La educación en clave regional es una de las líneas que intentan impulsar algunos gobiernos de los países latinoamericanos. En ese marco, la semana pasada Uruguay fue anfitrión del Programa Regional de Formación en Planeamiento y Gestión de Políticas Educativas del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE) de la oficina regional de la UNESCO; es la primera reunión que se hace fuera de Buenos Aires, sede del IIPE. Del lunes 21 al viernes 25, delegaciones de funcionarios de gobiernos de la educación de todos los países de América Latina se reunieron para discutir algunas líneas transversales a todos los contextos y analizar cinco líneas estratégicas que ha impulsado Uruguay.

“Cada país trajo connotaciones distintas”, comentó en diálogo con la diaria Antonio Romano, director de Planificación Educativa de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Sin embargo, “una nota apareció en los diferentes países de América Latina: pensar una articulación diferente entre mercado y Estado que permita avanzar, superar esa dicotomía y pensar una política educativa capaz de hacerse cargo de garantizar el derecho a la educación”, agregó. Remarcó que en la discusión se trató de pensar estrategias para “ubicar al Estado como el actor principal de la política educativa”.

Durante la semana de trabajo se jerarquizó “la importancia del planeamiento como un instrumento que permite organizar, prever y acordar con los actores las políticas que se impulsan”, lo que permite que la discusión no quede librada a mecanismos desregulados “en los que los actores jueguen en un terreno en el cual no tienen capacidad de modificar las reglas”, señaló Romano. Para el director, “la planificación se ubica en las antípodas de la lógica de un sistema educativo pensado en clave de mercado”.

Análisis interno

El trabajo se centró en tomar a Uruguay, como país anfitrión, y cinco de sus políticas de planeamiento para que los funcionarios, profesionales y líderes sociales que desarrollan actividades relacionadas a la planificación y gestión de sistemas educativos en América Latina pudieran analizar y hacer una devolución sobre los principales desafíos y fortalezas que identifican.

Esas cinco políticas fueron: el sistema de protección de trayectorias, la ampliación del tiempo escolar, la educación rural, el Plan Ceibal y la alteración de los formatos escolares. “Se visitaron instituciones y se entrevistó a actores para conocer el terreno, ya que la idea fue partir de la experiencia de cada uno para poder hacer una devolución”, detalló Romano. Los análisis fueron positivos; de hecho, los expertos consideraron que “estas líneas eran aportes interesantes para sus respectivos países. Dentro de lo general, Uruguay estaba bien posicionado en cuanto a estas innovaciones”, destacó.

Romano comentó que en la ANEP consideran que “uno de los principales problemas para garantizar efectividad en la implementación de las políticas educativas tiene que ver con repensar la estructura del planeamiento pensado en singular”. En el marco de ese organismo, cada subsistema tiene su propia división de planeamiento educativo, mientras que en los últimos años se intentó impulsar que la planificación sea una sola, abarcativa de todo el sistema. “Pensar en singular como sistema de planeamiento no implica hacer desaparecer lo que existe, sino buscar en términos políticos un mayor nivel de articulación para la transformación estructural, porque se terminan dando cambios más significativos en el proceso”, destacó el director. En el escenario de seguimiento de trayectorias que lleva adelante la ANEP, es necesario “pensar la articulación de los distintos consejos que tienen a su cargo la trayectoria de los estudiantes durante cada período; obliga a repensar una arquitectura institucional más coordinada”.