En setiembre del año pasado publiqué un artículo en este mismo medio con algunas reflexiones sobre el mercado de crédito en Uruguay.1 Pasado más de un año desde ese momento, voy a intentar profundizar y destacar algunos aspectos de esas primeras reflexiones, a la luz de lo ocurrido durante este lapso de tiempo en nuestro país.

Una primera cosa importante para destacar es que, como mencionaba en aquel momento, la situación de endeudamiento de las personas y los hogares sigue siendo un motivo de preocupación. Tal como muestran los resultados de la encuesta realizada en el marco del proyecto Endeudamiento ¡Uy!2 (ver recuadro), sólo para el 32% de quienes responden la encuesta tomar un crédito es percibido como una oportunidad de acceder a cosas que no podría de otra manera, mientras que para el 40% tomar un crédito es un riesgo para su economía, y para el restante 28% es una necesidad.

Sumado a lo anterior, para la mitad de quienes responden el nivel de endeudamiento de su hogar les preocupa bastante o mucho, y el porcentaje crece a 58% para los hogares de nivel socioeconómico bajo. Asimismo, respecto de los motivos de endeudamiento, el principal de quienes respondieron a la encuesta fue endeudarse para el pago de deudas (30%), para inversiones de la casa/auto (27%), o para gastos cotidianos (26%) y de salud (17%). Esta información, sumada al hecho de que la información de la Central de Riesgos Crediticios del Banco Central del Uruguay (BCU) sigue mostrando resultados similares a los de 2023, deja en evidencia la relevancia del problema del endeudamiento para buena parte de la sociedad uruguaya.

La descripción anterior hace evidente la necesidad de seguir abordando el tema en la discusión pública y la importancia de pensar respuestas de política frente a esta situación.3 En este sentido, en el último año se presentaron algunas iniciativas para abordar el tema del sobreendeudamiento de los hogares, entre las que se destaca un proyecto de ley que busca abordar el tema desde distintas aristas.4

En concreto, el proyecto de ley cuenta con distintos capítulos que abarcan desde la discusión sobre topes a las tasas de interés, hasta la reestructuración de deuda, incluyendo regulaciones sobre la publicidad. Si bien la discusión de todas las áreas presentadas es relevante, me quiero detener en esta última cuestión por dos motivos. Primero, porque la evidencia internacional ha mostrado que cómo se presenta la información en el mercado puede jugar un rol en cómo los individuos deciden. En segundo lugar, porque actualmente hay experiencia anecdótica, pero también estudiada de forma más sistemática, que muestra que hay problemas claros en la regulación de la publicidad.

Con relación a lo primero, varios trabajos muestran cómo la publicidad puede tener un rol clave en el incremento de ventas de distintos productos (ver, por ejemplo, el trabajo de Bertrand et al., 2010 para el caso del crédito). Más relacionado con lo que quiero plantear, el trabajo de Bertrand y Morse (2011) analiza cómo la forma en la que se presenta la información puede tener efectos en la cantidad de créditos que las personas toman. A través de un experimento aleatorio realizado en Estados Unidos, el estudio muestra que mensajes simples que explican claramente cuánto termina pagando una persona en el tiempo reducen el endeudamiento. Esto ocurre porque muchas personas subestiman los costos futuros de estos préstamos.

En este sentido, la evidencia sugiere que una información clara y concreta puede ayudar a tomar mejores decisiones financieras. De hecho, Wang y Burke (2022) analizaron una política llevada adelante en Texas que obligó a informar claramente los costos de los préstamos antes de cada operación, basada en el trabajo de Bertrand y Morse (2011). Esta medida redujo en torno a un 12% la cantidad de préstamos, porque algunas personas decidieron no endeudarse. El efecto fue duradero y se observó en todos los grupos de consumidores.5

Respecto de lo segundo, un estudio de la Unidad de Defensa al Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas presentado recientemente (Udeco, 2025), cuyo objetivo fue relevar y analizar las pautas publicitarias y ofertas de créditos al consumo difundidas en la televisión abierta uruguaya, encuentra varios puntos problemáticos en la información analizada.6 El trabajo utiliza las pautas publicitarias de varias empresas del sector financiero en los meses de julio y agosto de 2025. Entre los puntos a destacar, se encuentra que sólo para la mitad de las piezas la legibilidad de la información obligatoria resulta adecuada; que en ningún caso se detectó mención a la tasa de interés moratorio, siendo esta tasa en general mucho más elevada que la tasa de interés; y que hay una baja mención de la periodicidad de cuotas y del precio total financiado.

De esta forma, del análisis se desprende un cumplimiento parcial de los requisitos mínimos de transparencia, así como omisiones relevantes en elementos que son exigidos por la normativa vigente. Todo esto, además de dificultar la comparación entre ofertas, impide que quien desee tomar un crédito pueda hacer un análisis de costo-beneficio de forma sencilla.7

El trabajo también realiza un análisis discursivo de las pautas, y encuentra que en las piezas publicitarias predomina un registro comunicacional optimista, y en la mitad de las piezas analizadas se recurre al gancho comercial; esto es, se induce a contactar a la empresa para obtener la información necesaria para evaluar la contratación, lo cual contribuye a generarle una sensación de compromiso al consumidor.

Un punto adicional, que no es menor, refiere a que se observa una mayor orientación hacia públicos de menores ingresos: en más de dos tercios de las piezas se detectan aspectos asociados con percibir el aguinaldo o financiar gastos corrientes mensuales. Además, se observan patrones que buscan activar el interés inmediato y la acción apurada de la decisión, así como resaltar la facilidad del acceso a la obtención del crédito (por ejemplo, resaltando los mensajes de obtención del crédito “a sola firma”).

Actualmente, existe en Uruguay un marco regulatorio que busca atender y proteger a los consumidores. En particular, el BCU tiene bajo sus cometidos la protección de los consumidores de servicios financieros. A su vez, la Udeco tiene entre sus objetivos la fiscalización del cumplimiento de la Ley 17.250 (Ley de Relaciones de Consumo. Defensa del Consumidor), que define en sus artículos el derecho básico de los consumidores a, entre otras cosas, acceder a información suficiente, clara y veraz, así como a la protección contra la publicidad engañosa. Esta normativa se apoya en principios jurídicos orientados al respeto de la dignidad humana y a la protección de la parte vulnerable en la relación de consumo. Dadas las particularidades de los servicios financieros, la Udeco tiene fines concurrentes y subsidiarios con el BCU.

A pesar de lo anterior, el informe muestra que la forma en la que actualmente las personas reciben información sobre el mercado de crédito no está pensada para facilitarles a las personas tomar una decisión razonada, y que la información no es siempre del todo transparente. El proyecto de ley propone varios puntos actualmente ya regulados, pero agrega además mayor detalle y especificidad para los servicios financieros, por ejemplo, incorporando la importancia de publicar la tasa de interés moratorio como parte de la información obligatoria, así como el monto total prestado y a pagar.

Si bien esto no será la solución mágica a un problema multidimensional y estructural, espero haber fundamentado con estos párrafos por qué motivos me parece importante avanzar en el diseño de regulación que aborde la formas en las que se presenta la información respecto del mercado de crédito. Esto implica pensar y estudiar cómo es mejor presentar las características de los créditos, diseñar estrategias que favorezcan decisiones razonadas y no inmediatas por parte de las personas, y fiscalizar que las empresas cumplan con la regulación. En un contexto de información pululante por miles de vías distintas, y en el que las redes sociales juegan muchas veces un rol más relevante que la televisión abierta, esto puede ser un desafío grande, pero, a la luz de los potenciales beneficios, considero que vale la pena.

Sobre el proyecto

La relevancia del endeudamiento y su regulación, tanto en términos de sus efectos para la vida de las personas, así como en la economía, evidencia la necesidad de contribuir a la comprensión pública de la temática.

En nuestro país, la información disponible muestra que el endeudamiento es un tema que atraviesa a buena parte de los y las uruguayas. Para diciembre de 2023, según datos de la Central de riesgos del BCU procesados por investigadores de Udelar, unas 2.100.000 personas tenían alguna deuda con el sistema financiero, y 800.000 (aproximadamente el 40%) estaban en situación de impago.

A esto se le agrega que parte del mercado de créditos formal no reporta información al BCU y que tampoco se tiene información sobre el sector informal, lo que lleva a pensar que el problema es aún mayor de lo que los números disponibles indican. Si bien esta problemática ha estado presente en la discusión pública y política de nuestro país desde hace tiempo, en los últimos años ha cobrado mayor relevancia con la presentación de proyectos de ley y propuestas de modificaciones constitucionales. En este contexto, el proyecto “Endeudamiento ¡Uy!” busca aportar a la discusión pública sobre la temática del endeudamiento de los hogares y las personas, contribuyendo con insumos técnicos a la regulación del crédito y proponiendo diversas estrategias de abordaje multidisciplinario.

Este proyecto cuenta con financiamiento del programa "Ciudadanía y conocimiento" de la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC, Udelar), que tiene entre sus cometidos la contribución al estudio de problemas de interés general, así como también aportar a la comprensión pública de estos temas.

El grupo de trabajo está conformado por integrantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración (FCEA, Udelar), Facultad de Ciencias Sociales (FCS, Udelar), Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) y el Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay (IPRU).

Agradezco la lectura y los comentarios de Pedro Sgaravatti.

Wang, J. y Burke, K. (2022). The effects of disclosure and enforcement on payday lending in Texas. Journal of Financial Economics, 145(2), 489-507.

  1. Agarwal, S., Chomsisengphet, S., Mahoney, N. y Stroebel, J. (2015). Regulating consumer financial products: Evidence from credit cards. The Quarterly Journal of Economics, 130(1), 111-164. ↩

  2. Bertrand, M., Karlan, D., Mullainathan, S., Shafir, E. y Zinman, J. (2010). What’s Advertising Content Worth? Evidence from a Consumer Credit Marketing Field Experiment. The Quarterly Journal of Economics, 125(1), 263-306. ↩

  3. Bertrand, M. y Morse, A. (2011). Information disclosure, cognitive biases, and payday borrowing. The Journal of Finance, 66(6), 1865-1893. ↩

  4. Carvalho, L., Olafsson, A. y Silverman, D. (2024). Misfortune and mistake: The financial conditions and decision-making ability of high-cost loan borrowers. Journal of Political Economy, 132(9), 3173-3213. ↩

  5. Carpenter, J., Huet-Vaughn, E., Matthews, P., Robbett, A., Beckett, D. y Jamison, J. (2021). Choice architecture to improve financial decision making. The Review of Economics and Statistics, 103(1), 102-118 ↩

  6. Seira, E., Elizondo, A. y Laguna-Müggenburg, E. (2017). Are Information Disclosures Effective? Evidence from the Credit Card Market. American Economic Journal: Economic Policy, 9(1), 277-307. ↩

  7. Udeco (2025). Perspectivas sobre los estímulos comunicacionales a la toma de créditos al consumo. Ministerio de Economía y Finanzas. ↩