Durante décadas, una de las ideas más arraigadas en economía fue que los mercados competitivos son el mecanismo más eficiente para asignar recursos. Sin embargo, el economista chileno Juan Escobar, profesor asociado de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile y doctor en Economía por la Universidad de Stanford, sostuvo, en diálogo con la diaria, que esa conclusión deja de cumplirse cuando existe una fuerte desigualdad en los ingresos.
“En economía solemos pensar que los mercados competitivos asignan los recursos de manera eficiente. De hecho, en los cursos básicos se enseña que un mercado competitivo maximiza lo que conocemos como el excedente social. Lo que muestro en mi investigación es que, cuando existe una dimensión importante de desigualdad en los ingresos, este resultado deja de cumplirse”, explicó Escobar. El especialista visitó Uruguay en el marco del evento Microeconomic Theory Workshop, organizado por la Universidad de Montevideo y la Universidad de la República a finales de junio. Durante esa instancia, el economista chileno presentó una investigación sobre el diseño de mecanismos en contextos de desigualdad económica.
En ese sentido, su trabajo analiza cómo deberían organizarse mercados como los de vivienda, educación o salud, cuando las diferencias de riqueza hacen que la capacidad de pago no refleje necesariamente cuánto valoran las personas un determinado bien. En esos casos, explica, “es necesario pensar en mecanismos alternativos” y, bajo ciertas condiciones, incluso la provisión gratuita de algunos bienes puede resultar más eficiente que la asignación mediante el mercado.
El investigador también reflexionó sobre los desafíos de América Latina para diseñar mejores políticas públicas. Sobre esto, advirtió que la creciente polarización política lleva con frecuencia a que los gobiernos “pasen de un extremo al otro” sin considerar soluciones intermedias, y sostuvo que la transparencia debe ser un principio central en cualquier mecanismo de asignación para fortalecer la confianza ciudadana. En el caso de Uruguay, consideró que el país reúne condiciones especialmente favorables para aplicar estas herramientas gracias a la solidez de sus instituciones, la disponibilidad de datos y el nivel de sus economistas.
Su conferencia aborda el “diseño de mecanismos en un contexto de desigualdad económica”. ¿Qué significa exactamente diseñar mecanismos cuando existen grandes diferencias de riqueza entre los participantes?
La motivación de mi trabajo no es responder la gran pregunta sobre cómo debe redistribuirse la riqueza dentro de un país, sino estudiar cómo se diseñan mercados específicos cuando existe desigualdad, en el sentido de que existen diferencias entre las personas; algunas que pueden pagar mucho y otras poco por un bien. Esa diferencia no necesariamente refleja cuánto valoran ese bien, sino simplemente cuál es su nivel de riqueza o su capacidad económica.
Un ejemplo es el mercado de la vivienda social. Allí el Estado suele tener un papel importante porque debe decidir cómo asignar esas viviendas. En ese proceso existen, al menos, dos fuentes de heterogeneidad importante en la población. Por un lado, hay personas que valoran más una vivienda por razones familiares o laborales. Esa dimensión de la valoración es un concepto clásico en economía. Pero, por otro lado, también existen diferencias en la capacidad de pago entre las personas. Mi investigación se centra justamente en ese tipo de situaciones, más bien micro, sobre cómo diseñar las reglas de asignación cuando conviven esas distintas fuentes de heterogeneidad.
Además del ejemplo de la vivienda, ¿hay otros casos cotidianos en los que los mecanismos de asignación funcionen mal?
Sí. Un ejemplo es la educación. Yo vengo de Chile y allí existía la típica discusión sobre qué ocurría cuando se permitía que los colegios cobraran por el acceso. Había instituciones que cobraban poco y otras, mucho. La pregunta que la sociedad se hacía era si ese sistema terminaba excluyendo a algunas personas más allá de su deseo de estudiar, simplemente por su capacidad de pago.
Otro caso es el de los servicios de salud. Allí también podemos preguntarnos si es conveniente utilizar mecanismos de mercado o si sería mejor recurrir a otro tipo de mecanismos de asignación. Creo que la vivienda, la educación y la salud son tres mercados donde las ideas que desarrolla mi trabajo pueden ser especialmente relevantes.
¿Qué hallazgos recientes de su investigación considera más relevantes para el debate sobre desigualdad en América Latina?
Mi trabajo es académico, pero creo que deja algunas ideas importantes. En economía solemos pensar que los mercados competitivos asignan los recursos de manera eficiente. De hecho, en los cursos básicos se enseña que un mercado competitivo maximiza lo que conocemos como el excedente social.
Lo que muestro en mi investigación es que, cuando existe una dimensión importante de desigualdad en los ingresos, ese resultado deja de cumplirse. En esas circunstancias, pueden ser preferibles mecanismos alternativos, como la provisión gratuita de ciertos bienes. Mi trabajo no analiza el costo fiscal de esas políticas, pero sí muestra que, en contextos de alta desigualdad, lo que termina siendo más eficiente puede ser precisamente entregar determinados bienes de manera gratuita, aun cuando la provisión de esos servicios es costosa.
Creo que ese es un mensaje importante, incluso para los economistas que participan en el diseño de políticas públicas: perseguir la eficiencia no necesariamente nos va a llevar de manera inequívoca al uso de mercados. Existen mecanismos alternativos que pueden ser útiles en algunas aplicaciones. No obstante, eso depende de ciertas condiciones y de que se cumplan determinados supuestos, por lo que siempre hay que analizar cuidadosamente en qué contextos se aplican.
Generalmente, en economía, no se relaciona la eficiencia con la igualdad. ¿Se puede decir entonces que, cuando existen altos grados de desigualdad, los mercados se vuelven ineficientes?
Hay distintos criterios de eficiencia. Incluso cuando existe desigualdad, el mercado sigue siendo lo que los economistas llamamos Pareto eficiente (una situación en la que no es posible mejorar el bienestar de una persona sin empeorar el de otra). Ese equilibrio corresponde a un punto dentro de lo que se conoce como la frontera de Pareto, pero no necesariamente al que los economistas hemos defendido tradicionalmente. Incluso en los cursos básicos de economía enseñamos que existe un punto específico que maximiza el excedente social.
Lo que muestra mi investigación es que ese punto de eficiencia ya no se alcanza mediante los mercados cuando existe una desigualdad. En esas circunstancias, es necesario pensar en mecanismos alternativos.
En un contexto global de creciente concentración de riqueza, ¿cree que la economía ha subestimado durante años el impacto de la desigualdad sobre el funcionamiento de los mercados?
No sé si estoy en posición de hablar por toda la profesión, pero sí creo que es un tema que, evidentemente, se ha vuelto mucho más relevante en el debate público. Eso también ha permeado la profesión y, en particular, la teoría económica, motivándonos a pensar cómo la desigualdad puede impactar en distintos aspectos de la asignación de recursos en una sociedad.
Definitivamente, hoy existe un interés importante, tanto en la teoría económica como en la economía en general, por incorporar la desigualdad en nuestros modelos. De todos modos, hay economistas muy importantes que trabajaron estos temas hace décadas, como Anthony Atkinson en los años 70. Creo que hoy estamos viviendo una especie de resurgimiento de esa tradición.
¿Cuáles son los principales errores que suelen cometer los gobiernos latinoamericanos al diseñar sistemas de asignación de recursos o beneficios?
Quizás mi respuesta esté un poco enfocada en la realidad chilena, donde existe una influencia importante de los académicos en la implementación de políticas públicas. Lo que sí observo es que muchas políticas públicas, tanto en su discusión legislativa como en la inspiración ideológica que las sustentan, suelen quedar algo sesgadas. Luego llega un gobierno de otro signo político e intenta revertirlas moviéndose hacia la posición completamente opuesta.
Diría, entonces, que el principal error es pasar de un extremo al otro sin considerar puntos medios. Al menos eso es lo que veo en Chile, en un contexto de mucha polarización política, aunque imagino que también ocurre en otros países de América Latina.
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Foto: Alessandro Maradei
Usted participó en la implementación del sistema de asignación escolar en Chile. ¿Qué problemas buscaba resolver esa reforma?
El problema principal tenía que ver con la falta de transparencia en la asignación de cupos en colegios públicos. Había colegios públicos que recibían una subvención importante del Estado, que tenían criterios de admisión que no eran del todo transparentes. Existía la sospecha de que muchos colegios estaban discriminando por razones socioeconómicas o religiosas, y eso la sociedad lo consideraba indeseable. El segundo problema era que, en estos mercados educativos, el precio no determina la asignación. Por eso, el proceso debía organizarse de manera centralizada.
Para dar un ejemplo: en el sistema antiguo una familia podía postular a un niño a varios colegios y ese estudiante podía ser aceptado en más de uno al mismo tiempo. Eso implicaba que estuviera ocupando simultáneamente varios cupos, en perjuicio de otros niños interesados, aunque finalmente solo asistiría a uno.
Ese problema de descoordinación y descentralización era importante. Lo que buscó hacer el sistema de admisión chileno fue, por un lado, establecer criterios transparentes de admisión y, por otro, centralizar el proceso para evitar ese tipo de ineficiencias.
¿Qué resultados se lograron?
Al centralizar el proceso se logró, en primer lugar, una mayor transparencia sobre por qué un niño obtiene un lugar en un colegio y por qué no. Los criterios de prioridad son totalmente transparentes. Se considera, por ejemplo, si el estudiante tiene hermanos en el establecimiento, si sus padres trabajan allí o si pertenece a un grupo socioeconómico desfavorecido. A partir de esos criterios, el sistema define la asignación.
Ahora bien, estos procesos son complejos y es difícil que todo el mundo quede satisfecho con el resultado, porque hay colegios que reciben muchas postulaciones y cuentan con un número limitado de cupos. Inevitablemente habrá familias que se sentirán frustradas, y eso ha generado un debate sobre cuáles deberían ser los criterios de admisión.
Yendo al caso de Uruguay, ¿en qué áreas considera que podrían aplicarse las herramientas de diseño de mecanismos? ¿Cuál cree que es el principal desafío que enfrenta el país en materia de diseño institucional y asignación eficiente de recursos?
No conozco lo suficiente la realidad uruguaya como para responder esa pregunta. Sí sé que, en educación, Uruguay ya cuenta con un sistema centralizado que, según entiendo, es muy distinto del chileno y utiliza criterios de prioridad diferentes.
Uruguay suele enfrentar desafíos en áreas como el acceso a la vivienda o la pobreza infantil. ¿En cuál de estos ámbitos cree que las herramientas del diseño de mecanismos podrían tener un mayor impacto?
Definitivamente, la asignación de vivienda social es un área en la que el diseño de mecanismos tiene mucho que decir. De hecho, sé que un colega de la Universidad de Montevideo ha trabajado ese tema en el contexto uruguayo.
La pobreza infantil también es un tema importante. Por ejemplo, estas herramientas pueden aplicarse al diseño de los procesos de adopción. En Chile y en muchos otros países hay niños que esperan durante mucho tiempo para integrarse a una familia, y esos procesos pueden diseñarse teniendo en cuenta el bienestar del niño y la eficiencia del sistema.
Es un tema relativamente reciente dentro del área del diseño de mecanismos, pero creo que en los próximos años puede aportar ideas muy valiosas para la implementación práctica de este tipo de procesos.
Uruguay suele destacarse por la fortaleza de sus instituciones y por la disponibilidad de datos públicos. ¿Estas características podrían darle ventajas para implementar políticas basadas en diseño de mecanismos respecto de otros países de América Latina?
Sin duda. Uruguay tiene todo para utilizar el diseño de mecanismos en la resolución de problemas de política pública. Tiene instituciones sólidas, dispone de datos y, además, cuenta con excelentes economistas, tanto trabajando en el país como en algunas de las mejores universidades del mundo. Así que yo creo que está en una posición destacadísima para resolver problemas usando técnicas de diseño de mecanismos.
¿Qué impacto cree que tendrá la inteligencia artificial sobre los sistemas de asignación y la toma de decisiones públicas?
Es difícil saberlo. Por una parte, la inteligencia artificial permite analizar grandes volúmenes de datos de manera mucho más rápida. La pregunta es si las instituciones y la burocracia serán capaces de tomar decisiones con la misma agilidad.
En los próximos dos o tres años imagino que el impacto será moderado. Si pensamos en un horizonte de cinco o diez años, dependerá mucho de la capacidad de adaptación de cada institución y del contexto de cada país.
Si tuviera que señalar un gran problema social de América Latina, que es la región más desigual del mundo, ¿cuál cree que podría abordarse mediante una mejor arquitectura institucional y mecanismos de asignación?
Creo que la educación es un área especialmente importante, por varias razones. Por un lado, porque permite igualar oportunidades y, por otro, porque es un motor del crecimiento económico. Ahí existen desafíos relevantes en el diseño de instituciones capaces de asignar de la mejor manera las oportunidades educativas.
En un momento de creciente desconfianza de los latinoamericanos hacia las instituciones, ¿pueden los mecanismos bien diseñados contribuir a recuperar legitimidad y confianza pública?
Totalmente. Uno de los principios básicos del diseño de mecanismos es la transparencia. De hecho, muchos procesos de asignación fallan justamente por la falta de transparencia. Una falla en ese sentido es una deficiencia importante en un proceso de asignación. Una idea central en la literatura sobre diseño de mecanismos, enfatizada por referentes como Alvin Roth y Paul Milgrom, es que los mecanismos deben ser transparentes. Cualquier persona debería poder entender cuál es la lógica del mecanismo con la que funcionan y, más aún, ser capaz de replicar el resultado.
Si una empresa gana una licitación para prestar un servicio al Estado, tiene que ser claro por qué ganó esa empresa y no otra. Del mismo modo, si un niño obtiene un lugar en un colegio y no en otro que prefería, también debe ser posible entender por qué ocurrió esa asignación. Creo que esa transparencia es un elemento central del diseño de mecanismos y, particularmente, en un contexto de alta desconfianza como el que usted menciona, resulta fundamental.