Otra vez lo mismo. El presidente estadounidense, Donald Trump, se ha puesto a aumentar y reducir aranceles a diestra y siniestra, incumpliendo al hacerlo acuerdos internacionales que él mismo firmó y violando casi con certeza la legislación federal. La única diferencia esta vez es que encontró un nuevo pretexto para abusar de los aranceles: poner freno al trabajo forzado.
Por supuesto, el gobierno estadounidense tiene razón cuando dice que no se está haciendo lo suficiente contra el trabajo forzado. Pero su presunta preocupación es solo un ardid. Los nuevos aranceles siguen muy de cerca los que Trump impuso basándose en los saldos comerciales. ¿Ahora resulta que los déficits de comercio bilateral están en estrecha correlación con el uso de trabajo forzado?
Cuando la Suprema Corte anuló aranceles anteriores de Trump, su gobierno impuso otros temporales por 150 días (ya declarados ilegales por la Justicia, aunque ahora están en fase de apelación, a pesar de haber caducado a fines de julio). Ahora se suman estos, que siguen a una “investigación” sobre la supuesta falta de fiscalización de otros países en materia laboral. De forma previsible, se hicieron excepciones para China, sospechosa desde hace tiempo de exportar productos en cuya fabricación se usa trabajo forzado. Pero el control sobre las tierras raras y los minerales críticos le confiere poder para frenar a Trump cada vez que quiera. Cuando otro país tiene medios y voluntad para contraatacar, Trump “siempre se acobarda”. Esta vez ni se molestó en buscar pelea con los chinos.
Además, si a Trump realmente le preocupara el trabajo forzado, enfrentaría el problema en casa. Estados Unidos es desde hace mucho tiempo un centro de trabajo forzado, debido al vacío jurídico que deja la 13ª enmienda de su Constitución: “Ni en Estados Unidos ni en ningún lugar sujeto a su jurisdicción habrá esclavitud ni trabajo forzado, excepto como castigo de un delito del que el responsable haya quedado debidamente convicto”.
Este texto fue el infame argumento esgrimido en los estados segregacionistas del sur para defender las cuadrillas de presos encadenados, y se sigue abusando de él en buena parte de Estados Unidos, donde menos de un cuarto de los estados prohíben el trabajo forzado. Estados Unidos solo alberga el 5% de la población mundial, pero una cuarta parte de los presos del mundo. Según uno de los estudios más exhaustivos sobre el trabajo forzado en Estados Unidos (obra de Michael Poyker), en 2005 se empleó a casi 1,4 millones de reclusos estadounidenses, de los que unos 600.000 trabajaban específicamente en el sector manufacturero, el 4,2% de la fuerza laboral total del sector en ese momento (quienes quieran entender mejor el sistema de trabajo cautivo en Estados Unidos también deberían ver 13th, un documental presentado en 2016 por Ava DuVernay).
Cuando el año pasado Trump impuso sus aranceles arbitrarios al resto del mundo, dijo que eran “recíprocos”. Pero en este nuevo contexto la reciprocidad exigiría aplicar altos aranceles a los productos fabricados en estados de Estados Unidos donde todavía se explota el trabajo de los presos.
Justificar los nuevos aranceles es particularmente difícil en el caso de la Unión Europea (UE), donde una norma de 2024 (la Directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial) prohibió la importación de bienes producidos con trabajo forzado, incluso por subcontratistas. En una nueva muestra de hipocresía, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, dijo que la norma europea imponía “una carga innecesaria” a las empresas estadounidenses y que en respuesta Estados Unidos estaba dispuesto a considerar “todas las herramientas comerciales imaginables”.
La UE debe denunciar esta hipocresía y no capitular. Debe imponer aranceles recíprocos a los bienes fabricados en estados de Estados Unidos donde se hace el mayor uso de trabajo penitenciario. La lista de productos y empresas sospechadas de usar trabajo penitenciario en algún punto de la cadena de suministro es extensa e incluye a grandes compañías estadounidenses como Burger King, Cargill y Walmart. Si las acciones de Trump motivan a la UE a investigar el trabajo forzado en Estados Unidos, estará haciendo un favor a los trabajadores estadounidenses (lamentablemente, casi nadie en la UE mencionó el tema; lo único que se oyó fue un suspiro de alivio al no haber sido peores los aranceles contra Europa).
Y no termina allí la hipocresía. Para justificar los nuevos aranceles contra Canadá, Trump invocó una cláusula de la infame Ley Smoot-Hawley (1930), que permite a Estados Unidos usarlos en respuesta a aranceles discriminatorios. Pero no hay que olvidar que todo el sistema de la Organización Mundial del Comercio se basa en el principio de no discriminación, que las políticas arancelarias de Trump han puesto descaradamente en entredicho. En este caso, Canadá aranceló productos estadounidenses en represalia por los aranceles discriminatorios de Trump.
Trump subvierte una vez más el derecho internacional en un intento de capturar una parte mayor del valor generado por las cadenas globales de suministro, y al hacerlo daña la economía estadounidense. Por si alguien lo olvidó, los aranceles son un impuesto distorsivo en perjuicio de los consumidores y de la competitividad de Estados Unidos.
Las guerras arancelarias de Trump no consiguieron repatriar producción fabril. De hecho, desde su segunda asunción, Estados Unidos perdió 75.000 puestos de trabajo fabril, que habían aumentado durante la presidencia de Joe Biden. El déficit de Estados Unidos en comercio de bienes creció en términos nominales durante el segundo mandato de Trump, hasta un máximo histórico de 1,24 billones de dólares. No sorprende a ningún economista. Los déficits comerciales multilaterales dependen menos de los aranceles que de variables macroeconómicas fundamentales como el ahorro nacional interno, un indicador que empeoró en respuesta a los enormes déficits fiscales de Trump.
Los abusos de Trump funcionan porque demasiada gente (dentro y fuera de Estados Unidos) se rindió ante él. La mayoría de las empresas y de los gobiernos rivales llegaron a la conclusión de que es mejor seguirle la corriente y tratar de llevarse bien que plantarle cara. Pero Trump es como cualquier otro líder autoritario: necesita ser temido. Y cuanto más tiempo le dé el mundo lo que necesita, mayor será el desastre que nos espera a todos.
Joseph E Stiglitz, premio Nobel de economía, fue economista jefe del Banco Mundial, presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente de Estados Unidos, y es profesor de la Universidad de Columbia y autor, más recientemente, de The Road to Freedom: Economics and the Good Society (W. W. Norton & Company, Allen Lane, 2024). Copyright: Project Syndicate, 2026.