdida de bosques y naturaleza ya no se considera únicamente un problema ambiental, sino cada vez más una prioridad para la aplicación de la ley y la justicia penal.

En la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP16) celebrada en Colombia el año pasado, varios gobiernos y organizaciones regionales –entre ellos la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica y el Banco Interamericano de Desarrollo– llamaron la atención sobre la relación entre los delitos ambientales y la pérdida de biodiversidad. Y, de cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que se celebrará este año en Brasil, la deforestación ilegal y los delitos asociados se perfilan como un tema potencial, dadas sus implicancias para la pérdida de naturaleza, las emisiones de dióxido de carbono y el calentamiento global.

Mientras tanto, las Naciones Unidas han intensificado sus esfuerzos para hacer frente a los delitos ambientales en el marco de su mandato de prevención del delito transnacional. Los esfuerzos para combatir los delitos forestales y el tráfico de vida silvestre han cobrado impulso en la última década, especialmente desde la Declaración de Doha de 2015. A finales de 2024, la Untoc estableció un grupo intergubernamental de expertos de composición abierta encargado de evaluar los marcos jurídicos existentes, identificar las deficiencias críticas y considerar la viabilidad de establecer un protocolo específico de la Untoc sobre delitos que afectan el ambiente. Quienes apoyan el protocolo, entre ellos Brasil, Francia y Perú, sostienen que vincular la prevención de delitos ambientales con los tratados contra la delincuencia aumentaría la concienciación, fortalecería las capacidades de aplicación de la ley y fomentaría una cooperación jurídica y técnica internacional más predecible.

Otras instituciones intergubernamentales también están participando en estos debates y buscando formas de combatir los delitos ambientales. El G20, por ejemplo, ha dado pasos modestos hacia la integración de los delitos ambientales en su agenda más amplia de estabilidad económica y financiera. En 2017 acordó un conjunto de “principios de alto nivel para combatir la corrupción relacionada con el comercio ilegal de vida silvestre y sus productos”. Posteriormente, en la cumbre del G20 de 2024 en Brasil, los delegados destacaron los efectos financieros y económicos desestabilizadores de los delitos contra la naturaleza, en particular los procedentes de las cadenas de suministro ilegales de materias primas como la madera, los minerales y los productos de vida silvestre. Por primera vez, el G20 aprobó colectivamente medidas para rastrear e interrumpir los flujos financieros ilícitos relacionados con los delitos ambientales.

Del mismo modo, la agrupación BRICS+ ha identificado provisionalmente los delitos ambientales como un punto de preocupación y cooperación mutuas, tras una reunión celebrada en 2021 en la que los ministros de Ambiente de los estados miembros reconocieron explícitamente las amenazas que plantean los delitos contra la vida silvestre. A principios de este año, los ministros de Asuntos Exteriores del BRICS+ emitieron una declaración en la que destacaban la importancia de hacer frente a los flujos financieros ilícitos relacionados con los delitos ambientales. Dada la importante presencia económica del grupo, su creciente convergencia en este tema transmite un mensaje contundente.

Por supuesto, coordinar y conciliar estos diversos esfuerzos internacionales plantea un desafío. Cada foro aborda los delitos ambientales de manera diferente. Mientras que las COP se centran en la protección del clima y la naturaleza, la Untoc se ocupa de la aplicación de la ley y la Justicia penal, y el G20 y la agrupación BRICS+ se ocupan principalmente de los flujos financieros ilícitos. La tarea ahora consiste en dotar de coherencia temática y diplomática a estos esfuerzos.

Afortunadamente, la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas está explorando formas de armonizar agendas dispares, entre otras cosas vinculando los delitos ambientales con la lucha contra los flujos financieros ilícitos. Del mismo modo, la cumbre del grupo BRICS+ de Río de Janeiro en julio, la COP30 de Belém do Pará y la cumbre del G20 de noviembre ofrecen puntos de partida prometedores para alinear prioridades y estrategias.

En última instancia, la lucha contra los delitos ambientales requerirá algo más que esfuerzos nacionales aislados. El problema exige una diplomacia sostenida en toda una serie de plataformas internacionales. Los gobiernos, las empresas y los grupos de la sociedad civil pueden aprovechar sus puntos fuertes: los procesos de la COP ofrecen legitimidad ambiental, la Untoc proporciona un andamiaje jurídico, el G20 brinda influencia económica y el grupo BRICS+ aporta peso geopolítico y potencial para una cooperación Sur-Sur.

Una coordinación más estrecha entre estos foros no sólo afinaría la respuesta global, sino que también reduciría los costos de la lucha multilateral contra los delitos ambientales y mejoraría los resultados. En una época de volatilidad geopolítica y descontrol institucional, la coordinación estratégica es esencial para cualquier respuesta global eficaz contra los gángsters ambientales.

Robert Muggah, cofundador del Instituto Igarapé y del Grupo SecDev, es miembro del Consejo Global del Futuro sobre las Ciudades del Mañana del Foro Económico Mundial y asesor del Informe sobre Riesgos Globales. Ilona Szabó, cofundadora y presidenta del Instituto Igarapé, es miembro de la Junta Consultiva de Alto Nivel sobre un Multilateralismo Eficaz del secretario general de las Naciones Unidas. Copyright: Project Syndicate, 2025.