Crónicas de un mundo convulso: la guerra en Medio Oriente y sus múltiples derivadas

Durante marzo el precio del petróleo registró uno de los incrementos mensuales más elevados desde que se tienen registros, producto de la escalada del conflicto en Medio Oriente y sus consecuencias, entre las que destacan el aumento de la incertidumbre, el cierre del estrecho de Ormuz (a través del cual circula entre el 25% y 30% del petróleo y cerca del 20% del gas natural licuado) y la destrucción de infraestructura energética clave (incluyendo pozos y refinerías).

En ese sentido, y a pesar de que los países miembros del G7 y posteriormente los integrantes de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) acordaron la mayor liberación de reservas estratégicas de petróleo en la historia (400 millones de barriles), estamos ante una disrupción histórica del suministro de crudo, que esta institución calificó como la más importante desde 1973”; según su director, la guerra en curso “ya es la mayor amenaza de la historia para la seguridad energética”. Se trata, en ese sentido, de un shock histórico de oferta con múltiples derivadas que introducen un nuevo salto de la incertidumbre mundial (sobre un punto de partida inusitadamente alto).

El petróleo es un commodity estratégico para la economía mundial. No solo es el principal insumo energético del transporte (autos, ómnibus, aviones y barcos), sino que también cumple un rol clave como insumo intermedio en una multiplicidad de procesos productivos (plástico, químicos y fertilizantes, entre muchos otros). Además, sigue siendo lo más relevante en materia de generación de energía eléctrica para muchísimos países.

Contexto: una disrupción histórica

En efecto, como advirtió el martes el Fondo Monetario Internacional (FMI), “la conmoción es global, pero asimétrica... Los importadores de energía están más expuestos que los exportadores, los países más pobres más que los más ricos, y aquellos con escasas reservas más que los que cuentan con amplias”.¹ Al momento, las regiones más afectadas han sido Asia y Europa, aunque la gravedad del shock sigue extendiéndose a nivel global a medida que el problema del suministro se traslada también al mercado de los fertilizantes y, por esa vía, al de los alimentos.

En casos extremos, y más allá del ajuste vía precios, algunos países comienzan a enfrentar problemas de escasez, que han derivado en restricciones a la venta de combustible. De esta manera, la crisis energética se expande desde la órbita económica a la órbita social y política, generando una creciente inestabilidad en ambos frentes.

¿Cuáles son las implicancias para la economía mundial?

Globalmente, un encarecimiento del petróleo deteriora las perspectivas de crecimiento económico, dado que supone un shock de oferta (es decir, que golpea directamente la capacidad productiva de los países) que distorsiona uno de los mercados clave para el aparato productivo y para los mecanismos de formación de precios.

En ese sentido, al incrementar significativamente los costos de producción de bienes y servicios, presiona al alza la inflación y reduce la capacidad de ahorro de los hogares, afectando el consumo. Además, la ausencia de certidumbre sobre la intensidad y la prolongación del conflicto también golpea la inversión, generando una doble afectación sobre la actividad económica global.

En un breve comunicado, el FMI alertó sobre el impacto asociado a las “interrupciones en el comercio y la actividad económica, fuertes subidas en los precios de la energía y volatilidad en los mercados financieros”. Señala, además, que “la situación sigue siendo muy cambiante y agrava la incertidumbre del entorno económico mundial”, aunque “aún es pronto para evaluar el impacto económico en la región y en la economía global”. Si bien no hay certezas sobre la magnitud y la duración que podría alcanzar el conflicto, el organismo difundirá en abril una “evaluación exhaustiva” de la situación y de las perspectivas. Igualmente, al margen de lo anterior, ya advirtió que “todos los escenarios conducen a precios más altos y un crecimiento más lento”.

Esto vuelve a tensionar los balances y dilemas de política económica, en un mundo caracterizado por niveles de déficit y endeudamiento históricamente elevados. No obstante, más allá de esta situación, el problema asociado a este tipo de escenarios tiene que ver con la poca efectividad que tienen las herramientas de política para enfrentar un shock que es esencialmente de oferta, dado que afecta las condiciones mismas de producción (no ocurre lo mismo con los shocks de demanda).

A modo de ejemplo, los bancos centrales pueden emitir dinero, pero no pueden emitir petróleo. En ese sentido, son problemas similares a los que enfrentaron las economías durante los primeros compases de la pandemia, cuando el problema venía inicialmente por el lado de la oferta (luego se trasladó a la demanda, dada la afectación que la interrupción de la producción generó sobre las empresas, los hogares y el flujo comercial).

Incluso si pudieran, el problema es que la afectación es tanto sobre la actividad como sobre los precios (es un golpe “estanflacionario”), por lo tanto, los bancos centrales enfrentan el dilema que supone contar con un único instrumento para atender dos objetivos: reducir la tasa de interés (precio del dinero) contribuiría a paliar el primer frente (ayudando a mitigar el impacto sobre el consumo y la inversión), pero generaría presiones adicionales sobre el segundo; lo contrario sucede ante un incremento de la tasa (limita el problema inflacionario, pero a costa de un dinamismo todavía menor).

Impacto sobre las cadenas de suministros

Según el último reporte del FMI, la guerra en Medio Oriente también está reconfigurando las cadenas de suministro de los insumos críticos y no energéticos, dado que “el desvío de buques cisterna y de contenedores aumenta los costos de flete y de seguro y prolonga los plazos de entrega”, al tiempo que “las perturbaciones en el tráfico aéreo de los principales centros del Golfo perjudican el turismo mundial y aumentan la complejidad del comercio”.

Como fue mencionado, las interrupciones de los envíos de fertilizantes –cuya tercera parte circula por el estrecho de Ormuz– están presionando el precio de los alimentos. Sobre esto, el organismo señala que “la suspensión del envío de nutrientes para cultivos provenientes del Golfo coincide con el inicio de la temporada de siembra en el hemisferio norte y pondrá en riesgo los rendimientos y las cosechas a lo largo de todo el año”, poniendo mayor presión hacia adelante sobre los costos. Obviamente, la inflación de los alimentos supondrá un golpe particularmente duro para los países pobres, que son los que destinan la mayor parte de sus ingresos a estos productos. De acuerdo con las estimaciones del Fondo, en los países de ingresos bajos los alimentos representan alrededor de un 36% del consumo, frente a un 20% en las economías de mercados emergentes y un 9% en las economías avanzadas. “Esto hace que cualquier aumento de los precios de los fertilizantes y los alimentos se transforme en un problema no solo económico, sino también sociopolítico, en particular cuando los recursos fiscales para amortiguar el impacto son limitados”.

En paralelo, también podría generarse escasez de otros materiales usados en la industria manufacturera, con el consecuente impacto sobre los precios. “Una parte importante del helio mundial, un elemento que se utiliza en una amplia gama de productos, desde semiconductores hasta dispositivos de imagenología médica, procede del Golfo”, según agrega el documento. A modo de ejemplo, Indonesia, que suministra alrededor de la mitad del níquel mundial (clave para las baterías de los vehículos eléctricos), “podría enfrentarse a una escasez del azufre que se necesita para procesar ese metal”.

Impactos financieros

Por último, hay que tener en cuenta los canales financieros a través de los cuales también se expande la crisis actual. A este respecto, la guerra ha convulsionado los mercados financieros, disparando importantes correcciones bursátiles y generando un incremento de los rendimientos de los bonos en la mayoría de las economías (dado que internalizan riesgos mayores).

No obstante, del análisis del FMI se desprende que, por el momento, “ha sido posible limitar las ventas masivas en el mercado”, aunque los acontecimientos recientes configuran un escenario más restrictivo para el acceso a financiamiento (endeudarse es más caro y es más difícil captar recursos). Si bien esto reviste un carácter general, la intensidad del problema también varía mucho entre las regiones y al interior de ellas.

En el caso de los efectos sobre el dólar, marzo fue un mes de fortalecimiento a nivel global, cortando la racha de debilitamiento que venía arrastrando desde hace más de un año. Esto revela que, más allá de las dudas sobre el futuro de Estados Unidos como potencia, la moneda emitida por la Reserva Federal sigue siendo un activo refugio que se valoriza ante escenarios de volatilidad y turbulencia.

Síntesis: un escenario externo crecientemente hostil

En suma, los canales de afectación del escenario actual son múltiples y se extienden más allá del precio y disponibilidad de los combustibles, lo que supone tensiones crecientes en el frente económico-financiero, social y político.

En la primera de estas dimensiones, la crisis presionará el crecimiento mundial a la baja y le dará un impulso adicional a la inflación (afectada también por el proteccionismo), complicando todavía más la gestión de la política económica y generando condiciones más restrictivas de acceso al financiamiento (menores flujos de capital y tasas más elevadas) y un dólar más fuerte.

En lo que refiere a la dimensión social, el aumento de los alimentos representa actualmente el mayor riesgo, en particular en aquellos países que ya enfrentan o han enfrentado recientemente problemas de inseguridad alimentaria. En ese sentido, la inflación de los alimentos es doblemente regresiva, con un impacto desproporcionado sobre los hogares más vulnerables.

Finalmente, producto de lo anterior, varios países comienzan a mostrar señales de inestabilidad en el frente político, una situación que se agravaría a medida que el aumento de los precios se vaya trasladando con mayor intensidad desde los combustibles al resto de la canasta de consumo.

Uruguay: impacto de la guerra y estrategias de amortiguación

Sobre las medidas de mitigación

Naturalmente, el encarecimiento del petróleo afecta directa e indirectamente el gasto de los hogares y la estructura de costos de las empresas. Este impacto es particularmente relevante en los sectores productivos intensivos en transporte, por la vía de mayores costos logísticos, aunque más tarde o más temprano terminan trasladándose al resto de la economía.

Obviamente, esta situación genera una creciente tensión para los estados, que enfrentan el dilema de cuánto absorber y cuánto trasladar de este shock al resto de la economía. A este respecto, los países han resuelto de manera distinta esta problemática, estableciendo ajustes de los combustibles de diversa magnitud y adecuando de manera distinta sus mecanismos y normativas. Concretamente, en la región se observan incrementos de precios de entre 15% y 60%, según relevó un informe recientemente difundido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).²

Puntualmente, en nuestro país el gobierno decidió adelantar la fecha de ajuste de los combustibles para el 1° de abril, originalmente previsto para el inicio de mayo, en función del cambio introducido hace poco menos de un año en la normativa. En esta instancia, y de acuerdo con la nueva normativa, se definió un aumento del 7%, dado que es en esa magnitud donde opera el tope establecido. En efecto, el ajuste realizado está por debajo de lo observado a nivel regional y, en particular, por debajo de lo que establece la paridad de importación.

Sobre esto último, el documento publicado días atrás indica que los precios de paridad de importación que calcula la Ursea, en función de los precios de referencia en el mercado internacional (componente base para la determinación de los precios de los combustibles en el mercado interno), “sufrieron incrementos sustanciales, ubicándose en torno al 35% para las naftas, 60% para el gasoil y 33% para el supergás”. Considerando esto, y teniendo en cuenta que la conformación del precio implica además otros elementos como la distribución secundaria e impuestos y tasas, el traslado de estos incrementos hacia el precio final arrojaría un aumento de 13% para la nafta y de 44% para el gasoil.

Por otra parte, el gobierno dispuso otras medidas para apoyar las actividades productivas más afectadas (en especial al sector agropecuario), entre las que destacan: facilidades de acceso al crédito para los pequeños productores de cereales, oleaginosos, legumbres, arroz y cultivos de invierno para la lechería; la extensión a 12 meses de la devolución del IVA al gasoil para los contribuyentes del Imeba (impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios), así como la autorización a Ancap para contratar líneas de crédito.

De acuerdo con las estimaciones preliminares que fueron comunicadas por el ministro de Economía, Gabriel Oddone, el costo efectivo preliminar es del orden de los 30 millones de dólares. Además, aclaró que las medidas se mantendrán “el tiempo que sea necesario” y que los efectos fiscales están “dentro del margen de tolerancia”.

Sobre los impactos potenciales

El estallido del conflicto en Medio Oriente encuentra al país con holgura en el frente inflacionario, dado que la variación interanual de los precios ha estado por debajo de la meta puntual del BCU (4,5%). A su vez, el diseño de los lineamientos salariales mitiga, con relación al pasado, la indexación asociada a este tipo de eventos disruptivos, contribuyendo a evitar que se alojen en el sistema de precios de forma permanente. Con esto, la inflación tendería más rápido de lo previsto hacia ese umbral, en línea con la intención declarada desde hace meses por las autoridades económicas.

No obstante, distinta es la situación en materia de actividad y finanzas públicas, dado que este shock de los términos de intercambio (el precio de lo que compramos aumenta más que el precio de lo que vendemos) encuentra al país peor posicionado que en materia de precios.

Sobre lo primero, las perspectivas de crecimiento para este año se han venido ajustando a la baja y podrían continuar haciéndolo. En la última encuesta relevada por el BCU en marzo, los analistas estimaban una expansión del 1,6%, luego haber realizado un fuerte recorte con relación a lo proyectado en febrero. En los últimos días, no obstante, algunos analistas privados han señalado que ya ubican la estimación más abajo, en el entorno del 1%. Por ejemplo, Pablo Rosselli indicó el lunes –en diálogo con el programa En perspectiva– que en Exante ya están trabajando con una proyección del 1%.³

Sobre lo segundo, la situación fiscal ya venía siendo desafiada por un menor crecimiento del previsto y, según lo expresado por el ministro en este medio, la próxima Rendición de Cuentas podría llegar a contener innovaciones por el lado del gasto: “En este momento, con la información que tenemos, no podemos descartar ninguna medida. Hay que tener una mirada cuidadosa, pero podría ser necesario. No necesariamente un recorte generalizado, pero sí asumir que hay algunos compromisos que tenemos que diferir”.⁴

Finalmente, un efecto adicional que debe tenerse en cuenta ante la eventual prolongación de estas medidas tiene que ver con aspectos distributivos, dado que el consumo de combustibles, principalmente de nafta, se concentra en los quintiles más altos de la distribución de ingresos. Sobre esto, Rosselli advirtió que “mantener ese costo en el tiempo es incompatible con la situación de las finanzas públicas, pero además se trataría de una medida regresiva en términos de distribución del ingreso”.

Cabe notar, a modo de cierre, que, según Citibank, Uruguay es el país de América Latina menos vulnerable ante este conflicto, destacándose por la mayor flexibilidad de la política monetaria, el elevado nivel de reservas internacionales y por contar con una balanza comercial flexible ante disrupciones externas.