Con apenas dos abstenciones y ningún voto en contra, la Cámara de Diputados chilena aprobó dos proyectos emblemáticos en materia de educación, que ya tenían la luz verde del Senado. Se trata de una ley que garantiza el financiamiento estatal necesario para la gratuidad de la educación universitaria para los estudiantes de menos recursos y otra que establece un marco jurídico para las universidades estatales. El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, ya en su recta final, calificó la decisión de “histórica”. La máquina de aprobar leyes de Bachelet sigue funcionando a todo vapor, a sólo seis semanas de que asuma la presidencia Sebastián Piñera. En la noche del miércoles, los diputados chilenos aprobaron en un último debate dos leyes que, por un lado, garantizan la gratuidad de la educación universitaria y, por el otro, crean un marco regulatorio que mejora las relaciones entre las distintas instituciones de la educación superior.

Una de las leyes crea una Subsecretaría de Educación Superior encargada de coordinar el sistema y una Superintendencia que tendrá que fiscalizar el cumplimiento de la normativa. También establece la acreditación institucional obligatoria.

El articulado, que fue aprobado por el Senado chileno el día anterior, tuvo el apoyo de 102 diputados. No hubo votos en contra –es decir que contó incluso con el respaldo de la oposición– y sólo dos legisladores se abstuvieron.

En vísperas de un cambio de gobierno, la ley busca garantizar la continuidad de los avances que ha hecho el gobierno de Bachelet para que exista en Chile la educación universitaria gratuita para los estudiantes que cumplan una serie de requisitos que se renuevan cada año. Desde 2016, este beneficio está disponible para quienes pertenezcan al 60% de los hogares con menores ingresos del país, que se inscriban a las instituciones habilitadas para obtener la gratuidad –que son mayoría–, que no hayan hecho una carrera de grado, que si ya están estudiando una carrera no hayan excedido la duración formal de esta y que sean chilenos o extranjeros que hayan terminado la secundaria en Chile.

El objetivo de Bachelet cuando se aprobó la ley que dispone la gratuidad de la educación para los estudiantes más pobres, en 2015, era ampliar la población beneficiada a medida que mejorara la situación económica de Chile. Sin embargo, Piñera ya advirtió que no habrá ampliaciones en este sentido.

La ley aprobada el miércoles confirma el cambio del rol del Estado a la hora de garantizar el derecho a la educación para los estudiantes de menos recursos. Se pasó de un sistema basado en las becas que el Estado otorgaba a los estudiantes, obligados a pagarlas durante su vida profesional, a uno que impone el financiamiento a las instituciones y desliga a los estudiantes de esta obligación. Hasta ahora, la gratuidad venía siendo implementada por medio de las leyes de presupuesto de cada año; a partir de la ley aprobada el miércoles, queda establecida como una normativa permanente que impide retrocesos. La norma incluso dispone que se avance en este sentido a medida que se cumpla con determinados objetivos económicos en Chile; sin embargo, no lo establece como una obligación, sino como algo a considerar en dicha situación.

Celebrados

“Al avanzar en la gratuidad en la educación superior, queremos construir un país más equitativo, con igualdad de oportunidades. Con la aprobación en el Congreso, consagramos como ley un derecho social que nunca debió estar en manos del mercado”, celebró Bachelet en Twitter, minutos después de la aprobación. En otro mensaje, la mandataria aseguró que “un Chile mejor requería cambios profundos en la educación” y agradeció a la ministra de Educación, Adriana Delpiano, por “haber completado la agenda legislativa”.

A la salida de la votación, Delpiano dijo a los periodistas: “Creo que Chile hoy es mejor que ayer. Contar con una ley de educación superior que da garantía de que [los jóvenes] podrán estudiar en instituciones acreditadas y de calidad será lo que irá importando”.

La portavoz del Ejecutivo, Paula Narváez, aseguró que “el gobierno de la presidenta Bachelet pasará a la historia por muchos temas, pero principalmente por este logro en materia de educación superior”. A su entender, la aprobación de estas leyes es “una muy buena noticia para las familias chilenas, para miles de jóvenes a los que hoy día, en Chile, se les ha garantizado y reconocido la educación como un derecho”.

El reclamo de una educación pública gratuita, de calidad y sin fines de lucro ha sido el eje de las movilizaciones que por varios años ha mantenido el movimiento estudiantil chileno. El gobierno de Bachelet puso en marcha varias medidas enmarcadas en tales demandas, como la gratuidad progresiva en el nivel universitario, el fin del lucro y la selección en la enseñanza básica y secundaria.

Una de las ex líderes del movimiento estudiantil, la hoy diputada Camila Vallejo, dijo a la prensa después de la sesión: “Si no se aprobaba hoy el proyecto, íbamos a la comisión mixta y dejábamos al futuro gobierno la tramitación de la iniciativa, con un ministro que ya sabemos que no cree en nada de esto”. Hacía referencia a Gerardo Varela, el abogado elegido por Piñera para encabezar la cartera de Educación en el próximo gobierno. El futuro ministro ha criticado la reforma de la educación en varias columnas que escribió en el diario El Mercurio. Ayer, sin embargo, intentó aplacar los rumores de una posible anulación de la reforma al sostener que “la gratuidad ya se ha aprobado”, por lo que “no queda nada más que implementarla”. En la misma línea se pronunció Piñera.

Insuficiente

El Colegio de Profesores se reunió ayer para, entre otras cosas, evaluar la ley aprobada el miércoles. En su valoración, su presidente, Mario Aguilar, fue duro: “Es una reforma absolutamente insatisfactoria. [...] Se trata de un maquillaje al modelo, pero ningún cambio de paradigma”. Agregó que el gobierno ha hecho “una operación comunicacional para pretender mostrar una reforma profunda que no es tal”. Tanto él como otros integrantes del gremio indicaron que, si bien las reformas del gobierno de Bachelet han mejorado el sistema educativo, no lo han cambiado.