El proyecto de ley de presupuesto 2025-2029 propone un incremento leve del gasto público del orden de unos 140 millones de dólares para 2026, con la mayor parte de estos recursos orientados a atender la situación de la infancia y adolescencia a través de políticas como el bono escolar, el aumento del bono crianza y la extensión de becas y del tiempo pedagógico, entre otras. Al mismo tiempo, se destinan recursos para atender otras áreas relevantes, como la seguridad, la promoción del crecimiento económico, la vulnerabilidad social y la salud.
El contexto
Cada cinco años los gobiernos electos deben definir la cuantía y la distribución del gasto público de cara a la totalidad del período de gobierno, aunque año a año existe la posibilidad de introducir modificaciones en el marco de las leyes de rendiciones de cuentas. Es por esto que la presentación del proyecto, así como el debate en torno a este, son de fundamental importancia en tanto explicitan las prioridades de las políticas públicas del gobierno.
De las asignaciones incrementales (140 millones de dólares) que dispuso el Ministerio de Economía y Finanzas, la mayor parte estaría destinada a organismos como la Administración Nacional de Educación Pública (35 millones), el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) (22 y 21 millones, respectivamente), mientras que otra parte, también relevante, se otorgaría al Ministerio del Interior, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, la Universidad de la República y el Ministerio de Salud Pública.
¿Por qué esto es tan relevante?
Por un lado, nuestro país se enfrenta al proceso de envejecimiento poblacional: con el paso de los años, dado el aumento de la esperanza de vida y la reducción de la natalidad (dos fenómenos que también están ocurriendo a nivel global), se prevé que el número de mayores de 65 años crezca, superando así a las personas de entre 14 y 29 años. A esto se suma el hecho de que uno de cada tres menores de 6 años se encuentra en situación de pobreza, es decir, su hogar no cuenta con los ingresos necesarios para cubrir las necesidades básicas de la familia.
Priorizar el gasto público hacia la población más joven y vulnerable es una necesidad económica para garantizar un mayor crecimiento económico, crear puestos de trabajo y sustentar el sistema de seguridad social. Pero, en particular, es clave para equiparlos con las herramientas básicas que les permitan desempeñarse en un mercado laboral más complejo que el actual, ofreciéndoles por esa vía mayor margen para que puedan gozar y ejercitar sus libertades y desarrollarse con mayor plenitud.
Lo anterior es aún más relevante, dado que el gobierno está proponiendo priorizar el gasto en dichas áreas en un contexto de elevadas restricciones fiscales. Si bien los incrementos del gasto pueden no ser suficientes para solucionar algunas problemáticas de forma inmediata, dado que revisten un carácter estructural, representan un paso en la dirección correcta.
¿Qué restricciones enfrenta el Estado a la hora de reasignar recursos?
Aproximadamente uno de cada tres pesos que gasta el Estado se destinan al pago de intereses de la deuda, junto con las transferencias al sistema de la seguridad social. Este es un elemento de suma relevancia a la hora de comprender por qué el sector público no puede simplemente reasignar mayores cantidades de recursos para favorecer a áreas en concreto sin, en el proceso, afectar la calidad de otros servicios públicos.
Si a estos dos gastos se les adicionan los correspondientes a educación, salud, seguridad y defensa, estamos hablando del 60% del gasto público total. Es decir, el resto del sector público dispone del 40% del presupuesto para llevar adelante otras políticas relevantes, como las de vivienda, el funcionamiento de los ministerios y el Poder Judicial, así como otras políticas vinculadas a las infancias (INAU y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, Inisa).
¿A qué se destina el gasto público?
En términos generales, más de la mitad (63%) del gasto público está destinado a gastos de funcionamiento, y cerca de un tercio (30,8%) se destina al pago de salarios, mientras que los recursos restantes (6,2%) se destinan a inversiones. Sin embargo, su distribución varía de forma significativa según el área del sector público a la que se destine, con las inversiones representando un tercio del gasto en vivienda y la administración central, pero equivaliendo apenas a un 3% en áreas como educación, seguridad y defensa.
Por otra parte, el pago de remuneraciones oscila entre valores del 90% (educación y justicia) y del 20% en organismos como el Inisa, el INAU y el Mides. Mientras que los gastos de funcionamiento son un componente relevante en áreas como la salud (47,9%) e infancias (76,2%), representan un porcentaje menor en la educación, seguridad y justicia. No obstante, partidas sumamente relevantes para el sector público, como el pago de intereses de la deuda y las transferencias a la seguridad social, se computan como gastos de funcionamiento, lo que explica que esa categoría sea el principal destino de los fondos públicos.
Joaquín Pascal, Centro de estudios Etcétera.