Un trabajo elaborado por Juan Bogliaccini, sociólogo y doctor en ciencia política, analiza la educación en Uruguay desde la mirada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por la Organización de las Naciones Unidas. Son 17 los objetivos, y en materia de educación se incluyen diez metas, cada una con distintos componentes. En el informe elaborado para el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), Bogliaccini marca las tensiones que existen entre tres “macrometas” educativas: cobertura, equidad y calidad. “Lograr una educación de calidad sostenible tiene como condición necesaria avanzar hacia niveles altos de cobertura. No obstante, velar por la calidad educativa debe ser una constante preocupación de los gobiernos. El avance cualitativo en esta dimensión cobra relevancia en sistemas con altos niveles de cobertura, dado que de lo contrario la segmentación en el acceso y desafiliación tornará los avances en calidad únicamente en beneficio de los sectores más favorecidos de una sociedad. Dejaríamos entonces de referirnos a educación de masas para pasar a referirnos a educación de elites, incluso en contextos de oferta gratuita en los diferentes niveles educativos”, asegura en la introducción del estudio.

Desde esta óptica, afirma el autor, “Uruguay necesita de forma prioritaria alcanzar metas de cobertura. Las metas de los ODS asociadas a dicha dimensión son de gran importancia porque es precisamente el acceso a la educación el que genera el mayor impacto en el bienestar de los ciudadanos, así como en las posibilidades de desarrollo sostenible de las naciones”, y recuerda que Uruguay es unos de los países de la región que “mayor proporción de desarrollo humano resigna por esta causa” en relación con el Índice de Desarrollo Humano.

El propósito del informe es evaluar el avance de Uruguay en relación con estas metas, pero se aclara que la disponibilidad de datos “es limitada para el caso de algunas metas, tanto en Uruguay como en términos comparados”. Esto, considera Bogliaccini, es “razonable, dado que las metas de los ODS suponen una nueva agenda y, como tal, invita a los países a reflexionar sobre la relevancia de las dimensiones privilegiadas en ellas y a adaptar tanto metas nacionales como las fuentes de información para incluirlas”.

Meta a meta

En términos generales, el análisis concluye que si bien en relación con las metas sobre primera infancia y sobre la incorporación de tecnologías para el uso pedagógico Uruguay “ha logrado notables avances en las últimas dos décadas, el logro de las restantes metas plantea un gran desafío”.

La meta 4.1 plantea que, a 2030, se debe “asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad, y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos”. En particular respecto de los datos de la tasa de culminación de la educación media, Bogliaccini afirma que la situación de Uruguay respecto del cumplimiento de esta meta es “precaria”. Con respecto a los aprendizajes, el autor menciona como valor de referencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para esta meta alcanzar 80% de los jóvenes de 15 años de edad con competencias en matemática nivel 2 o superior, mientras que en Uruguay 44,2% de los jóvenes que participan en las pruebas PISA de 2012 alcanzan ese nivel.

La meta 4.2 es la que apunta a que los niños tengan acceso a “servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad”, aspecto en el que Uruguay “se encuentra en una posición de privilegio, incluso en términos comparados con los países de la OCDE”, ya que ha universalizado la cobertura de educación inicial para la edad de cinco años y se acerca a 90% de cobertura neta para los niveles de tres y cuatro años.

La meta 4.3 promueve el acceso igualitario de hombres y mujeres a la formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. Para evaluar esto, Bogliaccini toma datos de la Encuesta Continua de Hogares de 2015, según los cuales la tasa de entrada por primera vez a la educación técnica, profesional y superior para la cohorte de 18 años “sería del entorno del 16%”, y, a la vez que aclara que el dato es una “aproximación gruesa”, afirma que es “consistente con la tasa de egreso de educación secundaria”. En función de estos datos, señala que Uruguay “presentaría niveles de eficiencia altos en ingreso a educación terciaria –77% de quienes terminan secundaria ingresarían a un programa de educación terciaria a los 18 años–”.

Hay metas para las que no existen indicadores, por ejemplo la 4.4, que plantea “aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento”.

La meta 4.5 propone “eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad”. El informe de Bogliaccini señala: “El aspecto más importante para comprender las disparidades en términos de cobertura, desafiliación e incluso logro en Uruguay es el socioeconómico”. “En algunos grupos de edad Uruguay ha avanzado más lentamente que la región hacia una mayor igualdad, mientras que en otros segmentos se ha estancado en el avance. Para el conjunto de grupos de edades entre 7 y 24 años, Uruguay aumenta la desigualdad de acceso entre quintiles 1 y 5 durante la década de 1990, y comienza a revertir la tendencia a partir de la década de 2000”, señala el autor, a la vez que marca que para la población de entre 13 y 19 años, Uruguay “presenta los menores niveles de acceso en la región así como el mayor nivel de desigualdad entre los quintiles 1 y 5, muy por sobre el promedio regional”, mientras que entre los de 20 y 24 años, sólo Brasil presenta “avances menores a los de Uruguay”, en la región.

En tanto, la meta 4.a, que refiere a las instalaciones educativas adecuadas y accesibles, el documento destaca que el acceso a condiciones sanitarias básicas está universalizado en los edificios escolares y que “existe un proceso continuo de adaptación de los edificios escolares ya existentes en materia de accesibilidad”, aunque no hay datos sobre esto. El informe también da cuenta del Plan Ceibal, que “ha revolucionado el acceso a ordenadores con fines pedagógicos”.

Por último, la meta 4.c pone en foco la necesidad de aumentar la oferta de docentes calificados. El trabajo destaca que en educación inicial y primaria 100% de los maestros son titulados, mientras que en secundaria dos de cada tres profesores lo son. También menciona como importante en este punto la asignación de tiempo completo que tienen los docentes en el centro educativo, y señala que mientras que en Uruguay en educación media 8,4% de los docentes están tiempo completo en el centro según datos de PISA, en Brasil son 45%, en Argentina 48%, en Costa Rica 61% y en Chile 76%.

En su estudio, Bogliaccini afirma: “Exceptuando la educación inicial y primaria, Uruguay tiene un déficit en materia de cobertura que es inconsistente con su nivel de desarrollo relativo. El núcleo duro del problema educativo sigue estando asociado a la cobertura y, en particular, a su estructura particular de desigualdad de acceso”. Añade que en educación secundaria el problema de cobertura se genera a partir de la desafiliación, y en educación terciaria, “por un problema de acceso asociado a la no culminación del ciclo de educación secundaria”.